Durante los cuatro años de macrismo, un solo juez federal, Claudio Bonadío, concentró siete de las diez causas judiciales contra la expresidenta Cristina Fernández. En varias de ellas, como la del memorándum con Irán y la sonada «causa de los cuadernos de la corrupción», son sobresalientes la participación de densas tramas de espionaje y contraespionaje y la inclusión de escuchas ilegales y pruebas de autenticidad cuestionada. Todo salpicado por un estrecho vínculo de ida y vuelta entre jueces y fiscales con cierto periodismo de alto impacto (véase nota vinculada «Vedettismoe irregularidades»).
A comienzos de junio se reveló que, durante ese mismo período de cuatro años, la Agencia Federal de Inteligencia espió ilegalmente a numerosos políticos, sindicalistas, periodistas y sacerdotes, entre ellos, a la propia Cristina Fernández, pero también al jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los rivales de Mauricio Macri en la interna del PRO. Parte de ese trabajo clandestino de inteligencia se realizó con la ayuda del juez federal Federico Villena e incluyó la filtración a la prensa de grabaciones de dirigentes kirchneristas obtenidas de forma ilegal.
Estos casos están lejos de ser únicos: en Argentina la alianza entre jueces y espías se remonta al menos hasta el atentado contra la AMIA, en 1994, y no para de producir escándalos, al tiempo que erosiona la confianza de la población en el sistema judicial, particularmente, en la mediática y concentrada Justicia federal.
El gobierno de Alberto Fernández considera llegada la hora de desmontar lo que llama un poder paralelo ilegal en los tribunales federales porteños. Para el presidente no es sólo el caso de su vice el que muestra a las claras las arbitrariedades de la Justicia federal. El exvicepresidente Amado Boudou, el exministro de Inversión Federal e Investigación Pública Julio de Vido y una docena de exfuncionarios y empresarios detenidos también tienen expedientes abiertos en procesos que presentan serias irregularidades. Para el oficialismo –y para una parte del propio Poder Judicial–, se trata de causas armadas, como la de los cuadernos.
Así, el 8 de agosto el Senado aprobó el proyecto de ley para reformar la Justicia federal anunciado meses atrás, el 1 de marzo, durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. La iniciativa –que aún debe pasar por la Cámara Baja– apunta a una reformulación del fuero federal y a la creación de un consejo consultivo para avanzar en una reforma integral de las principales instituciones ligadas a la Justicia: la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, los fiscales y los defensores oficiales.
Ya desde el momento de su anuncio la reforma cayó bajo una ráfaga de críticas, emanadas tanto de la oposición política con representación parlamentaria como de las asociaciones de magistrados y de abogados y de buena parte de los medios de comunicación, encabezados por los diarios La Nación y Clarín. En los últimos tiempos el debate se desbordó hacia las calles, donde una serie de protestas la emprende por igual contra la reforma y contra las medidas de cuarentena. Allí el tratamiento del tema parece algo rudimentario si se tienen en cuenta los testimonios de los manifestantes, que gritan ante las cámaras de televisión consignas como «Argentina sí, Venezuela no» y «No a la reforma de la impunidad» o se lamentan: «Vamos derecho al comunismo».
PROYECTO INTEGRAL
El 29 de julio el presidente presentó 49 páginas que contienen los lineamientos de la reforma. El Senado le dio media sanción y lo envió a la Cámara Baja tras eliminar un artículo que mencionaba a los medios de comunicación como actores de presión sobre los funcionarios judiciales y que recibió críticas de las organizaciones de defensa de la libertad de prensa. El resto del proyecto fue aprobado con 40 votos a favor y 26 en contra (la suma de la oposición). Ahora el debate caliente se dará en Diputados en una fecha aún no definida.
La iniciativa recoge en parte lo propuesto por el gobierno de Macri con el programa Justicia 2020, presentado en 2016 y que incluía, como parte de un ambicioso paquete de leyes, una reforma de la Justicia federal para fortalecer su presencia en el interior del país. En ese sentido, el proyecto actual plantea crear el fuero federal penal, que abarcará 46 juzgados en todo el país. Para eso se fusionarán los 12 juzgados penales federales ya existentes con los 11 del fuero penal económico y se crearán 23 nuevos juzgados. Por otro lado, se fusionan los fueros administrativo, civil y comercial, y se termina de otorgar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia sobre los delitos no federales cometidos en su territorio.
En el mismo paquete el Poder Ejecutivo incluyó la creación de un consejo consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial, integrado por 11 juristas y académicos prestigiosos, quienes trabajarán sin cobrar sueldo. Entre ellos están Alberto Beraldi, abogado de Cristina Fernández en dos causas federales, y León Carlos Arslanián, quien en 1985 presidió el juicio a las juntas y fue luego ministro de Justicia durante los primeros años del menemismo; también Inés Weinberg de Roca, excandidata de Macri a la Corte Suprema y exjueza del Tribunal Penal Internacional.
La función del consejo será analizar el funcionamiento de la Corte Suprema y «aportar ideas y propuestas concretas para mejorar el funcionamiento del sistema judicial», según se afirma en los fundamentos de la iniciativa. Su tarea incluirá también observar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura –órgano de selección y fiscalización de los jueces–, así como el del Ministerio Público Fiscal y el del Ministerio Público de la Defensa. Tendrá 90 días para presentarle al presidente un dictamen en la materia.
CRÍTICOS O CRITICONES
Contra la reforma ya se pronunciaron los 11 jueces que integran la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia y una docena de analistas ligados al sistema judicial. En el Congreso la oposición parlamentaria al proyecto está encabezada por la bancada de Juntos por el Cambio, que ya anunció su rechazo a lo sancionado por el Senado.
Si en el gobierno aseguran que la idea es diluir el poder político de los jueces federales para evitar el chantaje judicial al resto de los poderes del Estado, los diputados opositores adivinan otras intenciones. Para el titular de la bancada de la Unión Cívica Radical e integrante de Juntos por el Cambio, Mario Negri, el «Senado sancionó un mamarracho difícil de modificar en Diputados». En el mismo camino se expresa su colega Luis Juez (véase entrevista aparte), para quien de todas formas el proyecto se convertirá finalmente en ley.
Para ellos, el objetivo central de la iniciativa oficialista es evitar que Cristina Fernández sea condenada por corrupción en alguna de las 11 causas en las que aparece mencionada. Si bien afirman que el proyecto de reforma del fuero federal es incompleto, su principal crítica es al consejo consultivo y a su influencia en la futura composición de la Corte Suprema, lo que, según ellos, apunta a beneficiar a la actual vicepresidenta. En el oficialismo retrucan que, pese a los encontronazos entre legisladores que se han vivido en los últimos meses, ningún opositor ha logrado mencionar aún qué artículo del proyecto garantizaría impunidad para Cristina Fernández.
La oposición también cuestiona la conveniencia económica de la reforma («Es un reparto de cargos y funciones sin la menor idea del dinero que eso representará para el presupuesto nacional», señaló a Brecha el senador opositor Luis Naidenoff) y el momento elegido por el gobierno. Afirma que el oficialismo hace un cálculo político con los tiempos del trámite parlamentario, a pesar de la urgencia de la pandemia y la crisis económica.
Aunque el razonamiento opositor suena conspirativo, tiene su lógica. Mientras el proyecto se analiza en las comisiones parlamentarias de justicia y asuntos constitucionales, se acerca la presentación de la ley del presupuesto 2021, que ingresó a Diputados el martes 15. El presupuesto habitualmente genera negociaciones entre el gobierno y los diputados de las diferentes provincias que buscan fondos frescos para sus gobernadores.
Por eso, para Juntos por el Cambio, «los votos de aprobación [de la reforma judicial] ya están con los partidos provinciales», señaló a Brecha una fuente del bloque opositor. Lo realmente difícil para el oficialismo, amenazan, será conseguir el cuórum necesario para dar comienzo al debate.
Entrevista con el diputado opositor Luis Juez
«Cristina se imagina que la van a embocar»
Con 35 años como abogado penalista en la provincia de Córdoba, más de 20 como fiscal –incluido su paso como fiscal anticorrupción cordobés bajo un gobierno peronista–, Luis Juez conoce de primera mano los entresijos de la Justicia provincial. Es crítico de la reforma planteada por Alberto Fernández. En 2019 fue elegido diputado nacional por Juntos por el Cambio, luego de haber sido embajador de Mauricio Macri en Ecuador.
—¿No cree necesario reformar la Justicia federal?
—Sí, claro que es necesario. Pero no ahora. Las prioridades son otras; por ejemplo, salir de la pandemia.
—¿Cuándo se debería tratar la reforma?
—Cuando todo esto termine. Para una reforma seria, los legisladores nacionales deberíamos poder reunirnos con las autoridades judiciales, los colegios de abogados y los académicos. Necesitamos un relevamiento serio sobre las provincias y las regiones que precisan nuevos juzgados y fiscalías, no un reparto discrecional de cargos a las provincias. Hay que tener en cuenta que se viene el debate del presupuesto nacional y ahí se producen negociaciones para obtener los votos.
—El Senado ya le dio media sanción a la reforma que plantea el oficialismo, pero la cosa parece más complicada en Diputados. El Frente de Todos aún no tiene los votos para aprobarla.
—Creo que los va a conseguir. Le digo más: es posible que ya los tenga. Por ahora, el problema es que el oficialismo necesita el cuórum para sesionar. Eso sí es complicado.
—¿Usted cree que, como sostienen algunos colegas suyos, esta reforma es para salvar a Cristina Fernández?
—Esta reforma de la Justicia federal quizá no. La verdadera reforma es la que cocina la comisión de notables nombrada por el presidente y presidida por el abogado de Cristina, Carlos Beraldi. Si yo estuviera procesado, jamás se me ocurriría poner a mi abogado a asesorar en una reforma de este tenor.
—¿Por qué cree que esa es la verdadera reforma judicial?
—Porque ellos fueron nombrados para estudiar la situación de la Corte Suprema y modificarla. Cristina ya se imagina que, de las diez causas que tiene en la Justicia federal, en alguna la van a embocar y ya apunta a la Corte Suprema.
—¿Qué hace falta para plantear una reforma seria?
—En primer lugar, saber qué Justicia queremos. En segundo lugar, dejar de pensar que cuando sos político necesitás a un juez que te ampare. Eso es parte del problema histórico de la Argentina: el poder político busca servirse del judicial para zafar. En tercer lugar, tener un panorama de las carencias judiciales que se viven en las diferentes provincias para designar jueces y crear juzgados. Si el problema es el narcotráfico y el contrabando, seguramente las provincias de frontera son las más expuestas.
—¿No es la Justicia argentina una gran familia abroquelada en pos de sus beneficios?
—Claro que sí. Lo padecí en Córdoba cuando fui fiscal. Hace 70 u 80 años que las familias tradicionales manejan la Justicia provincial a discreción y en alianza con los gobiernos de turno, que casualmente son peronistas desde hace casi 25 años. Pero esta reforma del fuero federal está hecha para la capital argentina, no para las provincias. Quieren licuar el poder de los tribunales federales porteños. No le sirve al resto del país.
El bajo mundo del fuero federal
Vedettismo e irregularidades
El fuero federal es tradicionalmente el más politizado del sistema judicial argentino, ya que, entre otras cosas, se encarga de los casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos. Desde el menemismo, ese tipo de casos estuvo a la orden del día y convirtió a los 12 magistrados que integran los tribunales federales en vedettes mediáticas y, al mismo tiempo, en un foco de denuncias de múltiples irregularidades.
En 1991, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría fue acusada de reunirse con el entonces presidente, Carlos Menem, para llevarle las últimas novedades de un caso bajo su instrucción: la causa por contrabando y narcotráfico que involucraba a Amira Yoma, cuñada del mandatario. También se dijo que la magistrada cajoneó un pedido de la Justicia española de encarcelar a Yoma. Servini de Cubría terminó apartada del caso. Yoma, sobreseída.
En 1994 Juan José Galeano fue designado para conducir la investigación por el atentado a la AMIA. En 2003 lo apartaron de la causa. Dos años después fue destituido de sus funciones como juez federal y procesado por falso testimonio y pago de sobornos. El año pasado, como resultado de aquella participación en el caso del atentado, fue sentenciado a seis años de prisión por los delitos de peculado, prevaricato, privación ilegal de la libertad, encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de prueba.
En 2005 también fue apartado de la causa AMIA el juez Claudio Bonadío, luego de evitar investigar a varios acusados: el expresidente Menem, el exministro del Interior Carlos Corach, el exjefe de Policía Jorge Alberto Palacios y el propio Galeano. Bonadío, blanco de múltiples críticas a lo largo de su carrera y apadrinado por igual por menemistas y macristas (véase «La Justicia como arma», Brecha, 14-II-20), murió este año imputado de espionaje ilegal y extorsión por su peculiar manejo de la «causa de los cuadernos» (véase «Los otros cuadernos», Brecha, 8-XI-19).
Desde 1995 el juez federal Jorge Urso y el controvertido fiscal Carlos Stornelli llevaron adelante la investigación por el caso de contrabando de armas a Croacia y Ecuador en el que acabaron procesados 18 miembros del gobierno menemista, incluido el propio Menem una vez que dejó el poder. Urso renunció a su cargo en 2006, un día antes de comparecer ante el Consejo de la Magistratura por supuestas irregularidades en una causa de drogas. Tras su paso como ministro de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, Stornelli volvió a la Fiscalía en 2010 para convertirse, junto con Bonadío, en el azote judicial del kirchnerismo. Entre otras acciones de alto impacto, en 2017 el fiscal pidió detener al exministro Julio de Vido por el caso de la mina de carbón de Río Turbio. Pero fue con la causa de los cuadernos que su nombre cobró mayor lustre mediático. Por su actuación en esa investigación, sin embargo, el año pasado fue procesado por asociación ilícita, violación de la ley de inteligencia, coacción e incumplimiento de los deberes del funcionario público (véase «Duelo de jueces», Brecha, 10-I-20). La causa en su contra sigue abierta y él, en funciones.
Los jueces Rodolfo Canicoba Corral y Norberto Oyarbide llevaron adelante diferentes tramos de la investigación por el pago de sobornos a senadores durante la aprobación de la reforma laboral de 2000, causa que llevó a Carlos Chacho Álvarez a renunciar a la vicepresidencia de la república. Canicoba Corral se retiró en julio de este año, no sin antes procesar, bajo distintas figuras delictivas, a varios exfuncionarios del macrismo: los exministros de Hacienda y Transporte, el exdirector de Vialidad Nacional y el exprocurador del Tesoro. Poco antes de jubilarse acumulaba cinco denuncias en el Consejo de la Magistratura, presentadas por miembros de Juntos por el Cambio, sindicalistas y un experito de la Corte Suprema cercano al macrismo. Oyarbide, habitualmente asociado al kirchnerismo y dueño de una carrera llena de casos emblemáticos desde que Menem lo nombró en la Justicia federal, acumuló un récord de más de 40 pedidos de juicio político en su contra por diversas irregularidades antes de su retiro anticipado, en 2016.
