La pujanza que ha recibido en los últimos días la llamada doctrina de los dos demonios, de la mano de militares, antiguos cortesanos de la dictadura, prohombres de la derecha y también exguerrilleros, sugiere que se abre un capítulo más del empecinado esfuerzo por arrebatar a la izquierda la bandera de los derechos humanos y, de paso, legitimar el terrorismo de Estado.
En los medios periodísticos, principalmente en los programas radiales, hubo un inesperado sarpullido informativo por dos iniciativas presentadas hace meses: una de la asociación Toda la Verdad, que nuclea a víctimas de la «sedición», y otra de Cabildo Abierto (CA), más reciente. El 20 de agosto del año pasado, representantes de Toda la Verdad informaron sobre un encuentro con el presidente de la república, Luis Lacalle, en el que solicitaron una reparación económica para las víctimas que representa y una revisión del enfoque histórico de los textos de enseñanza en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y de la Administración Nacional de Educación Pública para desmontar la «visión heroica de los que se dicen guerrilleros y fueron terroristas». Coincidiendo con ese reclamo, en diciembre del año pasado la bancada de senadores de CA introdujo en la Comisión de Constitución un proyecto de ley que, bajo el título «El Estado asume la responsabilidad», propone la «reparación a víctimas de actos cometidos por grupos armados de carácter ideológico en el período comprendido entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976».
Ambas iniciativas estaban en una especie de impasse cuando, ¿sorpresivamente?, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, fue consultado por un periodista sobre si «corresponde una reparación económica para las víctimas o las familias de quienes fueron víctimas de la guerrilla». La pregunta no descolocó al ministro, quien respondió: «Uno razona y dice: víctimas hubo, terribles, de un momento negro de nuestra historia de sectores que estuvieron enfrentados». Sin embargo, la respuesta completa revela las intenciones más allá de la reparación: «Hubo víctimas de la guerrilla y de los grupos armados. Creo que corresponde también la reparación económica para las familias, no importa si de civiles o militares». Cabría preguntarle: ¿de qué lado estaban Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz?
La reparación a las «víctimas de la guerrilla» –que, en un sentido estricto, encaja en una tradición que se remonta a, por lo menos, los servidores de la guerra civil de 1904– da un pretexto para reiterar la versión de los dos demonios, que equipara a «los combatientes» y al aparato del Estado. Esta formulación contiene, implícita, la idea de que los enfrentamientos fueron consecuencia de una locura colectiva que llevó a unos a levantarse en armas y a otros a responder violentamente, torturando y desapareciendo prisioneros. Detrás de los «dos demonios» apunta siempre la intención de minimizar la responsabilidad de un Estado que enfrenta, con todo su poderío, a la sociedad civil.
La formulación ambigua de García no fue compartida por el senador Guido Manini, para quien, por un lado, estaban los sediciosos enfermos de ideología foránea y, por otro, los defensores de la civilización. Su reacción quizás se explique por el hecho de que, intempestivamente, con su iniciativa mediática, el ministro le arrebató la bandera de la defensa de las víctimas de la guerrilla. El proyecto de CA incluye, además de la reparación económica, otras dos «reparaciones»: una «moral», que se materializaría en la construcción de «uno o varios memoriales dirigidos a las víctimas» de la guerrilla, y una «social», por la que «los entes públicos de enseñanza deberán adecuar sus programas, libros de texto y todo recurso educativo abierto referidos a la temática en cuestión, a los efectos de darle cabida al relato de las víctimas o de sus herederos». Pero las contradicciones entre el ministro y el senador (entre un antiguo militante del Movimiento de Rocha y un antiguo teniente de Artigas) no son para nada antagónicas.
La «mano derecha civil» del general Manini, el senador Guillermo Domenech, reafirmó las intenciones reales detrás de la simple reparación: «Por un lado, queremos que las víctimas tengan una indemnización, que puede ser por única vez o una pensión. Por otro, queremos que se genere conciencia sobre el daño que le hace a la sociedad abandonar los cauces democráticos de acción política y embarcarse en procesos revolucionarios armados». O sea: el abandono de los cauces democráticos sobreviene por la acción de la guerrilla, no por el asalto militar al poder ni la instalación de una dictadura, que violó todas las instituciones y los derechos individuales. No hay manera más cristalina de reivindicar la defensa de los «valores occidentales y cristianos», tal cual lo entendieron los militares, mediante el terrorismo de Estado.
Las declaraciones de García instalaron automáticamente el tema. Dieron pie a que Manini presionara a la Comisión de Constitución: «Esperemos que, de una vez por todas, el proyecto se apruebe», lo que obligó al senador nacionalista Carlos Camy a explicar que el proyecto «todavía no se ha revisado» porque la comisión estuvo absorbida por múltiples temas. Las organizaciones de derechos humanos plantearon sus serios reparos. Y en la coalición hay cierta ambigüedad, a estar por la manera en que el tema fue informado por el diario El País: «La coalición de gobierno está alineada en la necesidad de dotar de una reparación económica a las víctimas. Sin embargo, no es esperable que logren un acuerdo en este sentido de la noche a la mañana, pues hay matices: en cuánto dinero se les entregará a los damnificados, en si, además, habría que poner placas recordatorias con los nombres de los fallecidos (o, incluso, hacer monumentos) y en si, también, sería necesario echar mano sobre los planes educativos para incluir las historias de estas personas en los programas».
La mayoría de las personalidades políticas consultadas dio un tibio apoyo a la sugerencia de García, incluido el expresidente José Mujica, quien consideró «viable» la posibilidad de la reparación, porque «el gobierno tiene los votos y puede hacer lo que le parezca». Mujica apeló al recurso de las sentencias elípticas: «Es necesario ir a la historia para aprender». Y, para algunos desnorteados, aclaró: «En las viejas guerras patrias se estableció la pensión para los servidores». Fue su contribución a la teoría de los dos demonios.
Está claro que hubo un operativo mediático para instalar el tema. Queda claro también que el fin último no es una simple reparación, sino una ofensiva para rescatar algunos valores del proceso «cívico militar», que hasta la llegada de CA casi nadie reivindicaba, excepto los terroristas de Estado acusados de múltiples crímenes ante la Justicia. El nuevo contexto habilita el enroque.