Quién iba a decir, en aquel tiempo de derrotas, que 30 años después las consecuencias temidas de la impunidad nos explotarían en la cara, provocando una de las mayores crisis políticas de la democracia. Quién iba a decir, también, en aquel tiempo de derrotas, que asistiríamos a “la acrobacia moral e ideológica” (Pérez Aguirre dixit) de aquellos que dieron la espalda a miles de testimonios de las víctimas, que parecieron no enterarse de los dictámenes de la justicia, esos constructores del silencio y sus herederos, que hoy pasean su voz por los grandes medios, indignados ante las “revelaciones” de militares presos, reclamando a otros la firmeza y la dignidad que en su momento no tuvieron. Lo que anulan estas líneas no es el reclamo, es la legitimidad de quien lo exige. Porque hay que admitir, también, que la relación de la izquierda con los derechos humanos no ha sido fácil. Y si bien, durante su primer gobierno, el Frente Amplio acotó los límites de la ley de caducidad, y hubo señales esperanzadoras, a la luz de los años, los avances fueron exiguos.
La encerrona de la caducidad no impedía al Estado impulsar políticas de formación militar, pero la ausencia de una transformación democrática dentro de las Fuerzas Armadas es lo que se evidenció en las últimas semanas: se amputan cabezas, pero no necesariamente los pensamientos que contienen.
Desde su nacimiento, en 1985, hasta la semana posterior al referéndum, Brecha publicó 44 tapas en 177 ediciones dedicadas a los crímenes de la dictadura. Algo así como una por mes durante tres años y medio. Cuarenta y cuatro tapas dedicadas a desenmascarar a los autores de los crímenes, a reclamar justicia, a denunciar las chicanas, las transas y las negociaciones, pero también a dar voz a aquellos a los que insistentemente les era negado el micrófono. Esa es la medida periodística del valor que el semanario ha dado a este tema. Es la que da hoy, en estas páginas, y es la que le seguirá dando. Hasta que haya verdad. Y hasta que haya justicia. Porque la memoria, ya flamea.
