La idea de intensificar el riego en la actividad agropecuaria a través de proyectos asociativos entre productores e inversores para la construcción de embalses multiprediales tuvo su impulso y su freno en la administración de José Mujica. Sin embargo ahora volvió a cobrar fuerza con la media sanción que le dio el Senado a las modificaciones de la ley 16.858, de riego con destino agrario, que se venían discutiendo desde 2016. El proyecto aprobado por unanimidad en la Cámara alta el pasado miércoles 5 de julio tiene varios cambios con respecto al primero presentado, pero en concreto persigue los mismos fines –tomar medidas ante el cambio climático e intensificar la productividad de algunos rubros clave (soja, maíz y ganadería, tanto de carne como de leche)– y despierta muchas críticas desde el punto de vista ambiental y también legal, ya que hay quienes sostienen que se trata de un proyecto “claramente inconstitucional” porque implica una “privatización encubierta del agua” (véase entrevista con María Selva Ortiz, de la Red de Ecología Social, Redes).
El gran impulsor de esta idea, el ministro Tabaré Aguerre (que cree que llegó “a ministro por hablar de este tema”), ha dicho que extender el riego sería como agregarle un “segundo piso al campo” sólo con aprovechar un poco de ese 95 por ciento de agua de lluvia que va a parar al océano. En declaraciones recogidas por Brecha el 20 de marzo de 2015 el ministro sonaba convincente: “La intensificación que proponemos a partir del riego es más sostenible ambientalmente que la que tenemos hoy. El riego no es solamente una estrategia para tener sistemas más productivos o competitivos, también es un instrumento, utilizado adecuadamente, para darle sostenibilidad a nuestra agricultura”.
VOCES CRÍTICAS. Pero las convicciones del ministro no resultan tan obvias para todos los actores, al menos para los que no tienen sólo una visión productivista. De hecho, no logró persuadir en el gobierno pasado a sus colegas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que se opusieron tajantemente al proyecto. Si bien es cierto que algunas variables –como el cambio climático, el precio de la tierra y la posibilidad de contar con tecnología más accesible– le abren paso a la posibilidad del riego, hay otros factores que lo relativizan o sencillamente lo desaconsejan. Las razones principales se vinculan tanto a lo ambiental como a lo social y económico.
La antropóloga María Noel González, que está haciendo su tesis de doctorado a partir del eje conceptual “Paisajes del riego, el poder que confiere el agua” y estudia el proceso histórico de esta técnica en Uruguay, dijo a Brecha que nunca fue una práctica muy relevante, salvo para el arroz. Cree que se ha reinstalado la idea porque antes era una tecnología muy costosa y además “la manera clásica de crecer era comprando más tierra o arrendando, al aumentar el precio de la tierra, aparece el riego como una alternativa de invertir para aumentar la productividad en la misma extensión”.
Dice González que si bien está muy trabajado el tema de la concentración de la tierra, no sucede lo mismo con la del agua. Y el vínculo de un elemento y otro es indisoluble. “Todo lo que tiene que ver con la domesticación del agua, los canales, las represas, los embalses, son obras costosas y requieren mucho capital. Siempre estamos hablando de ciertos sectores sociales.” Entiende que cuando se discutió el tema del agua en 2004 se hizo mucho hincapié en el agua para consumo humano. Todo estuvo centrado en el Estado y en Ose, y se generó institucionalidad con ese eje. Pero hay otro mundo, vinculado al uso del agua a nivel agropecuario –que representa el 80 por ciento de la que se utiliza–, que no se tuvo en cuenta. “Y el agua es toda la misma. Está toda conectada. Para verlo claro basta mirar lo que pasa en el Santa Lucía. La calidad del agua fue afectada por la intensidad de la agricultura. Y como es la misma agua que usamos para consumir, toda la sociedad paga los costos de ese aprovechamiento productivo del recurso. Las ganancias no se repartieron, pero los costos sí.”
Esta antropóloga ha visto que, en términos institucionales, “hay aguas y aguas. Algunas ameritan la discusión pública y otras parece que mejor no”. Dice que la vinculada al mundo agropecuario está liderada por el Mgap: “Si ves el Plan Nacional de Aguas, todo lo referido al riego está muy poco desarrollado y problematizado. Ahí hay un coto de poder muy claro”. Lo que no está tan claro, asegura, es cuál es la voz de la sociedad en esto, “porque deberíamos opinar todos sobre un recurso que es de todos, no sólo de los sojeros o el Mgap. Pero a la sociedad urbana le resulta muy lejano el tema, casi ajeno”.
De hecho, en esta administración, según supo Brecha, la Dinama ha tenido estrecho margen de negociación en este tema. Su rol se nota sólo en algunos artículos de la ley: el que refiere al caudal ecológico, el que exige la evaluación ambiental estratégica y el que podría establecer un canon a los nuevos gestores del agua.
Uno de los cuestionamientos más contundentes que ha recibido el proyecto es que profundiza un modelo de desarrollo basado en la generación de bienes primarios, lo que “impone una dinámica vertical que impacta en la economía y exacerba el proceso de concentración en la tenencia de tierras, expulsando o desplazando a las comunidades rurales”, se señala en las conclusiones de una mesa redonda realizada en el Centro Universitario Regional del Este (Cure) de Rocha. Allí los críticos sostuvieron que “la concentración de tierras y pérdida de pequeños productores es un proceso que a largo plazo podría comprometer la soberanía alimentaria. Paradójicamente, entonces, una iniciativa que pretende estimular la productividad agrícola podría debilitar la soberanía alimentaria en el mismo territorio”.
En esa misma instancia varios técnicos dijeron que desde la perspectiva ambiental la creación de embalses implicaría transformar sistemas terrestres –pastizales, montes, humedales– y sistemas de aguas corrientes –ríos y arroyos– en sistemas lacunares, y esto llevaría sí o sí a la pérdida de biodiversidad, así como de funciones ecosistémicas críticas, como la depuración de aguas. Entre todos los efectos adversos que se consignan se destaca el impacto sobre la calidad de las aguas superficiales disponibles en el territorio nacional: “los tenores de nutrientes en la mayoría de los cursos de agua del país (en particular fósforo) hacen que una eventual transformación en embalses impulse la proliferación de microalgas y cianobacterias con alto potencial tóxico. De esta forma, la multiplicación de embalses acarrearía la diseminación de esta problemática a todo el territorio nacional, incluso a ríos y arroyos aguas abajo de los embalses”. La expansión del riego, además, genera la degradación y la salinización del suelo. Varias fuentes consultadas consideran que “no se puede promover el riego sin discutir estos temas, han sido la base de los problemas del riego en el mundo. Es la crisis de la Mesopotamia, que fue la primera agricultura irrigada de la historia de la humanidad. La calidad del agua con que se riega puede traer problemas que después no tienen marcha atrás”.
Quienes cuestionan el proyecto también entienden que existe una contradicción conceptual muy fuerte: mientras la Constitución y la ley 18.610 consideran al agua como un bien común de propiedad pública y gestión estatal, el proyecto en discusión la considera como un recurso transable y establece mecanismos y condiciones de apropiación por parte de inversores privados.
PERO ¿FUNCIONA? Claudio García, ingeniero agrónomo e investigador en riego del Inia,1 explicó a Brecha que “no hay duda de que biológicamente responde. Ya sabemos eso. La fotosíntesis es con agua y luz, si falta el agua no se produce. El tema está en saber cuándo es que (la planta) lo necesita y qué respuesta tengo por cada milímetro de agua que le agrego”. En el Inia tienen algunos resultados realmente llamativos sobre los impactos del riego en la productividad. Si bien los costos de los experimentos no son trasladables, porque inciden muchos factores –la fuente de agua, el tipo de carga eléctrica y el área que se riega–, sí son trasladables los coeficientes técnicos.
—Se habla de “ponerle un segundo piso al campo”. ¿Es tan así?
—Es mucho más que duplicar. La producción promedio de carne es de 100 y 120 quilos por hectárea, productores muy buenos logran 250 o 300 quilos, y en estos experimentos (que se hicieron a escala comercial, no son experimentos chicos) se sacan entre 1.000 y 1.500 quilos de carne por hectárea. Multiplicás por cinco o seis veces lo que es la producción normal. Son números constantes de seis años de estudio.
—¿Y qué dicen los estudios para la agricultura?
—Hay pruebas, tanto en La Estanzuela como en Salto y Treinta y Tres, donde se lograron en la soja 5 mil quilos por hectárea y en el maíz entre 13 mil y 14 mil quilos. La media en general del maíz no pasa de 6 mil o 7 mil quilos.
—¿Y es una tecnología que se puede aplicar en todos los casos?
—Tenemos una variabilidad muy grande de suelos y de sistemas de producción. Primero tenés que ser un buen productor en secano –ya sea de carne, de pasto, de otros cultivos o de leche–, y después sí podés pensar en incorporar esta tecnología, que si está mal hecha, además de aumentar muchísimo los costos y los dolores de cabeza, te puede traer problemas de erosión y contaminación muy importantes. El riego puede ser comparable al seguro médico, lo mejor es tenerlo pero no usarlo. El riego no te soluciona todo, te permite minimizar los riesgos de una variable que uno no maneja. Pero no es una llave mágica. Hay que saber que demanda mucho, que no se puede hacer en los ratos libres, que es engorroso y que no sobra la mano de obra que exige. Uno se pone una mochila pesada, porque una vez que empezaste no es fácil ir para atrás. Si vas a hacer riego con sistema presurizado tenés que pedir aumento de carga eléctrica, y entrás en un camino en el que no podés decir “dejé el transformador de 100 quilovatios ahí tirado”. Son inversiones por lo menos para 20 años.
Sin embargo también hay quienes opinan que la visión agroproductivista peca de ser una mirada minúscula sobre el riego y sus consecuencias. Se sabe cómo aumentar los rendimientos dándoles a las plantas agua en determinados momentos. En el maíz es en el momento de la floración, en la soja cuando se da el llenado del grano. Está estudiado y funciona, pero rendimiento no siempre es igual a rentabilidad.
“Lo que explican ahora de los rindes se sabe, no es novedad, pero Uruguay es un collar de experiencias fallidas de estimulación del riego (la red de riego de Bella Unión, el sistema de Tomás Berreta o de Aguas Blancas). Cuando se sacan cuentas, muchas veces no se justifica la inversión”, dijo un productor consultado por Brecha.
- Hay tres líneas de investigación en riego desarrolladas por el Inia. Una vinculada a la respuesta vegetal: cómo responden los cultivos en condiciones de riego, y se ha trabajado básicamente con soja, maíz y pasturas. Otra línea se centra en la programación y monitoreo del riego, con verificación de áreas grandes a través de sensores y monitoreo satelital. Y una tercera línea sobre sistemas de riego: métodos presurizados de aspersión fija y pivote central, y métodos por gravedad y superficie (especialmente para ganadería, para ofrecer bajos costos).
La opinión de los cultivadores de arroz
“Hay más de 30 represas inactivas”
Los productores arroceros tienen más de 80 años de cultura de riego. Brecha conversó con Alfredo Lagos y el ingeniero agrónomo Rafael Bottaro, presidente y tesorero de la Asociación de Cultivadores de Arroz (Aca).
Al ser consultado sobre el impacto que tendría la ley en el sector, Lagos explicó: “Si me presentan la ley de riego como la gran solución, no creo que lo sea. Hoy el sector tiene comprometida su continuidad. Llevamos cinco zafras de pérdidas. Estamos endeudados en el entorno de los mil dólares por hectárea, y si no se revierte esa realidad, esta ley no tendrá ningún impacto. Tenemos la energía más cara de la región, el combustible más caro del mundo y una tasa de cambio que no atiende la realidad de las empresas exportadoras. Si esas cosas no se corrigen, me cuesta pensar que Uruguay vaya a duplicar su producción agropecuaria. Igual está bien, nos debemos este tipo de miradas hacia el futuro. No en el arroz, pero en otros sectores –soja, maíz, sorgo– se puede dar un salto de productividad”.
Dice Lagos que sólo cuando el negocio agrícola vuelva a ser atractivo esta ley permitirá captar inversión para hacer obras de infraestructura de riego multipredial. “Hasta hoy cada productor hace su represa donde le parece o puede, y no es el mejor modelo de eficiencia. Había ciertas limitaciones jurídicas para revertir eso. Lo que tiene esta nueva ley es que permite que venga el inversor a apostar en este negocio de la captación de agua y pueda acordar con el dueño del campo (el 75 por ciento de los productores de arroz somos arrendatarios) y con el productor.”
¿Y no se abre la puerta a posibles especuladores? “No sabemos qué puede pasar en las nuevas obras, hasta ahora nos hemos manejado siempre con reglas claras, y que yo sepa, no ha habido especulaciones. Para nosotros el agua no puede ser privada y tiene que ser el Estado el que autorice las concesiones y regule con una visión amplia, que no esté sesgada hacia lo ambiental ni lo productivo”, dice Lagos.
De todas formas en la Aca no creen que la ley vaya a promover mucha inversión en represas y embalses. “Hay más de 30 represas paradas que fueron construidas para el arroz. Uruguay supo cultivar 205 mil hectáreas de arroz y hoy estamos en 160 mil. Hay infraestructura de riego para abastecer 40 mil hectáreas que están inactivas.”
Por su parte, Rafael Bottaro piensa que “la ley de riego está bien, pero el país no. Vengo de la zona de Cerro Largo, que es donde hay más represas paradas –y están paradas para arroz, para soja, para maíz–. Algunos las están vaciando para no pagar la renta”. Bottaro percibe además que en la ley hay una contradicción muy fuerte: “Por un lado promociona el riego mediante un marco legal nuevo que permite la asociación de inversores y productores, y por otro a través de la Dianagua quiere establecer un canon al almacenaje de agua. No parece muy justo, las infraestructuras que existen no las hizo el Estado, las hicimos los productores”.
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La ley según REDES
“Sigue siendo claramente inconstitucional”
La organización Redes-amigos de la Tierra ha mantenido una mirada muy crítica con respecto al proyecto de ley presentado en 2016, y había anunciado que si se aprobaba, presentaría un recurso de inconstitucionalidad. Brecha consultó a María Selva Ortiz sobre esta nueva versión que ya recibió media sanción en el Senado.
—¿Cómo evalúan esta nueva versión del proyecto?
—Pedimos hasta último momento la nueva versión y nunca nos la pasaron. Recién estamos empezando a estudiarlo en profundidad. Pero mirándolo por arriba, si bien hubo alguna mejora, sigue siendo claramente inconstitucional. Sigue apareciendo el operador de riego (un actor que claramente no es parte de los productores). En la primera parte del proyecto dice que tienen que ser todos productores, pero luego más adelante se refiere al operador de riego sin definirlo mucho.
—¿Cuál es el riesgo que ustedes perciben en esa figura?
—El operador de riego era el que hacía la inversión y al que se le debía pagar. Es muy claro que no podía ser así. Que eso implicaría una privatización encubierta del recurso agua. Un privado no va a invertir en una represa si no va a ganar algo. Y en este país no se puede lucrar con el agua. Pero a nosotros lo que más nos preocupa es lo que hay detrás de esta ley. Es un instrumento más para la consolidación, la permanencia y la ampliación de un sistema productivo que ha tenido graves consecuencias sociales, económicas y ambientales. Las plantaciones que precisan el riego que hoy no tienen son la soja, el maíz y el sorgo. Esos cultivos –mayoritariamente transgénicos– han tenido un crecimiento exponencial y han traído aparejada una suerte de contrarreforma agraria: concentración de la tierra y expulsión de los pequeños y medianos productores de sus predios. Desde el punto de vista ambiental han traído graves perjuicios sobre la calidad del agua en todo el territorio. Los técnicos dicen que esta ley no sólo va a perjudicar la calidad del agua porque se aumentaría la superficie destinada a la agricultura, sino también porque el estancamiento de las aguas en los embalses asegura un buen hábitat para las algas tóxicas. El riego permite intensificar la producción y por tanto se intensificará el daño ambiental que provoca el paquete de agrotóxicos. Si reproducimos lo que sucede hoy en la cuenca del Río Negro con microrepresas en todo el país, más grave será la situación.
—Ustedes dicen que cobrar por el uso del agua es inconstitucional. ¿Los inversores no pueden esgrimir el mismo principio que utiliza la Ose, que no cobra por el agua, sino por el servicio de llevarla a cada casa?
—No, porque es totalmente distinto: la Ose no lo hace con fines de lucro y además es un ente público estatal. Si viene un capital externo, no va a invertir para que lo miren, va a querer ganar algo, y eso es inconstitucional. El 85 por ciento de la población se expresó en contra de eso en 2004.
—¿Qué rol ha jugado la Dinama en este proceso?
—No sabemos cómo harán las evaluaciones, a quién y cómo se les darán o negarán los permisos para desviar cursos. Queda todo muy expuesto a la voluntad de lo que exija el privado que hace la inversión. Hoy en este país cualquier inversión pesa más que los impactos ambientales y sociales. Está claro en todo el proceso de la nueva planta de Upm.
—Ahora el proyecto parece bastante blindado, el Senado lo aprobó por unanimidad…
—Sí, nos preocupa, pero el Senado fue súper cerrado con este tema. Tenemos esperanza de que en Diputados la discusión sea diferente. Estas cosas aprobadas por unanimidad –y habiendo gente que claramente no estaba de acuerdo y que votó por disciplina– me generan mucho pánico. Cuando hay unanimidades no hay debate. Y saben que van a aprobar una ley que es inconstitucional.
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