Durante cinco días, la Fiscalía Anticorrupción de Panamá leyó, hoja por hoja, la vista fiscal con la imputación de más de 40 personas por el esquema de corrupción montado por Odebrecht en Panamá. Según la imputación, la empresa brasileña reconoció el pago de 59 millones de dólares de sobornos a cambio de la adjudicación de los contratos para la construcción de obras públicas en aquel país. Entre los imputados están los expresidentes panameños Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. También tres uruguayos.
Al culminar su intervención, la fiscal Jenisbeth Malek solicitó el inicio de un juicio penal contra Norberto Betingo Sanguinetti, Juan Francisco Mutio y la contadora Maya Cikurel Spiller, imputados por su participación en el esquema de ocultamiento de fondos y blanqueo de capitales del dinero ilícito pagado por la constructora brasileña. La acusación tiene ribetes políticos en estas latitudes: Cikurel es pareja del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira; Sanguinetti es medio hermano del expresidente Julio María Sanguinetti.
Cikurel fue imputada por su participación en Arcadex Corporation, una sociedad offshore con sede en Belice, con la cual la constructora pagó coimas en varios países del continente. La contadora fue la encargada de abrir la cuenta de esta empresa, cuyo beneficiario final era Norberto Odebrecht Construction SA. La fiscalía panameña señaló a Arcadex como intermediaria de los pagos de coimas a altos funcionarios del gobierno.
Además, Cikurel y su socio brasileño Olivio Rodriguez estuvieron vinculados a otras empresas que eran parte de la «caja negra» de la constructora. En este marco, la fiscalía panameña consideró que la uruguaya oficiaba como testaferro de Odebrecht, «debido a que su actuar dificultó la identificación del verdadero origen de la transferencia y los verdaderos beneficiarios finales».
Mutio, en tanto, fue imputado como representante de Sherkson International SA, controlada por la constructora brasileña y utilizada para dinamizar los pagos de coimas. La empresa estuvo activa entre junio de 2006 y agosto de 2015, y viabilizó las transferencias de Sigma Investment Fund, otra empresa de Odebrecht; en este esquema se incluyó una transferencia por casi medio millón de dólares.
Por su parte, Sanguinetti fue sindicado como uno de los encargados de obtener las sociedades offshore que hacían los pagos ilícitos. Betingo era gestor de la Banca Privada D’Andorra, cuya filial en Uruguay fue involucrada en el esquema a través de la declaración de Rodrigo Tacla Durán, exabogado de Odebrecht. La imputación panameña señala a Sanguinetti como responsable de Kleinfeld Services Ltd., al tiempo que ingresó varias veces al país centroamericano junto con personas vinculadas con las maniobras ilícitas.
Por estos hechos, Sanguinetti fue extraditado –en forma voluntaria– al Principado de Andorra y procesado en ese país por un delito de lavado de activos. En esa causa, se imputó su participación en la sociedad panameña Lodore Foundation, mediante la cual Odebrecht y Petrobras adquirieron la petroquímica Quattor.
NUEVA ETAPA
La jueza Baloísa Marquínez definirá sobre mediados de octubre la suerte de los tres uruguayos. El caso de Cikurel tiene ribetes diferentes. La contadora fue detenida en febrero de 2020, en el puerto de Colonia, cuando pretendía viajar a Buenos Aires, días antes de que su pareja, uno de los principales asesores del entonces presidente electo Luis Lacalle Pou, asumiera al frente del Ministerio de Educación y Cultura (véase «Papeles panameños», Brecha, 21-II-22).
La Justicia uruguaya dispuso su arresto administrativo por 60 días y su nombre apareció en los portales de noticias de buena parte del continente. En junio de 2020, Cikurel tuvo una buena noticia: la jueza María Helena Mainard rechazó su extradición a Panamá por motivos formales, sin ingresar al fondo del asunto. En su sentencia, la magistrada argumentó que la fiscalía panameña carecía de legitimidad para pedir su extradición y que el pedido debió hacerlo el Poder Judicial. El fallo fue ratificado por un tribunal de apelaciones y por la Suprema Corte de Justicia, ante los recursos presentados por el fiscal Ricardo Lackner, por lo que está firme.
Sin embargo, Cikurel aún tiene una alerta roja de Interpol activa, por lo que sería detenida en caso de abandonar Uruguay. En el marco de este proceso, la Justicia panameña podría insistir con el pedido de extradición en su contra. Esto abriría un nuevo debate jurídico en los tribunales uruguayos sobre el alcance del fallo dictado hace dos años. «En principio se podría volver a plantear, aunque se deben tener en cuenta los términos del pedido y los hechos que se imputan», dijeron fuentes judiciales a Brecha.
