La entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos provocó, esta semana, un nuevo golpe al gobierno. La vicecanciller Carolina Ache renunció a su cargo tras la difusión pública de sus conversaciones con el subsecretario del Ministerio del Interior (MI), Guillermo Maciel. «Hola, Caro, podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubai por documento falso. Es un narco muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible», le escribió Maciel el 3 de noviembre de 2021, cuando Marset ya tramitaba el pasaporte. La jerarca reconoció que nunca le comentó de esta conversación al canciller Francisco Bustillo. Tampoco se lo comunicó a Ciudadanos –sector político del Partido Colorado al que pertenecía y al que también renunció esta semana– ni al Parlamento durante la interpelación de agosto.
La revelación de los chats entre Ache y Maciel causó molestias en Ciudadanos, que comenzó a analizar la situación. Los augurios no eran buenos para la jerarca, que ya tenía una relación tirante con varios de sus compañeros. En el sector tenían previsto pedirle la renuncia, al considerar que se había quebrado la confianza por la incómoda posición en que Ache los había colocado, dijeron fuentes de Ciudadanos a Brecha. Solo se aguardaba la llegada al país del ministro de Ambiente, Adrián Peña, para anunciarlo. Ache jugó primero.
En su carta de renuncia, enviada al presidente Luis Lacalle Pou tras una reunión con Peña, la exvicecanciller reafirmó que no tuvo intervención ni injerencia en el proceso de emisión del pasaporte, y dijo estar convencida de que no existía ningún impedimento formal para impedir o retrasar la obtención del documento por parte de Marset. Sin embargo, Ache dejó un mensaje para la interna del gobierno: «Hoy entiendo que quizás mi error fue ceñirme al deber ser y la legalidad, confiando, además, en la certeza de que en todo caso el Ministerio del Interior tenía en su poder toda la información como para actuar».
Sobre este punto se centra la discusión dentro de la coalición. Desde la difusión de los chats, el MI y el Partido Nacional buscaron blindar al subsecretario Maciel, quien dos meses antes de la última elección nacional abandonó las filas de Ciudadanos para engrosar la lista 404, encabezada por Luis Lacalle Pou. «El gobierno tiene total confianza en Maciel y no piensa removerlo», dijo una fuente del oficialismo a Brecha.
En este contexto, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, señaló a Cancillería como responsable de entregar el pasaporte. Sus dichos no cayeron bien dentro del servicio diplomático. Tampoco en Ciudadanos, que en ese punto se alineó con la exvicecanciller: «Nosotros entendemos que la responsabilidad última parece estar en el MI, que es por donde finalmente termina pasando la información», dijo el ministro Peña en rueda de prensa. Desde filas coloradas se asume que el MI debió tener otra actitud en este entuerto, pues tenía información sobre la peligrosidad de Marset, pero no adoptó ninguna medida concreta para frenar la entrega del pasaporte.
Un argumento similar utilizó Ache en un escrito presentado ante el fiscal Enrique Rodríguez, que investiga la entrega del pasaporte a Marset. En ese escrito, la exvicecanciller aseguró que el Estado uruguayo estaba obligado a entregar el pasaporte, pues Marset no tenía causas penales abiertas en el país ni ninguna requisitoria internacional. Sin embargo, Ache apuntó que quien podía bloquear el procedimiento era el MI, que debía tener información directa sobre la investigación en curso en Paraguay contra el narco uruguayo y también sobre diversas líneas de investigación abiertas en Uruguay que apuntaban a Marset como responsable de varios cargamentos de droga incautados, de la amenaza a la fiscal Mónica Ferrero y del atentado con granada a la sede de la brigada de narcóticos.
