Luego de demoras en la transición, faltantes de medicamentos en el primer nivel de atención (agravado porque el gobierno del FA no ajustó el presupuesto a la inflación), desencuentros con las direcciones asistenciales del Interior y la designación de una funcionaria para dirigir una repartición que la había sumariado, la turbulencia del momento en Asse avanza otro casillero. Varios jerarcas recientemente designados en Río Negro y Flores son objeto de sospecha por conflictos de interés con el sector privado. A la vez, Blauco Rodríguez, el presidente del Colegio Médico, solicita que se le “reserve” su cargo de alta dedicación como condición para asumir una dirección regional.
A fines de febrero las autoridades sanitarias aún no habían designado al directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse). Por esas fechas, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, solicitó al expresidente del organismo Marcos Carámbula que extendiera su administración hasta que la coalición designara al nuevo presidente, que a la postre resultó ser el médico Leonardo Cipriani. Su nombramiento ocurrió recién el 17 de marzo, justo en medio del desconcierto por la pandemia de covid-19. Tras bambalinas, una segunda crisis: durante el gobierno del Frente Amplio el Ministerio de Economía decidió no ajustar el presupuesto del organismo al índice de precios al consumo, lo cual obligaba a las autoridades entrantes a lidiar con un grave problema presupuestal.
El percance –sumado a los gastos imprevistos desatados por la emergencia sanitaria– se hacía palpable en las farmacias de los centros del primer nivel de atención de Montevideo, que anunciaban largas listas de medicamentos faltantes (al mismo tiempo, el nuevo directorio había dispuesto el cierre de la mayoría de las policlínicas de Montevideo debido a la pandemia, otro factor de tensión con los usuarios). La imprevisibilidad del Poder Ejecutivo saliente se conjugó con la displicencia del entrante: un día después de asumir, el ministro Salinas ya contaba con un oficio mediante el cual el directorio presidido por Carámbula solicitaba una reunión urgente con la flamante ministra de Economía, Azucena Arbeleche, para solucionar el déficit. Sin embargo, hasta fines de abril –ya con Cipriani a la cabeza– la reunión no sucedió y en las farmacias continuaba la procesión de usuarios que no encontraban respuestas en la ventanilla.
A mediados de abril, Cipriani y su nuevo gerente general, Eduardo Henderson, tuvieron que dar explicaciones sobre un correo electrónico enviado desde la gerencia en el que se ordenaba a los responsables financieros del organismo que informaran de manera urgente sobre las deudas de Asse con el Círculo Católico, mutualista a la que tanto Cipriani como Henderson estuvieron ligados antes de asumir funciones en el Estado. Los nuevos jerarcas atribuyeron el correo al exgerente administrativo Héctor Garbarino, que fue destituido. Apenas terminaron de dar explicaciones al respecto cuando, a fines de abril, más de veinte médicos que ocupaban cargos de dirección en el interior del país –especialmente en las zonas este y oeste– pusieron públicamente sus cargos a disposición, alegando que, pasados cerca de dos meses de la asunción de las nuevas autoridades, los cargos de confianza no habían sido renovados. Parte de las renuncias sobrevinieron luego de que el flamante director de la Regional Oeste, Fernando Silva (de Cabildo Abierto), declarara, al asumir, que en los hospitales públicos “la mugre, la decidia [sic], la falta de control es un común denominador”. Otro retirado del cargo.
Y las turbulencias continuaron. La semana pasada, en una entrevista con la revista Caras y Caretas, la expresidenta del directorio de Asse Susana Muñiz glosó una serie de situaciones en el interior del país que, a su entender, están bajo sospecha por aparente conflicto de interés entre lo público y lo privado. Se trata de designaciones recientes de jerarcas cuya actividad en el mundo empresarial vinculado con la medicina los expone a una posible conjunción de intereses. Muñiz señaló, además, que su designación está reñida con el artículo 72 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), que señala que los funcionarios públicos ordenadores de gasto “deberán excusarse en caso de tener o haber tenido en los últimos 12 meses con dicha parte alguna vinculación de índole profesional, laboral o empresarial”.
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“Tenemos que apostar a tener un buen servicio médico en el departamento. Tenemos que tener un servicio con el mayor desarrollo posible. Tiene que haber en el futuro una atención coordinada entre los dos prestadores de salud, que son Comeflo y Asse. Juntos pueden hacer mucha cosa. Muchas veces, cada uno por separado no puede. Pongo un ejemplo. Acá siempre se ha reclamado que el departamento necesita un Cti. Pero es muy complejo poner un Cti en Flores, porque, según las normas, tiene que haber una cama cada 10 mil habitantes. Entonces Flores tendría que tener tres camas de Cti y una de intermedios. Y tener un Cti con tres camas significa un costo altísimo e inviable. Bueno, en este momento estamos en un proyecto para hacer un Cti en conjunto –Comeflo con Asse– con tres camas de Cti y una cama de intermedios. Pero eso es viable si actúan las dos instituciones en conjunto. Y lo vamos a hacer.”
El largo alegato corresponde a Julio Álvarez Ramos, recientemente designado director del Hospital Departamental de Flores. Álvarez es conocido en el departamento por haber sido uno de los fundadores de Comeflo, la mutualista más importante del departamento, y su presidente durante años. Si bien Comeflo anunció el cambio de autoridades en la mutualista el mismo día que Álvarez fue nombrado director del hospital, eso no impidió que se especulara sobre una situación de eventual conflicto de interés. Es habitual que el Hospital del Flores requiera recursos de la empresa (estudios, asistencia, guardias, etcétera), por compra directa o por licitaciones. Recientemente, las nuevas autoridades sanitarias aprobaron la instalación de un tomógrafo adquirido por la empresa (el segundo en el departamento junto con el del hospital departamental). Al no haber funcionarios capacitados para usarlo, los funcionarios del departamento temen que se debiliten los recursos públicos. Las declaraciones referidas arriba fueron proferidas durante una entrevista con una radio local el 27 de junio, días después de que Álvarez fuera nombrado oficialmente por el directorio. “Ni bien asumió, ya estaba manejando las dos puntas del monopolio de la salud en el departamento. Ahora es el dueño de la salud en Flores”, dijo a Brecha un informante local.
En la interna de Asse en Río Negro se califica de “históricos” de las instituciones privadas de salud a Mónica Frascheri Menini y a Andrés Montaño Paz, designados directora del hospital departamental y director departamental de salud, respectivamente. Hasta pocos días antes de la designación, Frascheri integraba la empresa Amedrin, una institución de referencia en el rubro de la salud privada fraybentina; Montaño, por su parte, integraba el consejo consultivo de la mutualista. Ambos nombres fueron borrados de la página web de la institución, en virtud de que los exsocios son ahora jerarcas públicos. Sin embargo, ambos profesionales son señalados –al igual que en el caso de Flores– por incumplir presuntamente las disposiciones del Tocaf en tanto no mediaron 12 meses entre la renuncia a la institución privada y la asunción de cargos públicos como ordenadores de gasto.
Al caso de los jerarcas de Río Negro se suma el del licenciado Ricardo Barreto Laggiard, flamante administrador del hospital de Río Negro, quien también es director de una empresa que comercializa instrumentos médicos de rehabilitación y proveedor del Estado, con habituales ventas al Banco de Previsión Social. Como adjunto de la Red de Atención Primaria de Río Negro, a su vez, fue nombrado Sergio Serdeña, quien, según fuentes de la salud del departamento, es parte accionista de la Escuela Nacional de Enfermería, cuya filial en Fray Bentos realiza prácticas preprofesionales en el hospital departamental.
Al cierre de esta edición, la Unidad de Transparencia de Asse no había respondido a la solicitud de Brecha de las declaraciones de conflicto de interés firmadas por los profesionales mencionados, tal como lo requieren las resoluciones de designación a fin de que la función pública mantenga las debidas distancias con la actividad privada. Consultado al respecto, el gerente general de Asse, Eduardo Henderson, hizo énfasis en su propia situación y en la del presidente del directorio, Leonardo Cipriani, para ejemplificar “cómo hay gente que se dedica al sector público a pesar de ganar menos dinero que en el privado”. “En esa estamos varios”, dijo. Agregó: “[En las ciudades del Interior] todos los médicos del hospital trabajan en el mundo privado también. No vas a encontrar uno que se dedique sólo al privado o sólo al público. Es ilógico. Eso se repite en todos los lugares; sobre todo en el Interior. Podrás encontrar sólo en el privado. Pero que esté en el público y no en el privado, no. Porque, con los sueldos que tenemos, no te da para eso”.
[notice]El presidente del Colegio Médico en cuatro funciones paralelas
Doctor, formúlemelo
Además de ser el presidente del Colegio Médico del Uruguay –un cargo rentado con alrededor de 140 mil pesos mensuales–, el médico emergencista Blauco Rodríguez fue designado director de la Regional Sur de Asse, pero como condición para asumir el cargo pidió que se le reservara el de alta dedicación que originalmente tenía como jefe de emergencia del Hospital de Canelones. La remuneración de los cargos de alta dedicación en la salud pública (por 40 horas semanales) asciende a los 215 mil pesos mensuales. Por su parte, los directores regionales cobran, por las mismas horas, 170 mil pesos al mes. Rodríguez aceptó cumplir la función de director regional siempre y cuando se mantuviera su cargo presupuestal (el mismo sueldo de alta dedicación). No obstante, una vez que culmine esa tarea, tiene su función anterior reservada. También conserva un cuarto puesto: sigue en la plantilla del servicio de emergencia 1727 del Casmu, confirmó a Brecha la presidencia de la mutualista.
Al margen de su actividad en el sector privado, la superposición produjo tensiones en la interna de Asse. Las fuentes del organismo consultadas por este semanario afirman que Rodríguez, al asumir un cargo y dejar otro en reserva por el mismo sueldo, propicia una situación casi sin precedentes desde el punto de vista normativo que pone en duda su ajuste al derecho. Además, critican que las autoridades acepten la situación, en el entendido de que deja como rehén un recurso valioso para Asse: el cargo de alta dedicación, que ahora queda en reserva. Consultado por Brecha, el gerente de Asse, Eduardo Henderson, respondió que la situación es fruto de un intercambio entre Rodríguez y el directorio de Asse y que fue “el acuerdo al que se pudo arribar”. Al descartar que pudiera conservar ambos cargos, “lo único” que les pidió, explicó el gerente, “fue dejar su cargo en reserva”. Con respecto a sus puesto en la actividad privada, dijo que “no hay ningún problema”, porque ese tipo de incompatibilidad está reservado para los cargos del directorio y los operadores de gasto.
Brecha intentó comunicarse con Rodríguez para obtener su versión. No contestó.
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Amigos son los amigos
La semana pasada el semanario Búsqueda reveló que, entre febrero de 2016 y julio de 2017, la militante de la lista 71 del Partido Nacional (PN) Silvia de Borba presentó 18 certificados psiquiátricos mediante los cuales justificó una ausencia casi continua de 502 días de su lugar de trabajo como adjunta del hospital Pasteur. No obstante, durante ese período De Borba concurría regularmente a la Junta Departamental de Canelones para desarrollar su tarea como edila. Figura cercana a los principales nombres del PN –además de esposa del exlegislador nacionalista Julio Lara–, De Borba enfrentó un proceso sumarial en Asse que por poco no culminó con su destitución.
En 2016 pasó del Pasteur a la Red de Atención Primaria Metropolitana, donde, alega, fue “maltratada”. Entre 2017 y 2020 volvió a certificarse otras diez veces, según Búsqueda, al tiempo que se candidateaba para la alcaldía de la Ciudad de la Costa. El sumario tuvo idas y venidas, e incluyó informes médicos que argumentaban que la actividad política la ayudaba a lidiar con sus dificultades de salud mental. A principios de mayo, Leonardo Cipriani y Marcelo Sosa –presidente y vicepresidente del directorio, respectivamente, ambos militantes nacionalistas de Canelones– resolvieron clausurar el sumario.
Dos semanas después, De Borba fue designada encargada del Departamento de Desarrollo Humano por el nuevo directorio de Asse. Una vez en el cargo, destituyó a los directores que se habían encargado de dar curso a su sumario; entre ellos, el director del Departamento de Certificaciones, Gustavo Vaz. En su lugar, constató Brecha, designó al médico psiquiatra jubilado George Albert Cean. De Borba y Albert habían sido adjuntos del directorio del hospital Pasteur hasta 2016, presidido entonces por el médico blanco Ricardo Ayestarán. El psiquiatra y Ayestarán fueron adherentes de la corriente Médicos Independientes en la interna del sindicato médico, el ala derecha del gremio.
“Lo que te puedo decir es que lo que se consideró cuando se hizo la nominación fue que hubo, durante mucho tiempo, una persecución política”, dijo a este semanario Eduardo Henderson en relación a De Borba. Asimismo, afirmó que la situación “se está estudiando”. Mientras tanto, De Borba sigue en el cargo. Además de haber nombrado al nuevo director de Certificaciones, cambió a la directora de Capacitación, que estaba en el cargo desde 2007. En su lugar, designó a Marisa Pichero Garin, exsecretaria de la Dirección de Transparencia y Auditoría de Asse.
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