Acá no entra – Brecha digital

Acá no entra

Tras casi tres años de pleitos en tribunales, 20 organizaciones y 53 personas lograron que se suspenda definitivamente la siembra de maíz transgénico en México, utilizando un mecanismo de protección a los derechos humanos contemplado en la Constitución. El fallo incluye el establecimiento de pruebas al glifosato usado en las plantaciones experimentales.

Foto: Desinformémonos

México ha logrado algo que para los países del sur de América, las “repúblicas unidas de la soja”, según el lema publicitario utilizado por una de las compañías más poderosas del sector, parece una verdadera quijotada.

Cuando las empresas de biotecnología decidieron meterse en el país del maíz por antonomasia, a fines de 2013, no imaginaron la envergadura de la resistencia que les esperaba: 20 organizaciones y 53 personalidades entablaron lo que desde entonces se conoce como la Demanda Colectiva del Maíz para intentar bloquearlas.

El proceso judicial está por cumplir tres años, y según los involucrados va a tomar un par más, en función de las apelaciones previstas. Sin embargo, esta semana se confirmó la prohibición definitiva de toda siembra comercial de maíz transgénico en territorio mexicano. “Cuando iniciamos la demanda ya habían sido otorgados permisos de siembra experimental sobre los que no habíamos tenido posibilidad de incidir”, explicó a Brecha René Sánchez Galindo, abogado litigante en esta causa.  Uno de los elementos destacables del fallo judicial del magistrado Benjamín Soto Sánchez, del Segundo Tribunal Unitario en materia civil y administrativa, fue el establecimiento de un mecanismo de consulta previa a las partes en litigio antes de que la Secretaría Agrícola (Sagarpa) pueda emitir un permiso de siembra experimental en condiciones controladas.“El procedimiento previsto en la ley de bioseguridad no nos permitía intervenir. La resolución actual establece que antes de otorgarse un permiso de siembra experimental se debe hacer una evaluación con las partes. Es un visto bueno, más que un permiso judicial. Cada etapa va a estar evaluada por el juez y se va a escuchar a las partes”, agregó Sánchez Galindo.

Además, antes de sembrar experimentalmente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) evaluarán los impactos del herbicida glifosato en la salud y el ambiente. Las evaluaciones serán enviadas al juez de la causa y los científicos demandantes podrán opinar al respecto. Podrán pedir, incluso, que se revoquen los permisos.

 

EL SÍMBOLO. La trasnacional Monsanto es la cara visible de las empresas de “biotecnología” y la más afectada por la medida judicial, aunque la prohibición rige para todas. El abogado Rodrigo Ojeda es el operador judicial de la compañía basada en Estados Unidos. Su crítica más potente a la decisión judicial que suspendió la liberación del maíz transgénico para su venta libre en comercios y que condicionó las características de las habilitaciones experimentales es que la consulta previa ya existía en la ley de bioseguridad. Monsanto, anunció, apelará la decisión judicial basándose en esta supuesta incongruencia.

Los denunciantes replican que la consulta previa no obliga a ninguna de las secretarías a tomarla en cuenta, mucho menos a usarla en pos de la revocación de un permiso. “No nos preocupa esta apelación, sería el sexto amparo que la empresa presenta contra la suspensión de siembra. Habiendo ganado los cinco anteriores, sabemos que no van a ganar con la simple presentación del recurso judicial”, sostuvo Sánchez Galindo.

El abogado explica que en México el juez aplicó el principio precautorio: que ante fundadas sospechas de que un producto pueda causar daño al ambiente y la salud humana, se adopten medidas preventivas en su contra, aun sin tener evidencia científica cabal de los perjuicios.

El centro del argumento del “juicio colectivo por la defensa del maíz” es que México es centro de origen de esta planta y que en sus distintos territorios existe toda la gama de su variedad biológica. “En México hay 59 razas nativas de maíz, pero hay miles de variedades. Dicen que casi cada pueblito tiene su maíz específico para su platillo. La lengua, el país y la comida están ligados por pueblo o por región. No en vano dicen que los mexicanos somos hombres y mujeres del maíz”, sostiene Sánchez Galindo.

Una sola planta hembra puede ser fecundada por hasta veinte machos distintos. Además, tiene la capacidad de crecer a nivel del mar y también a 3 mil metros de altura, con agua escasísima o con 300 mililitros de precipitaciones por año. Es una planta que para sobrevivir necesita de la mezcla genética, que empieza a morir si al séptimo ciclo no se cruzó con los maíces de otras milpas robados al pasar, con los maíces de los pueblos vecinos. Sánchez Galindo explica que ya se han encontrado trazas de contaminación de maíces transgénicos en los maíces criollos y que esas plantaciones son totalmente ilegales, ya que la demanda vino a trancar su liberación comercial antes de que permiso alguno fuera otorgado por la Secretaría de Agricultura.

“Estamos hablando de los derechos humanos a la diversidad biológica. Hay un convenio firmado por muchos países. Estados Unidos no, como siempre, ya que no suscribe los tratados ambientales, pero sí es ley en México. Estos derechos están comprendidos en la Constitución mexicana, aunque no especificados”, apunta el abogado.

 

EL MECANISMO. En 2008 se aprobaron en México una serie de enmiendas a la Constitución nacional que “intentaron brindarle una perspectiva de derechos humanos”. Entre las modificaciones realizadas, se crearon nuevos juicios de carácter civil, pero colectivos, “con el ánimo de proteger los derechos de los consumidores o de proteger a la sociedad por violaciones al ambiente”.

Sánchez Galindo explica que eso permitió que ya no sólo el individuo afectado en sus derechos pudiera pleitear, sino también organizaciones.  “Un juicio colectivo es un juicio entre una colectividad y una persona que está afectando los derechos de esa colectividad. Eso es lo que estamos entablando en el caso del maíz”, indicó.

La acción de protección del maíz y su diversidad sufrió un duro contraataque: “Curiosamente nuestro juicio de acción colectiva ha tenido 22 juicios de amparo, del gobierno y de las empresas trasnacionales, porque en un mismo juicio estamos demandando a todos”, destacó el abogado litigante.

Distinto es el caso de la soja transgénica. Ya está sembrada, mayormente en territorios mayas en Yucatán. Allí la resistencia la encarnaron los apicultores, que recorrieron un camino ligeramente distinto al de los demandantes por el maíz: la emprendieron contra tres de las autorizaciones existentes, iniciando acciones de amparo por el perjuicio ocasionado a sus territorios pero no una acción colectiva.

“Hay también mucho algodón transgénico sembrado en varios estados del norte del país. Tiene unos 12 o 14 años de autorizada la siembra. Ha habido críticas pero no hay una defensa del algodón, tal vez porque se sembró en el norte, porque no se come y las poblaciones del sur ni sabían, pero ahora ya contagió a las poblaciones del sur. A pesar de que México también es país de origen del algodón, el transgénico está sembrado”, se lamenta Sánchez Galindo.

El abogado insiste en la importancia del logro obtenido en el caso del maíz. “Lo que planteamos fue un daño general causado a todo el país, no sólo a una región, como en el caso de los daños provocados por la soja a los apicultores del pueblo maya. Nosotros extendimos el daño a todos los pueblos, todas las ciudades y todos los campesinos.”

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