En paralelo al despliegue de una concepción clientelista en varias de las intendencias del oficialismo, el gobierno multicolor apresura una lógica de tierra minada y modifica en favor de privados los cometidos de las empresas públicas. Como contracara, la oposición progresista parece lenta y omisa en reaccionar a esos cambios estructurales.
En medio de la maraña de actos de corrupción que se han dado en este gobierno, tanto en el plano nacional como en algunos departamentos, también transcurren algunos cambios estructurales, caracterizados por la afectación a la economía y a los fines de las empresas públicas. En una administración nacional hegemonizada por el Partido Nacional –sin mayores cuestionamientos de sus socios de la coalición multicolor, más bien alineados en sus orientaciones principales, a pesar de algunos pataleos puntuales–, la concepción liberal del neoherrerismo tiene sus concreciones en la realidad. La diferencia con el primer lustro de los noventa es que los planteos privatizadores y de desmontaje de aspectos claves del Estado de bienestar batllista, y su continuidad durante los 15 años de gobiernos frenteamplistas, encontraron dificultades en su aplicación y transcurren por vías menos visibles. Las duras medidas originales tuvieron la oposición del movimiento social y el Frente Amplio (FA), pero también posiciones distintas en la propia coalición gobernante, esto último explícito en filas coloradas y cabildantes. Una expresión de eso fue la imposibilidad de mantener en la Ley de Urgente Consideración la desmonopolización de los combustibles, lo que hubiera significado el descalabro de ANCAP.
Sin embargo, en los últimos meses de gestión, el gobierno ha aprobado una serie de leyes y resoluciones que van en la lógica de afectar aspectos esenciales de las empresas públicas para favorecer a empresarios privados. Un ejemplo paradigmático es el caso de ANTEL. Por un lado, la nueva ley de medios (en su artículo 49) perfora el monopolio del ente estatal en la transmisión de datos a través de la fibra óptica, otorgando a los cableoperadores el derecho a solicitar licencia para brindar servicio de internet a través de redes propias o de terceros. En paralelo, el Poder Ejecutivo permitió la conformación de un consorcio de las empresas de cable de los canales 4, 10 y 12 para concretar la posibilidad de que puedan llevar internet a sus clientes. También está la resolución del directorio de ANTEL, una disposición –se descuenta que será aprobada por la mayoría oficialista del organismo– que permite a los privados el uso de la fibra óptica a cambio de un peaje que cobraría el ente. La idea que hay detrás de esta medida es la de cooperación entre lo público y lo privado, dejando de lado, en cierto sentido, la lógica de la competencia, tan mentada por los liberales. ANTEL ha invertido alrededor de 1.000 millones de dólares en el tendido de la fibra óptica, que ahora podría ser usada por los privados sin necesidad de una inversión importante. Sí tendrían que hacerse cargo de la última milla, es decir, del tendido desde cada caja que hay en la cuadra hasta el hogar. La nueva normativa incluso impide (artículo 73) que ANTEL preste servicios de comunicación audiovisual. En consecuencia, los privados podrán utilizar la red física del ente estatal y este estará en desventaja porque al servicio de datos no podrá agregar contenidos televisivos, en tanto sus competidores podrán brindar internet y los servicios audiovisuales que ya prestan.
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La lógica de una vía oblicua para privatizar servicios públicos tiene, obviamente, otras expresiones. Y ello ocurre con UTE, que después de la aprobación del nuevo marco regulatorio de la energía eléctrica (ley 14.694, del 17 de junio de 1997) estableció la libertad de generación, la posibilidad del establecimiento de nuevas fuentes de producción eléctrica, dejando a UTE el monopolio en la transmisión y la distribución. Varias resoluciones del ministerio de industria permiten que los grandes consumidores contraten directamente con privados encargados de la generación, especialmente con aerogeneradores o energía fotovoltaica; UTE permite el uso de su infraestructura de transmisión a cambio de un peaje, a la vez que garantiza «la potencia firme», es decir, la entrega con independencia de si la energía del viento o del sol es insuficiente para asegurar la continuidad del suministro de electricidad. Además, se le aseguran descuentos y rebajas del peaje a pagar al ente de un 23 por ciento. La pérdida de clientes como Coca-Cola, entre otros, redundará en una pérdida anual de 150 millones de dólares para UTE, que podría tentarse a compensarla con un aumento de las tarifas a sus clientes cautivos: los hogares.
El recorte de facultades también ha afectado a ANCAP. Por ejemplo, se ha eliminado el monopolio de la provisión de combustibles en los aeropuertos y los puertos. Si bien hasta ahora no han aparecido competidores firmes y la medida ha quedado en la renuncia en un área de comercio del ente petrolero, en estos días se ha propuesto poner a disposición de posibles participantes privados los depósitos y laboratorios que conforman la operativa de ANCAP en esos lugares. Por otro lado, se ha intentado, sin éxito, privatizar la producción de pórtland. En opinión de la federación de trabajadores de ANCAP, se ha evitado modernizar la planta de Paysandú y hoy se habla de rematar el nuevo horno (de un costo de 100 millones de dólares), comprado en anteriores administraciones frenteamplistas y nunca instalado, un hecho que ha impedido mejorar la productividad y disminuir la contaminación ambiental de la industria del cemento.
Otra expresión del afán privatizador, ya no por la venta, sino por la desvirtuación de sus cometidos y el acotamiento de sus atribuciones se comprueba también en OSE. Un gobierno que atiende fundamentalmente el interés de los empresarios privados no podía menos que dar vía libre a una iniciativa presentada por varios consorcios para construir una planta potabilizadora en Arazatí (proyecto Neptuno). OSE deberá pagar unos 40 millones de dólares anuales a la empresa que construirá la planta, el pólder, y su mantenimiento. La potabilización correrá por cuenta del ente estatal. A las observaciones ambientales (hoy por decisión de la Justicia hay una directiva de no innovar, aunque ya se procedió a expropiar 51 hectáreas) se agrega la postura contraria de la Junta Departamental de San José a su concreción. Además resulta que la extracción de agua del Río de la Plata tiene como obstáculo los episodios continuos de salinidad y la proliferación de cianobacterias en el pólder. El proyecto cuestiona la estabilidad económica de OSE, pues el dejarlo en manos privadas suma varias centenas de millones de dólares a una iniciativa que sería mucho más barata si fuera construida por el ente estatal.
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Otro episodio que demuestra el apuro gubernamental por dejar cosas resueltas, que desmonten estructuras del período progresista (el histórico y el reciente), es la aprobación del cambio de la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). La ley aprobada el miércoles pasado en el Parlamento y votada solo por los legisladores oficialistas restringe al máximo el papel de los delegados de la Intendencia de Montevideo (IM) en su consejo directivo, llegando incluso a la posibilidad de una destitución a iniciativa de los delegados sociales. La UAM fue construida en sustitución del Mercado Modelo y sobre terrenos pertenecientes a la IM. En principio iba a ser, al igual que lo fue el Mercado Modelo, solo propiedad de la intendencia capitalina, pero en una mezcla de generosidad e ingenuidad se invitó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a la construcción, tal vez pensando que el FA volvería a gobernar y no habría conflictos posibles.
En todo este despliegue de medidas gubernamentales, llama la atención el escaso despliegue opositor a su realización, hoy más ocupado, justificadamente, en defender la transparencia y la honestidad en la función pública, pero débil a la hora en enfrentar esos cambios estructurales empujados por las concepciones neoliberales.
