Corrupción pasiva, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito durante su mandato y el cobro de prebendas son los delitos que se le reprochan al líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT). En el escrito de los fiscales están involucrados también la esposa del ex jefe de Estado, Marisa Letícia, el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto, el empresario Léo Pinheiro, de la constructora Oas, y otras cuatro personas. Los representantes del Ministerio Público exigen la restitución al tesoro de 87 millones de reales, cerca de 28 millones de dólares,
Según el diario Folha de São Paulo, ministros del Supremo Tribunal Federal (Stf) consideraron que el procedimiento de los fiscales, que presentaron la denuncia en una ruidosa entrevista colectiva, buscaba llamar la atención y no estaba sustentado en prueba alguna concreta. Otro hecho grave fue que la denuncia estuvo basada en la “delación premiada” de Léo Pinheiro, socio de la empresa Oas, según el cual la constructora manejaba una cuenta corriente para pagar sobornos en el caso Petrobras. Oas habría entregado a Lula un tríplex de lujo en el balneario Guarujá, en la periferia de Santos, como pago por sus “servicios”. Lula niega que ese apartamento sea propiedad suya o de su familia, y aduce que había comenzado en la misma época a pagar cuotas para ingresar en una cooperativa de vivienda, plan del que luego desistió. El ex mandatario y su esposa también son acusados de poseer una vivienda adquirida de manera mal habida en el estado de San Pablo, cosa que ambos niegan, apoyándose en el título de propiedad de la casa, que está a nombre de amigos de Lula. “No tengo opinión sobre este asunto, soy sólo un espectador”, se limitó a comentar el ex presidente –y duro opositor a Lula– Fernando Henrique Cardoso.
El presidente del Senado, Renan Calheiros, del Pmdb, criticó duramente a los fiscales por su “exhibicionismo” y por “desprestigiar al Ministerio Público. Esto va a obligar al Congreso a pensar en una legislación que proteja las garantías individuales y colectivas”.
Para algunos analistas políticos, sin embargo, las denuncias –presentadas cuando faltan pocos días para las elecciones municipales del domingo 2 de octubre– podrían afectar negativamente al PT, al punto que dirigentes de este partido creen que fueron formuladas no tanto para impedir que Lula sea candidato a la presidencia en 2018 como para debilitar aun más a su formación política.
Por otra parte, abogados de Lula entregaron en Nueva York a las representaciones de los países miembro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contradenuncias contra el juez Sergio Moro y los fiscales de la operación Lava Jato, acusándolos de abuso de funciones. El martes 20, cuando el presidente, Michel Temer, subía al estrado para hablar ante la Asamblea General de la Onu, fueron varias las delegaciones que abandonaron la sala.