El Poder Ejecutivo emitió un nuevo decreto que regula el etiquetado de alimentos envasados con exceso de azúcar, sal y grasas, modifica la normativa y otorga más plazo a las empresas (véase «Terminalo, juez», Brecha, 26-VI-20). Fue firmado el 2 de setiembre por el presidente y los ministros, y entrará en vigencia el 1 de febrero de 2021, lo que retrasa casi un año la aplicación del rotulado, que había comenzado a regir en marzo, después de una discusión iniciada hace al menos cuatro años. El decreto anterior (que obligaba a la industria a etiquetar los productos con contenidos excesivos de los nutrientes mencionados) estuvo vigente sólo diez días, porque cedió a la presión de sectores empresariales. El gobierno, a poco de asumir, lo suspendió. Las autoridades sostuvieron entonces que iban a evaluarlo y «valorar» su armonización con la regulación del Mercosur.
Finalmente, la norma actual mantiene el diseño de la etiqueta que se había establecido (octógonos negros con la palabra exceso), a pesar del amague de los ministros de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y Salud Pública, Daniel Salinas, que en una conferencia de prensa habían anunciando el cambio del término exceso por alto. Sin embargo, modifica los criterios para definir si el azúcar, la sal y las grasas son excesivas, apartándose de los estándares de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De un modelo basado en el porcentaje de nutrientes sobre calorías, se pasa a uno basado en la cantidad de nutrientes cada 100 gramos o 100 mililitros. Según fuentes de Brecha, «los cambios fueron forzados» por la cartera de Industria, Energía y Minería a pedido de sectores empresariales. La justificación de estos actores es que el nuevo modelo alienta la reformulación de los productos.
El ingeniero alimentario Gastón Ares, uno de los técnicos que participaron en la elaboración de la normativa anterior en representación del núcleo interdisciplinario Alimentación y Bienestar, de la Universidad de la República, valoró negativamente que se modifiquen los criterios definidos a partir de las recomendaciones de la OPS, pero afirmó que en la práctica esto no modificará mucho la cantidad de productos etiquetados.
Una vez que entre en vigencia el decreto, restará fiscalizar su cumplimiento. Queda por verse si la industria alimenticia intentará interferir también en ese paso.
