Un estudio sobre la situación de las investigaciones de delitos de lesa humanidad en el Cono Sur propone cinco prioridades a corto plazo, todas vinculadas a la responsabilidad del Estado y sus tres poderes.
La italiana Francesca Lessa, doctora en relaciones internacionales por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y profesora e investigadora de la Universidad de Oxford, acaba de publicar “La investigación de los delitos de lesa humanidad en Sudamérica. Desafíos para el presente y futuro”. Es un estudio que abarca la situación en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, y que dedica una especial atención al esclarecimiento de los crímenes de la dictadura en nuestro país.
Pero la doctora Lessa no puede presentar en Uruguay los resultados de sus estudios debido a una especie de interdicción de las autoridades de la Universidad de Oxford, para quienes la presencia de la investigadora en el país implicaría correr un serio riesgo de ser secuestrada y asesinada. El nombre de Lessa integraba la lista de autoridades de gobierno, magistrados, abogados y militantes de derechos humanos que fueron amenazados de muerte por el “Comando Pedro Barneix”, en referencia al general, jefe de la inteligencia militar, que se quitó la vida cuando fue procesado por su participación directa en el asesinato de Aldo Perrini, vecino de Carmelo torturado hasta la muerte en el cuartel de Colonia.
Pese a estar impedida de viajar a Uruguay, donde a lo largo de los años desarrolló parte de sus exhaustivas investigaciones, Lessa aportó, en el último estudio, significativos y reveladores elementos acerca de las ambigüedades, debilidades y contradicciones de la política oficial sobre los crímenes de la dictadura, que alcanza por igual a los tres poderes del Estado. El estudio comparado de la situación en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay con relación a la investigación de los delitos revela que en este último las dificultades son enormes y las responsabilidades por omisión, incuestionables.
“Hasta diciembre de 2018 –dice el estudio– la justicia argentina había condenado a 891 imputados por delitos cometidos en los años de la última dictadura y absuelto a 133.” Eran 3.081 las personas investigadas por violaciones a los derechos humanos y continuaban abiertas 357 causas.También hasta 2018, en Chile “se habían dictado 447 sentencias en causas de delitos de lesa humanidad, 53 en causas civiles y 394 en causas penales”. En 2018 se iniciaron 245 nuevas causas y a diciembre había 2.837 personas condenadas en primera instancia y 1.346 causas vigentes. En Uruguay, mientras tanto, “existen 262 causas en diferentes etapas del proceso judicial, de las cuales la gran mayoría (151) se encuentran en fase de presumario, tres en etapa de juicio, 95 fueron archivadas y se dictaron sentencias solamente en 13, con un total de apenas 20 personas condenadas hasta la fecha”.
El informe se basa en un estudio de las políticas de verdad y justicia de la región, a largo plazo e iniciado en 2015, y destaca que en Uruguay los crímenes de las dictaduras se investigan como delitos comunes, en lugar de entenderse como parte de un patrón “de atrocidades” sistemáticas. Así, resulta que se dictan sentencias por homicidio o por secuestro en lugar de aplicarse el delito de desaparición forzada. Otra consecuencia, aun más grave –subrayada por Lessa–,w es que los delitos comunes están sujetos “a institutos tales como la prescripción, la amnistía, o el indulto; estos no son aplicables a los delitos de lesa humanidad según el derecho internacional”.
La investigadora señala que “no existe una jurisprudencia clara en relación con la aplicación del derecho internacional y, en particular, sobre el uso de la categoría de crímenes de lesa humanidad. En ese país, la postura de la Suprema Corte de Justicia ha ido cambiando en estos últimos años, generando así una situación de inseguridad jurídica que afecta a las víctimas y favorece la impunidad de sus victimarios”.
Desde un punto de vista completamente opuesto al del ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, el estudio pone el acento en una práctica judicial que enmascara responsabilidades: “Los mismos imputados son juzgados repetidamente por distintos crímenes, incluso sobre las mismas víctimas”, motivo por el que “no se amplía el espectro de responsabilidades hacia otros agentes”.
El trabajo denuncia que, en los primeros años de juicios, “no se priorizaron los delitos sexuales”,porque la violencia sexual como delito era subsumido al de torturas o apremios ilegales, ni tampocolos “delitos cometidos por civiles (responsabilidad empresarial, o del Poder Judicial en ocultar o participar en los crímenes). La ampliación de la investigación de estos delitos ha puesto en evidencia las dificultades, limitaciones y también prejuicios del Poder Judicial”.
Como se advierte, en el caso de Uruguay, se deben superar escollos y resistencias que, lejos de reducirse, se han fortalecido con el paso del tiempo.
[notice]Cinco líneas
Lessa identifica las siguientes prioridades para el corto plazo:
1. La investigación de los crímenes de lesa humanidad debe ser una política pública, refrendada por los tres poderes del Estado.
2. Los crímenes de lesa humanidad deben ser examinados como patrones de atrocidades que fueron sistemáticas y patrocinadas por el Estado, en lugar de ser tomados como hechos aislados.
3. Los delitos sexuales y los cometidos por civiles deben formar parte de las investigaciones.
4. Es necesario promulgar políticas integrales para localizar e identificar a las víctimas de desaparición forzada.
5. Se debe garantizar el acceso real a los archivos con fines judiciales y de reparación.
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