En la noche del martes 20, el Open Arms tocó tierra en la isla de Lampedusa. Los casi 100 migrantes que aún estaban a bordo terminaron así un periplo de casi 20 días desde que fueron rescatados por el buque de bandera española tras un naufragio en el que muchos de sus compañeros de tragedia murieron ahogados. Los eritreos, libios y sudaneses que desbordaban el barco de rescate bajaron abrazados, algunos cantando, otros rezando, llorando. Sólo piensan, dijeron algunos al llegar a tierra, en comenzar “una nueva vida”, como la que “todo ser humano tiene derecho a reclamar”, y dejar atrás horrores que comenzaron mucho antes de que decidieran lanzarse al mar como último recurso: la devastación y las guerras provocadas por muchos de los países que les cierran las puertas y los dejan librados a la mala de Dios.
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La odisea del Open Arms fue una más de las que enfrentan estos migrantes, que huyen de miserias y conflictos, y los rescatistas solidarios que buscan impedir que se ahoguen y facilitarles la llegada a algún país de “acogida”. Otro barco, el Ocean Viking, cargado con muchas más personas que las que transportaba el buque español, erra hace dos semanas por el Mediterráneo en busca de un “puerto seguro” donde atracar. Lleva a más de 350 personas, entre ellas, 92 menores que viajan sin acompañantes. Sos Méditerranée y Médicos sin Fronteras las recogieron entre el 9 y el 12 de agosto en distintos puntos del Mediterráneo. Hasta diciembre pasado las dos Ong francesas alquilaban otro barco, el Aquarius, que en diciembre depositó en Valencia, España, a 630 migrantes que nadie había querido aceptar. Desde entonces el Aquarius ya no pudo hacerse a la mar, incautado por operar “sin permiso”. El mismo destino puede esperarle al Open Arms: ya ha sido incautado y el gobierno del socialista español Pedro Sánchez amenaza con imponerle a la Ong que lo manejaba, Proactiva Open Arms, una multa de hasta 900 mil euros. Carmen Calvo, la vicepresidenta española en funciones, dijo que los rescatistas debían “someterse a las leyes y al Estado de derecho como cualquier ciudadano”, y que el barco no estaba autorizado a salvar gente en alta mar. Óscar Camps, presidente de la Ong y capitán del buque, respondió que los socorristas (la gran mayoría de ellos, españoles) hicieron lo que debían hacer los Estados y que el derecho internacional y las leyes del mar los amparaban. “Poco me importa, además, que me multen y embarguen todo mi capital por salvar vidas”, dijo.
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El Open Arms no llegó a hacer lo que sí hizo en junio el Sea Watch 3, un barco de la Ong Sea Watch que desembarcó a la fuerza en el puerto de Lampedusa con unos 40 migrantes. Ningún país los aceptaba y la capitana del buque, la joven alemana Carola Rackete, enfiló hacia las costas una madrugada tras 17 días de espera y deambulación, perseguida por los guardacostas italianos. El gobierno de la península la acusó de cometer un “acto de guerra” y la detuvieron. Rackete pudo haber sido condenada a 20 años de cárcel, pero un juez de Agrigento la liberó y desestimó las denuncias en su contra. “Cumplió con su deber”, falló el juez. A otra alemana, la bióloga (y ecologista y anarquista) Pia Klemp, también de Sea Watch, que rescató a más de mil migrantes en dos años en el Mediterráneo, el hasta ahora ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, la acusó en junio de “tráfico de personas”. Se expone a 20 años de cárcel y a multas por casi 1 millón de euros. Uno de los barcos que capitaneaba, el Iuventa, ya fue incautado. “Mientras se estrecha el cerco sobre nosotros los rescatistas, sobre los alcaldes de ciudades que se declaran dispuestos a acoger a migrantes y sobre todos aquellos que manifiestan una solidaridad activa con gente que huye porque no le queda otra, la UE y los gobiernos miran para otro lado y se hacen cómplices y protagonistas de cientos y miles de muertes que podrían ser evitadas”, dice Klemp. Y agrega: “Hay dos Europas cada vez más enfrentadas e incompatibles”. En julio, las dos capitanas alemanas acosadas por Salvini fueron condecoradas por la Alcaldía de París.
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Si alguna vez llegó a haber algo parecido a una “invasión de inmigrantes” en Europa (lo más cerca que se estuvo puede haber sido en 2015, en lo más fuerte de la guerra en Siria, cuando llegó al continente algo más de 1 millón de “indocumentados” en espacio de pocos meses), ya no es el caso. Año a año, cada vez menos personas arriban a las costas europeas desde la vecina África: unos 400 mil en 2016, 350 mil en 2017, menos de 200 mil en 2018, y se prevé una nueva caída para 2019. Entre enero y julio de este año, según Frontex, la agencia europea de guardacostas, los “ilegales” desembarcados en Europa fueron unos 54.300, 30 por ciento menos que en el mismo período del año pasado.
El número de muertes en las travesías marítimas, sin embargo, ha aumentado proporcionalmente. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), de cada 18 migrantes que llegaron a Italia por el Mediterráneo durante los primeros siete meses de 2018, uno murió en un naufragio. En 2015, la tasa de mortalidad fue tres veces inferior, y en 2016, dos veces menor.
Este año, hasta fines de julio, 839 personas se habían ahogado en el mar. Con el naufragio de un buque frente a las costas libias, la semana pasada, ya se está en 950. En 2018 el total de muertos rondó los 2.200 y a fines de este año se podría estar cerca de esa cifra con un menor flujo de migrantes. Desde 2014, señala la Organización Internacional para las Migraciones (Oim), el Mediterráneo se tragó a más de 14 mil personas.
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Juan Branco es un joven abogado franco‑español que forma parte del staff de defensores del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y de varios “chalecos amarillos” franceses. Pero también está entre los promotores de una demanda presentada a mediados de año en la Corte Penal Internacional (Cpi) contra la Unión Europea y sus Estados miembros por las muertes de miles de personas en el Mediterráneo. “Ha sido un ataque sistemático contra una población civil. Ellos hablan de tragedia, pero se trata de una tragedia provocada. Dicen que han cometido ‘errores’ en su política migratoria que han conducido a estas muertes, pero nosotros consideramos que fue intencionado”, dijo en distintas entrevistas (entre ellas, en eldiario.es y Página12, ambas del 9 de junio último). Branco, que fue asistente del fiscal de la Cpi entre 2010 y 2011, cree que si ese organismo se tomara en serio, su función debería ser tramitar la denuncia presentada por el grupo de abogados tras dos años de trabajo reuniendo documentación y pruebas. Tendría, para ello, que superar un obstáculo nada menor: la Unión Europea es el principal sostén político y económico de esta instancia, creada para juzgar delitos de lesa humanidad.
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Lo que Branco y los otros abogados cuestionan es el conjunto de la política migratoria de la UE, en especial su decisión de dejar de rescatar personas en el Mediterráneo y tercerizar el tratamiento del tema financiando el montaje de centros de detención en países como Libia, adonde llega la enorme mayoría de los eritreos, los etíopes, los sudaneses, los guineanos, los chadianos, los marfileños y los nigerianos que intentan lanzarse al mar. Los primeros acuerdos con Libia –también los hay con Turquía– datan de la época de Muamar Gadafi, pero, cuando este fue derrocado y asesinado tras una guerra que contó con el impulso de países europeos y Estados Unidos, los pactos se mantuvieron e incluso se ampliaron, cuando el país africano ya estaba despedazado y atomizado. Cientos de millones de dólares ha transferido la UE al gobierno “legal” libio (que controla sólo una parte del territorio) para gestionar centros de detención convertidos en verdaderos campos de concentración, en los que la tortura, la violación, la extorsión, la trata de personas e incluso la ejecución son moneda corriente.
“Libia no tiene ningún interés propio en estas políticas migratorias, las tiene porque ha negociado con la Unión Europea toda una serie de acuerdos que le permite obtener ventajas diversas”, dijo Branco a eldiario.es. “Con la caída de Gadafi el sistema se rompió, empezaron a llegar migrantes por decenas de miles y la sociedad europea estaba enfrentando una gran crisis económica. Frente a eso, la UE reacciona con cierto pánico, intentando adoptar varias políticas sucesivas. Primero empezó por dejar a la gente morir, para disuadirla de cruzar. No funcionó, porque los migrantes tenían más miedo de Libia que de morir ahogados. Además, las Ong los estaban rescatando, por lo que comenzó a criminalizarlas y a crear un segundo sistema, que fue de externalización de la gestión de las cuestiones migratorias a Libia. El problema es que la ha llevado a cabo con organizaciones que cometen crímenes gravísimos, de los que la UE se ha vuelto de facto corresponsable”.
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Migrantes transportados por el Open Arms y el Ocean Viking, como antes el Sea Watch y el Aquarius, han dado cuenta, en entrevistas a bordo o al tocar tierra, de los horrores vividos en los campos libios, donde bandas de traficantes de personas campean a sus anchas en connivencia con los militares financiados por la UE, que deberían, en principio, ayudarlos y asistirlos.
Antonietta Lanzarone es médica en el hospital universitario de Palermo. Desde hace un año atiende a la gente llegada por mar desde Libia para certificar las heridas que llevan en su cuerpo. Si los migrantes logran probar que fueron torturados, pueden pedir refugio en Italia. Tiene que ser muy precisa en sus informes y ceñirse a las reglas del Protocolo de Estambul, cuenta al portal francés Mediapart. Toma fotografías, escruta cualquier rastro “extraño” en el cuerpo de los declarantes, mide heridas con una regla. “Puede parecer aberrante, porque en el rostro de las personas que me relatan lo que les sucedió se puede ver el sufrimiento, pero por una serie de razones, sobre todo legales, tengo que ser lo más objetiva posible y saber lo que les pasó en los más mínimos detalles.” Pero no puede evitar conmoverse. “Raramente se escucha lo que tienen para decir. Yo los escucho mientras tomo nota y trato de comprobarlo en su cuerpo, pero a veces no hay rastros, porque algunas cicatrices son invisibles”, dice. “Ese es el límite de lo que hago: a menudo lo más terrible no puede ser ‘comprobado’.” Lanzarone puede, por ejemplo, constatar las quemaduras con cigarrillos, las quebraduras de huesos, los rastros de tortura, como el caballete y otras, contadas una y otra vez por los migrantes que pasaron por los campos en Libia, pero no, por ejemplo, las violaciones. Las 12 mujeres con las que se entrevistó el día que recibió a Mediapart y siete hombres afirman haber sido violadas y violados colectiva e individualmente por los soldados libios. “Los hombres me contaron que se los sodomizó a ellos y que ellos fueron obligados a violar mujeres.” Los diversos psi que trataron luego a los migrantes constataron “problemas psicológicos y psiquiátricos severos” en 60 por ciento de ellos. “Un número frío”, dice Lanzarone, “que no da cuenta realmente de los dramas que vivieron”.
De los disparates que circularon en las redes en los últimos días a propósito de los migrantes del Open Arms y del equipo de rescatistas (a estos Salvini y otros los trataron de “traficantes de seres humanos”, con base en una foto groseramente manipulada, en la que se los mostraba negociando con libios), destacó el del dirigente del grupo de derecha español Ciudadanos, Marcos de Quinto, un multimillonario que fue vicepresidente mundial de Coca‑Cola: “Se los ve muy bien comidos”, tuiteó el señor, refiriéndose a los africanos.
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“Hay que dejar de abordar el problema de los migrantes barco a barco”, dijo esta semana el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. El Acnur y la Oim pidieron a la UE que adopte a corto plazo un “mecanismo de desembarco sostenible” que sea de obligado cumplimiento por los países miembros y a largo plazo un “sistema de reparto equitativo” de los inmigrantes que llegan a las costas italianas, españolas y griegas. Difícil para Sagitario, teniendo en cuenta que varios países se negaron a aceptar las cuotas que se les fijó cuando las llegadas masivas de 2015, que otros se han sumado después a ese “frente del rechazo” y que la gran mayoría hace hoy la vista gorda. Lo mejor que podrían hacer los europeos para evitarse y evitar estos dramas, piensa Juan Branco, es dejar de alentar las guerras que los ocasionaron y dejar de saquear a los países africanos. Más difícil aun para Sagitario.
