Es innegable que durante los 14 años del gobierno de Evo Morales ha habido una notable reducción de la pobreza a través de políticas públicas de redistribución de la riqueza. Asimismo, no se puede negar que, aunque sea de manera limitada y muchas veces simbólica, el Estado hizo un esfuerzo histórico por reconocer a la mayoría aymara, quechua y guaraní del país, transformándose en un Estado plurinacional. Pero la pregunta es: ¿sobre qué modelo económico se sustentan estas políticas redistributivas y antirracistas?
La respuesta a esta pregunta y la mejor guía para entender la situación se encuentran en las potentes intervenciones del movimiento feminista boliviano. Uno de estos grupos es Mujeres Creando. En 2017 este colectivo feminista aceptó una invitación de la bienal de arte de Bolivia para pintar un mural, siempre que pudiera llevarse a cabo en la fachada del Museo Nacional de Arte. En el centro de este “altar profano” aparecía el escudo de Bolivia con el Cerro Rico de Potosí clavado sobre la espalda de un hombre arrodillado en posición de sumisión. El pene del hombre estaba amarrado con una cadena a una pesa de oro. A los lados podía leerse: “Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista” y “No hay nada más parecido a una machista de derechas que un machista de izquierdas”.
Las feministas ponían así el dedo en la llaga –el mural duró menos de 24 horas sin ser profanado– mostrando que las políticas extractivistas del Estado no se asentaban sobre una lógica de género neutral, sino sobre una solidaridad interna entre el colonialismo y el patriarcado que transforma los cuerpos de las mujeres y la tierra en mercancía y botín de guerra. En efecto, el gobierno de Morales no sólo no modificó la lógica colonial extractiva del país, sino que amplió el extractivismo al otorgar más licencias mineras, intensificar la explotación del litio, ampliar la frontera de los agronegocios y pactar con la oligarquía que ahora lo echa del poder.
La lógica extractivista-patriarcal llega a su paroxismo con el conflicto del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), en 2010 y 2011. El gobierno del Mas pretendía construir una carretera que cortaría a la mitad este territorio guaraní en pleno corazón de la Amazonia para facilitar la extracción de hidrocarburos en el centro del parque y la extensión de los agronegocios. La oposición de los habitantes del territorio fue duramente reprimida por el gobierno de Morales. Una de las personas que acompañaban la marcha en defensa del Tipnis era Esther Argollo, una de las autoras del mural de Mujeres Creando. En 2017 tuve la oportunidad de entrevistarla y me describió, todavía conmocionada, la brutal represión de la policía de Morales en el pueblo de Chaparina: “Nos invadieron el campamento, nos cercaron, lanzaron gases, sacaron a los indígenas del lugar donde estábamos a patadas, a golpes, les amarraron, les taparon las bocas, tuve que correr con un niño al monte, porque… Era una señora, de las indígenas que estábamos en el campamento, era un domingo… La señora estaba con dos niños, uno se lo dio a uno de los indígenas y corrió al monte y el otro me lo dio a mí”.
UN PROYECTO NACIONALISTA EXTRACTIVISTA. El relato de la izquierda –golpe de Estado, Cia, Evo víctima, oligarquía racista, retorno de la Biblia al Palacio– se sutura definitivamente con la aparición del litio como botín de guerra. Bolivia cuenta con grandes reservas de litio en los salares de Uyuni y Coipasa y, en ese sentido, es totalmente plausible que la oligarquía blanca del país, en connivencia con algunas potencias extranjeras (Estados Unidos, pero también China, Rusia o Alemania), esté afilándose los colmillos para subastarse el litio.
Tras la llegada al poder de Evo Morales en 2008, los yacimientos de litio pasaron a ser una concesión de la Comisión Minera Boliviana, y se creó la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos, a cargo de Luis Alberto Echazú. El modo en que se realiza la transferencia de los terrenos ya es sospechoso. Tras haber recorrido todas las comunidades que se ubican alrededor del salar de Uyuni, puedo asegurar que en ninguna de ellas hubo consulta previa, libre e informada, como exige el artículo 169 de la Oit para autorizar la explotación de litio en territorio indígena. En lugar de eso, se recurrió al apoyo de una organización masista, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur (Frutcas). Pero este subterfugio legal no significa que todos los ayllus del salar estén de acuerdo con la explotación del litio. Hay comunidades como Llica que están en desacuerdo, y otras que lo aceptaron porque no veían otra opción.
Pero el asunto central es que se trataba nuevamente de un proyecto nacionalista extractivista. Los ingenieros de la planta de Llipi Llipi me explicaron en 2016 que se iba a tratar de un proyecto completamente boliviano, ejecutado con capital boliviano, recursos humanos bolivianos y cuyos beneficios recaerían en el pueblo boliviano. Cuando les preguntaba sobre los potenciales impactos ambientales que iba a provocar la extracción, no solamente por el gasto de agua sino por los residuos que iba a generar la inyección de grandes dosis de cal en el salar para separar el magnesio del litio, respondían de nuevo con el imaginario nacionalista en el que el “oro blanco” prometía sacar, una vez más, al pueblo boliviano de la miseria.
La versión de algunos líderes de Frutcas era todavía más siniestra, pues cuando pregunté a Humberto Ticona, uno de sus líderes, si no veía contradicción entre los artículos de la Constitución en defensa de la Pachamama y la extracción del litio, me respondió: “Claro, por ejemplo, ¿el litio de dónde viene? De las entrañas de la tierra. La Pachamama nos está dando una alternativa a sus hijos para poder sobrevivir”.
El último episodio de la saga se remonta a abril de 2018, momento en el que el gobierno de Evo Morales firma una acuerdo con la empresa alemana Aci Systems Gmbh para su explotación en régimen mixto con el Estado. El acuerdo ha sido finalmente revocado por las presiones de las comunidades circundantes al salar y de miembros del Comité Cívico Potosino. La negativa de las comunidades se debe, en parte, a su deseo de participar más activamente en los beneficios de la explotación, pero también a que, como me fue manifestado en múltiples entrevistas con miembros del pueblo Llica, las comunidades indígenas piensan que el salar es un ser vivo sagrado.
El gobierno de Evo Morales, con toda su retórica pachamámica, jamás se ha planteado escuchar a estas comunidades o repensar la explotación del litio para preservar un espacio sagrado y de alta biodiversidad, ni antes ni ahora; lo que estaba en juego era simplemente el modelo de explotación y la distribución de los beneficios. La izquierda internacional, que tanto se preocupa, y con razón, por la situación en Bolivia, debería escuchar a esta gente y a todos los colectivos de la sociedad civil que no están afiliados con ninguno de los caudillos en pugna, como por ejemplo, Colectivo Curva, Colectivo Ch’ixi, Comunidad Pukara, Nación Qhara Qhara, Nación Yampara, Parlamento de Mujeres, Red Unitas y Trabajadores Originarios Quechuas de la Provincia Oropeza.
* Director del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California en San Diego.
Tomado de La Marea mediante una licencia de Creative Commons. Brecha reproduce fragmentos.
