El internacionalismo ha sido en la historia de la izquierda una constante en su matriz de pensamiento. Ello tiene sus orígenes en las experiencias de las internacionales, en los orígenes del socialismo científico en tiempos de Marx y Engels. El razonamiento de este posicionamiento tiene que ver con la necesidad de una lucha contra el capitalismo en todos los lugares donde se manifieste. En la medida que se trata de un sistema estructurado, las formas de enfrentarlo deben tener, se supone, una misma matriz de actuación.
Ello funcionó con altibajos hasta la revolución rusa, que trajo aparejada una de las primeras grandes divisiones en la izquierda: el movimiento comunista internacional por un lado y la socialdemocracia por otro. De ahí en adelante la historia de la izquierda en el siglo XX fue de enfrentamientos y divisiones entre distintas concepciones en la interpretación de los procesos políticos y las respuestas correspondientes: comunistas pro soviéticos, trotskistas, maoístas, seguidores de Tito, cubanistas, guevaristas, etcétera.
Importantes episodios de la historia de las luchas populares fueron objeto de interpretaciones diferentes, con las consiguientes divisiones políticas. Piénsese por un momento en los ríos de tinta y los virulentos debates (en ocasiones acompañados de acciones violentas) que despertaron acontecimientos como la revolución rusa, la revolución española, el ascenso del nazismo y el fascismo, la revolución cubana, la lucha armada, la experiencia de la Unidad Popular en Chile o la revolución china. Una de las mayores y más trágicas ironías fue que a nivel de los procesos nacionales, estos debates, en la mayoría de los casos, condujeron a la división de la izquierda y de las fuerzas populares en general.
A más de un siglo de esta historia cabe preguntarse: ¿es necesario acordar acerca de la caracterización de procesos políticos de otros países para encarar la acumulación política en el propio país? ¿El internacionalismo requiere la plena identificación con los regímenes en cuestión?
En la actualidad y desde la perspectiva latinoamericana ha sido una constante la intervención estadounidense en todos aquellos procesos políticos en los que se avizora la más mínima posibilidad de alteración del orden político capitalista dependiente. ¿Ello debe llegar a concluir que cualquier confrontación es expresión de una manipulación de los servicios estadounidenses? Todo indica que no. Es evidente que allí van a estar y tratarán de capitalizar todo lo que ocurra, pero no son necesariamente las fuerzas motrices. La reciente experiencia de las denominadas primaveras árabes es un excelente ejemplo.
Regímenes como los de Libia, Irak, Siria, Túnez o Egipto, teniendo muchas veces un discurso nacionalista o socializante, realmente eran regímenes despóticos, atravesados por la corrupción y el nepotismo de las castas gobernantes. La protesta popular que se desencadenó manejaba sobradas razones para cuestionar y luchar contra esos gobiernos. Intereses claramente imperialistas condujeron a que todas las potencias occidentales intervinieran a favor de las revueltas populares, con el claro propósito de recuperar y acceder a recursos naturales o posiciones geográficas estratégicas. El resultado es conocido: destrucción, cientos de miles de víctimas, millones de refugiados, países casi totalmente destruidos, entre otras consecuencias nefastas.
Retrospectivamente, ¿esto hubiera ameritado cuestionar las legítimas protestas populares contra los regímenes en el poder y ofrecer apoyo político y moral a los gobiernos de turno? Parece de elemental sentido común que la deriva asumida por la movilización popular encontró su causa en la inexistencia de una dirección política progresista en esos movimientos que supiera conjugar la lucha democrática con la construcción de una sociedad más justa.
Un poco más atrás en el tiempo se pueden observar los acontecimientos en Hungría en 1956 y en la antigua Checoslovaquia en 1968. En ambos casos hubo una generalizada protesta popular con un programa de transformaciones democráticas en una perspectiva socialista. Las dos experiencias fueron cruelmente reprimidas por las fuerzas de ocupación soviéticas. Décadas después, la implosión de la Urss habilitó en esos países procesos de democratización que se caracterizaron por una adhesión incondicional al sistema capitalista, y en la actualidad son gobiernos de ultraderecha. ¿El hecho de que tanto la revuelta húngara como la checoslovaca tuvieran en su momento el caluroso apoyo de Estados Unidos y todas las potencias occidentales justificaba apoyar la intervención y la brutal represión desplegadas? Pareciera que estas son las cosas que hay que desterrar de las matrices de razonar de la izquierda.
Los puntos cardinales de la brújula política. Más firmes que nunca en la crítica al capitalismo, y en una permanente búsqueda de cómo ir superándolo, surge como encuadre necesario del análisis de los distintos procesos políticos objeto de controversia internacional el principio de autodeterminación de los pueblos. Cada sociedad nacional tiene el derecho de resolver su propio destino, y en principio no corresponde intervención alguna.
En segundo lugar, el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos en todas sus expresiones corresponde ser defendido por la comunidad internacional, su vigencia es innegociable. Son las formas de cómo hacer saber esos cuestionamientos y cómo han de expresarse los que indicarán cada situación en particular.
La realidad actual de Nicaragua y Venezuela plantea estos aspectos de forma contundente. En ambos países hay represión violenta, muy débiles derechos vigentes, de-sigualdades sociales crecientes, corrupción y nepotismo, persecución política, violencia represiva, entre otras cosas. Asimismo existe un divorcio creciente entre el discurso socializante y nacionalista que tuvo cierta validez en el origen de estos procesos, y la realidad actual.
De lo anterior se desprende, en primer lugar, que la postura más coherente es la defensa de la autodeterminación, señalando simultáneamente la crítica a la violación de los derechos humanos que allí se hace. Pero en segundo término, y más importante aun: hay que tener en cuenta que se trata de asuntos que no deben incidir en la acumulación política propia. A favor o en contra de unos y otros es válido que pueda haber un debate, pero nunca acciones definitorias en el campo de la unidad política.
La unidad en sí misma no es un valor absoluto. Su sentido es la necesaria construcción colectiva que los sectores populares emprenden, para lo cual necesitan acumular la fuerza necesaria que permita avanzar en las transformaciones. Resulta incoherente resquebrajar esa unidad por lo que ocurre a unos miles de quilómetros de distancia.
Finalmente, viene a cuenta una reflexión para la evaluación de esas y otras experiencias similares. Un relevante descubrimiento de la izquierda, en particular a fines del siglo XX y en Uruguay, ha sido la importancia trascendental de la democracia como forma del contrato social, y la vigencia de los derechos humanos en todas sus manifestaciones. Instituciones que la humanidad empezó a reconocer en el siglo XVIII, lejos de ser el mero ropaje del sistema capitalista, constituyen la mejor forma de dignificar la condición humana y hacer posible una convivencia de iguales. Por lo tanto son una condición necesaria aunque no suficiente para la construcción de una sociedad más justa y solidaria. También es condición necesaria, para el avance y la efectivización de un proyecto de cambios, mantener una ética incuestionable en el manejo de los recursos públicos y la gestión en general. La democracia, los derechos y la ética son componentes esenciales y no se debe claudicar en su defensa.
Lamentablemente, en las experiencias de los gobiernos progresistas en Latinoamérica el ejercicio de la democracia y una ética irreprochable en la gestión no han sido una constante. He ahí la razón de los fracasos (además de todas las otras intervenciones e injerencias de las derechas nacionales y sus mandantes estadounidenses).
Se trata por lo tanto de aprender de estos fracasos para evitar su réplica en nuestro proceso. Ello no debe significar dejar de considerar y valorar una gran cantidad de aciertos de los gobiernos progresistas. Por lo tanto, el camino no es el embanderamiento acrítico, ni la condena que promueve la derecha. Señalar los errores y los aciertos hace posible que el discurso propio de los cambios sea más creíble y goce de legitimidad.
La construcción de una dirección política y moral de la sociedad supone no perder de vista nunca el propósito de la transformación. El común de la gente aspira a comprender desde su propia experiencia histórica los caminos del cambio social, y para que ello ocurra es indispensable ser claros y coherentes en la perspectiva del análisis y la valoración.
* Doctor en sociología, docente universitario, integrante del Movimiento Alternativa Socialista 959, Frente Amplio.