La cañada de Tala ya es de la familia. Está ahí, cerquita, esperando, sabiendo todo lo que pasa alrededor. Es parte de la cotidianidad de la zona de Cerro Oeste, de Montevideo, lugar que Brecha recorrió, acompañando a los vecinos. Se percibe allí basura acumulada, olor, ratas que se pasean, aguas servidas y cunetas de casi dos metros de profundidad, donde una pelota puede perderse fácilmente. La indignidad de las condiciones de vida aflora. «Como Pocitos y Carrasco, saneamiento para el oeste», decía una de las pancartas que los vecinos organizados llevaron a una de las manifestaciones que se hicieron recientemente, en la que reclamaban que se liberaran los recursos para hacer las reformas necesarias. Hace dos años que formaron la comisión vecinal de Cerro Oeste, un barrio de casi 60 años, con familias que, incluso, llevan cuatro generaciones habitando el lugar.
Así describe el barrio Matías Gutiérrez, vecino y concejal vecinal: «Esto era todo bañado: no había calles. En ese momento los vecinos armaron una cooperativa y empezaron a formar el barrio. La lucha por vivir dignamente viene desde hace mucho. Primero, donde está la cañada Tala, se hicieron calles y cunetas: fue la salida para edificar y hacer las calles. Luego los vecinos fueron construyendo sus casas; la mayoría con la misma estructura. Generaciones y generaciones de vivir al lado de las cañadas, de jugar en la cuneta, de ir a buscar la pelota, de ver cómo los temporales arrastran la basura de otros barrios vecinos. Acá hay una gran cuneta que arrastra y llega hasta Casabó. Todos los vecinos tiran lo pluvial a esta cañada. Desemboca todo acá; incluso, las aguas de los pozos negros, que se filtran. Es lamentable. Todo está en esa cañada. En un temporal o cuando el agua está estancada, se ve más».
En diciembre de 2006, durante la administración de Ricardo Ehrlich, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una línea de crédito condicional para proyectos de inversión, destinada a apoyar a la Intendencia de Montevideo (IM) en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes. De esta forma, se inició un programa de saneamiento urbano en el departamento, que atravesó distintas etapas. Una de ellas, la sexta, consiste en invertir para incrementar la calidad y la cobertura del servicio de limpieza, mejorar la gestión de los residuos sólidos, aumentar la calidad y la cobertura de las redes de saneamiento, y disminuir el riesgo por inundaciones en zonas como la de la cañada de Tala. Pero no todo resultó tan fácil.
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Con la llegada de Carolina Cosse a la IM, comenzó a aplicarse una estrategia de sostenibilidad ambiental de la ciudad denominada Montevideo Más Verde. Se pretende que esta iniciativa se pliegue al Plan Nacional de Gestión de Residuos, con el argumento no solo de desplegar infraestructura, sino también de «construir ciudad». En octubre de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluyó el Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo, en su sexta etapa, en la cartera de proyectos del BID. La administración de Cosse había solicitado 120 millones de dólares, pero, luego de algunas negociaciones, se estableció un monto de 70 millones de dólares para que la IM distribuyera según considerara conveniente. Y esa fue solo la primera barrera.
En agosto de 2021, un año después, la IM presentó su proyecto a los coordinadores de la bancada de la Junta Departamental de Montevideo: Diego Rodríguez (Partido Nacional –PN–), Tulio Tartaglia (Partido Independiente), Martín Nessi (Frente Amplio), Víctor Prado (Partido de la Gente) y Sandra Nedov (presidenta de la junta en ese entonces). Luego siguieron audiencias públicas en Casabó y Rincón del Cerro, donde se profundizaron las estrategias de limpieza del arroyo Mataperros. También se presentó el proyecto a los representantes del Partido Colorado y hubo reuniones con ediles del PN. Finalmente, el préstamo fue aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID, a raíz de lo cual se envió el proyecto de decreto a la junta departamental, con el aval del MEF.
Pero la junta no votó el proyecto, debido a que no se arribó a un acuerdo político. Al oficialismo le faltaban tres votos para aprobarlo, puesto que se necesitaba una mayoría especial, por tratarse de un préstamo a pagar en 25 años, lo que comprometería a otros períodos de gobierno. A raíz de las discrepancias, la IM aceptó reunirse con la oposición el 11 de febrero y acordaron solicitarle al BID una prórroga de 70 días. El acuerdo fue ratificado y votado en la junta departamental el 15 del mismo mes, cuando el plazo para pedir oficialmente la prórroga vencía dos días después. Durante esa prórroga, las bancadas discuten las modificaciones del proyecto. Y los vecinos esperan.
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En la recorrida de Brecha por el oeste, además de Gutiérrez, estuvieron presentes otros vecinos que se vincularon a los recursos municipales para pelear desde adentro por mejorar el barrio: los concejales vecinales Silvia Wilkin y Sergio Arriola, y la concejal municipal Gladys Lago. Contaron que también trabajaron en el barrio vecino Las Huertas, haciendo llegar las luces y el pavimento para las calles. En ese marco, se hicieron fiestas en el barrio y hasta se conformó una guardería, llamada Mil Colores. «Las comisiones siempre apoyando e intentando subsanar lo que las instituciones no dan», afirmaron.
Una de las grandes luchas de los vecinos fue la de demandar calles dignas para poder transitar. Porque veredas –que ayudan a evitar las inundaciones– no hay. «Al estar en un bajo, las lluvias arrastraban todo el balastro. Era un dinero que se les iba a todos con la primera lluvia. Se iba por la cuneta; se producían pozos, barro; no se podía caminar. Paso a paso, cada generación fue aportando para dar un poco más de privilegios al barrio», contó Wilkin. A pesar del esfuerzo, la zona sigue siendo un asentamiento, porque no está regularizada. Conforma un único padrón, en el que viven más de 400 familias.
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El año pasado, luego de una invitación de la IM, los vecinos de las zonas afectadas se reunieron en la cooperativa Covicenova. Allí estuvieron la intendenta, ediles del oficialismo y autoridades municipales. Les presentaron el proyecto, que aún se estaba discutiendo, les contaron cómo se iba a trabajar y les informaron del impacto que tendría. «Nos presentaron el proyecto de saneamiento, que a nosotros nos incluye. El recolector principal va a pasar por la cañada Tala y va a unirse con otros barrios», contó Lago. Y agregó: «Se hace saneamiento, pero el vecino tiene que conectarse. Se forman las cañerías y la red pluvial, pero después el vecino debe conectarse. El proyecto del BID incluye el saneamiento y las conexiones individuales, aunque ahora se está analizando si será total o parcial. Todo sale bastante dinero. Hay que ver el presupuesto que se va a tener, porque depende de las negociaciones. Hay que ver si se cubre ese gasto».
Con el saneamiento se prevé tapar la cañada Tala, lo que traerá un nuevo espacio social, que los vecinos saben que también traerá cambios. «Se hará la red, pero el proyecto no es con vereda. Las cunetas seguirán, pero únicamente con agua de lluvia. Toda la conexión de saneamiento estará más abajo. El gran colector será el paso que unirá a los otros barrios que siguen. Es importante para evitar los pozos negros, las ratas, que se te caiga la pelota, que se caiga alguien. Hemos normalizado jugar en la cuneta. Además de salir de todo esto, vamos a tener un espacio, que se merecen, sobre todo, los veteranos que dieron las otras luchas», relataron.
Mientras recorremos la zona, observamos diferentes realidades: vecinos que, si se aprueba el proyecto, deberán ser realojados; viviendas precarias construidas sobre la cañada que deberán irse de allí; casas que tienen puentes caseros para ingresar, y el agua contaminada, que está siempre presente. El barrio ha aumentado tres veces su población, pero las conexiones son las mismas. No dan abasto. «Acá, al norte de Casabó, hay casas más nuevas, vecinos más necesitados, con precariedades en las casas y con los pozos negros que se tapan y se inundan. O no tienen pozos negros o no pueden pagar el camión de la barométrica. Los que no tienen pozo negro desagotan en la cuneta, por lo que todo confluye acá», explicó Gutiérrez. Y agregó: «Al ser un barrio viejo, los pozos negros se deterioran. Si no podés hacerlos vos, porque no tenés la capacidad, pagarlos es muy caro. Eso se filtra y se va a las casas cercanas. Hice una pieza en mi casa y un pozo de dos metros, y ya ahí sentía el olor del agua. La tierra ha filtrado agua de los pozos durante años».
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El proyecto de la IM se delineó con 47,6 millones de dólares para limpieza y 22,4 para saneamiento. La inversión en saneamiento se implementaría principalmente en Casabó y Cerro Norte, y beneficiaría a por lo menos 2.200 familias. Además, incluiría la mantención y la readecuación de la Red Arteaga y el drenaje de la cuenca del arroyo Mataperros. Ese esquema permanece en stand-by, a instancias de las negociaciones políticas en la junta departamental.
Una de las principales críticas del proyecto de la IM es Laura Raffo, presidenta de la Junta Departamental de Montevideo por el PN: «[El plan] no tiene coherencia económico-financiera ni social. Además, dejaría sin saneamiento a barrios de Montevideo que vienen esperando hace años y que estaba previsto que recibieran este servicio durante el presente quinquenio». Los barrios a los cuales se refiere son Sarandí, Bella Italia, Boiso Lanza, Bola de Nieve, Cañada Matilde, Instrucciones, Nueva España, Paso de la Arena, Maracaná, Rincón del Cerro-Casabó, Santa Catalina, Susana Pintos, Villa Don Bosco y Villa García. Entre otras cosas, la oposición intentará incluirlos, para destrabar el proyecto.
A los vecinos les causó mucha molestia la postura de la oposición y su negativa de votar el proyecto. No comprenden que no se vote, que sea o una cosa o nada. Recuerdan que Raffo recorrió la zona durante la campaña electoral y vio las condiciones en las que vivían, pero hoy en día niega la urgencia del proyecto. También lo hacen los ediles de la oposición. Al respecto, el concejal dijo: «No se entiende cómo hay un planteamiento de un grupo de ediles tan intransigente: o es una propuesta o no sale nada. Eso nos afectó emocionalmente. Por un problema político, acá perdemos los vecinos, vecinos que vivimos en la precariedad. Por más que sea solo un 10 por ciento sin saneamiento, bueno, somos nosotros y la estamos pasando mal. Estamos hace 50 años con esto. Estamos cuidando el barrio, nos organizamos. No se entiende esto. Decidimos escribirles una carta para exigirles una explicación a los ediles que no querían votar y pedirles una reunión para hacerles entender que nos niegan un derecho, el derecho a la vida. No tuvimos ni un contacto. Es evidente que podemos llegar a un acuerdo. Estamos afectados por una disputa, y no se entiende la lógica de “esto o nada”. Esto no puede ser político: es barrial, es vecinal».
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Seguimos caminando y cruzamos Paso de Morlán, una zona más nueva, pero que muestra enormes carencias. La cañada ya es como un arroyo enorme. Hay casas precarias y vecinos que no tienen conexión, por lo que directamente tiran sus desechos allí. Los vecinos cuentan: «Como pueden, algunos sacan el agua de su casa cuando llueve. Cuando se tape la cañada, habrá un espacio público, una plaza. Se gana en el barrio. Los vecinos que viven ahí viven como pueden, como les da. Se va a ganar un espacio que es un apoderamiento de la zona, aprovechar el espacio y que todos estén conectados. Cambia la calidad de vida de toda la zona. Son zonas con un día a día difícil. Acá se tapan los pozos negros y quienes no los tienen viven con las aguas servidas. No es digno. El 17 de enero el agua inundó todo: no tenía para dónde ir e inundó todo».
Wilkin agregó que lo que buscan es calidad de vida. Por eso se involucraron con el Concejo Vecinal del Municipio A. «Todos los concejales tienen que involucrarse en algo que sea para los vecinos. Esto ahora ya se va a trancar, para sumar a otros barrios. Sumarlos al proyecto original del BID es abrir el expediente. Cuando se analiza y se agrega algo, ese proyecto va a estudio de nuevo y ahí permanece un tiempo trancado. Se analiza, se vota y después recién a la junta… Se calcula, en tiempos burocráticos, que va a demorar como dos años más», dijo.
Gutiérrez complementó: «Ahora es crucial el tiempo que se viene, para saber qué barrios se van a priorizar. Son 13 barrios más que se pusieron, que también necesitan. Acá no se pesa en una balanza quién necesita más y quién menos. Los que están lo necesitan. Se está negociando para ver si se vota o no. Es un retroceso y, como concejales vecinales y vecinos, nos parece que está mal, que están errados en la lógica. Por más que sean 2 mil familias, no dar nada ahora para meter otros barrios es un error. Se quieren meter más familias y determinados barrios, pero son otras realidades. Eso excede a los vecinos. Si no fuera así, en 70 días quizá ya estaban acá trabajando. El trabajo primario es el que más demora. Y por un buen tiempo no se van a ver los avances ni el beneficio. La lógica de no aprobar el proyecto ya retrasa el beneficio. Con suerte, si no se sigue retrasando, podría quedar a fines de 2023 o principios de 2024».
Se entiende que el beneficio es necesario para la zona y para los barrios que siguen, porque conecta con la red. Los vecinos también entienden que, una vez que se apruebe el proyecto, será clave y necesario educar a los vecinos, enseñarles a cuidar el barrio. «Por eso es importante la pata de dedicar dinero a educar a los vecinos para que conozcan y entiendan cómo cuidar el barrio. El proyecto está adaptado a cada zona, a cada casa. Acá también tenemos muchos vecinos que trabajan en la recolección. La idea de hacer una planta de recolección es un nuevo trabajo para ellos. Son 1.000 puestos de trabajo más. Hay una realidad que fue buena, pero ahora hay que cambiar y educar a los vecinos, mostrarles, cambiar la realidad social. Son muchos cambios que benefician al barrio. Se pueden agregar más cosas, pero lo que está en el proyecto es necesario. Siempre faltan cosas. Pero suspender el proyecto no es el modo».
