La justicia de Maldonado investiga el caso de tres niñas que residían en forma irregular en hogares de la Comunidad Beraca en Maldonado y eran víctimas de malos tratos dentro del establecimiento. La situación fue detectada por el equipo técnico del programa Escuelas Disfrutables, del Consejo de Educación Inicial y Primaria, por iniciativa de la directora de la escuela a la que asistían las tres niñas, según consta en el informe presentado ante el Poder Judicial.
Una de las niñas, oriunda de Rocha, fue “entregada” por su madre al hogar Beraca Princess (Marco de los Reyes y Montecaseros) sin ningún tipo de explicación. La directora de la escuela observó que tenía cortes en los brazos, y de inmediato pasó el caso a los psicólogos y asistentes sociales de Escuelas Disfrutables. Durante las entrevistas la alumna contó que en el hogar recibió apretones en los brazos, que le suspendieron las visitas de su madre y la pusieron “en penitencia” por comentar en la escuela las situaciones de maltrato que padecía. Los profesionales observaron que se encontraba “triste” y manifestaba extrañar a su mamá.
Otra niña había llegado al hogar de Beraca en setiembre de 2014, junto a su madre y su hermano, procedentes de Minas. Su caso quedó en evidencia el día que apareció en la escuela “totalmente mojada” y la directora, extrañada por la situación, le preguntó qué había ocurrido. La alumna respondió que “en Beraca le dieron un baño de agua fría y la golpearon”, así que también fue derivada al equipo de Escuelas Disfrutables. En las entrevistas aportó los nombres de quienes la agredían dentro del hogar. Con un relato que los técnicos consideraron “fluido y coherente”, también contó que “cuando es testigo de violencia hacia su hermano, ella ‘se enoja mucho, pega fuerte y no se puede controlar’”.
La tercera niña, de 13 años de edad, había llegado al centro educativo “en la misma condición que la primera, sin un adulto familiar referente”. El equipo técnico de Escuelas Disfrutables no pudo entrevistar a la pequeña, por lo cual no lograron mayores datos sobre su situación.
Los tres casos fueron denunciados el 27 de abril ante el Juzgado de Familia de 8° Turno de Maldonado, a cargo de la doctora María Eugenia Ferrer.
En el escrito el equipo pide a la justicia que “tome medidas de protección inmediata” para las tres niñas, solicita inspeccionar el hogar y también las condiciones de vida allí, como forma de “garantizar los derechos de niños y niñas”. En la misma fecha el informe pasó a conocimiento del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) de Maldonado, presidido por el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (Inau) e integrado por los ministerios del Interior, de Desarrollo Social (Mides), Salud Pública (Msp), los servicios públicos de salud (Asse) y la Administración Nacional de Educación Pública (Anep).
La indagatoria judicial ratificó la presunción de los técnicos: las tres niñas tenían sus derechos vulnerados en el hogar.
También se determinó que, al aceptarlas, Beraca operó sin amparo legal y se salteó la normativa sobre los derechos de la niñez y la adolescencia. Dos de las niñas fueron enviadas con familiares a sus departamentos de origen y se derivarán los antecedentes a los juzgados correspondientes para que hagan un seguimiento de la situación, afirmaron a Brecha fuentes del caso. No fue posible obtener datos sobre la tercera víctima: la que había llegado de Pan de Azúcar sin adulto referente y a quien el equipo de Escuelas Disfrutables nunca pudo entrevistar.
Por otra parte, a dos meses y medio de la denuncia todavía no hay consecuencias para los adultos que permitieron o generaron la vulneración de derechos. La jueza Ferrer advirtió a los padres y madres –según el caso– que deben cumplir con los derechos inherentes a la patria potestad, y apercibió a Beraca para que situaciones como las denunciadas no vuelvan a repetirse. Esto sin perjuicio de que se envíen los antecedentes a la justicia penal para que ésta investigue la conducta de los referentes de la asociación civil involucrados en los presuntos actos violentos. Porque el caso sigue abierto, puntualizaron las fuentes. La sede también prevé librar un oficio al Ministerio de Educación y Cultura (Mec) para que la Dirección General de Registros investigue las condiciones en que opera la asociación civil. No obstante, el escribano Alfredo Orellano, titular de la repartición, puntualizó que allí sólo tienen potestades de “policía administrativa”, por lo cual no les compete determinar si Beraca incurre en irregularidades al aceptar niños o niñas sin que intervenga el Inau.
El pastor Gabriel Irigaray, encargado de los nueve hogares de las Comunidades Beraca en Maldonado, eludió dar a Brecha su versión sobre los casos denunciados. Tampoco aceptó informar sobre el funcionamiento de la organización, que inicialmente se abocaba al tratamiento de personas con consumo problemático de drogas y luego terminó acogiendo a toda índole de “desprotegidos sociales”, según suele destacar esa asociación (véase recuadro). Irigaray argumentó que no tiene tiempo para entrevistas porque está muy ocupado en “dar respuestas a la cantidad de gente que pide ayuda”.
SIN CONTROL. El caso ya está en la órbita del directorio del Inau, que prevé contactarse con las autoridades nacionales de Beraca y definir con exactitud cuántos son los niños, niñas y adolescentes que la asociación civil acogió por su cuenta en todo el país. Sobre esa base se analizarán vías de regularización.
Según el psicólogo Daniel Guadalupe, director del Centro de Estudio y Derivación del Inau Maldonado, la situación es preocupante. La normativa nacional, que recoge los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el Adolescente, establece que éstos tienen derecho a vivir en familia. Cuando no es posible, se estipulan modalidades alternativas para proteger ese derecho, y la internación, que es el último recurso, siempre debe estar avalada por el Poder Judicial o por el Inau. “Lo preocupante es que en el caso de Beraca todos los filtros, pasos y protocolos no están dados. Al no existir un convenio, tampoco se conoce la metodología ni el procedimiento en estas situaciones. Se verifica la ausencia de una supervisión técnica que oriente y acompañe la decisión y fundamentación de por qué internar a un niño o una niña en determinado hogar”, advirtió el jerarca.
Esta vez la irregularidad llegó a conocimiento del Sipiav por una vulneración de derechos detectada en la escuela, pero se desconoce a ciencia cierta cuántos niños han sido acogidos por la organización en el departamento y en el país sin supervisión estatal. Podría pensarse que una inspección o fiscalización del Inau en los diferentes hogares –del mismo modo que recorre espectáculos públicos y boliches– bastaría para despejar la incógnita. Sin embargo, el instituto no tiene esa potestad.
La presidenta del Inau, Marisa Lindner, explicó a Brecha que el instituto sólo interviene cuando toma conocimiento de la vulneración de derechos, en comunicación con la justicia. “No hay regulación que mandate al Inau a supervisar o intervenir” de modo preventivo, sin que medie una denuncia, admitió. Sin embargo, entiende que “hay elementos (jurídicos) que tienen que estar en la agenda de este período”, para atender situaciones “que se consolidan”.
VIVIR EN FAMILIA. Mientras analiza mecanismos para regularizar y fiscalizar establecimientos que funcionan con niños y niñas internados por fuera del sistema, el directorio del Inau se propone avanzar en las recomendaciones planteadas en marzo de este año por el Comité de los Derechos del Niño con relación al “gran número de niños que viven en instituciones” y las medidas adoptadas para reunirlos con sus familias biológicas o buscar alternativas cuando esto no es posible.
Un informe presentado por Unicef esta semana, durante el seminario Derecho a Crecer en Familia, reconoce que la normativa ha mejorado, pero marca que en el sistema de protección uruguayo, ante la privación del derecho a vivir en familia de los niños, niñas y adolescentes, predomina la institucionalización en hogares residenciales de tiempo completo, sean de gestión estatal o privada en convenio con el Estado (hogares tradicionales, pequeños hogares, unidades materno-infantiles y hogares especializados en la atención de la discapacidad). “Si bien en Uruguay no existen grandes internados al estilo de asilos o macroinstituciones, sí se presentan números preocupantes en algunos hogares, donde hay hasta 40 bebés en la modalidad residencial. La mayoría de los centros tienen niños que llevan más de dos años en régimen de internación, sobre todo de edad escolar o adolescentes”, enfatiza el documento.1
Además, confirma que los índices de internación en Uruguay siguen siendo los más altos de la región. Por cada 100 mil niños y adolescentes, el país tiene 409 en instituciones de protección y cuidado en régimen de internado. Detrás están Chile (221), Argentina (121), Paraguay (100) y Brasil (62), de acuerdo a datos de 2013.2
“Pese a la evidencia de que los más pequeños son los más vulnerables al impacto negativo de la internación, en 2014 había más de 500 niños y niñas menores de 6 años en hogares de tiempo completo. A medida que avanza la edad crece el número de niños atendidos en esta modalidad; de hecho, ese mismo año vivían en instituciones 1.128 niños de entre 6 y 12 años”, revela el informe. “Uruguay ha avanzado en la elaboración de documentos y protocolos, pero aún poco en modificar la cantidad de niños que viven en instituciones”, agrega.
La presidenta del Inau admitió que las cifras son “impactantes” y por eso “un eje prioritario” de su gestión será profundizar en los programas y mecanismos tendientes a la de-sinternación. Se trata de transformar los hogares de atención de tiempo completo en centros de acogimiento, y modificar el sistema de cuidadoras (remuneradas) por alternativas familiares (en diferentes modalidades), con acompañamiento, supervisión y control del Estado.
Lindner aseguró que en estas semanas el Inau atraviesa un proceso de discusión presupuestal donde se analiza cómo apoyar la consolidación de los modelos alternativos a la internación. En este contexto, para la jerarca es clave diferenciar desinternación de desinstitucionalización. El Inau trabaja por lo primero, pero aunque los chicos dejen los hogares, la institucionalización seguirá estando porque hay que “velar por procesos complejos donde el Estado siga y apoye a esas familias. Hay en esto dos componentes: son necesarios elementos presupuestales y fondos específicos, pero también nuevos paradigmas, reorientaciones de las prácticas y procesos de trabajo”, concluyó.
En esto coincide la Unicef al señalar en su informe que “el desarrollo de programas de acogimiento familiar es una estrategia imprescindible para avanzar en la desinternación de niños y adolescentes, pero resultará insuficiente mientras no se modifiquen la estructura, la lógica y la gestión de los viejos modelos residenciales. Para ello es preciso transformar los enfoques conceptuales, las culturas institucionales y la gestión operativa, al tiempo que optimizar la articulación con las políticas universales y promocionales para la niñez y la adolescencia”.
TAREA DE TODOS. Según Lindner, “el derecho a vivir en familia es muy claro y debemos trabajar de forma muy exigente, y esto compromete al Inau”. Sin embargo, entiende necesario instalar el tema en el debate social desde una perspectiva interinstitucional, porque “la tarea no solamente debe ser llevada adelante por el Inau”.
“El tema siempre estuvo centrado en el Inau, y es necesario que otros actores ingresen a la discusión. Requiere la participación de distintos actores y sectores del Estado vinculados a programas sociales, salud, vivienda, etcétera.” El planteo se entiende con sólo observar las razones por las cuales la justicia resuelve separar a los niños y niñas de sus familias. En 2010, cuando la Fundación Justicia y Derecho y la Unicef relevaron los expedientes en juzgados de familia especializados en los que se tramitaron procesos de protección de derechos, “una parte importante de las internaciones (20,5 por ciento) se debía a situaciones de amenaza o vulneración de derechos vinculadas a la pobreza o la indigencia”.3
No obstante, en los últimos años “las situaciones de vulnerabilidad se han intensificado”, considera la presidenta del Inau. La pobreza disminuyó “sustantivamente”, pero en los procesos que llevan a la internación “predominan otros factores que desafían a las políticas públicas”, como la violencia, el abuso sexual, la falta de salud mental y el consumo problemático de drogas en la familia de origen. Lindner tampoco soslaya que hace falta un cambio cultural en lo que respecta a la desinternación. “Como sociedad tenemos que replantearnos algunas ideas mirándolas desde el lugar de las madres, sobre todo las referidas a las masculinidades hegemónicas y al concepto de familia. Hay situaciones en las que no existe la posibilidad de cuidar; y hay un elemento penalizador en el lugar de las madres, porque no pueden cuidar, porque no tuvieron afecto, no saben, porque no aprendieron. Otras personas que no son madres ni padres biológicos tienen esas condiciones para cuidar.”
Con todo, la construcción de un modelo alternativo está en marcha. Y hay mucho trecho por recorrer.
1. “El derecho a vivir en familia”. Unicef Uruguay, junio de 2015.
2. Internados. Las prácticas judiciales de institucionalización por protección de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Montevideo. Unicef, Fundación Justicia y Derecho, 2013.
3. Ibídem.
[notice]Beraca
La Comunidad Beraca es promovida por el pastor evangélico Jorge Márquez (líder de la congregación Misión Vida para las Naciones), a través de la asociación civil Esalcu. La red opera en Argentina, Brasil, Chile, Haití y Uruguay. Aquí tiene más de 50 hogares distribuidos en 14 departamentos. Inicialmente creada para orientar y rehabilitar a jóvenes y adultos con consumo problemático de drogas, la organización amplió sus cometidos y alberga “cualquier desamparado social”. En Maldonado, además de los hogares, Beraca despliega su red en merenderos instalados en barrios de contexto crítico para “ayudar a muchos niños y niñas, que no tienen esperanza y a los que la sociedad tampoco les ofrece alternativas reales de recuperación”. La organización afirma que se sustenta a través de la venta de artículos producidos por los internos de la comunidad. No obstante, al menos en Maldonado ha recibido ingresos del programa Jornales Solidarios del Mides y tiene un fuerte respaldo de la Intendencia y la Junta Departamental de Drogas. En octubre de 2013 Beraca Maldonado estuvo involucrada en el escándalo político que se generó con las elecciones internas del Espacio 738 (sector frenteamplista liderado por el ex intendente y diputado Óscar de los Santos): entre las denuncias cruzadas por presuntos actos fraudulentos, surgió que entre 40 y 50 internos en rehabilitación habían sido llevados a votar. Tanto la organización como el entonces encargado de Políticas de Adicciones de la Intendencia, Gabriel Freitas, afirmaron que los jóvenes querían votar voluntariamente para retribuir el apoyo recibido de parte de uno de los candidatos, Gustavo Salaberry, desde la Intendencia. En cambio, en las elecciones departamentales dirigentes del Frente Amplio denunciaron que los internos de Beraca estaban siendo manipulados por grupos del Partido Nacional. La directora de Políticas de Adicciones de la Intendencia, Gloria Fuentes (Mpp), llevó la denuncia formal ante la Corte Electoral: varios internos tenían sus credenciales retenidas y les inducían a votar al nacionalista Enrique Antía (Alianza Nacional). Nunca fue notificada sobre el resultado de esa investigación. Como es sabido, el mentor de Beraca, Jorge Márquez, se introdujo en la política acompañando a Verónica Alonso (Alianza Nacional) con la agrupación Cristianos por Uruguay, de la que resultó electo el diputado Álvaro Dastugue en las elecciones de 2014.
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