A mediados de marzo, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) comunicó que el Ministerio del Interior (MI) había vulnerado el derecho humano a la libertad de expresión de un hincha de Nacional. El parcial tricolor fue incorporado al registro de impedidos de ingresar a espectáculos deportivos, coloquialmente conocido como lista negra, por colocar una bandera que, según la cartera, violentaba lo dispuesto por el literal H del artículo 6 del decreto presidencial 1/021, que impide «emitir, difundir o divulgar manifestaciones agraviantes o amenazas». La bandera decía «Bolso Antifascista».
En su misiva, parcialmente publicada en las redes sociales del colectivo Bolso Antifascista, la INDDHH rechazó que dicha leyenda configurara algún tipo de agravio o amenaza y agregó que el hecho de que el colectivo se manifieste contra el fascismo tampoco infringe la normativa. La institución se pronunció a partir de una denuncia presentada a fines de 2024, por lo que no considera el agravante de que en febrero de este año un segundo hincha fue ingresado por el mismo motivo a la lista de inhabilitados.
Lo estipulado por la INDDHH va en sintonía con algo que hinchas de distintos clubes reclaman desde hace años: las inclusiones en la lista negra se hacen de manera arbitraria. Esta cuestión, además, abre el debate sobre la normativa vigente; mientras que en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se señalan sus «zonas grises», desde el MI niegan la posibilidad de arbitrariedades y resaltan las garantías del proceso.
Reclaman los bolsos
En 2019 un grupo reducido de hinchas de Nacional se organizó para crear el colectivo Bolso Antifascista, inspirados en el surgimiento de agrupaciones similares en Brasil, Chile y Argentina, como parte de la corriente de «hinchadas antifascistas» nacida en Europa. «Creemos que tenemos un rol muy importante en el campo popular», explica Mateo1 a Brecha, y asegura que luchan para que «tomemos conciencia del rol que tenemos» porque «sin las hinchadas no hay pueblo constituido».
Con el paso de los años el grupo llevó a cabo actividades junto con otras agrupaciones de la hinchada tricolor y con la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, además de levantar proclamas contra la reforma de la seguridad social y la Ley de Urgente Consideración (LUC). Aun así, el principal factor aglutinador del grupo es seguir al equipo. «Vamos siempre a todos los partidos» acompañados de su bandera, cuenta Mateo. Confeccionada en paralelo al nacimiento del grupo, el trapo blanco luce el escudo del club, con la banda blanca que se extiende hasta formar un puño y las palabras Bolso en la parte superior y Antifascista en la zona más cercana al suelo. A pesar de que en ocasiones algún efectivo policial les planteó reparos por entender que la bandera constituía un mensaje político, en general no habían tenido problema en ingresarla, ya que «es una consigna que lucha contra algo que es indefendible», considera.
En ese sentido, cuando la AUF les informó que el motivo de entrada de otro integrante del colectivo a la lista negra se debió a la bandera en sí, el grupo se movió para saber qué institución fue la que definió su ingreso. Fue recién a través de un pedido de informes realizado por un senador de la república que supieron que había sido el MI, a través de la Dirección General del Centro de Comando Unificado. Lo que nunca pudieron conocer fue el motivo por el que esa bandera, con ese mensaje, era considerada agraviante o amenazante.
Reclaman los manyas
Guillermo Benelli es hincha de Peñarol. Hace algunos años comenzó a recabar testimonios de distintos hinchas de su club que denunciaban haber sido ingresados a la lista negra de manera arbitraria. El origen de esta recopilación se dio por una experiencia propia de Guillermo. Según relata a Brecha, durante el ingreso a un estadio, el amigo con el que había ido fue detenido por un oficial de Policía por un porro que tenía en la billetera. «Le pidió la cédula y le anuló la entrada», cuenta, y agrega que por ese incidente su amigo estuvo ocho meses en la lista de inhabilitados.
«Una cosa es que no lo puedas entrar, como cuando te hacen dejar la botella de cocacola en la puerta, y otra es que no te dejen entrar, te anulen la entrada y te pongan ocho meses en la lista de inhabilitados», plantea, y señala que a su entender ese proceder «es por lo menos discutible». Además, asegura que hubo personas que denunciaron haber sido ingresadas a la lista por «pintar un muro» cedido o «agarrar una bandera que no era suya» y que tenía una consigna contra la lista negra. Para Guillermo, la lista «tiene ambigüedades, tiene arbitrariedades», y depende de «quién seas, cómo seas y de dónde vengas» si terminás siendo ingresado o no.
Como ejemplo, plantea lo que sucede con el consumo de alcohol antes de los partidos: «Alcoholizado no podés entrar, lo entiendo, pero: ¿eso es razón suficiente para que te inhabiliten seis meses?». Según la ley 19.534, que regula el derecho de admisión, estar bajo los efectos del alcohol o cualquier estupefaciente configura un motivo para impedir el acceso de una persona a un espectáculo público y, a partir del decreto 1/021, este motivo puede ser también causal. Además, apunta que quienes tienen palco «entran con la botella de alcohol que quieran en la mano», mientras que a quienes van a las tribunas populares les realizan la espirometría: «La ley que impide entrar borracho es para los pobres», sentencia. El mismo decreto es el que otorga la tarea de aplicar las sanciones a la AUF.
Zonas grises
«Nos consta que hay muchos que van a la casa, se toman una cerveza o una copa de vino y no los dejan entrar al estadio», afirma en entrevista con Brecha el presidente de la AUF, Ignacio Alonso. Si bien dice que no sabe si la ley «actualmente impide eso», sí reconoce que es algo sobre lo que «mucha gente protesta».
En la lista de impedidos hay más de 2 mil nombres, «muchos» de ellos por alcohol, explica Alonso, y otros por faltas como arrojar objetos o por colgar una bandera que «la Policía considera ofensiva». Sobre este último punto indica que «ha sucedido que se ha levantado la sanción» a personas que fueron a la asociación y le explicaron su caso al tribunal, aunque no precisa de qué caso se trató. El tribunal al que hace referencia Alonso está compuesto por miembros de la comisión de seguridad de la AUF y se reúne «a demanda» para «analizar los casos de inclusión en la lista».
Cuando se le consulta si las banderas con consignas políticas están prohibidas, el presidente de la AUF responde afirmativamente, aunque señala que «hay una línea fina sobre qué se considera bandera política». Asimismo, aclara que si bien las banderas con consignas políticas están prohibidas por reglamento de la FIFA (así como las consignas religiosas, por ejemplo), «de ahí a que sea lista negra es otro paso», porque tiene que haber una ofensa y esa interpretación constituye «una zona gris» dentro de la normativa.
En ese sentido asegura que «en general» la AUF no «activa» el ingreso a la lista por consignas políticas y que, «para la gente de seguridad» de la asociación, el caso de los integrantes del colectivo Bolso Antifascista «no fue mérito para entrar», motivo por el que «fueron retirados» de la lista de inhabilitados el viernes 21, algo que fue confirmado por los integrantes del colectivo. Frente a la noticia, Bolso Antifascista redactó un comunicado en el que sostienen que seguirán trabajando para «derogar la “lista negra” clasista», a la que cuestionan por «abusiva» y por estar diseñada para ir «contra los que menos tienen».
Alonso plantea la importancia de que exista un tribunal que pueda definir «si realmente fue una arbitrariedad o no», pero asegura que «siempre estamos expuestos a arbitrariedades». Esta mirada se contrapone, sin embargo, a la promovida desde la Dirección General de Seguridad en el Deporte (véase la entrevista «No pasa»).
La ley 19.534 fue aprobada en 2017 durante la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, parcialmente modificada por los artículos 95, 96, 97 y 98 de la LUC y reglamentada por el decreto 1/021, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. En su condición actual, la normativa encomienda a la AUF la tarea de conservar y actualizar el registro de personas impedidas de ingresar a espectáculos deportivos en general, así como también la coordinación con las demás federaciones y autoridades.
Si bien es la AUF la encargada de gestionar la lista negra, la potestad para determinar el ingreso no es competencia exclusiva de la institución rectora del fútbol. El decreto 1/021 otorga esas facultades al Poder Judicial, las federaciones deportivas y el MI. Los clubes y las organizaciones de trabajadores pueden proponer el ingreso de alguien, pero la propuesta queda sujeta a la consideración de la federación deportiva respectiva.
Para aquellos casos en los que el ingreso a la lista de inhabilitados se da por pedido del MI (como en el caso de los integrantes de Bolso Antifascista), la cartera debe enviar a la federación correspondiente «una reseña de los hechos que motivan la inclusión». Si bien podría parecer que la confección de una reseña es un proceso rápido, según explicó el director general de Seguridad en el Deporte, Álvaro García, el ingreso de una persona a pedido del MI atraviesa un «proceso administrativo» que no permite arbitrariedades y que incluye el trabajo de un tribunal que analiza «caso a caso».
Con Álvaro García, director general de Seguridad en el Deporte
No pasa
—¿Todos los casos en los que un oficial del Ministerio del Interior [MI] no permite el acceso a un espectáculo deportivo deriva en el ingreso a la lista negra?
—No necesariamente. Si la persona no está en la lista de impedidos, pero está claramente alcoholizada, no está en condiciones de ingresar a un espectáculo público y la Policía puede decir: «Caballero, señora, usted en estas condiciones no puede ingresar».
—Pero no necesariamente significa que después ingresa…
—No necesariamente está en la lista de inhabilitados.
—¿Implica un procedimiento específico el ingreso a la lista de inhabilitados?
—La persona debe encuadrar en una figura administrativa que está penada por ley, en este caso la ley 19.534, del derecho de admisión. Si la persona encuadra en esa figura, va a ingresar a la lista. Si no está dentro de esa figura, queda por fuera de la lista.
—¿Los oficiales del MI son capacitados para estar en condiciones de definir cuándo las personas deben ser incluidas en la lista de inhabilitados?
—Sí, totalmente. Vamos a suponer que un policía sugiere que Álvaro García ingrese a la lista de impedidos, eso se pasa a consideración de una comisión que analiza el caso. Hay un estudio documental, porque las personas no andan con un letrero que dice su nombre y su apellido. Hay un análisis forense de imágenes, de videos, hasta que se logra identificar a la persona. O sea, ponerle una identidad a ese rostro. Por eso a mí me llama la atención cuando en algunas circunstancias se dice [que hay ingresos] de forma arbitraria. Acá todo es ceñido al debido proceso, todo requiere un análisis documental y que lo estudie una comisión, ni siquiera es una persona sola, para dar más transparencia.
—¿Es una comisión dentro del MI?
—Exacto, creada por autoridades del MI. La integra el subdirector nacional ejecutivo de la Policía, el jefe del Estado Mayor de la Dirección de la Policía Nacional, quien te habla y un secretario de actas, que es un escribano. Esa comisión se reúne todas las semanas, nosotros le damos los insumos de lo que tuvimos toda esa semana anterior mediante actas y allí se analiza el caso a caso y se vota. Ese es el disparador para que, sometido al análisis de esa comisión, se pase a la Asociación Uruguaya de Fútbol [AUF], que es el administrador de la lista de inhabilitados.
—¿En el pasaje a la AUF se incluye un relato de los hechos? ¿Hay algún tipo de documento que ayude a la comisión a resolver?
—Siempre. No es que viene alguien y dice: «Ah, estos locos están de vivos, vamos a ingresarlos para adentro de la lista». Eso no existe. No existe la posibilidad. La comisión está presidida por el subdirector nacional de la Policía. O sea, no pasa, no puede pasar. No sé qué relatos te han hecho, no tengo por qué creer ni descreer de los relatos. Lo que digo es que, desde la creación de la Dirección de Seguridad en el Deporte, en octubre de 2023, eso no existe. No hay posibilidad de que exista. Esto es un trabajo serio, concienzudo, transparente, está toda la documentación para exhibir. Si la persona, como muchas personas, viene acá y pide explicaciones por escrito de por qué está en la lista, se la hace pasar, se le muestra el expediente. «Caballero, señora, mire, esta es usted, en estas circunstancias, hay daños en el ómnibus, usted está documentada en esta foto, esta es su tarjeta, usted pasó la tarjeta STM a tal hora, subió en tal parada, quedó captada por la cámara del ómnibus cuando pasa la tarjeta, después queda captada por la cámara del fondo arrancando un plafón. Esta es usted, señora. Fírmeme acá». Y se notifica que se le dio vista al expediente. Hoy la lista tiene 2 mil impedidos. Uno a uno, todos esos impedidos, están sujetos a un expediente.
—¿La evidencia son siempre las cámaras?
—La mayoría es todo imágenes… También espirometría. La persona viene alcoholizada, el policía o el funcionario de la AUF lo para, «señor, un segundito, sópleme acá en el espirómetro», que es el mismo que se utiliza en el tránsito, cumpliendo con el control de calidad del LATU. Y el espirómetro arroja un resultado. No es «me parece que está alcoholizado y lo voy a ingresar a la lista».
—¿Pero, entonces, por llegar alcoholizado se puede ingresar a la lista negra?
—Sí, claro, por supuesto.
—¿Están prohibidas las banderas con mensajes políticos en los espectáculos deportivos?
—No está prohibido. La ley lo deja claro, a texto expreso, creo que habla sobre mensajes políticos en particular.1 El tema es si tú te pones y empiezas mensajes políticos que van en contra dentro de la misma tribuna, eso puede ser algo complejo. Hay que analizar el ejemplo puntual, poner todos los elementos arriba de la mesa, ver el mensaje en la realidad, en el contexto, cómo se da, cuál es el mensaje. Te vuelvo a repetir: no se toman decisiones unilaterales ni caprichosas. Se pone el pienso y se trabaja con mucha seriedad, muy apegado a lo que establece la norma.
—¿Es motivo de ingreso a lista negra entrar con una consigna política?
—Hay que ver cuál es el mensaje y el contexto, por eso no te puedo dar una respuesta, porque capaz que tú me lo llevas para este caso puntual [de los integrantes de Bolso Antifascista], pero no lo voy a hablar porque lo estamos tratando a nivel de las autoridades del MI, ese tema se está reviendo y hay una investigación en curso.
—¿Cree usted que es una norma que ha colaborado en la disminución de la violencia?
—Sí, ha colaborado. Como toda norma a veces requiere algún ajuste, siempre que sea para mejorar. Si hay que aumentar cosas que les dé transparencia a las personas que recaen en esa lista, se puede aumentar, pero siempre desde el análisis, siempre desde el consenso de varias autoridades. De hecho, esta dirección y la dirección de la Policía tienen algo en camino como para modificar alguna cosa, por ejemplo, que en el análisis de la lista tenga algo más de participación el MI.
—¿Por qué creen que eso es necesario?
—Porque sí, porque luego de hecho el análisis se consideraron algunos ajustes. Lo mismo que el otro tema, eso me lo voy a reservar.
1. En ningún momento la ley hace referencia a mensajes políticos.
- Se usa un seudónimo a pedido del hincha. ↩︎