Veinticinco ensayos interdisciplinarios de 23 autores integran Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura (Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2013), cuyos compiladores son Horacio Verbitsky y el abogado Juan Pablo Bohoslavsky. El libro busca encontrar las raíces del proceso militar argentino y extender conceptos para hallar factores comunes con otros procesos dictatoriales latinoamericanos y del mundo. Abogados, economistas, fiscales y sociólogos bucean en las articulaciones legales que permitieron los genocidios de la década de 1970. Al mismo tiempo, se proponen avanzar sobre los grupos empresarios que golpearon las puertas de los cuarteles y se beneficiaron de tanta muerte. En diálogo con Brecha, Horacio Verbitsky explica hacia dónde apunta este trabajo colectivo.
—El libro busca poner el foco de atención sobre los partícipes económicos del golpe militar, los instigadores y beneficiarios de todo ese proceso. La democracia argentina iniciada en 1983 no estaba en condiciones de hacerlo. El presidente Raúl Alfonsín concibió la posibilidad del informe de la Conadep y del juicio a las juntas militares como una forma de impedir que las fuerzas armadas volvieran a erigirse en una tutela supraconstitucional del gobierno electo, como había ocurrido desde 1930 en adelante por lo menos una vez por década. El gobierno de Alfonsín y la democracia eran débiles y avanzar también sobre los cómplices económicos estaba fuera de toda posibilidad, teniendo en cuenta el contexto internacional de pleno auge del neoliberalismo. Era la época de los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra. La idea de que un gobierno sudamericano pudiera avanzar sobre el poder económico era impensable. Alfonsín estaba tratando de conseguir la benevolencia de los gobiernos europeos para permitir una renegociación de la deuda, que era una de las consecuencias de la dictadura, de modo que se concentró pura y exclusivamente en los militares. Y aun eso era motivo de mucha incertidumbre. Hubo muchos movimientos inquietantes. La noche en que se presentó el informe de la Conadep, el “Nunca más”, una columna de tanques desfiló por la ruta Panamericana. Y había permanentes rumores y versiones de que los militares no iban a permitir los juicios, que peligraba la estabilidad institucional. Y de hecho esos rumores se incrementaron en la semana previa al comienzo de los juicios. La primera audiencia de éstos fue el primer lunes de abril de 1985 por la tarde, y a la noche de ese mismo día Alfonsín comió en la residencia presidencial de Olivos con 20 grandes empresarios a los que les pidió que apoyaran la institucionalidad y no favorecieran un nuevo golpe militar. Ellos aceptaron y le pidieron una modificación en la política económica, cosa que Alfonsín aceptó. Me acuerdo de que la fiscalía encabezada por Julio César Strassera, responsable de la acusación en el juicio a las juntas, tenía una fotocopiadora ultramoderna donada por un gran empresario que había sido uno de los cómplices de la dictadura. Llamar la atención sobre ese sector empresario, en aquel momento no era posible. Hoy sí. Y ese es el objetivo del libro.
—¿Hubo ya alguna repercusión tras la publicación? ¿Alguna llamada de algún empresario o iniciativa judicial de oficio?
—Judicialmente es al revés. Buena parte de los capítulos del libro están basados en investigaciones judiciales que ya existen. Pero también se da la situación contraria: a raíz de la publicación del libro fui citado por la justicia de Rosario, y el fiscal Gonzalo Stara me hizo una serie de preguntas sobre la complicidad de las empresas, y los tres jueces del tribunal también, y a raíz de esa declaración el fiscal hizo una denuncia para ampliar el objeto procesal también a ciertos sectores empresariales. Hay un ida y vuelta de las dos cosas. En cuanto a los empresarios, sé que el tema se trató en un coloquio hace unos días, y expresaron preocupación por la posibilidad de que se profundizaran las investigaciones.
—¿Es el primer libro en América Latina que avanza en la investigación de los cómplices económicos de las dictaduras?
—No tengo un registro tan completo para afirmar que es el primer libro, pero hubo algunas publicaciones académicas sobre los cómplices económicos de la dictadura en Chile, en Brasil y sobre la posición de los bancos estadounidenses. Este es un trabajo muy sistemático que contiene una revisión histórica. El primer juicio sobre una dictadura es el de Nuremberg, en 1945, y hay un seguimiento de los desarrollos teóricos y jurídicos que se dieron desde allí. Un capítulo completo avanza sobre la complicidad económica: qué se entiende por complicidad económica y qué se puede hacer frente a ella. Fue elaborado por la Comisión Internacional de Juristas, con un enfoque doctrinario jurídico. Hay capítulos históricos sobre las transformaciones económicas que padeció Argentina en los años de la dictadura, como el de Eduardo Basualdo. Y otros que analizan la posibilidad de avanzar con causas judiciales por estos temas. Hasta ahora hubo avances en causas de tipo penal sobre los responsables de algunos crímenes. Pero no se puede hacer un juicio penal a una persona jurídica, a una empresa, por lo menos en la legislación argentina. En cambio sí es posible hacer un juicio civil a una empresa, a una persona jurídica, como una asociación civil, una asociación empresarial. Ahora, la jurisprudencia de la prescripción que rige para los juicios penales no tiene todavía una traducción para los juicios civiles. Eso está planteado. Hay capítulos de casos. Por ejemplo el del ingenio Ledesma de Pedro Carlos Blaquier, escrito por una comunicadora, Alejandra Dandan, y una jurista alemana, Hanna Franzki, donde señalan la confusión que se dio entre la empresa privada y el aparato represivo del Estado. Es un tema sobre el que se ha escrito mucho, sin embargo hasta que las autoras no entregaron el original terminado, yo no había reparado en un dato que mencionan,y es que el destacamento de Gendarmería que actuó en la represión en Ledesma está asentado en terrenos del ingenio y a cuatrocientos quilómetros de la frontera. La Gendarmería es una fuerza de frontera. ¿Por qué hay un destacamento tan alejado de la frontera? Por la doctrina de la seguridad nacional, que habla de fronteras internas e ideológicas, como formuló el dictador Juan Carlos Onganía en la academia de West Point, en los sesenta.
—La pregunta venía a cuento porque en Alemania se está estudiando la posibilidad de iniciar juicios a Mercedes Benz y otras empresas cómplices del nazismo. Cuentas pendientes muestra que detrás de los militares golpistas estaban los intereses económicos de las empresas.
—Eso es fundamental. El otro día me pasó una cosa muy impresionante cuando declaré en el juicio en Rosario. A medida que las querellas y la fiscalía me interrogaban, fui desarrollando estos conceptos y planteé que esclarecer el rol de las empresas era un deber que había hacia las víctimas de la dictadura, el conjunto de la sociedad e incluso hacia los represores. No porque esto vaya a aliviarles la pena (el que secuestró, mató y torturó no puede eludir el castigo), sino porque los represores puedan percibir que fueron engranajes en una maquinaria en beneficio de determinados intereses. Y que no eran unos alucinados ávidos de sangre sino que cumplieron un rol dentro de un sistema institucional y económico que tiene beneficiarios. Dos represores que estaban sentados a mis espaldas y de frente al tribunal cuando yo dije esto, se incorporaron, prestaron atención y se pusieron a tomar notas. Al día siguiente uno de ellos pidió ampliar su declaración indagatoria. Es un hombre que ya tiene condenas a perpetua en otras causas por violación de los derechos humanos, se llama Juan Daniel Amelong, un ex teniente del Ejército. Y dijo que si hubiera sabido lo que yo iba a declarar, él mismo me hubiera ofrecido como testigo. Y que por supuesto es como yo digo: los empresarios, los eclesiásticos y los políticos iban de visita al comando donde ellos operaban. Restituir los hechos a su verdadero curso es importante para entender lo que ocurrió, para ser más justo en la distribución de responsabilidades y para prevenir cualquier atisbo de reincidir en esa dirección en el presente o en el futuro. Pero no hay la misma protección contra la desestabilización de los poderes económicos. Y esto es lo que estamos viendo en la Argentina de hoy: movidas desestabilizadoras que llevan adelante sectores del poder económico.
—Preguntaba si el libro era pionero en estos temas de complicidad con las dictaduras porque tanto en Brasil como en Uruguay y Chile también hubo cómplices que aún no fueron juzgados.
—Hay mucho interés en el tema en Brasil. El mes que viene viajo invitado por la Comisión de la Verdad para exponer sobre este tema. Están muy interesados en la cuestión. Hay procesos históricos, económicos y culturales que afectan a todos nuestros países, tal como afectaron las dictaduras a toda la región. En Chile, el diario El Mercurio hizo una especie de autocrítica y O Globo lo hizo en Brasil por su rol en la dictadura. Una cosa que me parece relevante aclarar es que no todo se resuelve con juicios penales o civiles. La justicia es un camino posible pero no el único. Y esto se puede comprender mejor pensando algunos episodios ocurridos en relación con los militares que tampoco se limitan a juicios. Cuando el presidente Néstor Kirchner decide sacar los retratos de los dictadores Jorge Videla y Reinaldo Bignone del Colegio Militar no se trata de un juicio con castigo, nadie pierde la libertad ni está obligado a pagar nada. Es un gesto político y ético. Nosotros proponemos la creación por ley de una comisión investigadora para sistematizar todas estas investigaciones en torno a estos temas. No es descabellado pensar que ante esa comisión podrían ser citados a declarar algunos hombres de negocios y tendrían la oportunidad de hacer una manifestación de su posición frente a estos temas.
—¿Sería algo similar a lo intentado por Alfonsín con la comisión parlamentaria investigadora de la privatización de la empresa Ítalo de energía eléctrica, en 1985?
—Digamos que sí. Esa comisión fue muy importante porque la compañía Ítalo Argentina de Electricidad era propiedad de la suiza Brown Bovery, de la cual José Martínez de Hoz (ministro de Economía de la dictadura) era representante en Argentina. Esa compañía le reclamaba al Estado argentino una indemnización por su expropiación. En realidad no era expropiación, porque había vencido el plazo de concesión y el Estado no se lo había renovado. Era uno de los litigios pendientes entre empresas privadas y el Estado que había cuando se produjo el golpe. Y Martínez de Hoz formó comisiones negociadoras para tratar todos esos casos, que serían una docena. Uno era el de la compañía Ítalo de electricidad. Martínez de Hoz se excusó de intervenir porque había sido directivo, pero naturalmente funcionarios de su ministerio intervinieron a sus órdenes y zanjaron la cuestión a favor de la firma para que obtuviera la indemnización que buscaba. Durante las investigaciones de la comisión investigadora fue allanado el estudio jurídico Klein y Mayral, que había intervenido en todas las tramitaciones de la compañía. Y mientras los miembros de la comisión entraban al estudio por la puerta del frente, por la puerta de servicio se escaparon dos hombres acarreando valijas con documentación. Esos hombres eran los hijos de José Alfredo Martínez de Hoz y Mariano Grondona. Y en esas valijas recuperadas por la justicia pocos días después, porque los siguieron y vieron dónde las llevaban, estaba una cantidad importante de información sobre las falsas deudas externas que la dictadura había estatizado por el mecanismo del back to back. Es decir, una empresa o ciudadano argentino sacaba dinero clandestinamente del país por actividades que podían ser lícitas pero cuyas ganancias no eran declaradas para evadir impuestos, y depositaba ese dinero en un banco que luego le daba un crédito por el mismo importe. Entonces esa empresa o persona podía disponer del dinero por el cual no había pagado impuestos, ya teniéndolo blanqueado en el país como un préstamo que había recibido. Cuando la crisis de 1982, el Banco Central comenzó la política de seguro de cambios con Domingo Cavallo como presidente del banco y después la continuaron con el gobierno de Alfonsín, por el cual esa deuda en dólares era asumida por el Estado nacional, que a cambio de asumirla le cobraba a quien se había endeudado una cuota en pesos que con la enorme inflación que había en esa época implicaba una licuación rápida de la deuda. El costo se descargaba sobre el conjunto de la sociedad, la pagábamos todos, y esto condicionó la política económica del país durante los primeros 20 años de la democracia, es decir, entre 1983 y 2003; la deuda externa fue el principal condicionamiento que tuvo la economía argentina. Hasta que se produjo la renegociación de la deuda en 2005, y luego la de 2010, que modificaron esa situación. Y todo eso se originó en una deuda falsa que ni siquiera era legítima. Esa investigación de la comisión del Congreso fue la base para la causa judicial del juez Jorge Ballesteros, que concluyó que la deuda era fraudulenta, se había producido delito pero que había prescrito por el paso del tiempo. Y remitió el tema al Congreso para que decidiera si quería legislar sobre la cuestión. Y el Congreso no hizo nada con eso. Pero hay una enorme cantidad de documentación, y ese es otro de los objetivos de nuestra propuesta: crear una comisión investigadora que sistematice esa información. La Corte Suprema aún no había planteado la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, por lo tanto sólo se podía acusar a funcionarios públicos como Videla o el almirante Massera pero no a responsables como Clarín, La Nación y La Razón, como en el caso de la papelera Papel Prensa. Todo ese material tendría que ser sistematizado, ingresar los nombres a una base de datos y hacer investigaciones complementarias.
—¿Quién será el responsable de tomar la iniciativa?
—El diputado Héctor Recalde está preparando el proyecto de ley sobre este tema.
—¿Cómo sigue la cuestión, teniendo en cuenta que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, planteó que los juicios por delitos de lesa humanidad son política de Estado, pero al mismo tiempo la presidenta Cristina Fernández, en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, barajó la idea de que la etapa de los juicios termine con la conclusión de su mandato?
—No sería el primer titular del Ejecutivo que plantea la finalización de los juicios. Lo hicieron Eduardo Duhalde, Fernando de la Rúa, Carlos Menem y Raúl Alfonsín, y sin embargo los juicios siguieron adelante porque el impulso no proviene del gobierno sino de la sociedad, la justicia misma, los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas. De modo que ese deseo presidencial no me parece que sea un obstáculo insalvable.
—Y con un Congreso adverso, ¿qué podría ocurrir con este proyecto de sistematizar la información, teniendo en cuenta que el ganador de las parlamentarias del mes pasado, Sergio Massa, incluyó en su equipo a un especialista en derechos humanos como Santiago Cantón?
—Cantón no estaría a favor de cerrar este tema. Si hay algo que Cantón nunca criticó fue la política de reparación por los crímenes de la dictadura. Todo lo contrario. Hubo muchos intentos de cerrar la revisión de los crímenes de la dictadura. Creo que en el caso de Cristina es una expresión de deseos relacionada con los juicios a los militares, pero de ninguna manera implica que ella se oponga a la apertura de juicios a los cómplices económicos. De hecho su gobierno ha impulsado el caso Papel Prensa.
