Con el respaldo del Pit-Cnt, y en el entendido de que “no deberíamos estar pagando lo que pagamos” por la energía eléctrica, el sindicato de trabajadores de Ute (Aute) impulsa una rebaja de la tarifa residencial. La idea es quitarle el Iva a los primeros 200 quilovatios que consume una familia tipo para satisfacer sus necesidades básicas de energía (el promedio de consumo residencial es 230 quilovatios). “Intentamos instalar el concepto de que la energía es un derecho humano y no sólo una mercancía”, dijo a Brecha Gabriel Soto, presidente del sindicato. En ese sentido, se pusieron a estudiar la estructura de la tarifa junto a un equipo de técnicos y el Instituto Cuesta Duarte. Pero no hay una sola tarifa. Hay muchas, que se dividen en dos grandes bloques: las residenciales y las de los medianos y grandes consumidores. “Vimos que la energía a nivel domiciliario cuesta el doble de lo que paga el sector productivo. Hay una suerte de subsidio indirecto. La tarifa domiciliaria subsidia a los grandes consumidores. Lo que nosotros decimos es que hay gente que está pagando el doble y no parece justo ni razonable.”
Además, según quedó claro en los estudios que encaró Aute, el peso del costo de la tarifa es diez veces mayor en los hogares que en las empresas. En concreto y en promedio, pagar la factura del servicio le insume a las familias un 4 por ciento de sus ingresos (en los hogares más pobres alcanza el 10 por ciento) y a las empresas 0,4 por ciento. “No sólo les cuesta la mitad el megavatio, sino que tienen un impacto en sus ingresos diez veces menor que los hogares”, explica Soto. Asimismo, según dijeron a este semanario los economistas Pablo Messina y Martín Sanguinetti,1 técnicos que integraron el equipo que realizó los estudios, si bien a Uruguay le puede resultar estratégico beneficiar con tarifas diferenciadas a algunos grandes consumidores, “en la estructura de costos de las empresas la electricidad no tiene un impacto tan alto. En los lácteos, por ejemplo, que la utilizan intensivamente, no alcanza al 1 por ciento de los costos”. Explicaron que darles energía a los hogares es más caro que dársela a una gran empresa, porque hay muchos costos asociados al tendido, a las necesidades de atención, a la mano de obra, y “los costos de proveer de energía eléctrica a la industria son mucho menores”, igual hay margen para intentar equilibrar “la estructura injusta de la tarifa”.
Soto sabe que la propuesta de que los grandes consumidores paguen un poco más para que las familias paguen un poco menos puede desatar discusiones respecto del aparato productivo, la competitividad y el riesgo de que se pierdan puestos de trabajo. Por eso advierte que “como trabajadores siempre defendemos las fuentes de empleo. Pero las cámaras empresariales son profesionales en quejarse del costo de los energéticos, y han instalado en la población la idea de que son carísimos para la producción. Siempre dicen que si se aumenta la tarifa eléctrica ese costo lo tienen que transferir en precio a la población y se pone en riesgo el empleo. Ese discurso es casi una extorsión, y desde el punto de vista instrumental es falso. Por eso creemos que hay condiciones para que los grandes consumidores terminen asumiendo un poco más de los costos de tener el sistema eléctrico disponible”.
Si bien la propuesta de exonerar de Iva a una parte del consumo de los hogares no modifica la estructura de tarifas, “asume que la energía es un derecho humano. La leche no lleva Iva, si le ponés el impuesto te va a saltar todo el mundo, pero la leche es mucho menos necesaria que la electricidad. Podés vivir sin tomar leche, pero es difícil vivir sin electricidad”, argumenta Messina.
Precisamente, la intención que hay atrás del planteo de Aute tiene que ver con reinstalar la discusión sobre si se debe considerar a la energía eléctrica como un derecho o como una mercancía. En el pasado ese debate se saldó con la ley nacional de electricidad que promulgó la dictadura en 1977. Se creó un marco jurídico que priorizó el enfoque estrictamente comercial: se estableció que la estructura tarifaria estuviera fijada por los costos, y se prohibió por ley que ésta tuviera consideraciones sociales. “Entonces –sostuvo Soto– es el negocio por encima del servicio público, contradiciendo la idea fundacional de la empresa, que nace para garantizar que se desarrolle el servicio público, que llegue a todos los hogares y al aparato productivo, postergando los réditos económicos.” Fue esa ley la que –en sintonía con el marco regulatorio de la década del 90– perforó el monopolio de Ute en la generación de energía, previendo la existencia de actores privados. Y si bien durante años no hubo muchos interesados en participar del mercado eléctrico, con la llegada de los gobiernos progresistas –y el atractivo negocio eólico– empezó a registrarse un fuerte interés de los capitales.
PRIVATIZAR EL VIENTO. Diez años atrás todos estaban de acuerdo en que era imprescindible modificar la matriz energética basada hasta el momento casi exclusivamente en la generación hidráulica y térmica. La imprevisibilidad de la primera –que depende del agua que se junte en los embalses–, los altos costos de la segunda –además de la falta de control de un recurso que Uruguay no tiene, como el petróleo, y el daño ambiental implícito– y la demanda creciente de energía, colocaban al país en un escenario de escasez y precios elevados. La oportunidad del cambio la dio el desarrollo de nuevas tecnologías que permitían generar energía con fuentes alternativas y renovables. Y tomada la decisión política, el proceso fue rápido. El país avanzó con firmeza y se convirtió en ejemplo mundial. Pero en el vértigo del cambio de matriz, si bien se ganó cierta tranquilidad y el escenario actual es de sobreproducción, se perdieron algunos activos importantes. Según denuncia Aute, más del 50 por ciento de los recursos energéticos está en manos de privados. Dice Soto: “Hoy dependemos de los capitales privados para abastecer de energía eléctrica a la población. Si los privados bajan la llave, Uruguay no tiene capacidad de producción para alimentar el sistema”.
De acuerdo a los informes elaborados por el gremio, desde 2006 en adelante comenzó un proceso intenso de inversiones orientadas a cumplir con el plan de ampliar y cambiar la matriz energética. Entre ellas se destacan las realizadas por Ute en mejorar y ampliar el parque térmico, con la construcción del ciclo combinado de Punta del Tigre, y una nueva red de alta tensión con la estación convertidora de frecuencia que conecta Uruguay con Brasil. Pero además Ute y el Poder Ejecutivo plantearon una serie de incentivos para las inversiones privadas en la generación renovable: viento, sol y biomasa. “El cambio en las fuentes se hizo mediante un fuerte proceso de privatización, lo que genera un uso ineficiente de estos energéticos a la hora de combinarlos con los otros. (…) La sobreinversión, tanto en parques eólicos como fotovoltaicos en modalidad de contratos, deja en evidencia que la instalación de dichas fuentes es un negocio atractivo para el capital”, se lee en el texto. El crecimiento fue rápido porque se les generó a los privados un negocio muy rentable y seguro.
Según Soto, desde la multipartidaria de 2008 hasta ahora “la expansión privada ha sido una topadora que se llevó todo por delante. Esta privatización de la generación de energía eléctrica propicia negocios brutales a las empresas, que le venden a la Ute en condiciones inmejorables”. Las exoneraron del 100 por ciento de los impuestos: “Hay inversiones de 3.500 millones de dólares que no le dejaron ni un solo peso al Estado. Se les ofreció un contrato de 20 años mediante el cual la Ute se compromete a comprarle toda la energía que generaran y pagarles en dólares a un precio fijo”, aseguró el dirigente. Incluso, en febrero de 2015, se previó por decreto que aunque los aerogeneradores no vuelquen lo producido a la red –porque hay excedente y se puede dañar el sistema–, si las aspas se mueven porque hay viento, la empresa estatal les paga igual aunque la energía no se use. El decreto es una suerte de reconocimiento de la sobreinversión. Según Messina, la Ute asume que dejó crecer mucho a los privados, pero parte de la base de que si bien ha perdido el monopolio de la generación, sigue teniendo el monopolio de la compra. “Pero hay dos peligros: la posibilidad de oligopolizarse (y aunque dicen que eso es imposible, hay algunas resoluciones de directorio que reflejan que sí hay movimientos en esa dirección); y el segundo es que los generadores muchas veces forman parte de un paquete de negocios de un grupo económico muy grande. Los Otegui tienen parque eólico. Los Fernández, de Fripur, son otros. Abengoa Teyma se estaba fundiendo en Europa y mientras estaba generando valor acá en Uruguay con parques eólicos.”
Quizás la ciudadanía tenía la idea de que si ya no había escasez, si no se dependía del petróleo y se ponían a funcionar sistemas de generación tecnológicamente más eficientes, los costos de la energía iban a disminuir. Pero no. Eso no pasó ni va a pasar, dijo Soto, quien aseguró que si bien la necesidad de cambiar la matriz e independizarse del petróleo fue compartida, no están de acuerdo en cómo se hizo. “Cuando dependíamos de la hidráulica, en años de sequía se disparaban los costos porque se tenía que recurrir a la térmica. Ahora si falta agua igual vas a tener que recurrir a la térmica, porque no se puede dejar la eólica como base porque no es constante. Pero, además, si tenés mucha agua, igual no vas a poder ahorrar, porque te comprometiste a comprar toda la energía que produzcan los molinos. Generar en Palmar cuesta siete dólares por megavatio, los contratos promedio de los molinos son de 70 dólares (el megavatio). Y estás obligado a despachar la eólica. La generación nunca bajará del 40 por ciento de la estructura de costos.” Además, dijo, la gestión es ineficiente, “porque en 2015, 2016 y en 2017 hemos estado tirando agua sin turbinar. Era agua que podíamos haber aprovechado, pero no podemos porque estamos obligados a comprar diez veces más caro”.
RESTRINGIR LO PÚBLICO. ¿Y por qué si el negocio era tan rentable no lo hizo el propio Estado? Según algunas fuentes consultadas, Ute tenía capacidad financiera y capacidad para endeudarse. La empresa está calificada internacionalmente como triple A. De hecho, además de los subsidios fiscales, los beneficios de la ley de protección de inversiones y de un apartado específico que se creó para estos emprendimientos, el propio gobierno gestionó una línea de créditos del Bid para los privados.
Hay dos razones o restricciones que explican en parte por qué todo este desarrollo no lo hizo el propio Estado. Según explicó Sanguinetti a Brecha, “en Uruguay la inversión pública se contabiliza como gasto corriente, es una idea que viene de los manuales de cuentas públicas del Fmi del año 86. Con esa lógica se contabiliza como déficit fiscal cosas que no lo son. Por recomendación del propio Fmi, en 2001 se sugirió cambiar el sistema. Pero en Uruguay nunca se cambió”. La otra restricción es la ley de tope de endeudamiento de las empresas públicas. En 2005 se levantó un poco el tope y se ha modificado varias veces, pero nunca se cambió. “Lo que está claro es que si vos te planteás un cambio de la matriz como el que se dio y no modificás esas cosas, es que no te lo estás planteando hacer con lo público”, opinó Messina.
Soto explicó que para el sindicato el cambio de matriz debió hacerse con recursos propios: “Ute tiene el mejor puntaje internacional. Tiene una capacidad de endeudamiento enorme, y de hecho eso fue lo que se utilizó para que los privados pudieran obtener créditos más blandos para invertir en esto. Si el Estado no puede invertir, alguien lo tiene que hacer, y entonces aparece el factor privado. Es la acumulación por desposesión. El capital avanza sobre los servicios y la infraestructura pública. Si hubiera sido el Estado el encargado de materializar el cambio de matriz energética estaríamos todos aplaudiendo. Salvo el capital privado, claro”.
- Ambos son integrantes de Cooperativa Comuna.
Megavatio por megavatio
La actual matriz
El parque generador uruguayo tiene una potencia instalada de 4.300 megavatios. En los últimos diez años ha aumentado su capacidad de generación en un 300 por ciento y ha diversificado las fuentes en una fuerte apuesta a las energías renovables no tradicionales: eólica, biomasa y fotovoltaica. Éstas, sumadas a la hidráulica, representan el 70 por ciento del potencial generador. El resto de las fuentes son térmicas.
Hidráulica. Uruguay cuenta con tres centrales en el Río Negro, propiedad de Ute, con una potencia total de 593 megavatios; y la central binacional de Salto Grande, en el río Uruguay, de 1.890 megavatios, de los cuales 945 le corresponden a Uruguay y el resto a Argentina.
Térmica. Ute cuenta con tres centrales:
- Motores a fuel oil en Central Batlle: 80 megavatios.
- Central Térmica de Respaldo: 200 megavatios.
- Central de Punta del Tigre: 300 megavatios + 50 megavatios (unidades 7 y 8). Está prevista próximamente la incorporación de la Central de Ciclo Combinado, que tendrá una potencia acumulada de 532 megavatios.
Eólica. La potencia instalada es de 1.140 megavatios. Está previsto que para principios de 2018 se llegue a los 1.470 megavatios. Casi toda la generación está en manos de privados.
Fotovoltaica. Alcanza actualmente los 78,5 megavatios y se prevé que se expanda hasta los 220,5 megavatios en enero de 2018. Ute no tiene parques generadores de este tipo.
Biomasa. La potencia instalada es de 407 megavatios. De ese total, 161 y 180 corresponden a las plantas de celulosa de Upm y Montes del Plata, respectivamente, de los cuales consumen la parte mayoritaria, volcando a la red el excedente, que puede modelarse como de 40 megavatios cada una.
El sistema eléctrico uruguayo está interconectado con Argentina y Brasil, lo que le permite realizar intercambios de energía. Con Argentina mediante la Central de Salto Grande y con Brasil a través de la conversora de Rivera-Livramento, y próximamente vía Cerro Largo.
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