—Van dos meses del año y ya hay ocho mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas. Hay una suerte de epidemia. El tema está todo el tiempo presente en los medios y parece haber como un efecto contagio… ¿Cómo evalúa esta realidad?
—Lo que hemos logrado en Uruguay –donde todo es muy lento y gradual– es visibilizar el tema, que la gente acepte que la violencia doméstica y de género existe, que las mujeres no estamos inventando que se nos discrimina, que ganamos menos, que tenemos menos oportunidades y más trabajo, eso está bastante impuesto en la agenda pública, la gente lo maneja. No con mucha solvencia, es cierto, porque después salen dos o tres juristas a decir que ya se puede penalizar el homicidio y no hace falta una nueva figura (como el femicidio). Ya sabemos que se puede penalizar el homicidio, lo que no se penaliza es el odio contra la mujer por el hecho de ser mujer… y ahí se entrevera la piola otra vez. Hay poca solidez en la conceptualización que nos permita decir ¡basta! Creo que hay más comprensión en las mujeres, que están dispuestas a protestar y denunciar.
—Sin embargo, esa presencia del tema en la agenda pública no ha generado cambios de conducta. En la exposición de motivos del proyecto de ley presentado el año pasado en el Parlamento, que promueve un tratamiento integral de los casos de violencia doméstica e intenta “garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género”, se dice que en el mundo hay una media que ronda el 35 por ciento de mujeres víctimas de algún tipo de violencia en sus vidas, pero en Uruguay esa cifra trepa al 70 por ciento…
—Sí. Y es verdad. Cualquier mujer te lo dice. Ahí no se mide sólo la violencia física. Hay que reconocer la violencia simbólica, la violencia patrimonial, la violencia obstétrica… que ahora a partir de la aprobación de la ley del parto humanizado está cambiando: ya no te rasuran, ya no te hacen el enema, ya no te tajean así nomás… pero preguntale a las mujeres si no la han sentido. Todo eso integra la violencia contra las mujeres. El desprecio a la palabra. Me acuerdo de cuando era sindicalista, que una compañera decía: “Yo digo cualquier cosa y no me dan bolilla, viene un hombre a decir lo mismo y empiezan todos a apoyarlo”. Se desconoce la palabra de la mujer. Yo me alegré mucho de ver que el Sunca mandara una mujer como representante a la Mesa Ejecutiva del Pit-Cnt. Me pareció un buen gesto, porque ese es un ámbito concentrado de patriarcado y machismo, igual que acá, en la política. Dirán que es demagógico, pero no me interesa, es una buena señal que muestra que hay cierta sensibilidad con el tema. Y ojo que el patriarcado y el machismo no son patrimonio exclusivo de los varones, es cultural. Es una forma de pensar, de hacer y hasta de sentir. Y nos lo han enseñado a todos parejito. A veces las mujeres son más patriarcales y machistas que los hombres. Hay muchos ejemplos.
—El tema cultural es difícil revertirlo y llevará tiempo pero…
—Es una matriz que vas formando a lo largo de tu vida –como dice Serrat, “en la leche templada/ y en cada canción”–, inconscientemente te van pasando el mensaje, y es una revisión continua lo que hay que hacer. Cuando empezamos a buscar los responsables, capaz que la primera búsqueda que tenemos que hacer es dentro de nosotros mismos.
—Pero yo iba a que este cambio de matriz cultural es lento, y mientras sucede la vida sigue, se siguen muriendo mujeres y se hacen necesarios los marcos normativos. El proyecto integral está presentado hace casi un año, y su tratamiento viene muy lento.
—Las leyes son los consensos mínimos sociales, y no son mágicas. Hay quienes piensan que se hace la ley y ya está. Y eso no es así, pasan años y años para que tengan algún resultado. Este proyecto es enorme. La integralidad es necesaria, tiene que ser así porque estamos hablando de un problema estructural grande, sistémico, y entonces hay que atacarlo por todos lados. Pero abarca desde el definir qué es violencia (que todavía no estamos de acuerdo en qué es violencia de género, que implica un cambio en la forma de pensar y de abordar el tema) hasta el tipo de respuesta que deben dar las instituciones. Es decir, cómo tratamos el tema interinstitucionalmente. La respuesta también tiene que ser integral, no basta con la Policía. Hay un entramado que tiene que funcionar todo junto. Cuando estuvo el fiscal Jorge Díaz en la comisión, dijo que este proyecto hará crujir al sistema. Y es así, porque es un abordaje diferente. Y ahí está la complicación. La gente dice, “con todo esto que está pasando ¿por qué no lo aprueban ya?, fue hecho por especialistas”. Estamos de acuerdo, está bien hecho y bien conceptualizado, pero hay que compatibilizar tanta cosa que es necesario ir con cuidado. Porque una vez que está, está. Si no es bien instrumentado será progreso en la letra pero no funcionará.
—¿Entonces el proyecto no está trancado?
—No. Es complejo su abordaje. Desde lo conceptual hasta lo práctico. En lo conceptual tenemos mucha discusión, esto se resuelve de forma multipartidaria y ni siquiera entre las legisladoras hay una sola opinión. Hay de todo y atraviesa todos los sectores. Son debates que hay que dar. Yo no estoy pidiendo paciencia ni mucho menos, estoy contando cómo es la realidad. Hay que navegar. La tarea es difícil y hay que sacar el mejor proyecto posible con la mayor cantidad de votos posibles. Para que sea viable y se pueda poner en práctica. Si lo apuro –tengo la mayoría de los votos en el Senado– lo voto y lo saco, pero sería demagogia legislativa. Hay que trabajar los consensos, hay que convencer. Hay gente que por primera vez se enfrenta a una concepción de género. Hay gente que está en contra. Y el trabajo de los parlamentarios es ese y no es sencillo. Este proyecto tiene un tratamiento integral, pero en el Parlamento está disociado, por ejemplo la parte procesal y penal va por otra comisión… Quiero decir, el proyecto hace enormes avances, de absoluta justicia, pero se mete con todo, con el Código del Proceso, con el Código Penal, tenés que tratarlo con la comisión que está trabajando en la modificación del Código Penal… Es un muy buen proyecto súper abarcador, pero por lo mismo es súper complejo.
—Y se “meterá” con el Ministerio de Economía también, porque el tipo de respuesta que prevé necesitará mucho presupuesto…
—Para que ande hay que ponerle recursos y dinero, no te quepa duda. Insisto, es maravilloso este proyecto, la idea, pero hay que hacerla viable. Da trabajo. Ahora vamos a intentar buscar acuerdos e ir un poco más rápido. Pero tiene que ser rápido, y también eficaz y cuidadoso. A veces por ir rápido queda una cosa horrorosa. Vayamos paso a paso.
—Esta idea de aprobar ahora rápidamente –antes del 8 de marzo, se dijo– la figura penal del femicidio, ¿no es una jugada para la tribuna?
—No. Es parte de generar conciencia… No está nada mal que los políticos seamos sensibles a lo que la ciudadanía plantea. Me parece correcto que se reaccione. Pero no creo –al menos en la intencionalidad de quienes impulsamos esto– que sea demagógico. La gente no es tonta. Eso sería despreciar a la gente.
—Bueno, convengamos que no es tan raro que suceda eso con los políticos…
—No en mi caso. Yo no creo que la gente sea bobeta y que se quede contentita porque yo le voté la ley. No. Lo que me parece respecto a esta figura penal es que se tiene que poner de manifiesto que estos homicidios son por odio o menosprecio a la condición de mujer. Eso no está legislado. Esa es la cabeza que hay que cambiar… pero es bravo. Falta la visión de que son crímenes cometidos por odio. No la mató en una rapiña, la mató porque es mujer, porque lo dejó, porque le pertenecía… eso merece otra categoría, no es lo mismo. Y no lo pusimos como una figura penal aparte sino como un agravante, distinto de los que hay.
—Hay muchos que piensan que es otra forma de inflación penal…
—Me parece lineal pensar así. Yo no quiero la inflación penal. Sé que no soluciona nada. El que delinque no anda con el código debajo del brazo evaluando penas. Y si a un tipo se le saltó la “chiripiorca” y quiere matar va a matar, la ley no arregla el problema, pero legislar que es peor matar a una mujer por odio a su condición implica aceptar un consenso social, la sociedad está de acuerdo con eso. Inflación penal es cuando creés que solucionás todo aumentando las penas. Pero tratar todos los problemas por igual es incrementar las discriminaciones. En este caso estoy de acuerdo en que sea un agravante, e incluso que merezca una pena severísima cuando el crimen de odio es cometido delante de niños y niñas. Sigo manteniendo que el aumento de penas por sí solo no genera cambios de conducta, pero establezcamos claramente cuáles son los crímenes por odio y sigamos trabajando en la ley integral que va a las causas, a la cultura, a la matriz. Hay que trabajar en complejidad. La derecha plantea soluciones lineales, entre lo bueno y lo malo, lo blanco o lo negro, y la izquierda tiene que complejizar y dar los debates ideológicos. Tiene que salir a discutir con la gente, le cuesta más, es como nadar en el dulce de leche, pero hay que hacerlo. Montarse en la linealidad no hace crecer. Es un bruto desafío, pero no hay más remedio.
—Lo que emerge, lo que se hace visible a través de los casos más dramáticos, seguramente esconde una realidad muy extendida, sórdida y pertinaz. ¿Las medidas concretas que se han tomado –como las tobilleras– han funcionado como se esperaba?
—Creo que las tobilleras cumplen una función, y está bien, y tengo entendido que ahora se van a poder usar en más departamentos. Pero el problema es tan grande, que si no lo abordás desde varios lados a la vez… Las tobilleras, así como la ley, no lo van a solucionar todo. No hay ninguna medida sola que funcione, porque es complejo, porque tiene que ver con todo, con la cultura incluso de las mujeres. Hay mujeres cuya autoestima fue destruida por la violencia al punto de que no denuncian, no son conscientes. Y por otro lado hay mujeres que sí son conscientes de la situación, pero que tienen bruta angustia porque las soluciones son también complejas. Las mujeres más vulnerables económica y socialmente son las que más sufren. A una mujer con tres hijos que vive violencia, que no tiene trabajo o por lo menos no tiene uno que le permita vivir… le dicen: “Andate de tu casa”…, ¿a dónde se va? ¿quién la ayuda? Si hace la denuncia en la Policía tampoco tiene nada garantizado (hay un caso reciente que lo demuestra1). El proyecto prevé todo eso, pero fijate si habrá que cambiar cosas. Hay que meterse con todo, y aun así, si no cambiamos cada uno de nosotros, es muy difícil. Si no te das cuenta de lo que estás reproduciendo, no lo vas a cambiar. Por eso hay que enojarse menos y hacer menos elucubración de papel y hablar de estas cosas para ir desmontando la matriz que hace que un tipo crea que la mujer le pertenece.
—¿Pero mientras no se da el cambio de matriz y se termina de armar este proyecto, qué cosas urgentes están previstas para intentar reducir este problema?
—Hay que hacer todo en paralelo. Hay que seguir formando a los operadores de justicia, a la Policía, seguir trabajando en los barrios para generar conciencia… habría que tener una charla más profunda con la gente responsable de la formación docente, porque si bien creo que hay niveles de autonomía que deben ser respetados por la ley, debemos discutir la necesidad de que este tema integre los currículos. Se trata de la libertad de las personas. Qué persona queremos formar, qué matrices estoy fundando en el sistema educativo. Eso me pinta ausente. Para lograr un consenso en el tipo de sociedad que queremos hay que proyectarlo desde la educación, es el gran instrumento. No quiero moldear al individuo, pero quiero poner todas las herramientas disponibles a su alcance para que sea lo más libre que pueda. No hay que oprimir al otro por ser diferente, mujer, discapacitado, negro, judío, católico, umbandista… Respetar la diferencia y trabajar a favor de la libertad es trabajar sobre estos temas. La libertad de cátedra te la respeto, pero si un señor o una señora le quiere enseñar a sus alumnos que está muy bien que el hombre le pegue a las mujeres, eso no lo considero legítimo, porque está promoviendo el delito. O más sutilmente, que enseñe que la mujer tiene que cuidar a los hijos y el hombre salir a trabajar…
—El proyecto habla entre muchas cosas de la resocialización de los varones violentos. ¿A qué se refiere, o mejor dicho, cómo se haría?
—Los varones violentos tienen que darse cuenta de que aprendieron y generaron una forma violenta de actuar. Generalmente los violentos provienen de hogares donde sufrieron violencia. Todos replicamos el modelo. Ellos aprendieron que la forma de defenderse, de tener poder, de ser respetados, de resolver conflictos es mediante el ejercicio de la violencia. Nadie les enseñó eso hablando, pero lo aprendieron en la vida. Tenemos que generar espacios para que se den cuenta de esa matriz que replican, y que ese no es el camino. Y además ayudarlos a saber que pueden hacer otra cosa.
—Más que rehabilitar, habilitar su potencial…
—Eso, tiene que saber que puede habilitar un proyecto distinto de vida, que la opción es de él. Y obviamente hay gente, en esto y en todos los temas, que no tiene salida, que es casi imposible que cambie.
- Se refiere al caso de Valeria Sosa, cuya denuncia quedó “archivada” en la comisaría.
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El proyecto integral que espera ser aprobado en el Parlamento
Una vida libre de violencia
Mientras se discute en filas del Frente Amplio si está bien o no aprobar un proyecto de ley que tipifique el femicidio como un agravante del homicidio, y se espera avanzar en la aprobación de la ley que establece protección integral a las víctimas de violencia basada en género, la lista de mujeres asesinadas no para de crecer.
Es que Uruguay tiene uno de los índices más escalofriantes en este tema. Según se reseña en la exposición de motivos del mencionado proyecto (conocido como “Proyecto de atención integral”), siete de cada diez mujeres mayores de 15 años manifiestan haber vivido situaciones de violencia de género: unas 700 mil. En 2015 el Ministerio del Interior recibió una denuncia por violencia doméstica cada 17 minutos (85 por día). También según cifras de 2015, cada 11 días algún varón mató o intentó matar a su pareja o ex pareja. Si bien la legislación nacional ha ido incorporando los derechos y garantías reconocidos en las convenciones internacionales, no se ha legislado aún “en forma integral y sistemática para combatir la violencia basada en género, persistiendo vacíos y contradicciones entre los diversos cuerpos normativos”, se sostiene en la fundamentación del proyecto.
La idea es buena y el desafío enorme, aseguran las fuentes consultadas para esta nota. Porque se trata de organizar todo el aparato del Estado para, por primera vez, intentar “garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género”, y a la vez obliga al Estado a dar servicios gratuitos de asistencia jurídica, psicológica, social, además de asistencia sanitaria y habitacional a las víctimas. La normativa contiene siete capítulos que establecen: el sistema interinstitucional de respuesta, los lineamientos para las políticas públicas, la red de servicios de atención, los procesos de protección, investigación y penalización, los procesos administrativos, judiciales y las normas penales.
Define y describe 14 formas de violencia contra las mujeres: física, psicológica o emocional, sexual, basada en prejuicios por la orientación sexual, económica, patrimonial, simbólica, obstétrica, laboral, en el ámbito educativo, acoso sexual callejero, política, mediática y femicida.
Determina las prestaciones y servicios que el Estado debe garantizar en el marco del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (Inau). Esto incluye: atención psicosocial, asesoramiento y patrocinio jurídico, todo gratuito.
También prevé acciones para la resocialización de varones que han ejercido violencia, equipos móviles para facilitar el acceso de las mujeres rurales o con dificultades de desplazamiento, los servicios de atención a la salud de las víctimas y de sus hijos a cargo, las alternativas habitacionales, las medidas para la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo.
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