El gobierno español enfrenta los peores días de la crisis sanitaria desde que anunció la cuarentena obligatoria. Desde las organizaciones sociales piden avanzar en un plan de acción que contemple a la población más vulnerable y denuncian los abusos de las fuerzas de seguridad.
Hace dos semanas Madrid se preparaba para recibir la primavera. Las terrazas de los bares estaban llenas, los tapabocas eran casi una rareza y el metro funcionaba atiborrado de gente. Si bien en los informativos se hablaba de los primeros contagios por coronavirus y de cómo prevenir su propagación, las medidas de confinamiento que aplicaba Wuhan o Italia todavía parecían de otro mundo. Nadie imaginaba que España se convertiría en uno de los países con mayor número de infectados y muertos.
Ahora el país está en cuarentena obligatoria. Las personas sólo pueden salir a la calle para trabajar, comprar comida, medicamentos, artículos básicos, pasear al perro o tirar la basura. La medida, que comenzó hace 15 días, fue extendida el domingo hasta totalizar un mes de duración. El 11 de abril es la fecha que los españoles tienen marcado en el calendario. Se espera que ese día la curva de contagios haya alcanzado su pico y empiece a estabilizarse o a descender. Mientras tanto, las gráficas siguen en ascenso. Este miércoles España superó a China en el número de fallecidos, con más de 3.400 muertos.
El 13 de marzo el presidente, Pedro Sánchez, anunció el estado de alarma, una facultad establecida en la Constitución española que le permite al gobierno actuar ante circunstancias excepcionales. En un tono que buscaba dar tranquilidad a la población, Sánchez explicó que la medida le permitiría hacer uso de recursos económicos pero también militares. Con el real decreto, el gobierno limitó la circulación de personas y vehículos, estableció el cierre de actividades industriales y empresariales no esenciales, y puso al Ejército en las calles para controlar su acatamiento.
Sin embargo, el anuncio generó más dudas que certezas, y los rumores (“bulos”, como les llaman aquí) circularon a la misma velocidad que el virus. En los días previos al estado de alarma se especulaba con el cierre de Madrid, ciudad que concentra el 50 por ciento de los casos. También con el cierre de las fronteras aéreas y terrestres, una restricción que fue concretándose progresivamente a medida que el gobierno lo entendió necesario, alineándose con las decisiones adoptadas por la Unión Europea.
ARRIBA O ABAJO. El covid-19 pone a prueba a la presidencia de Pedro Sánchez, pero principalmente al gobierno de coalición conformado con Unidas Podemos. En noviembre, cuando se anunció el pacto, se hablaba de una posible recesión económica, pero nunca de una de estas dimensiones, y menos por una emergencia sanitaria. Pablo Iglesias, actual vicepresidente, había dicho que llegado el momento la pregunta sería si recortar “por abajo o por arriba”. En la memoria del país está presente la crisis de 2008, la de la burbuja inmobiliaria, la que dejó colgadas a miles de personas con hipotecas impagables, sin viviendas ni trabajo. En una especie de mantra, los españoles recuerdan habitualmente los 60 millones de euros que el Estado destinó entonces a rescatar a los bancos en vez de aumentar las ayudas sociales.
Por eso la pregunta que resuena por estos días es a quiénes estará destinado el presupuesto de emergencia. Decisión difícil para un gobierno que cuenta en sus filas con una línea ortodoxa, liderada por la ministra de Economía, Nadia Calviño, que responde a los intereses de las grandes corporaciones, y otra moderada, en la que revistan los ministros de Unidas Podemos y algunos dirigentes del Psoe. Este sector apela a medidas como el establecimiento de una renta mínima y la extensión de la moratoria al pago de alquileres para los sectores de bajos ingresos.
La emergencia sanitaria saca a la luz, además, heridas dejadas por años de recortes, que golpearon, entre otros, al sistema sanitario, el principal encargado en este momento de hacer frente al coronavirus. En 2012, el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, suprimió la universalidad de la prestación sanitaria, lo que habilitó una mayor privatización del sector. Según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), España perdió desde 2008 el 10,7 por ciento de sus camas hospitalarias y el mayor afectado fue el sector público. Ahora el sistema de salud cuenta con 297 camas cada 100 mil habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 800 y mil.
Todos los días a las ocho de la noche, desde balcones y ventanas saltan los aplausos que reconocen el trabajo del personal sanitario y algún grito que recuerda la importancia de contar con un sistema de salud público. Frente al avance de los contagios, y a pesar de la reticencia del sector privado, el gobierno recuperó el modelo de sanidad única, que permanecerá al menos durante el tiempo que dure la emergencia. Ahora los 806 hospitales del Sistema Nacional de Salud y los 468 centros hospitalarios privados están colapsados. El 13 por ciento de los contagiados por coronavirus son trabajadores sanitarios.
LA CUARENTENA. En el barrio de Carabanchel, ubicado al sur de Madrid, un pequeño almacén abastece a los vecinos que cada mañana salen con una barra de pan y algún producto de la tienda. En la puerta del comercio una vecina espera su turno para ingresar. María, vestida con mascarilla y guantes, avisa que el local estará abierto hasta las dos de la tarde. En el escaparate todavía hay papel higiénico y cervezas. Sara, quien tiene un local de frutas y verduras a la vuelta de este negocio, comenta que las ventas aumentaron un 40 por ciento, aunque piensa que si contaran con la capacidad de almacenamiento de los grandes centros comerciales, podrían vender aun más.
La producción no esencial aún no se ha visto obligada por el Estado a suspender su actividad. Pero las consecuencias sociales de la declaración del estado de alarma ya golpean a la mayoría de los pequeños negocios, que han tenido que bajar las persianas con la esperanza de abrirlas cuando termine el confinamiento. Mientras tanto, el gobierno pidió a las demás empresas que habilitaran el teletrabajo. Miles de personas tuvieron que adaptar sus viviendas para hacer la tarea de manera telemática.
Sin embargo, muchas empresas no pueden o no desean hacerlo. En el caso de Juan, por ejemplo, la compañía para la que trabaja –dedicada a recargar tarjetas de peaje– no habilitó la opción del teletrabajo. Su contrato de Ett (Empresa de Trabajo Temporal, un tipo de tercerización) lo enfrentó a la disyuntiva de seguir yendo a trabajar, a riesgo de contagiarse, o perder el empleo.
“La única manera de proteger a los trabajadores sería la paralización total de la producción no esencial, tal y como ha hecho Italia recientemente, algo que ya se ha planteado desde los sectores más a la izquierda del gobierno, pero que al parecer cuenta con la oposición frontal de la ministra de Economía, Nadia Calviño”, señaló a Brecha Eduardo Gómez, abogado laboralista de la Red Jurídica Cooperativa.
El martes 24 de marzo, el gobierno español aprobó una primera tanda de avales por 20.000 millones de euros (20 por ciento del Pbi) para garantizar liquidez a las empresas y preservar la actividad productiva y el empleo. El monto anunciado engloba a pymes, autónomos y grandes empresas, aunque los beneficios más altos son para los negocios de menos de 250 trabajadores.
El gobierno ya había anunciado que las empresas que por razones de fuerza mayor apliquen un expediente de regulación temporal de empleo (Erte) en su plantilla contarían con el Estado para el pago de la seguridad social. El Erte es un mecanismo excepcional del derecho laboral usado para suspender temporalmente los contratos de trabajo. Las pequeñas empresas pueden hacer uso de este mecanismo, pero también las grandes compañías, y algunas de ellas aprovechan estos tiempos para hacer despidos masivos que ya tenían pautados.
Según Gómez, “la inmensa mayoría de las empresas del país se van a acoger al Erte, lo que significa, en definitiva, que la crisis la pagan los trabajadores y el Estado, pero no las empresas”. Además, uno de los principales miedos es “no saber si las empresas estarán dispuestas a readmitir a los trabajadores y trabajadoras cuando la emergencia sanitaria pase”.
PLAN DE CHOQUE. La crisis de 2008 y sus coletazos dieron origen al movimiento 15M, del que surgieron cientos de organizaciones, las mismas que hoy le exigenal gobierno aplicar medidas que tengan en cuenta a toda la población. A través de la campaña Plan de Choque Social se le pide parar los despidos, establecer una renta básica para quienes se queden sin ingresos, suspender los pagos de alquiler, hipoteca y suministros básicos (luz, agua y gas), e intervenir la sanidad privada sin compensación económica.
En enero, el relator sobre extrema pobreza de Naciones Unidas, Philip Alston, visitó España y dijo que conoció zonas que “muchos españoles no reconocerían como parte de su país”. Según datos de un informe de 2019 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el 26,1 por ciento de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
En su informe, el relator señaló que uno de los grupos más castigados son las trabajadoras del hogar y los cuidados, muchas de ellas mujeres migrantes. En estos días, Sedoac, asociación madrileña que reúne a este colectivo, denuncia que es el único gremio que aun teniendo contrato no tiene derecho a seguro de desempleo. En medio de la emergencia sanitaria, miles de trabajadores se exponen a contagiarse en las viviendas donde trabajan, con empleadores que no brindan los implementos básicos de higiene.
La falta de medidas más amplias también lleva a que poblaciones más vulnerables generen sus propias redes de subsistencia. El Sindicato de Manteros, que se dedica a vender sus productos en la calle, creó un banco de alimentos para hacer frente a las pérdidas de ingresos. Según explicó a Brecha Alejandra Jacinto, abogada y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (Pah), uno de los colectivos que impulsa el Plan de Choque Social, el objetivo es hacer visibles estas realidades para que la crisis social no la vuelvan a pagar “las mismas de siempre”.
Hasta el momento, el gobierno activó una serie de ayudas sociales como aplazar el pago de las hipotecas a quienes fueron afectados por la aplicación de un Erte (el equivalente a ser enviado al seguro de paro en Uruguay) o perciben menos ingresos, y asegurar los servicios “esenciales” como los suministros de energía, agua y telecomunicaciones a colectivos vulnerables. Sin embargo, para Jacinto estas medidas son insuficientes teniendo en cuenta que la crisis se profundizará en los próximos meses.
La Pah exige la suspensión total del pago de hipotecas “porque de este modo la banca no pierde, simplemente garantiza su cobro y sus ingresos para más adelante. Nosotros pensamos que la banca se tiene que corresponsabilizar y asumir las pérdidas al igual que las vamos a asumir los cientos de miles de trabajadores”, indica la portavoz de la plataforma. También piden lo mismo para los alquileres cuando los arrendatarios son grandes tenedores de vivienda, mientras que para los pequeños se buscarían otras fórmulas de compensación.
EN LAS CALLES. Desde la sala de prensa de la Moncloa, Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa, llamó en la última semana a los españoles a comportarse como soldados, frente a una “guerra irregular y rara que nos ha tocado luchar”, y les recomendó que hicieran suyos los “valores militares”. Frente a este uso de la retórica bélica y el papel que adquirió Villarroya en las últimas semanas, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, organización pacifista y antimilitarista de Barcelona, emitió un comunicado en el que denuncia el peligro de militarizar un problema sanitario.
El presidente de ese centro de estudios, Pere Ortega, señaló a Brecha que en los últimos días en algunas poblaciones se vio a militares del Ejército armados con subfusiles, algo que ahora ha cesado. Para Ortega, la decisión de poner al Ejército en las calles “representa un ensayo de control y vigilancia de todo el espacio público y de la sociedad. Es una concepción equivocada. Los problemas humanos deben ser abordados desde la seguridad que dan los cuidados de los servicios civiles, nunca desde una vertiente militar”.
Pero no sólo es un problema de las Fuerzas Armadas. La plataforma Defender a Quien Defiende, integrada por distintas organizaciones de derechos humanos, dirigió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al defensor del pueblo, Francisco Fernández, en la que exigen que se investiguen, al menos, cuatro situaciones de violencia institucional por parte de la Policía. Los casos surgen de videos registrados por vecinos y publicados en redes sociales. La mayoría de los abusos se dan en barrios populares.
A mediados de mes, el gobierno español estableció multas de hasta 30 mil euros para quien viole la cuarentena. Según datos del Ministerio del Interior, bajo el estado de alarma se ha detenido a 929 personas y hay más de 100 mil propuestas de sanción. Frente a los casos de abuso, la respuesta de la mayoría de las personas ha sido cuestionar la represión, aunque también hay quienes exigen más medidas de control y disciplinamiento social. Por el momento, el gobierno no ha cuestionado la retórica belicista de la jefatura militar, ni tampoco el accionar de los cuerpos de seguridad, que patrullan las calles como si se estuviera en estado de guerra en lugar de en una crisis sanitaria.
