Aunque la epidemia nos tenga hartos, de vez en cuando un nuevo dato vuelve a estremecer. Por ejemplo, que a causa del coronavirus por primera vez en la historia de Brasil está muriendo más gente que la que nace. O que en ese país el gobierno recomienda a las mujeres no quedar embarazadas por el colapso del sistema de salud.
Si la situación de Brasil preocupa, la de Uruguay también debería. Es que desde hace unos diez días la cantidad de muertos de coronavirus en proporción a la población de nuestro país superó a la de los vecinos del norte. Si en vez de comparar esta situación con Brasil lo hacemos con la mortalidad normal en Uruguay, los datos también son terribles. Hagamos unas cuentas gruesas: en Uruguay mueren un año normal unas 33 mil personas, lo que dividido 365 da unas 90 por día. Que se mueran, en un día, más de 60 personas por una sola causa es brutal. Desde el discurso triunfal del presidente el 2 de marzo murieron de coronavirus más de 1.400 personas en Uruguay, más de siete veces más que las que murieron en todo 2020.
Esta catástrofe vital era precisamente lo que estábamos intentando evitar hace más de un año. Todo este tiempo el gobierno sostuvo que su estrategia permitía lo mejor de ambos mundos: evitar una situación como esta, con un daño mínimo a la economía. Pues bien, aquí estamos. Como le gusta decir al presidente, hay que hacerse cargo.
Alguien podría decir: «Qué vivo, con el diario del lunes, cualquiera». El problema es que esto salió en el diario del viernes. Salió en la tele y en las redes. Todo tipo de actores sociales y científicos exigieron que el gobierno tomara medidas y advirtieron lo que podía pasar si no se hacía. La respuesta del oficialismo a estas advertencias fue tratarlas de exageradas, llegando al punto de montar campañas mediáticas contra el sindicato médico y las sociedades científicas que hacían sonar la alarma. Mientras tanto, la curva de muertes se hizo prácticamente vertical y el personal de salud hacía un esfuerzo sobrehumano para sostener un sistema ya estresado al máximo.
Nadie puede decir que lo que pasa tomó por sorpresa a un gobierno asesorado por una multitud de expertos. Hay que pensar, al contrario, que esta posibilidad fue prevista. El discurso de la «libertad responsable» era útil mientras siguiéramos teniendo suerte, pero quizás sea más útil aún ahora que las cosas se complicaron. Porque permite al gobierno decir, como dijo el presidente, que «algunas de esas muertes podrían haber sido evitables, con otras conductas».1 Es decir, las políticas del gobierno no tienen nada que ver y no importa cuánto se agrave la situación, la responsabilidad recae sobre cada uno.
Este discurso lo reduce todo a la conducta de cada persona. Niega, así, la posibilidad de que haya personas que sencillamente no tengan la posibilidad de cuidarse, y para eso niega la necesidad de construir capacidades colectivas, que puedan ser facilitadas por la política. Al presidente le parte el alma que gente se contagie por tener que ir a trabajar, pero no logra imaginar que se podría hacer algo al respecto.
El presidente cuenta, para que esta estrategia funcione, con que la culpa que siente la gente que se contagia y la que participa en las actividades que siguen abiertas se transforme en vergüenza y que así las personas, al sentirse en falta, no se sientan habilitadas a reclamar. Cuenta con que esa vergüenza se transforme en una complicidad compartida por provocar las muertes. Hace, así, exactamente lo contrario de lo que debería hacer un líder. Apuesta a la atomización en vez de a la organización, a la mala conciencia en vez de al aplomo, al cortoplacismo en vez de a pensar en que cientos o miles de uruguayos van a perder décadas de vida.
Al contrario de otros gobiernos liberales del mundo, el uruguayo no decidió usar el negacionismo de la pandemia como justificación para no tomar medidas. Pero, aunque el discurso es distinto, su política revela ser parecida a la de Donald Trump o Jair Bolsonaro. El mensaje es claro: tomar políticas más fuertes para reducir los contagios provocaría un desastre económico y social.
El gobierno propone así un chantaje infame: no vamos a tomar medidas para superar esta situación porque si lo hacemos, usted, que está mirando, va a pasar hambre. Y es estrictamente cierto que tomar medidas que reduzcan la movilidad sería un desastre económico… si se mantiene la actual política económica. Pero esta no es inmodificable. Se podría, perfectamente, disponer recursos para permitir a comercios cerrar sin fundirse y a muchas personas no ir a trabajar sin destruir sus medios de vida.
Eso traería, por supuesto, sus propios problemas. El neoliberal que todos tenemos dentro ya sabe qué decir: ¡pero eso generaría déficit! Sí, pero también es cierto que eso está ocurriendo en todo el mundo y que cualquiera que no tenga el interés de los acreedores en el corazón puede pensar que, cuando venga la inevitable crisis de la deuda, los países deudores pueden intentar imponer condiciones a los capitales acreedores. Y también hay otra opción: los impuestos. Y no sólo un impuestito para bajar sueldos de trabajadores del Estado. Impuestos en serio. Hace tiempo que no se escucha la palabra en este país, pero en una situación así la redistribución no es una demanda ideológica, sino una solución concreta a un problema concreto.
Hay algo muy raro en la política del gobierno. De su discurso explícito se puede interpretar que lo que quiere es que la cuarentena suceda por voluntad de las personas, pero sin hacerse cargo de las consecuencias económicas. Desde el punto de vista de una tensión entre economía y salud, no tiene sentido pedirle a la gente que no salga pero no prohibírselo, con el argumento de que esto último sería malo para la economía. Si la gente hiciera caso al pedido, el resultado sería exactamente igual de malo para la economía que una prohibición. La única diferencia sería que, en caso de la prohibición, el gobierno tendría que hacerse responsable. Pero quizás lo que el gobierno quiere es lo contrario: advertir poniendo cara de serio, pero dando a entender entre líneas que lo mejor es que la actividad no se detenga, aun si esto produce contagios. Si mucha gente se contagiara, el gobierno siempre podría decir: «Pero qué barbaridad».
El gobierno eligió, pero no entre la salud y la economía, sino entre la salud y su proyecto ideológico. Un proyecto que necesita que la gente esté sola y aislada, que se sienta culpable, que no espere nada de nadie, y mucho menos del colectivo de sus conciudadanos. El viejo y querido neoliberalismo. Pero quizás, de una manera más perversa, hay ahí cierta idea nacionalista: por encima de todo está la potencia de la nación, que viene de su fuerza económica (que se logra beneficiando a los capitalistas), y esta no puede ponerse en riesgo para proteger a los débiles.
Así mata el liberalismo. Echando la culpa a fuerzas naturales (o manos invisibles) contra las que nada se puede hacer, mientras oculta las formas de organización económica y social que habilitan que esas fuerzas se expresen arruinando la vida de mucha gente. Estamos en manos de un fanático, que está dispuesto a que muera mucha gente para llevar adelante su programa.
Mientras esto sucede, la carrera de la vacunación avanza. Dentro de no tanto tiempo vamos a tener inmunizada a una parte suficientemente grande de la población como para que amaine el ritmo de hospitalizaciones y muertes. El presidente cuenta con que la celebración cuando esto termine lo levante como a un héroe. Pero mucha gente no va a estar para verlo.
1. «Lacalle Pou sobre decesos por covid-19: “Las muertes no se pueden medir en números”», El País, 19-IV-21.
