A un mes del asesinato de Sergio Lemos
Una foto: una visera recortada en el brillo del sol de frente. Al lado otra. Y otra, pegadito. Son unos veinte perfiles jóvenes, bien jóvenes, gurisitos que llevan la pancarta. Podría arriesgarse que es la primera vez que lo hacen. La primera vez que les toca encabezar una marcha que baja por 18 de Julio. No hay alegría, no. El paso es lento sobre las sombras largas proyectadas en el pavimento. Las bocas permanecen cerradas.
Varias actividades se hicieron en la última semana convocadas por la familia de Sergio y un grupo de vecinos “del Santa”, como se le llama al barrio en las tierras del oeste .
El 4, a un mes del asesinato, “para que la fecha no pasara como si nada”, se concentraron en la terminal de ómnibus del barrio. Para verse, para darse apoyo, para no sentir que todo queda en el olvido. La molestia con el proceso judicial es manifiesta. Rechina en los vecinos el “homicidio simple”, y la explicación suena sensata: el policía de la Republicana disparó casi diez veces, pateó el cuerpo herido de Sergio, y lo dejó desangrarse sobre el pedregullo. Aumentan las voces que dicen que lo conocía y “se la tenía jurada”. “Terminé llorando y estaban los policías ahí”, cuenta uno de los testigos, refiriéndose al momento en que hizo su declaración en la sede penal de 16° turno. Ese es el otro elemento que
preocupa: el resto de los policías que participaron. Según información del propio ministro del Interior, son siete –cinco de la Guardia Republicana y dos de seccionales de la Zona IV– los policías separados del cargo y con sumarios iniciados por su accionar de esa noche, pero aún continúan libres. Ningún otro policía ha sido encausado por la jueza María Elena Maynard, a cargo del caso. Según pudo saber Brecha, el futuro del resto de los agentes está actualmente en manos de la fiscal Cristina González, que deberá resolver si pide o no su procesamiento. Al menos veinte agentes participaron del operativo la noche que Sergio fue acribillado. También está en danza la feria judicial, que paralizaría la causa y garantizaría unas lindas vacaciones a los que alteraron la escena del hecho y “plantaron, virtualmente”, un arma calibre 38.
SOBRE NUESTRAS GORRAS. Fue una marcha particular la del miércoles 11. Cortita, del Obelisco a la Universidad, con una cuadra de gente, más o menos. ¿Y dónde están los otros pibes?, ¿los que la Policía hostiga y ha hostigado? “Es difícil. Los chiquilines todavía no entienden que no está bien que la Policía los maltrate, les pegue o los insulte. Es difícil que entiendan que tienen derechos”, se le responde a la cronista antes de que la marcha salga. El resto será en silencio. Así lo pidió la familia, que está entreverada entre la gente. Ésa que fue violentamente amputada de su hijo mayor. Además de “Justicia por Sergio”, la pancarta que cargan los gurises del comienzo dice: “Nunca más presos del miedo. Basta ya de impunidad”. En la proclama que fue grabada por las voces de varios vecinos y que se escuchó al llegar al edificio central de la Udelar se amplificaron las razones: “La muerte de Sergio se pudo haber evitado. Sabemos que no fue un caso aislado, no fue un oficial corrupto, no fue un error, ni producto de mafias operando en el Ministerio del Interior. Esto es lo que nos dejan sus continuas prácticas abusivas, de absoluta violación a los derechos humanos, con las que convivimos a diario en nuestros barrios. Esto debe terminar. No le dispararon sólo a Sergio, le dispararon a los jóvenes de nuestro barrio, de nuestro país. Cargamos sobre nuestras gorras la culpa de la violencia que hoy vive nuestra sociedad y esto permite que las fuerzas represivas desplieguen prácticas de terror contra nosotros. Llamamos al pueblo uruguayo a reflexionar, la juventud no es el demonio de esta sociedad. Depositarle esa responsabilidad nos lleva a olvidar algo fundamental: a quienes desde sus lugares de privilegio generan la exclusión, la marginalidad y la pobreza. La de-
sigualdad social es el germen de una sociedad violenta, de competencia, de egoísmo, de indiferencia”.
Un largo aplauso cerró la movilización, que fue particular por otro motivo: además de los vecinos, los convocantes fueron también dos organizaciones clásicas: el pit-cnt y Familiares; y fucvam y la feuu. Pero la participación de las dos primeras resulta especialmente significativa. Un país que se acostumbró a pensar los derechos humanos –y su violación– en clave de pasado, viene desplazándose tímidamente, despacito, como el tranco de esta marcha, para empezar a encararlos desde el hoy.
