Tras casi sesenta años de lucha armada, las Farc firmaron ayer jueves en Cuba con el gobierno de Juan Manuel Santos un “acuerdo de cese de hostilidades bilateral y definitivo”. “El último día de la guerra”, fue el título de varios medios colombianos del miércoles. El pacto lo suscribieron el líder de la guerrilla, Timochenko, y el presidente Santos, y en la ceremonia estaban presentes el secretario general de las Naciones Unidas, Bank Ki moon, y autoridades de los países garantes del acuerdo, entre ellos el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, regionales y extrarregionales. El conflicto habrá dejado unos 8 millones de víctimas directas, entre muertos (más de 260 mil), desaparecidos (alrededor de 45 mil), heridos (decenas de miles) y desplazados (casi 7 millones). Ahora falta que concluya una negociación similar con el Eln, el otro grupo guerrillero, integrado por unos 3 mil combatientes (las Farc tenían 8 mil). Y sobre todo que la letra de los pactos se traduzca en hechos concretos. El 20 de julio deberían estar ultimados los detalles de la implementación de los seis capítulos en que fueron divididas las negociaciones desde que se lanzaron en Oslo, Noruega, en noviembre de 2012: tierras, drogas ilícitas, participación política, víctimas, fin del conflicto e implementación y verificación. Falta cerrar los dos últimos. Los ahora ex insurgentes deberán obtener garantías concretas de que su vida no correrá peligro cuando se desmovilicen, y que no les pase lo que a los ex integrantes del M 19, y a ediles, diputados, dirigentes y militantes de la Unión Patriótica, un partido de izquierda fundado en 1985 con base en ex guerrilleros desmovilizados, entre ellos muchos de las Farc, que fueron diezmados por grupos paramilitares cuando abandonaron las armas.
El armisticio tardó en concretarse. Había sido anunciado para el 23 de marzo, pero debió postergarse. En Colombia, ayer jueves fue día de fiesta, en particular en las zonas más afectadas por los enfrentamientos y en las principales ciudades del país, como Medellín y Bogotá, donde hubo manifestaciones y concentraciones para seguir en vivo la firma de los acuerdos en Cuba. “Hemos llegado con éxito al acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo; la dejación de las armas; las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”, anunciaban las Farc en un comunicado difundido el miércoles, mientras Santos escribía en Twitter: “Rumbo a La Habana a silenciar para siempre los fusiles. Sí a la paz”.
El posconflicto no será fácil. En el plano político, el ex presidente Álvaro Uribe, mentor y luego crítico de Santos, no ha parado de movilizarse contra la paz con las Farc, reclamando el exterminio de la guerrilla. Uribe tiene un peso político no despreciable en el parlamento y a nivel territorial. Los acuerdo incluyen referencias a la necesidad de una mejor distribución de la tierra y la riqueza en Colombia, pero Santos ha implementado políticas, desde que está en el gobierno, que van en sentido opuesto a ese objetivo. Colombia es uno de los países más peligrosos para los sindicalistas, en especial del sector rural, y para los militantes humanitarios.