Los oficiales de inteligencia de la Policía Federal argentina Rolando Nerone y Oscar Gutiérrez serán juzgados en 2014 como responsables del secuestro, asesinato y desaparición del matrimonio uruguayo Roger Julien-Victoria Grisonas, según decidió el juez Rafecas. Junto a ellos compartirá juicio otro policía federal vinculado al centro clandestino Automotores Orletti, José Ferrer, acusado por el juez del secuestro de Ana María del Carmen Pérez –embarazada de ocho meses– y Gustavo Adolfo Gayá, y del asesinato de su esposa, Estela María Moya de Gayá, en un operativo realizado el 14 de setiembre de 1976 en el barrio porteño de Chacarita. Pérez, Gayá y Victoria Grisonas fueron vistos en los días siguientes en Orletti.
A estos tres funcionarios policiales se agregará el ex agente de inteligencia Miguel Ángel Furci, apropiador de la uruguaya Mariana Zaffaroni, secuestrada tras el asesinato de sus padres, en el nuevo juicio oral que resolverá acerca de los crímenes cometidos por la banda de argentinos y uruguayos de Orletti. El juicio oral recayó en el Tribunal Oral Federal Uno, el mismo que condenó en 2011 a cuatro miembros del staff de Orletti: los agentes de inteligencia Eduardo Ruffo, Raúl Guglielminetti, Honorio Martínez Ruiz y el general Rodolfo Cabanillas. También fueron parte del juicio los oficiales de ejército Ruben Visuara y Néstor Guillamondegui, pero el primero falleció durante los días de audiencia y el segundo quedó imposibilitado de participar por un accidente vascular.
Nerone y Gutiérrez fueron hallados responsables por Rafecas de coautoría de “privación ilegal de la libertad agravada” de Victoria Grisonas y el homicidio de Roger Julien, ocurrido el 26 de setiembre de 1976 en la localidad de San Martín, zona donde también fueron secuestrados Ary Cabrera Prates y Hugo Donadío, igualmente integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).
Del auto de procesamiento emitido por Rafecas se desprenden varias puntas de investigación para avanzar con más certezas por el camino de la génesis y desarrollo del Cóndor. El juez ya reconoce la existencia del llamado Grupo de Tareas 5 (GT5) a partir de los documentos firmados de puño y letra por su responsable, el teniente coronel Ramón Nieto Moreno, en los que Nerone es felicitado por su desempeño el día del operativo en casa de los Julien. Ya había sido probada la existencia del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, precisamente en los autos de procesamiento emitidos por Rafecas sobre Nerone y Gutiérrez en mayo de 2011 y julio de 2012. Sin embargo, el juez aún no da por acreditada la pertenencia de los dos policías acusados al GT5 y apenas menciona que “se habrían encontrado en comisión” en ese novedoso grupo de tareas paramilitares.
Rafecas recuerda el testimonio de otro represor del ejército, Juan Antonio del Cerro, en la reapertura de la causa 450, conocida como “Primer Cuerpo de Ejército” y cuyo principal responsable era el jefe de esa área, el general Carlos Suárez Mason. Del Cerro mencionó en su declaración un organigrama sobre los grupos de tareas divididos según las organizaciones políticas y armadas perseguidas: “el GT5, con asiento en el SIDE, trabajaba tupamaros, mir chileno y mir boliviano, controlando también elementos de la Junta Coordinadora Latinoamericana”, sostiene Del Cerro.
La declaración de Gutiérrez ante Rafecas acerca del movimiento de documentación manejada en Asuntos Extranjeros indica la capacidad de esa repartición para analizar la situación de los exiliados uruguayos, chilenos y paraguayos en Buenos Aires en esos días de 1976, incluso cuando los ciudadanos extranjeros tenían algún tipo de protección de parte de organismos oficiales internacionales como el ACNUR. El imputado admite el “duro trabajo administrativo” en Asuntos Extranjeros, que estudiaba la situación de los exiliados. “Teníamos una vida pública, dábamos la cara. Venía por ejemplo Rodolfo Walsh a pedir por detenidos y después nos acusaron a nosotros de su detención. Una locura”, sostuvo. Walsh, escritor vinculado a Montoneros, fue secuestrado por grupos de tareas.
Sin embargo Guitiérrez admitió la relación entre su organismo y la detención de ciudadanos “extranjeros en operativos antisubversivos”. “Recuerdo haber participado de la detención de muchos tupamaros, pero no recuerdo sus nombres, seguramente detuve a personas por ser elementos subversivos, pero en tal caso la detención la hacíamos nosotros, la anotábamos en el registro y quedaban detenidos en nuestra dependencia y luego se los expulsaba del país”, dijo Gutiérrez al juez.
Y se extendió: “Detener a extranjeros era cosa de todos los días, no hay que olvidar que nosotros teníamos al sector de Migraciones, las listas de detenciones de personas venían de a diez o 15 personas. Por ejemplo, a fines de 1975 descubrimos el mayor arsenal de tupamaros en Argentina, tenían 500 quilos de trotil, cajones de manzanas (llenas) de Magnun 357, una cantidad de armas impresionante, eso fue en la calle La Rioja 765, las armas pertenecían a los tupamaros e intervino allí el juez federal Sarmiento, y allí hubo detenidos y no pasó nada”.
Según el escrito de Rafecas, “aún no ha sido esclarecida del todo la relación existente entre el personal estable de Orletti y las personas que prestaron servicios en la Superintendencia de Seguridad Federal. Lo cierto es que los elementos con los que hasta el momento contamos permiten advertir una vinculación y apreciar la participación de personal del Departamento de Asuntos Extranjeros y de la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia”. Pero al mismo tiempo toma los testimonios de Eduardo Dean Bermúdez, militante del PVP secuestrado en Buenos Aires en 1976, quien ya trasladado de Orletti a Montevideo en octubre de ese año en uno de los vuelos entre los dos países recuerda que sus captores uruguayos mencionaron la existencia en el grupo de dos miembros de inteligencia de la Policía Federal argentina, uno especializado en la investigación de uruguayos y el otro de ciudadanos chilenos exiliados en Buenos Aires.
DOS NOMBRES NUEVOS. Según datos recogidos por Brecha hace seis años y entregados en julio pasado a la Justicia federal argentina, en ocasión de suscribirse en Santiago de Chile los acuerdos entre las fuerzas armadas de la región para implementar un plan de operaciones conjunto que a la postre sería llamado Plan Cóndor, el jefe de la delegación argentina era el capitán de navío Jorge Casas, y fue acompañado por el teniente primero Enrique Giorello, uno de los hombres que más tarde operaron en Orletti. El encuentro se produjo en noviembre de 1975, según lo documenta el investigador estadounidense John Dinges en su libro Operación Cóndor. Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur (Ediciones B, 2004).
Otro de los hombres que viajaban frecuentemente a la capital chilena entre 1975 y 1981, por lo menos, fue Luis Nelson González, un especialista en inteligencia sobre organizaciones políticas chilenas. Podría ser el hombre que Eduardo Dean Bermúdez mencionó en su declaración cuando en 2011 se sustanció el juicio oral en la causa Orletti. Giorello llegó a ser funcionario de la Casa Militar en tiempos de la presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001), mientras que González perteneció al side bajo la presidencia de Carlos Menem, en los noventa. Algunos lo mencionan como un activo agente en México durante la detención del ex jefe del ERP argentino Enrique Gorriarán Merlo, en 1995.
La elevación a juicio oral llegó el mismo día en que se cumplían 37 años del secuestro del matrimonio Julien-Grisonas. Quizá se abra de ahora en adelante una nueva veta para avanzar con más pistas firmes sobre el Plan Cóndor.
