Al día siguiente de los desalojos en Guernica, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, habló de ese conflicto y del suscitado en Entre Ríos con campos de la familia de latifundistas Etchevehere. Escudado en la Constitución y el sistema federal, Fernández dijo que las situaciones de este tipo son «resueltas por los gobiernos provinciales». Quizá con las manos quemadas por el fierro caliente de Vicentin a mediados de año, el presidente prefirió esta vez pasarlas por agua y hacer como Poncio Pilatos.
Casi 2 mil familias venían ocupando desde julio 200 hectáreas de tierras en el municipio bonaerense de Presidente Perón. Soportaron frío y lluvia en precarias casas de madera, chapa y plásticos, con niños y adolescentes. Organizados, presentaron un proyecto de urbanización para el lugar, aledaño a la localidad de Guernica. Recién en setiembre el gobierno provincial, del oficialista Frente de Todos, decidió interesarse en ellos, luego de que el juez de garantías Martin Rizzo ordenara el desalojo (véase «Sin pan y sin tierra», Brecha, 9-VIII-20).
Las negociaciones políticas avanzaron más lento que la ofensiva judicial, favorable a los intereses de las empresas inmobiliarias de la zona. El jueves 28 de octubre a las seis de la mañana, la Policía Bonaerense, encabezada por el ministro de Seguridad provincial Sergio Berni y por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, inició un desalojo que estuvo lejos de ser pacífico. Las fuerzas provinciales emplearon 4 mil efectivos con balas de goma y gases lacrimógenos. El resultado fueron cientos de familias en la calle, decenas de heridos y 35 detenidos. Horas después, Infobae y La Nación mostraron las casillas incendiadas por las tropas policiales y celebraron la expulsión de los «usurpadores». A Página 12, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo días después que «no hubo represión» y que se dio «una respuesta inédita»: «Estoy muy orgulloso de haberlo hecho de esta manera».
La resolución del juez Rizzo sostiene que el predio será ahora «restituido provisoriamente a los requirentes de la firma Bellaco SA». Hasta el momento, la empresa, dedicada al desarrollo de barrios cerrados, no ha podido probar la legitimidad de su reclamo sobre el predio, que se origina, según publicó en los últimos días la revista Crisis, en la adjudicación de esos terrenos durante la última dictadura militar.
INTERNA CALIENTE
El rompecabezas que es el oficialismo tiene sus implicaciones en el caso. El municipio de Presidente Perón es gobernado por la intendenta Blanca Cantero, candidateada por el Frente de Todos y proveniente del Frente Renovador (FR), del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Cantero, además, está casada con Carlos Acuña, uno de los líderes de la peronista Confederación General del Trabajo más enemistados con los movimientos territoriales y opuestos a que estos se integren a la central sindical.
Por su parte, el FR, al que responde Cantero, supo estar aliado a Mauricio Macri apenas comenzado su gobierno, en 2016, y tiene fuertes lazos con los sectores inmobiliarios y financieros. Antes, en 2013, un Alberto Fernández crítico con el segundo gobierno de Cristina Fernández había ayudado a crear la agrupación, que tras el fracaso del macrismo volvió al redil del peronismo progresista. La ya anunciada decisión de Fernández de no aspirar a la reelección ha dejado en carrera a su amigo Massa para 2023.
Pero en la competencia dentro de la diversa coalición oficialista por ver quién seduce mejor las sensibilidades conservadoras descolla el ministro Berni. El coronel médico, exsecretario de Seguridad de la Nación bajo el gobierno de Cristina Fernández, aspiraba a ser gobernador de Buenos Aires antes de que Kicillof se quedara con la candidatura y ahora, en plena pandemia, contrató trabajos de consultoría para empezar a medir su imagen pública con la preocupación de agradar a los votantes de centroderecha.
Berni es una pieza clave en el rompecabezas del poder local, a pesar de que desentone con el discurso progresista que caracterizó en los últimos años a su jefe en la provincia. Los organismos de derechos humanos, no obstante, son críticos de la gestión del exmilitar y le achacan la protección y la defensa incondicional que hizo de la Policía Bonaerense frente al crimen del joven Facundo Castro (véase «Rodando cine de terror», Brecha, 31-VII-20), la sublevación de ese cuerpo represivo en setiembre –con cerco a la residencia presidencial incluido– y, ahora, el desalojo de Guernica.
De acuerdo a fuentes del oficialismo y a declaraciones a la prensa del abogado de los ocupantes, muy pocos días antes de la expulsión violenta el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, había desarrollado una nueva estrategia de negociación con las familias para reubicarlas. Pero Berni pateó el tablero y se adelantó, para regocijo de los cultores de la propiedad privada como principio absoluto.
Las subsiguientes críticas de los movimientos sociales y la izquierda tuvieron coletazos en la interna oficialista. La legisladora de la capital Ofelia Fernández, proveniente del movimiento estudiantil, fue la más dura con la decisión: «Desalojo y represión en Guernica, aparentemente ninguna otra respuesta del Estado para las 1.500 familias. La decepción y el repudio es total. Sacaron los palos con niños ahí, detuvieron a militantes secundarias, quemaron casitas de palos y nylon… me explico?», tuiteó el mismo día del desalojo. Le siguió Hebe de Bonafini, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, cercana al kirchnerismo: «¿Van a sacar a palazos a los ricos de los barrios cerrados que no pagan impuestos porque figuran como tierras baldías?». En tanto, el exsubsecretario de Tierras en el gobierno de Néstor Kirchner e histórico referente de la organización piquetera Federación de Tierra y Vivienda y Hábitat Luis D’Elía increpó directamente a Berni.
PARAR EN LA TRANQUERA
Buena parte del fuego amigo contra lo actuado por la administración nacional y provincial viene del entorno del referente de la agrupación Patria Grande y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois. Cercano al papa Francisco, Grabois no está integrado a la estructura de gobierno, pero mantiene aliados en ella: los casos más emblemáticos son la propia Ofelia Fernández y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
«Dejen de ceder frente al poder fáctico», espetó Grabois el 29 de octubre en una carta abierta dirigida directamente «al presidente Fernández, al gobernador [Gustavo] Bordet, al gobernador Kicillof y a los poderes institucionales de la democracia». La mención a Bordet, otro integrante del Frente de Todos y que está al frente de la provincia de Entre Ríos, hace referencia al desalojo de Dolores Etchevehere de la estancia Casa Nueva por su familia, un clan propietario de grandes extensiones de tierra en la provincia. Luis Etchevehere fue ministro de Agroindustria de Macri y dos veces presidente de la Sociedad Rural Argentina.
Un pleito judicial por la herencia familiar en la que Dolores reclama una parte no reconocida se convirtió en una puja nacional que alimentó los embates entre el gobierno y la oposición macrista. La mujer había ingresado a la estancia el 15 de octubre y permanecía allí junto con un grupo de campesinos enrolados en el Proyecto Artigas, que busca producir alimentos libres de transgénicos y a cuya cabeza está Grabois. El tema se instaló rápidamente en las redes sociales de la mano de referentes macristas que acusaban al gobierno y sus aliados de vulnerar el derecho de propiedad.
Finalmente, un tribunal de apelaciones dio luz verde a la expulsión, que se concretó el 29 de octubre, pese a que la sucesión aún no está terminada y a Dolores no le cabe la figura jurídica de usurpadora. La rapidez con la que actuaron la Justicia y la Policía le alegró el día al exministro de Macri: «Viva la propiedad privada», sentenciaron a coro Leonor Etchevehere y sus hijos varones junto con la titular del partido PRO, Patricia Bullrich, apostados todos en la tranquera de la estancia para presenciar el desalojo.
Uno de los vecinos desalojados del asentamiento Guernica es afectado por los gases lacrimógenos que utilizó la Policía de Buenos Aires en la violenta evacuación del lugar. AFP, JUAN MABROMATTA
IMPUNIDAD A TODA PRUEBA
El pedido de Grabois resuena, además, frente a otras recientes decisiones gubernamentales. Corría junio cuando el presidente Fernández anunció la expropiación de la empresa cerealera Vicentin, en Santa Fe, por graves desfalcos a la banca pública durante el anterior gobierno de Macri y declarada por sus dueños en cesación de pagos (véase «No es trigo limpio», Brecha, 12-VI-20). En la semana siguiente los ruralistas y los dirigentes del macrismo montaron caravanas a favor de Vicentin y en contra de su expropiación. «Este gobierno viene por la propiedad privada», gritaban en las marchas que recorrieron el centro de Buenos Aires y algunas otras ciudades el sábado 20 de junio.
En setiembre, los Fincen Files, obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y publicados en Argentina por los diarios La Nación y Perfil, revelaron, sin embargo, que hasta el Tesoro de Estados Unidos tenía a Vicentin en la mira desde 2015, por créditos impagos, lavado de dinero y triangulación de fondos hacia paraísos fiscales.
Lo cierto es que, ante la embestida mediática, política y callejera de la oposición de derecha, Fernández decidió en junio dar marcha atrás con la anunciada expropiación. Fue quizás la primera de una serie de concesiones que el gobierno nacional viene haciendo a lo largo del año a un sector político y económico que se hace oír cada vez más fuerte y que ante cada gesto oficial de apaciguamiento parece volverse más agresivo. En el correr de los meses, su peso en la esfera pública ha ido en aumento, en detrimento de los sectores sociales más desguarnecidos.
EL DÓLAR Y EL GARROTE
Mientras el gobierno nacional se enfrasca, por un lado, en combatir la pandemia de covid-19 y en la contención de sus efectos sociales, producto del parate nacional de la producción, y, por el otro, en enfrentar el problema de la deuda externa, los gobiernos provinciales aprovechan la coyuntura para mostrarse más autónomos en sus políticas. Parte de este impulso radica, además, en que tres provincias y la capital federal están en manos de la oposición y las otras 19 provincias se dividen entre las fieles al oficialismo nacional y las que negocian con él.
«La territorialidad es una característica de este tiempo y cada gobernador e intendente lo tiene claro a la hora de negociar con la Casa Rosada», asegura a Brecha el consultor Raúl Aragón. «Cada uno mantiene un margen de maniobra respecto de la nación, sin dejar de atender a las negociaciones. Todos cuidan su imagen electoral», acota.
Tras la represión en Guernica, el presidente Fernández intensificó sus encuentros con los intendentes de la provincia de Buenos Aires en pos de fortalecer el vínculo. Los intendentes peronistas y los opositores les temen a las tomas de tierras y las incluyen en el concepto de inseguridad ciudadana. Por eso apoyan los programas de la gobernación destinados a aumentar la punición y los fondos que les llueven desde la Casa Rosada.
«De forma preventiva, se desmantelan a diario intentos de asentamientos con el fin de que que no lleguen a convertirse en espacios habitados. Especialmente en los distritos que rodean a la capital», señala a Brecha la socióloga María Maneiro, investigadora de conflictos sociales en el Instituto Gino Germani y asesora de organizaciones sociales en lucha por la vivienda. «Todas esas intervenciones policiales son consideradas políticas contra la inseguridad. Hay que tener en cuenta que en el peronismo anidan muchas vertientes, tanto progresistas como punitivistas», indica. Fuentes parlamentarias del oficialismo aseguraron a este semanario que los equilibrios del poder están en una situación delicada y que están preocupados ante lo que ven como «una polarización social muy fuerte». «La batalla central ahora está dada con la economía: negociamos con éxito la deuda privada y ahora la Casa Rosada está abocada a frenar al dólar», reconoce de todos modos a Brecha un diputado del bloque kirchnerista, antes de excusarse: «Todo no se puede».
