El caso sin precedentes saltó a la luz pública a fines de setiembre. Y la perplejidad del «nunca pensé que en Uruguay podía pasar algo así» se instaló en las conversaciones de todos los días. El desconcierto así expresado se presta a ser visto como ingenuo. Pero en esa perplejidad, en esa supuesta ingenuidad, podemos ver en realidad el piso republicano compartido en que se asienta el imaginario de una forma de convivencia democrática que es uno de los sellos distintivos del imaginario colectivo uruguayo. La idea de que la nuestra es una república cívica, políticamente democrática, trasciende, en mucho, las cuestiones del derecho constitucional. Desde tal imaginario, un presidente no puede hacer cualquier cosa con el mandato que se le otorga desde el campo ciudadano y los poderes del Estado (incluidas especialmente las capacidades para la vigilancia y la violencia) deben funcionar a través de mecanismos formales, sin traspasar lo que el marco constitucional contempla.
De allí que aquella perplejidad revele modos de entender la autoridad gubernamental asentados en ideas claras sobre lo que sí debiera suceder y de cómo deben ser las cosas cuando lo público se asume como «lugar de todos». Entre otras cosas, estos modos implican entender el Estado como barrera de contención de intereses espurios. De allí que aquella perplejidad nos permita sentir alivio de que todavía no se considere «normal» que en Uruguay suceda «algo así».
Y, sin embargo, sucedió, emitiendo señales de alerta acerca del estado actual del sistema político y abriendo interrogantes para nada menores sobre cómo nuestra república habrá de superar ilesa la grave coyuntura. El caso irrumpió en escena hace ya varios meses y no hay atisbos de que el cimbronazo sistémico que generó esté cercano a resolverse. La crisis política fue dejada a la deriva, quizás porque la magnitud de su alcance no fue calibrada con justeza. Aludir a la supuesta fortaleza de «nuestra institucionalidad democrática», recurrentemente invocada en las declaraciones de muchos, no vale mayor cosa, no sin acciones que la respalden de manera lo suficientemente contundente como para contrarrestar los efectos de mediano y largo plazo de este episodio.
EL CASO ASTESIANO
El apellido del personaje cuya detención abrió el telón dio el nombre al caso. Se trataba del guardia personal del primer mandatario, mas no de un funcionario público asignado por el aparato de seguridad del Estado para custodiarlo. Lo que sí cumplió Astesiano, por largo tiempo, son funciones de carácter privado para la persona y la familia de un político que fue electo presidente.
En setiembre de 2022 el presidente vacacionó en Costa Rica. Su custodio viajó con él. El cierre de esas vacaciones resultó poco feliz. Al pisar suelo uruguayo, el custodio –quien para entonces ostentaba la función de jefe de seguridad de la Presidencia– fue detenido. Una investigación policial y judicial lo había detectado formando parte de una red clandestina de emisión de pasaportes uruguayos. Como parte del procedimiento, se incautó el teléfono celular del custodio. Inicialmente la mayor parte del contenido del teléfono se dio por perdida. Luego se sucedieron, en este orden, la denuncia de la pérdida en los medios, la recuperación de información y su filtración a la prensa.
Esa información daba cuenta de una abultada cartera de operaciones, que apuntaba a un submundo delictivo en el que las zonas de frontera entre el negocio de la seguridad privada y las fuerzas de seguridad del Estado, el espionaje político y el canje rutinario de favores revelaban una aceitada maquinaria de corrupción. En esta maquinaria, el guardia presidencial figuraba, doblemente, como gestor e intermediario. Al parecer, el cumplimiento de funciones oficiales no había interferido con las actividades clandestinas de Astesiano. Es más, las operaciones eran monitoreadas por el guardia presidencial desde una oficina en el cuarto piso de la casa de gobierno.
Bastan algunos ejemplos para advertir el amplio rango de servicios extraoficiales que contaban con Astesiano. Actos de espionaje dirigidos a dos senadores del Frente Amplio (Mario Bergara y Charles Carrera) a solicitud de Vertical Skies, una extraña empresa domiciliada en el estado estadounidense de Florida propiedad de exmilitares uruguayos. Ofrecimiento de Astesiano a privados del uso de cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior (MI) y el acceso a comunicaciones privadas a través de sus contactos en el ministerio. Tráfico de favores, entre los que no faltaron prebendas a miembros de la fuerza policial. Ofrecimiento a Astesiano de información supuestamente comprometedora sobre Mario Layera, director nacional de la Policía en las dos administraciones anteriores (¿la respuesta de Astesiano?: «Luis dice que si tiene algo para llevarme, algún informe, foto o lo que sea. Me dijo que destaque que es súper reservado, solo nosotros cuatro sabemos de esto»). Y luego están las pesquisas de Astesiano, a pedido del primer mandatario, sobre los pasos de su expareja, que aparecen a raíz de las averiguaciones sobre el destino de un viaje suyo, quien tenía su propio custodio pero había dejado de reportar sus movimientos a la guardia presidencial (un detalle ominoso: en una de sus comunicaciones con Astesiano, el custodio de la señora le dice: «Si me corre mala suerte, yo soy leal a vos. Y obvio al Presidente»). Sobre este último episodio, desde el Poder Ejecutivo se presionó al diario El Observador para que la noticia no fuera publicada (la idea de que «esto es un asunto privado del presidente» no merece comentario), lo que motivó que los periodistas la publicaran a través de las redes sociales. Otro episodio, de una extravagancia bizarra, nos entera de 454 quilos de pescado que viajaron como valija diplomática a Uruguay (regalo a Lacalle Pou del príncipe heredero de Abu Dabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos), luego de que Lacalle Pou encargara a Astesiano hacer las gestiones del envío. Huelga señalar que el embarque contravenía de forma grotesca los protocolos internacionales sobre el tipo de contenidos que pueden viajar de esta forma.
Si bien aún no han trascendido los chats entre el presidente y Astesiano, la información disponible es más que suficiente para entenderlo: estamos ante algo más grave que el caso de un custodio presidencial que utilizó su posición para sumarse a un esquema de corrupción preexistente o para facturar pequeñas coimas. Hasta el momento de su arresto (y su posterior destitución), Astesiano gozó de un amplio acceso a los corredores oficiales e informales del poder. Como mínimo, estuvo en condiciones de plegarse a los laberintos más oscuros del MI. Más grave aún: en ausencia de descargos que vayan más allá de la frívola declaración del primer mandatario «ustedes me conocen», ¿cómo contrarrestar de manera plausible la sospecha de que el personaje haya operado por encargo del primer mandatario en las zonas en las que el deep State se topa o confunde con el submundo del delito o de ciertos sectores empresariales a los que podríamos llamar, a falta de mejor palabra, grises?
Desde el relato oficialista se ofrece una exculpación bonachona: el presidente «se comió un garrón» y se arrepiente del error que cometió al confiar en Astesiano. Las variaciones del relato oficialista nos cuentan que «todo esto es una exageración», que «pillos hay muchos», que las fechorías «se descubrieron» y la detención prueba que «el sistema funciona». También nos instan a dejar que la fiscalía trabaje y a esperar a que los jueces se pronuncien. Por su parte, la coalición de gobierno no pidió explicaciones y se abroqueló, salvo tímidos casos puntuales, en una defensa cerrada del presidente. Mientras tanto, en circuitos de izquierda circula un relato a la inversa: «acá no hay nada nuevo», «los blancos siempre fueron pillos» y «la gente tendrá que votar mejor la próxima vez». Este tipo de narrativa peca de superficial y simplificadora, y no sirve para armar estrategias de confrontación de la crisis activando los canales político-institucionales que el oficialismo elude.
El relato de «preocupación» por «el riesgo en el que están las instituciones» también circula. Este relato se despliega con demasiada frecuencia para acusar de querer «desestabilizar» al sistema a quienes se atreven a pedir explicaciones en público. La mera opinión crítica sobre la actuación de un primer mandatario llegó a ser tachada por algún dirigente oficialista como un «intento golpista». Las cosas en este punto se ponen delicadas. Si al registro de casos de espionaje político y uso arbitrario de la Policía se agregan la crispación y amenazas de varios senadores oficialistas dirigidas a personas que se atreven a decir cosas que a ellos no les gustan, estamos ante la configuración de intentos de censura y amedrentamiento que, en una república, no deberíamos aceptar.
EL CASO LACALLE
Astesiano no era un funcionario de seguridad del Estado designado a custodiar a un presidente que no lo conocía. Fue el primer mandatario quien colocó a esta persona de su confianza en la posición desde la que desarrolló estas actividades. ¿Cómo no descartar, por inverosímil, el desconocimiento por parte del doctor Lacalle de algunas de las más de 20 anotaciones policiales que el personaje tenía en su haber? Pero si las desconocía, vaya error de distracción. Teniendo en cuenta, por lo demás, que no era ajeno al presidente que Astesiano cumplía encomiendas que estaban fuera de su función oficial, surge la pregunta de si acaso el presidente marcaba, y cómo, los límites de las tareas extraoficiales asignadas a Astesiano.
Ante la Justicia las responsabilidades de Astesiano son suyas. Pero en él no recae la responsabilidad política por la crisis que su comportamiento generó. ¿Acaso los errores, las distracciones y el desconocimiento que lleven a introducir a un «pillo» en los corredores del poder político por la puerta principal facultan a un presidente democráticamente electo a trasladar la responsabilidad al pillo? Este pillo no habría obtenido capital posicional suficiente para instalar su negocio en la casa de gobierno de no haber sido catapultado a un área tan sensible de la seguridad del Estado porque su jefe fue electo presidente y lo llevó con él.
A partir del arresto, el caso Lacalle deja en segundo plano al caso Astesiano. Se configura a partir de la manera en que el primer mandatario desestimó la responsabilidad política que le cabía asumir públicamente y sin dilación, incluido el inmediato pedido de renuncia a los más altos jerarcas del MI (y eventualmente también del Ministerio de Relaciones Exteriores), en cuyo patio trasero se paseaban las irregularidades y se acopiaban réditos clandestinos, por el enchastre de proporciones producido, más que suficiente para poner en entredicho (también en la esfera internacional) la seriedad de la institucionalidad política uruguaya.
HACERSE CARGO
Desde el pensamiento crítico solemos fijar la mirada en los límites de la democracia liberal. Que el caso Lacalle nos convoque a recordar los alcances virtuosos del liberalismo político habla de la gravedad del golpe que el caso le asestó a aquella democracia ejemplar constitutiva de nuestro imaginario plural-igualitario. Desde esta mirada, resulta lamentable el «liberalismo realmente existente» que el caso Lacalle despliega. Liberalismo, este, que no parece valorar la privacidad (cuando no es la propia), las libertades individuales, las prerrogativas de la oposición en el marco del pluralismo partidista, la libertad de prensa ni los «chequeos y balances».
En una democracia liberal que se precie, cuando un primer mandatario parece no haber tomado nota de que está poniendo en juego la dignidad de su investidura y el Poder Ejecutivo lo secunda, el Poder Legislativo está ahí para ejercer una rendición de cuentas formal y sustantiva. Acción reparadora del daño cuyo valor como desagravio al sistema institucional no cabe subestimar. El rol de control del Parlamento no tiene por qué esperar al Poder Judicial, tratándose de un asunto que excede en mucho las responsabilidades penales. El Parlamento puede crear una comisión para tramitar el tema desde el ángulo estrictamente político-institucional. En este marco, es difícil suponer que deba eximirse de responsabilidad a, por lo menos, el ministro del Interior en un caso como este. De determinar que cabe la censura, el Parlamento sería la instancia para armar un registro de posibles reemplazantes que cuente con un consenso lo suficientemente amplio como para mostrar que está cumpliendo su función de vigilancia y control del Ejecutivo. ¿Contemplar, eventualmente, un juicio político al presidente? ¿Un pedido de renuncia? No debe ser tabú hablar de ello. En principio, no hay nada que impida al Parlamento prepararse para respaldar a la actual vicepresidenta, asegurando la correcta culminación del mandato constitucional. Que, dada una actual mayoría oficialista, estas alternativas parezcan poco probables no tiene por qué impedir que se discutan públicamente.
Pero de desentenderse el Poder Legislativo de las obligaciones que le caben, ahí está el capital democrático que el campo ciudadano aloja. Pronunciarse colectivamente. Pronunciamientos convergentes emitidos por las más diversas organizaciones que aún hacen a la riqueza del involucramiento asociativo en Uruguay. Asociaciones de profesionales. Colectivos culturales. Cooperativismo. Sindicatos. Instituciones académicas. Organizaciones sociales. Y sí: una ciudadanía que, desde cualquier bandería política, esté dispuesta a trascender el temor a alzar la voz y a hacerse todas las preguntas que sean necesarias.
