Quiero dejar claro de arranque que esta nota no pretende entrar en debate con la escrita por Martín Sanguinetti; coincido con el mensaje principal de su nota: de mantenerse el curso de las megainversiones planteadas por este gobierno para OSE, y acudiendo a la iniciativa privada para ello, el riesgo de que los servicios públicos de agua potable y saneamiento en manos del Estado colapsen es alto, y la privatización, una consecuencia previsible.
Mi intención aquí es agregar algunos elementos que, en conjunto con lo expuesto en la nota a la que se alude, construyan algunas hipótesis sobre cuáles son las razones del gobierno para ingresar por este camino, y también cuáles son las alternativas que deberíamos construir quienes estamos profundamente convencidos de que el acceso al agua potable y al saneamiento son derechos humanos fundamentales, y que la gestión de ambos debe estar en manos del Estado y abierta a la participación real de los ciudadanos.
UNA INTRODUCCIÓN NECESARIA
Primero deberíamos definir qué es servicio de saneamiento y cuál es la cobertura con la que cuenta el país, lo que a su vez se relaciona con cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Podemos citar dos decretos vigentes relacionados con lo anterior y que contienen las definiciones, planes y metas que tenemos que tener en cuenta: el 78/2010 y el 14/20.
En el artículo 3 del decreto 78/20 queda claramente establecido que, además del saneamiento por redes públicas, son igualmente válidos otros sistemas, como, por ejemplo, «almacenamiento de las aguas residuales y excretas en pozos estancos, transporte en camiones barométricos y disposición final en planta de tratamiento» o también «almacenamiento y disposición final in situ con pozos filtrantes y/o infiltración al suelo». Todas son soluciones válidas desde el punto de vista técnico, ambiental y sanitario. Cuándo usar una u otra depende de muchas variables, pero, para explicarlo simplemente, podría decirse que el saneamiento por redes públicas se vuelve casi imprescindible en ciudades o pueblos con una determinada cantidad de población y densidad en adelante, al menos para el casco urbano, y, sin embargo, en la periferia, donde la densidad de las viviendas suele ser mucho menor o se encuentran viviendas relativamente aisladas, las soluciones pueden ser otras.
Considerando lo que se dijo como válido, estaremos de acuerdo en que la cobertura de saneamiento en Uruguay es alta, por encima del 90 por ciento, pero si quedan dudas, se puede recurrir a un informe del Banco Interamericano de Desarrolloque afirma que la cobertura de «saneamiento básico» es del 99,2 por ciento de la población, mientras que el «saneamiento seguro» alcanza al 43 por ciento de la población.1 La diferencia entre una cifra y otra es un problema de gestión, no de inversión. Para corroborarlo, basta leer el informe.
Quizá esta discriminación entre tipos de saneamiento pueda sonar mal. ¿Quiere decir que hay un saneamiento para privilegiados y otro para los menos pudientes? No, un ejemplo de barrio construido lejos del casco urbano y con baja densidad de viviendas puede ser La Tahona, o cualquiera de sus sucedáneos. La solución óptima debe tomar en cuenta los costos. Enterrar quilómetros de caños, más las estaciones de bombeo que impulsen los líquidos residuales a su punto de tratamiento es muy caro en inversión y mantenimiento. Si la densidad de viviendas no lo justifica, literalmente el Estado entierra dinero que es de todos. Está bien que exista acceso universal a una solución de saneamiento que nos dé todas las garantías ambientales y sanitarias, pero hay más de un arreglo técnicamente válido. La mejor solución saldrá del análisis caso a caso y no de los megaproyectos, por más brillantes que luzcan.
Como funcionaria de OSE me ha tocado participar en reuniones con vecinos de esos barrios alejados del casco urbano, en varias ciudades o capitales del interior, en las que planteaban su aspiración a tener saneamiento. Pero, cuando nos poníamos a conversar, el problema pasaba porque no llamaban a la barométrica porque era cara. La intendencia del departamento no había cumplido con su obligación de construir sistemas de evacuación de pluviales (agua de lluvia). Es decir, los problemas a resolver eran diversos y la construcción del saneamiento no iba ser la solución mágica que esperaban.
Pero si OSE hacía finalmente la inversión «saneando» un barrio o localidad entero, varios años después se había conectado un 25 o 30 por ciento de los hogares que quedaron con el saneamiento público frente a la puerta.
La conexión de una vivienda a redes públicas de saneamiento necesita de determinadas condiciones de la red sanitaria interna de la casa, condiciones que en algunos casos implican picar buena parte del piso de la casa y hacer (casi) todo de nuevo.
Y sí, como se podrá adivinar, los que eran pobres para llamar a una barométrica menos podían invertir en semejante reforma. OSE ensayó a lo largo de los años diversos tipos de ayudas técnicas, operativas y financieras para facilitar las obras internas de las viviendas. Los ensayos y sus resultados merecerían otra nota.
Lo cierto es que, si en vez de construir aquella red pública se hubiera acordado con los vecinos y la intendencia evacuar los pozos negros con barométricas a precios accesibles a estos usuarios, y se hubieran construido sistemas adecuados de evacuación de agua de lluvia, efectivamente los vecinos habrían mejorado sus condiciones de vida a un costo menor para todas las partes involucradas.
Durante el primer gobierno frenteamplista se llevó adelante en OSE un conteo de viviendas a cuyo frente ya existían redes de saneamiento, pero aún no se habían conectado. Este «censo» dio como resultado que al menos podría mejorar en un 10 por ciento las viviendas conectadas a redes públicas si se enfocaban los esfuerzos en ese sentido. También durante esos años, si bien OSE siguió construyendo nuevas redes y plantas de tratamiento de aguas residuales, adquirió camiones barométricos, los que fueron cedidos en comodato a las distintas intendencias para que estas pudieran brindar el servicio a sus ciudadanos a precios accesibles.
Por otro lado, OSE redujo la tarifa que les cobra a los camiones barométricos para hacer la descarga en sus plantas de tratamiento de residuales. OSE cobra 88 pesos por una descarga de barométrica de 5 metros cúbicos para su tratamiento en planta, mientras que el precio que la barométrica le cobra a un hogar por retirar la misma cantidad de líquidos residuales puede rondar los 1.500 pesos.
Toda esta introducción es para dar contexto a los anuncios del gobierno y tratar de mostrar algunas puntas de por dónde vendrían las alternativas, que las hay; alternativas sanitaria, económica y ambientalmente sustentables.
LOS ANUNCIOS ACTUALES Y SUS CONSECUENCIAS
El gobierno anunció dos megainversiones para OSE:
El Plan Neptuno, que implica construir una toma de agua en el Río de la Plata, en el departamento de San José, una planta de potabilización y las tuberías necesarias para llevar el agua potable al área metropolitana. Este plan, de acuerdo a los anuncios, rondaría los 300 millones de dólares.
Un megaplan de saneamiento para localidades de más de 2 mil habitantes, a un costo estimado de 1.000 millones de dólares, de los cuales 939 serían financiados por diversas fuentes externas, y se habla de que el Estado asumiría una obligación de pagar 41 millones de dólares anuales durante 20 años: los primeros cuatro años a cargo de OSE y los restantes a cargo del gobierno nacional (¡sorpresa!).
La inversión anual de OSE por todo concepto puede promediar los 80 millones de dólares. O sea que la mitad de su capacidad de inversión estaría cubierta solo por el plan de saneamiento de marras. A eso súmese la financiación del Plan Neptuno. Si solo consideramos la necesidad de inversión para reposición por el desgaste de la infraestructura actual, estamos claramente en problemas. ¿Qué dirán los usuarios de agua y saneamiento actuales cuando vean desmejorar el servicio por falta de inversión en 3 o 4 años?
Por otro lado, OSE actualmente cuenta con 3.778 funcionarios propios y 1.400 tercerizados, un 30 por ciento, de acuerdo a la información difundida por el propio gerente general actual. Esta carencia de personal es crónica y no parece haber voluntad por parte del Poder Ejecutivo de ingresar más personal. La hipótesis de que estas nuevas infraestructuras permanecerán bajo operación de los privados que las construyan parece asegurada.
UNA FRUTILLA PARA ESTA TORTA
Respecto al Plan Neptuno, cuando empezó este período de gobierno estaba todo pronto para iniciar las obras de una nueva represa aguas arriba de la actual en Paso Severino, (la presa Casupá). OSE ha estudiado profusamente todos los escenarios y las alternativas técnicas para la provisión de agua potable al área metropolitana. La posibilidad de hacer una toma de agua desde el Río de la Plata ha sido considerada siempre que el tema se estudió, y siempre se ha considerado una alternativa inconveniente.
Pero, además, algunos de los integrantes de este consorcio (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast) que presenta la iniciativa han sido contratados por OSE con anterioridad para estudiar justamente las alternativas de abastecimiento para la metropolitana. De los cuatro estudios de los que se tiene información, que se hicieron entre 1971 y 2017, en dos de ellos con total certeza participaron CSI (asociada a Ciemsa) y Seinco (socio estratégico de Fast).
Luego, casi las mismas empresas (Saceem, Ciemsa, Teyma y Fast) tienen la iniciativa de presentar esta megainversión en saneamiento por 1.000 millones de dólares.
Está claro que estamos ante la búsqueda de una (gran) oportunidad de negocio por parte de estas constructoras, pero no solo de eso.
La construcción de saneamiento en más de 140 localidades del interior es también una excelente oportunidad para el gobierno nacional y las intendencias de mover sus economías locales; demanda trabajadores locales no especializados como peones de construcción y, frutillita final de este tipo de obras, genera una serie de oportunas inauguraciones en año electoral siempre. Además, genera un ida y vuelta de negociación con las intendencias que reclaman, y la mayoría de las veces obtienen, que la empresa pública (re)construya calles y veredas que se verán afectadas por las obras. Externalidades positivas, digamos.
Traducción final a criollo: se proyectan megaobras que afectarán fuertemente la sustentabilidad financiera de OSE, con iniciativas no justificables por estudios técnicos serios, que muy probablemente dejarán un porcentaje mayor de la infraestructura de potabilización y saneamiento en manos de privados.
Una privatización sin votar una sola ley de privatización y aunque la Constitución exija justo lo contrario.
Y, como yapa, más de 1.000 millones en danza para tratar de asegurar los votantes del interior, que verán en esto, en el corto plazo, un gran beneficio, aunque en el mediano plazo haga implosionar los servicios públicos de agua potable y saneamiento para todo el país.
1. Disponible en https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-estado-del-sector-agua-saneamiento-y-residuos-solidos-en-Uruguay-Diagnostico-y-perspectivas.pdf.
