Pasados dos años desde que se identificó el coronavirus en la provincia china de Wuhan, en Estados Unidos se han administrado más de 473 millones de dosis de las vacunas contra la covid-19. El 60 por ciento de la población ha recibido la vacunación completa y esa proporción de inoculados llega a casi el 72 por ciento de los mayores de 18 años de edad y el 87 por ciento de los mayores de 65. Unos 48 millones de personas –esto es, el 24 por ciento de la población– han recibido la tercera vacuna de refuerzo. El promedio semanal de nuevos casos, que era de 250.400 cuando Joe Biden fue investido presidente en enero, ha bajado a 190 mil en la primera semana de diciembre, cuando el mandatario anunció una estrategia sanitaria para lidiar con el virus durante el invierno. La pandemia ha causado ya más de 780 mil muertes en Estados Unidos.
El plan incluye la expansión por todo el país de la campaña de inoculación de refuerzo, la apertura de nuevas clínicas para la vacunación familiar, la oferta de pruebas de covid hogareñas, el incremento de los equipos médicos para enfrentar los brotes y la aceleración del esfuerzo para vacunar al resto del mundo. Las gráficas de los nuevos casos y de las vacunaciones lucen como olas en alza con la aparición de variantes del virus y el impacto de las inoculaciones, pero la gráfica de la aprobación ciudadana para la gestión de la pandemia del gobierno de Biden solo ha ido en descenso. Según el promedio de encuestas que hace Real Clear Politics, el 48,6 por ciento de los estadounidenses desaprueba tal gestión y solo el 46 por ciento la aprueba.
MANDATOS SÍ, PERO NO
Ahora, entre los altibajos de la pandemia y los vaivenes de la campaña de vacunación, los republicanos emplean contra el gobierno de Biden la misma táctica que los demócratas emplearon contra el gobierno de Donald Trump: querellas en tribunales. Como parte de su estrategia sanitaria, Biden fijó un plazo hasta el 18 de enero para que las empresas privadas que trabajan bajo contrato con el gobierno federal vacunen a todo su personal. Este lunes, el juez federal R. Stan Baker, designado por Trump, dictó una orden provisional que suspende lo dispuesto por el presidente. En su dictamen, el juez de Georgia reconoció: «La pandemia ha tenido un costo trágico en el país y en el mundo. Pero, aun en tiempos de crisis, este tribunal debe preservar el imperio de la ley, asegurando que todas las ramas del gobierno actúen dentro de los límites de sus atribuciones constitucionales».
El 20 de octubre el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ordenó que todos los empleados municipales recibieran al menos la primera dosis de la vacuna antes del 29 de octubre, bajo la amenaza de la suspensión sin el pago del sueldo. El mandato afectaba a unos 160 mil empleados y encontró mucha oposición, como la de los sindicatos de la Policía y los bomberos, que advirtieron que podría haber escasez de personal si los agentes se rehusaran a vacunarse. El lunes 6 de diciembre, De Blasio anunció una orden que hacía obligatoria la vacunación para todos los empleados del sector privado, anticipando las complicaciones que la variante ómicron del covid-19 pueda traer en la temporada de la gripe. El martes, el juez Frank Nervo, del Tribunal Supremo de Justicia del estado de Nueva York, dejó en suspenso la orden de De Blasio hasta una audiencia programada para el 14 de diciembre.
Estos son solo dos ejemplos en los que el Poder Ejecutivo, a nivel federal o municipal, da una orden y alguien concurre a los tribunales para objetarla, lo que da lugar a audiencias, postergaciones, argumentos, apelaciones y nuevas ordenanzas que demoran, y en muchos casos invalidan, el efecto del mandato original. Es el resultado de un sistema político que se diseñó con el propósito claro de impedir la concentración de poder en un gobierno central. Es común ver la expresión el hombre más poderoso del mundo en referencia al presidente de Estados Unidos. La verdad es que su autoridad se empantana constantemente en el debate en el Congreso y en las tribulaciones judiciales.
LA RESISTENCIA
En un país con 334 millones de personas, 236,4 millones –el 71,2 por ciento de la población– han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19. Eso significa que, por razones muy variadas, menos del 30 por ciento de la población se rehúsa a aceptarla o no ha tenido acceso a ella. En Estados Unidos no hay un ministerio federal de salud que pueda desplegar los recursos de manera uniforme en todo el país ni una Policía federal que vigile en las calles el paso de los transeúntes con permisos. Cada estado ha adoptado, impuesto, levantado y adaptado las restricciones a su manera. La diversidad de motivos por los que 97,6 millones de personas persisten sin vacunarse y la fragmentación del gobierno a nivel nacional le han ahorrado a Estados Unidos, por ahora, los estallidos de violencia callejera ocurridos en muchas ciudades de Europa.
Respecto a las precauciones, las vacunaciones y las restricciones por la covid-19, la gran mayoría de los estadounidenses ha adoptado la actitud de que cada uno haga lo que le parezca mejor. Así, es posible ir a un bar o restaurante un domingo de tarde y encontrarse con decenas de clientes sin tapabocas, bebiendo, comiendo, charlando, riéndose y gritando los tantos marcados por los equipos que brillan en las pantallas de televisor. Y uno entra con su mascarilla, tranquilamente. Nadie se preocupa. Del mismo modo, en las residencias para adultos mayores de 55 años, las clases de ejercicios continúan y todos, instructor e instruidos, mantienen sus mascarillas. En las iglesias hay quienes la usan y quienes no. Dentro de las mismas familias hay quienes tienen tres inoculaciones, usan la mascarilla casi el día entero y no se espantan de juntarse con parientes no vacunados y sin mascarillas. Hay quienes se organizan para ir al supermercado, con tapabocas, una vez por semana y quienes concurren casi a diario y solo se lo ponen para entrar al comercio. Hay quienes han retornado a trabajar en sus oficinas porque extrañan el encuentro diario con sus colegas y quienes prefieren el trabajo remoto, para no contaminarse.
Hay un cansancio general, tanto por la pandemia como por la información cambiante, según la cual hace tres semanas la vacuna tal era muy eficaz y ahora resulta que la tal no es tal y es la otra la que habría que haber recibido, pero un estudio allá y por donde sea encuentra que la eficacia de las dos disminuye y que habría que usar otra. Entre quienes se resisten a las vacunas hay, es cierto, un núcleo más militante que se nutre de conspiraciones y la creencia en manipuladores secretos, que no se arredra por su ignorancia. Por una combinación muy peculiar, en este segmento coinciden trumpistas –que creen que la covid-19 es un cuento chino, pero, a la vez, recomiendan curanderías para combatirla– y cristianos evangelistas convencidos de que ha comenzado el apocalipsis.
Un ejemplo de argumento contra las restricciones recomendadas para contener la pandemia es el de la congresista Marjorie Taylor Greene, una republicana de Georgia que opina que las mascarillas y las vacunas son una forma de control gubernamental. Asimismo, Greene ha expresado su apoyo al uso de ivermectina, un compuesto antiparasitario para animales, como tratamiento para la covid. «Cada año más de 600 mil personas mueren en Estados Unidos por cáncer», escribió el sábado en su cuenta de Twitter. «No se ha cerrado una sola escuela. Y cada año más de 600 mil personas de todas las edades y razas siguen muriendo de cáncer», agregó. En su entusiasmo antigubernamental, Greene se olvidó, al parecer, de que el cáncer no es contagioso, pero la covid sí.
