El 9 de enero de 2017 la Asamblea Nacional venezolana desconoció al presidente de la República, Nicolás Maduro. Votaron a favor de ese golpe de Estado constitucional todos los diputados de la oposición salvo los tres del partido de Henry Falcón, quienes entendieron la gravedad de esa decisión. Venezuela es un sistema político presidencialista desde 1811, influido por el constitucionalismo estadounidense. Al presidente lo vota directamente el pueblo y le corresponde al presidente, que es el jefe del Estado, la dirección del país. Cuando la Asamblea decidió desconocer el poder legítimo del presidente se estaba poniendo al margen de la Constitución. Se colocaron por voluntad propia en desacato. La prensa internacional no dijo nada.
La gran discusión entre el presidente Maduro y la Asamblea tiene que ver con las actas de tres diputados de Amazonas. Se ha demostrado que compraron votos entre otras muchas irregularidades, lo que obligaría a repetir la elección en esos tres casos. La Asamblea se declaró en rebeldía y decidió echar un pulso a la Presidencia de la República. A imitación del constitucionalismo europeo, cuando hay un conflicto constitucional entre poderes el Tribunal Supremo puede asumir competencias del parlamento en los casos en que fuera necesario. Hasta un fantoche como Donald Trump ha tenido que asumir las decisiones recientes del Tribunal Supremo estadounidense.
Por si fuera poco, esa Asamblea dominada por la oposición proclamó que el presidente había abandonado su cargo (algo absurdo y evidentemente falso) y propuso convocar elecciones presidenciales en el plazo de un mes. Ese intento de golpe de Estado desde el parlamento no recibió ni una sola crítica de los que ahora dicen que hay un golpe de Estado en Venezuela. Entre ellos, el máximo responsable de la Oea que ayer mismo (el 30 de marzo) se reunía en la ciudad de México con ex presidentes latinoamericanos procesados por lesionar los derechos humanos, y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Qué curioso que justo después haya salido la petición de Almagro de enjuiciar a Venezuela desde la Oea. El papel de Almagro como secretario general de la Oea está haciendo mucho daño a la tan necesaria institucionalidad internacional (Pepe Mujica ya se distanció de él de manera definitiva y dejó ver a quién se había vendido). Almagro lleva varios meses mintiendo. Por ejemplo, ha dicho en dos ocasiones recientes que a Venezuela se le ha aplicado la Carta Democrática de la organización (que, tras muchos trámites –ni siquiera iniciados–, podría llevar a su expulsión como ya ocurrió con Cuba, pero nunca ha ocurrido con Estados Unidos, pese a haber promovido golpes de Estado como el de Pinochet contra Allende). Pero era mentira, como demuestra que hoy mismo (31 de marzo) ha pedido a la Oea que aplique la Carta Democrática. Ergo, miente. Todo el rato. Él sabrá por qué, pero en su Uruguay natal dicen que se ha vendido por un puñado de dólares a los que siempre han querido que América Latina sea el patio trasero de Estados Unidos. Washington siempre busca a un criollo para hacer la tarea del traidor. Almagro no vive en Montevideo.
El Tribunal Supremo de Venezuela ha usado un artículo de la ley de hidrocarburos –la principal riqueza del país– que establece que los convenios internacionales y las asociaciones con grupos extranjeros deben ser aprobados por la Asamblea. Como la Asamblea está en situación jurídica de desacato, no puede –ni quiere– firmar ningún acuerdo, lo que pone en riesgo financiero a Venezuela. Es por eso que el Tribunal Supremo ha asumido las competencias estrictas de la Asamblea para la aprobación de esos contratos, de manera que el país pueda asumir los compromisos necesarios en un momento económicamente complicado por el hundimiento de los precios del petróleo.
El Tribunal Supremo no ha disuelto la Asamblea ni se han convocado nuevas elecciones para elegir nuevos diputados. Lo contrario de lo que están diciendo los medios de comunicación. Lo único que está haciendo el Tribunal Supremo es asumir unas competencias concretas para evitar que Venezuela se paralice mientras dure el desacato. Si los diputados de la oposición quisieran, el desacato desaparecería de inmediato –bastaría con que cesaran en su desconocimiento del presidente de la República y que reconocieran que los tres diputados elegidos en la Amazonia no pueden hacer uso de su acta debido a las muchas irregularidades probadas–, pero les resulta mucho más rentable seguir regalando falsas portadas a la prensa internacional. La derecha internacional, esa que se regala entre sí viviendas oficiales y que tiene una trama global de fondos buitres –donde están los Aznar, Botella, sus hijos, De Guindos, Rato, Aguirre y toda esa tropa de malos españoles donde también se ha colado algún “socialista” como Felipe González– quiere tumbar a Venezuela, igual que han hecho con Dilma Roussef en Brasil. ¿Quién que no esté vendido a esos intereses puede decir que asumir de manera temporal unas competencias esenciales para firmar unos contratos sin los cuales un país se quedaría entregado a los capitales internacionales es un golpe de Estado? ¿No son acaso los mismos que ven “normal” desconocer al presidente del gobierno y llamar a nuevas elecciones? Demasiados hipócritas.
Venezuela necesita mucho diálogo. El choque entre instituciones es malo para el país. Esa debiera ser la tarea de España: ayudar al diálogo. En todo el continente latinoamericano. En México –desde donde escribo– han asesinado este último mes a tres periodistas (¿nos imaginamos lo que pasaría si hubieran asesinado a tres periodistas en Caracas?) y hay al menos 30 mil desaparecidos. El día a día de México es la aparición de fosas con cadáveres, la trata, el asesinato de mujeres, la desaparición de líderes sociales, la creciente pobreza y desigualdad junto a una impunidad del Estado estremecedora. Aun lloran en México a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el presidente Peña Nieto se ríe de las víctimas no reconociendo las lagunas que apuntan al ejército, a la policía y a políticos vinculados al narco en la desaparición de las muchachas y muchachos.
Hay mercenarios que desearían llevar a Venezuela a una guerra civil. Creen que así podrían volver a recuperar el paraíso que tenían cuando controlaban el petróleo contra los venezolanos y venezolanas. Se equivocan, porque el pueblo venezolano no va a permitir que eso ocurra. Apuntar en esa dirección es querer llevar a Venezuela a un escenario terrible como los que han creado la Otan y las potencias occidentales en Oriente Medio. Ojalá el Estado de derecho que forma parte de los logros civilizatorios de Europa pueda funcionar también en Venezuela. Esa es la principal tarea en la que podríamos colaborar los españoles en ese país: ayudar a reforzar el Estado de derecho.
Fue el diario (español) El País el que celebró el golpe de Estado contra Chávez en 2002 y fue el presidente (español) Aznar el que ordenó a nuestro embajador reunirse con el presidente golpista. Ayudemos a que no vuelva a ocurrir nada de esto. Para ello es esencial que los que no tienen otros intereses que los del dinero dejen funcionar a la justicia. Y que nadie sea tan hipócrita para pedir en otros países lo que no pedimos para el nuestro.
(Tomado de Público.es. Brecha reproduce fragmentos.)
* Profesor de ciencia política, cofundador del partido español Podemos y ex asesor de Hugo Chávez. Esta columna fue publicada el 31 de marzo (antes de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suprimiera parte de la sentencia con la cual había asumido funciones legislativas).