La crisis en curso en el Partido Conservador produjo ayer la caída del primer ministro Boris Johnson, pocos días después de las rimbombantes renuncias de su secretario de Salud, Sajid Javid, y de su ministro de Hacienda, Rishi Sunak, las últimas de una larga serie de deserciones. Detrás de un torbellino de acusaciones terribles y del implacable drama de las redes sociales, sus salidas reforzaron el predicamento estratégico en el que se encuentran ahora los conservadores.
Las tensiones dentro del Partido Conservador –los tories– demoraron un tiempo en estallar. A pesar de la espiral caótica en la que había entrado su administración, el primer ministro venía sobreviviendo, hasta ahora, en gran parte porque ningún retador era capaz de ofrecer una alternativa estratégica coherente a la incoherencia táctica de Johnson. Ahora que anuncia su partida del número 10 de Downing Street, sin una alternativa obvia en el horizonte –y fácilmente son cinco o seis los conservadores de alto nivel que podrían reclamar su puesto–, es probable que esas divisiones se agudicen.
LOS TORIES Y EL ESTADO
Estas disputas se derivan del eventual fracaso de la resolución a la crisis de 2008 intentada por el primer ministro conservador David Cameron y su ministro de Hacienda, George Osborne. Este intento dependía de la restauración del poder y el estatus del sistema financiero, principalmente a través de un realineamiento británico hacia China, la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, para facilitar el acceso a los mercados más grandes del planeta, y la austeridad en casa, para garantizar que el Estado británico siempre podría rescatar al sistema en caso de una crisis mayor.
Nada de aquel proyecto permanece hoy en pie, y la «solución» encarnada por Johnson ha resultado, en el mejor de los casos, completamente temporal, impulsada por el oportunismo del Brexit y el deseo frenético (señalado tanto por Javid como por Sunak en sus cartas de renuncia) de detener la llegada al poder del izquierdista Jeremy Corbyn. Johnson fue elegido con un manifiesto programático muy liviano, diseñado en gran medida para exorcizar los elementos más populares del programa económico de Corbyn: el segundo anuncio de Johnson tras convertirse en primer ministro en el verano de 2019 fue, por ejemplo, prometer el envío inmediato de más fondos para las escuelas, atajando así desde el comienzo los ataques de los laboristas. La aversión desde entonces manifestada por Johnson a las políticas de austeridad –el primer ministro llegó a afirmar, en 2019, que secretamente él siempre se había opuesto a la austeridad– y su voluntad de ignorar las reglas neoliberales cuando le convenía lo pintaron como alguien dispuesto a romper con décadas de dogma conservador, aunque solo fuera en pos de su propia carrera política.
Las tensiones dentro del gabinete que formó en 2019 se hicieron evidentes muy rápidamente. A instancias de su entonces asesor en jefe, Dominic Cummings, uno de los principales objetivos de Johnson en los primeros meses de su administración fue subordinar el Tesoro a las demandas del primer ministro, intentando controlar a los asesores políticos de quien era entonces ministro de Hacienda –hasta el punto de hacer que uno de ellos fuera expulsado de Downing Street por la Policía– y empujar a dicho ministro a la renuncia. Sunak fue designado como sustituto por Johnson a principios de 2020, aparentemente con la creencia de que sería una figura más maleable.
El consejero Cummings, al menos, tenía una especie de visión estratégica para el Estado británico: un admirador del modelo de gobierno de Singapur, Cummings ha abogado, durante muchos años, por un Estado económicamente más intervencionista, capaz de apoyar nuevas industrias y nuevas tecnologías, que opere fuera de pesadas instituciones multinacionales, como la Unión Europea. De más está decir que esta no ha sido la visión dominante dentro del Partido Conservador durante mucho tiempo, al menos desde Margaret Thatcher. Pero después del Brexit, y frente a un mundo mucho menos estable en el que pululan gobiernos mucho menos inclinados a apegarse a las reglas neoliberales que antaño, una visión de este tipo ha llegado a ocupar un espacio significativo en el pensamiento tory. Ben Houchen, alcalde metropolitano de Teesside, le ha dado quizás su formulación más clara al hablar sobre la necesidad de apoyo estatal para industrias nuevas, como las de captura y almacenamiento de carbono.
Pero este conservadurismo «estatista» nunca contó con el apoyo de la mayoría en el partido. Golpeado ahora también por el covid y la actual crisis del costo de vida que presagia un futuro mucho más incierto, no existe un plan económico fácilmente disponible y ampliamente respaldado que el Partido Conservador pueda cumplir de manera plausible. El ala Sunak-Javid, más apegada a la vieja ortodoxia, está hablando cada vez con más ímpetu de conservadurismo fiscal, lo que significa enfocarse en la deuda pública y la amenaza de una vuelta a la austeridad, en lugar de más gastos. Sin embargo, las nuevas bases electorales tory de la llamada Muralla Roja (distritos del norte y el centro de Inglaterra donde, hasta 2019, tradicionalmente ganaban los laboristas) son muy inestables y no tolerarán una mayor austeridad, como han dejado claro varios diputados conservadores de reciente ingreso al parlamento gracias a estos votos. Por su parte, la clásica base electoral de los conservadores en los condados rurales del sur no tolerará impuestos más altos para pagar el gasto público.
LA ECONOMÍA A LA DERIVA
Eso deja como alternativa un aumento de la deuda pública, mientras el nuevo ministro de Hacienda, Nadhim Zahawi, la ministra de relaciones exteriores, Liz Truss, y el propio Johnson se venían mostrando dispuestos a hacer un uso generoso de cualquier suma de dinero público a la que pudieran echar mano. Pero, sin una reforma de las instituciones estatales –en particular del Tesoro– que les permita enfocarse de manera realista en inversiones a largo plazo, estos gastos adicionales probablemente terminarán (como ya lo han hecho) en un confuso lío de promesas cumplidas a medias y lobbies insatisfechos.
Antes de la renuncia del primer ministro, Johnson y Zahawi habían hablado de la posibilidad de recortes de impuestos este año, y Johnson culpó a Sunak por negarles a los diputados conservadores ese filón. No había evidencia de un plan económico más allá de ese punto. Sunak señaló, en su carta de renuncia, que los preparativos para un discurso clave que él y Johnson debían dar sobre la economía la próxima semana simplemente expusieron cuán grande era la brecha entre los dos.
Un ministro de Hacienda lo suficientemente cínico podría aspirar a llegar a 2023 de la mano de unos cuantos recortes de impuestos juiciosos para complacer a la base conservadora, un gasto adicional limitado en causas populares –la educación sería una opción obvia– y confianza en los pronósticos oficiales de una inflación decreciente para fin de año, que le brindarían inmerecidos aplausos al reducir el ritmo de los aumentos de precios. Esto no resolvería ningún problema de largo plazo, pero al menos haría que los próximos seis meses fueran manejables, suponiendo que se puedan contener eventuales nuevas oleadas de covid.
HUELGAS Y ASAMBLEAS
En las últimas semanas, sin embargo, se ha puesto en juego un nuevo factor clave con la incipiente ronda de huelgas y medidas de lucha sindical para mejorar los salarios. La huelga de los trabajadores del transporte ha sido una chispa, con su creciente popularidad y sus primeros éxitos visibles actuando como un sólido ejemplo para los demás sindicatos. Para fines del verano, los trabajadores de los call centers, los maestros, los trabajadores de la bebida y otros sectores votarán propuestas de huelga en los casos en los que aún no la aprobaron. Con la política de clases de vuelta sobre la mesa, la política de Gran Bretaña podría verse significativamente diferente en los próximos meses. Al darse en el momento de máxima confusión y desorganización de los tories, existe la posibilidad de un gran avance liderado por los sindicatos contra la insistencia del gobierno en los recortes salariales en términos reales.
Un Partido Laborista astuto sería capaz de expresar algunos de los intereses de clase en este escenario, manteniéndose firme del lado de los huelguistas e insistiendo en aumentos salariales para combatir la inflación como ruta de regreso al gobierno. Pero la lógica proestablishment del líder laborista Keir Starmer va, hasta ahora, frontalmente en contra de que el partido adopte semejante postura de oposición, reduciendo los debates políticos de largo alcance a pequeñas disputas parlamentarias de corto plazo. Pase lo que pase con los conservadores, o incluso con los laboristas, en este momento es el movimiento de los trabajadores fuera de Westminster lo que, en todo caso, podría generar algún cambio visible en Reino Unido.
(Publicado originalmente en Tribune. Traducción de Brecha.)
