La historia de lo que en Brasil se conoce como Correios se confunde con la propia historia del país. Originado en 1663, cuando la Corona portuguesa creó el Correio-Mor, lleva varios siglos administrando el servicio postal del país, ahora con el nombre Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos. Cien por ciento estatal y responsable no solamente de los servicios postales y logísticas, sino también de etapas clave de ejecución de varias políticas públicas, es la única empresa que llega a todos los municipios brasileños y cuenta con casi 100 mil trabajadores. En abril de este año, a través de un decreto, el presidente del país, Jair Bolsonaro, incluyó a Correios en el Plan Nacional de Desestatización, aprobado por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en 1997, el mismo año en que fue privatizada la minera Vale. La idea del Ejecutivo es vender, lo más rápido posible, la totalidad de la empresa a una sola compañía privada. Este jueves, en régimen de urgencia, la Cámara de Diputados aprobó la privatización, que ahora deberá pasar por el Senado.
MITOS
A Bolsonaro sus fanáticos le gritan: «¡Mito, mito!». En el diccionario de portugués, mito significa ‘relato de las proezas de dioses o de héroes’, pero también ‘algo o alguien cuya existencia no es real, o que no puede ser comprobada’, y ‘conocimiento sin fundamento’. De esta segunda acepción parece estar hecha la propuesta del presidente de privatizar el servicio postal. El lunes 2 el ministro de Comunicaciones, Fabio Faria, aseveró que «la privatización es la última opción para garantizar la supervivencia de Correios». Sin embargo, en 2020 la empresa obtuvo ganancias por 1.500 millones de reales (295 millones de dólares). De los últimos 20 años, cerró 16 con saldo positivo. Entre las empresas públicas brasileñas, según el último boletín que mide la participación en el Tesoro Nacional, Correios tiene el tercer mejor índice de retorno con relación a lo invertido (69,3 por ciento). Es decir, le sale barato al Estado y, además, le da ganancias.
Faria también dijo este lunes que sin la privatización la empresa no podría sostener la universalización de sus servicios. Para Igor Venceslau, que obtuvo un magíster en Geografía Humana en la Universidad de San Pablo por su estudio de la historia y la situación actual de Correios, «es un mito que la logística de mercado que atiende al comercio electrónico y las grandes empresas es incompatible con un servicio postal entendido como derecho que tiene que ofrecerse a la ciudadanía sin fines de lucro». La empresa estatal, explica a Brecha, «trabaja actualmente en estos dos frentes, y si fuera como el gobierno dice, sería deficitaria y la actividad estaría en ruinas, lo que no se condice con la realidad».
Los argumentos de Faria tienen algo de fantasioso. Según el jerarca, la estatal ganaría en «eficiencia, agilidad y puntualidad» con la privatización. Sin embargo, un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión publicado en febrero de 2020 afirma que el año anterior el índice de entregas en tiempo y forma fue de un 97 por ciento. Según el documento, «hubo inversiones sustanciales que permitieron adquirir máquinas para clasificación, renovar más del 30 por ciento de la flota para entregar objetos y modernizar las entregas con la utilización de smartphones, que tornan el proceso más ágil, eficiente y confiable».
Estos últimos años, Correios ha sido una figura destacada en los premios World Post & Parcel Awards, algo así como los Oscar del servicio postal, que año a año reconocen a nivel mundial a las mejores empresas del ramo, tanto públicas como privadas. En 2019 y 2020, Correios venció en la categoría de servicio al cliente y en 2020 ganó en la de crecimiento transfronterizo tras implementar un modelo electrónico de importaciones. Venceslau agrega: «Si la empresa no fuera eficiente, no tendría esa porción del mercado que tiene, que es casi el 75 por ciento de las encomiendas. El 25 por ciento restante se lo disputan más de 200 compañías. Que esté en todos los municipios ya es una prueba de la capacidad y la competencia del Estado. Eso no depende de si el vehículo es de 2018 o 2020. La capacidad tecnológica es la capacidad de acción de la empresa, y Correios es la única empresa del país que tiene capacidad de acción universal, en todo el territorio nacional».
EL GRAN BOTÍN
La pandemia del covid-19, que ya causó la muerte de 560 mil personas en el país, produjo un aumento significativo de los envíos y las entregas. Según la Asociación Brasileña de Comercio Electrónico, el crecimiento en las ventas por ese medio fue del 68 por ciento. Esta tendencia llegó para quedarse y las grandes empresas internacionales lo saben mejor que nadie. Las compañías extranjeras como Amazon están interesadas en dominar el mercado brasileño y ampliar sus negocios en el país. Según dijo Faria en setiembre de 2020, la de Jeff Bezos es una de las empresas interesadas en comprar Correios, así como DHL, Fedex y algunas firmas locales. En su momento, esto suscitó especulaciones sobre el interés de Mercado Libre, otro gigante de las ventas.
Para estas empresas, apropiarse de la estatal brasileña significa un paso gigantesco para dominar la distribución de productos en el país. En la década del 90 era común afirmar que el servicio logístico que brinda una empresa estatal de correos era algo del pasado frente a las sociedades de la información y lo digital que se venían, un discurso que se utilizó para justificar privatizaciones, como ocurrió en Argentina. Sin embargo, hoy es evidente que estos servicios son una etapa crucial para que se concrete el comercio electrónico. «Ese mismo tipo de comercio hizo que hoy la empresa más valiosa del mundo sea Amazon y en América Latina Mercado Libre, que en 2020 superó en su cotización a Vale. Para estar en el centro de la disputa por estos mercados se precisa controlar el servicio postal, porque en su versión pública –como la que existe en Brasil, Uruguay y la mayoría de los países de América Latina– tiene principios democráticos que no interesan a las empresas hegemónicas del capitalismo global», analiza Venceslau.
EL CAPITAL INVISIBLE
«Lo que aparece en los grandes medios es la discusión sobre la viabilidad económica de Correios en 2021, sobre cuánto vale la empresa y quién la quiere comprar. Pero Correios tiene un valor político y geopolítico que también tiene que entrar en la cuenta, por más que no lo acepte la racionalidad neoliberal, que trata de ocultar esa dimensión», explica el geógrafo. El correo público es fundamental como brazo logístico del Estado. Garantiza, por ejemplo, la viabilidad del ENEM, el examen nacional para ingresar a las universidades públicas que se realiza el mismo día y a la misma hora en todos los estados del país; la distribución de materiales didácticos para la educación; la distribución de vacunas e insumos sanitarios, y hasta la distribución de las urnas electrónicas de votación, hoy cuestionadas por los bolsonaristas.
Correios es esencial para el Sistema Judicial y fue fundamental para el Programa Hambre Cero, creado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en 2003. «El riesgo inmediato de la privatización es inviabilizar algunas políticas públicas. En un futuro próximo, cualquier proyecto que la imaginación política permita elaborar estaría en riesgo. En casi todas las áreas de gobierno en las que se precisa mover cosas de un lugar a otro participa Correios. Tras su venta, esas políticas públicas serían, como mínimo, encarecidas», dice el investigador. El gobierno de Bolsonaro todavía no presentó cómo mitigaría esas consecuencias en el caso de que el proyecto se aprobara en el Senado.
«Haber acumulado esta estructura durante siglos le da a Brasil una condición estratégica, no solamente por el hecho de tener un correo público, sino también porque este es de gran tamaño y muy robusto en un país tan desigual en tantos sentidos y tan diverso territorialmente», afirma Venceslau. Y agrega: «Esta condición le permite al país no solamente crear políticas públicas, sino también regular el accionar de las grandes empresas de comercio electrónico, como Amazon, por ejemplo, a través del control de los precios y los plazos de entrega».
EL DISCURSO VACÍO
«Los datos objetivos son tan explícitos y claros que el discurso del gobierno para vender se convierte en un discurso vacío», sostiene Venceslau. A corto plazo, en lo político, cree «que el gobierno quiere cumplir una promesa de campaña para agradar a sus mecenas del mercado financiero, que esperan hacer caja con estas políticas». Para el experto, «no tienen un interés especial en privatizar Correios, sino en privatizar lo que sea, al punto de que en la lista de privatizaciones hay empresas de todo tipo: empresas que dan ganancias, empresas deficitarias, empresas estratégicas y empresas desconocidas».
Es, asegura Venceslau, un fanatismo ideológico que va más allá de las consecuencias y que no implica necesariamente un cálculo por detrás. A diferencia de la derecha tradicional, explica –y cita al expresidente Fernando Henrique Cardoso–, «que tenía una racionalidad económica, perversa pero coherente y explícita», este «ultraliberalismo actúa de otra forma, mucho más violenta: busca privatizar lo que sea, la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible». Este gobierno, afirma, «está en la vanguardia del discurso y las prácticas neoliberales y exacerba los principios de esta corriente ideológica». Y cierra: «Incluso, si los otros 219 países del mundo hubiesen privatizado sus correos públicos, yo te insistiría con que Brasil no tiene que hacerlo: no le conviene hacerlo. Y, a decir verdad, son muy pocos los países que han privatizado este servicio: menos de 20. Actualmente Correios cumple con sus funciones y, encima, es superavitario. No hay ninguna justificación para privatizarlo, salvo la ideológica».
Saqueo legalizado
La aplanadora bolsonarista en la Cámara de Diputados logró aprobar el martes el polémico proyecto de ley 2.663/2020, conocido como PL da Grilagem. El mote viene de una vieja práctica de los estancieros para apropiarse de tierras ilegalmente: guardar escrituras en cajas con grillos para darles apariencia de antigüedad y legitimidad. El proyecto aprobado aumenta la extensión de terrenos públicos pasibles de ser regularizados como privados sin la aprobación del Instituto de Colonización y Reforma Agraria, y con la sola declaración del propio ocupante. En la práctica, facilita la legalización de tierras robadas, estimadas hoy en 65 millones de hectáreas, unas cuatro veces el tamaño de Uruguay.
En una nota publicada en abril de este año, el Instituto Socioambiental, una de las organizaciones ambientales no gubernamentales más importantes del país, aseguró que «esta propuesta legitima la práctica del robo de tierras y el desmonte ilegal; promueve desajustes entre las políticas agraria y ambiental, especialmente en lo que hace al destino de tierras públicas, y beneficia a medianos y grandes productores en detrimento de agricultores familiares, pueblos indígenas y comunidades tradicionales». El Observatorio del Clima afirmó que con esto «el gobierno abrió la portera a la amnistía eterna al robo de tierras» y que el proyecto «tiende a propulsar la actual corrida por tierras públicas en la Amazonia, cuya ocupación ilegal es el principal motor del desmonte y la causa de más de un tercio de la devastación».
La Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil repudió esta «absurda e irresponsable señal emanada de aquella casa que se autodenomina Casa del Pueblo». Para la organización, con la aprobación de este proyecto, «la Cámara de Diputados demuestra que se está convirtiendo en la casa de los ruralistas, los taladores y los ladrones de tierras, de todos estos menos del pueblo». El proyecto seguirá su camino al Senado.
Fake news y urnas electrónicas
En otro orden de cosas, Jair Bolsonaro pasó a ser investigado en la causa por las fake news que lidera el Supremo Tribunal Federal (véase «Clan Fake», Brecha, 5-VI-20). La decisión, tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, responde a un pedido unánime hecho el lunes por los integrantes del Tribunal Superior Electoral. La solicitud se hizo en momentos en que Bolsonaro radicaliza su cruzada contra el voto electrónico, despertando desde ya sospechas de fraude de cara a la elección presidencial de 2022. Moraes citó 11 posibles crímenes de Bolsonaro al atacar en sus últimos discursos el sistema de urnas electrónicas y el proceso electoral. La transmisión en vivo del presidente a través de Facebook el jueves 29 de julio fue, según Moraes, «una nueva ocasión en la que el mandatario se posicionó de forma criminal y ofensiva contra las instituciones». Blindado por la Cámara de Diputados, a la que le corresponde habilitar su eventual procesamiento, parece, sin embargo, bastante difícil que Bolsonaro sufra consecuencias inmediatas por este proceso judicial.
