Las derechas españolas –la más extrema de Vox, la un poco menos del Partido Popular (PP)– apuntan a América Latina. En los últimos meses sus cúpulas alternaron por estos lares. La dirigencia de Vox anduvo más bien por el norte y el centro del subcontinente; la del PP, con su presidente, Pablo Casado, a la cabeza, incursionó esta semana por el Cono Sur. En algunos momentos (la asunción del presidente de Ecuador, Alejandro Lasso, los seminarios y las conferencias impulsados por centros de reflexión conservadores) referentes de unas y otras han coincidido. Casado eligió venir por Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. En Uruguay, Paraguay y Chile se reunió con los presidentes; en Argentina, con el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y con el expresidente Mauricio Macri. Quedan claras sus opciones ideológicas.
Casado pertenece a un partido estrechísimamente vinculado a la Red Atlas, una federación de fundaciones y centros de reflexión surgida en 1981 en la Gran Bretaña thatcheriana y con fuerte implantación en América Latina (véase, entre otras notas publicadas en Brecha, «La internacional ultracapitalista», 18-VI-21). Luis Lacalle Pou (como su padre, Luis Lacalle Herrera), Sebastián Piñera y Rodríguez Larreta suelen participar en actividades de la red, que en Europa tiene uno de sus pilares en la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, un laboratorio de ideas de la derecha ibérica más conservadora fundado y dirigido por José María Aznar, expresidente español y exlíder del PP. A la red pertenece también la Fundación Internacional para la Libertad, el think tank que anima desde España Mario Vargas Llosa. El nobel de literatura confió unas semanas atrás, en el congreso del PP al que fue invitado, que en las próximas elecciones generales en España, su segundo país, votará por Casado. «Ha hecho una labor admirable defendiendo las libertades», dijo, y hace algunos días, desde su fundación respaldaron la gira conosureña del líder del PP, porque, según dijeron, «el liberalismo necesita la construcción de un gran espacio de confluencia transatlántico».
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El cierre del mini-tour se hará hoy, viernes, en Santiago, a diez días de las elecciones presidenciales chilenas. No es banal esa elección, comentaron medios españoles como Público o Infolibre, según los cuales Chile es hoy un punto nodal para la derecha iberoamericana. «No se puede perder baza en Chile», dicen que manifestó Casado antes de salir de España. Dirigentes del PP (y acólitos como Vargas Llosa) no han ocultado que prefieren al pinochetista José Antonio Kast sobre el progre Gabriel Boric. En la disputa entre «comunismo y libertad», que sería la opción de estos tiempos según las derechas duras y extremas de por aquí y de allende los mares, Kast estaría claramente del lado de quienes «defienden la libertad». Así se situó el propio pinochetista, así lo situó Vargas Llosa, así lo situaron algunos dirigentes del PP, así lo situó el expresidente argentino Mauricio Macri y así lo han situado los principales exponentes de Vox y de la ultraderecha europea y latinoamericana.
Ultras y ultraconservadores de uno y otro continente se pelean, compiten, pero también confluyen. Ámbitos como la Red Atlas los reúnen. La idea de construir «una alianza por la libertad» a ambos lados del océano también los acerca, y coinciden en que esa confluencia en la «iberoesfera» (según lo definió el líder de Vox, Santiago Abascal) debería pivotar en torno a España, una vez expulsados del poder en Madrid los «socialcomunistas». Coinciden igualmente en incluir entre los enemigos a un socialdemócrata poco sospechoso de radical, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusan de «blanquear dictaduras como Cuba o Venezuela», en palabras de Casado. En Montevideo el dirigente de los populares españoles se jugó: ¿por qué no sumar a los países del Cono Sur a la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte], para «blindarlos» frente a las «dictaduras» caribeñas? Sería una nueva alianza que trascendería el Atlántico e incorporaría a Israel o a Australia.
Sobre los aliados sudacas, populares y voxistas tienen matices. Vox reivindica abiertamente a Jair Bolsonaro, un nombre que a algunos dirigentes populares (al propio Casado sin ir más lejos) todavía les rechina. El PP hubiera preferido a Piñera antes que a Kast, pero parece haberse resignado a aceptar al pinochetista y a dar por buena la definición de Macri, para quien no hay diferencias significativas entre uno y otro. En Argentina, Vox se aliaría naturalmente con Javier Milei, y el PP con Propuesta Republicana, del propio Macri, por quien Casado manifestó el martes 7 en Buenos Aires su «admiración» y su «solidaridad» ante la «persecución» kirchnerista; por algo hay «libertarios» y macristas que pregonan alguna forma de futura alianza, aunque más no sea por necesidad de hacerle frente al «comunismo».
De hecho, en la propia península, una alianza con Vox ha dejado de ser tabú para los populares. Ya tienen acuerdos regionales y se están preparando para llevar el entendimiento al terreno del conjunto del Estado. En declaraciones en Buenos Aires y Montevideo, Casado dijo que él hubiera preferido gobernar en solitario, o en todo en acuerdo con un «PSOE [Partido Socialista Obrero Español] moderado», pero que, como por el momento hay que descartar ambas posibilidades, bien podría buscarse una alianza del tipo de la que se concretó en Madrid: el PP gobierna y Vox respalda desde fuera, «sin contraprestaciones». En la Comunidad de Madrid, más allá de algunas rispideces, no les ha costado demasiado ponerse de acuerdo para aprobar los presupuestos. Después de todo, a esta altura es mucho más lo que une a PP y Vox que lo que los separa. Para empezar, su posicionamiento hacia el pasado reciente: el franquismo, su herencia, el enjuiciamiento de sus jerarcas sobrevivientes…
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Hasta que se escindieron de sus filas los ultras que darían nacimiento a Vox, el PP agrupaba al grueso del conservadurismo peninsular con base madrileña. Cuando hacia inicios de este siglo en el resto de Europa comenzaban a tomar fuerza formaciones ultraderechistas, se decía que España era una excepción. Sucedía que no tenían expresión política autónoma. Vox se la dio, y su aparición en un momento propicio, de cuestionamiento por todos lados del bipartidismo que marcó la política española desde la salida de la dictadura (entre el PP y el tibio centroizquierdismo del PSOE), tuvo el efecto de un boom. Por lo pronto, derechizó gradualmente el discurso del propio PP, incluso el de dirigentes jóvenes, como el propio Pablo Casado (véase «La derecha “sin complejos”», Brecha, 27-VII-18).
A Casado le cuesta hoy diferenciarse de Vox en cualquiera de los temas que los ultras han elegido como caballitos de batalla: la seguridad, la inmigración, la llamada ideología de género, la memoria histórica, la unidad de España…
El 20 de noviembre, aniversario de la muerte del generalísimo, Casado estuvo en una iglesia de Granada en la que se le hacía una misa de homenaje. La Fundación Francisco Franco se lo agradeció. Casado dijo que había sido una casualidad, un «error». Poco tiempo atrás la fundación había pedido al PP que se opusiera a los intentos del gobierno de ilegalizarla. También se lo pidió a Vox. Vox se opondrá. El PP se mantiene en la ambigüedad.
«Los partidos de derecha y extrema derecha siguen enrocados en una serie de excusas y justificaciones para no cambiar su posición sobre el franquismo. El espíritu de la transición sigue siendo el argumento más usado», señalaba Público, el lunes 6, en alusión a la ley de amnistía y otras de la misma calaña que marcaron la salida de la dictadura en España, como la marcaron en Uruguay o en Chile. «Desde el PP han criticado duramente la Ley de Memoria Democrática, impulsada por el gobierno, y han asegurado que derogarán todas las leyes relacionadas con la memoria histórica que ha impulsado la izquierda. […] Casado suele usar argumentos como que esas leyes solo sirven para “desenterrar rencores”, “abrir las cicatrices y enfrentarnos solo para sacar un rédito electoral que es inmoral”». Suena conocido.
En Buenos Aires, Casado la emprendió contra la llamada querella argentina, los juicios que en nombre de la justicia universal emprendió la jueza María Servini de Cubría para condenar los crímenes de lesa humanidad del franquismo y el inmediato posfranquismo (véanse «Delitos de lesa humanidad a la española» y «Justicia universal», Brecha, 6-XII-13 y 27-IX-13). El 16 de octubre la magistrada argentina procesó al exministro de Gobernación español Rodolfo Martín Villa (integrante del PP) por cuatro homicidios cometidos en 1976. «Se está enjuiciando a la transición española y nosotros pensamos que la transición española es un ejemplo incluso para otras transiciones de regímenes dictatoriales a la democracia en países como en el que estamos o en Chile», dijo el líder de los populares.
En cuanto a la ley de memoria que impulsa el gobierno de Pedro Sánchez, Casado sostiene que va «en contra de lo decidido por la Unión Europea». Público citó resoluciones regionales que lo contradicen, como una de 2016 del Parlamento Europeo que «considera imprescindible que todos los Estados miembros colaboren con las investigaciones judiciales nacionales o internacionales destinadas a esclarecer responsabilidades y a procurar verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unión por regímenes totalitarios; pide a los Estados miembros que prevean la formación necesaria para los profesionales de la Justicia en este ámbito; pide a la Comisión Europea que realice una evaluación objetiva de la situación de estos procesos con vistas a promover la memoria democrática en todos los Estados miembros; alerta de que el incumplimiento de las recomendaciones internacionales sobre memoria democrática y de los principios de jurisdicción universal vulnera principios básicos del Estado de derecho». Más claro…
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Y no es que la ley española vaya demasiado lejos. Formaciones independentistas que le han dado mayorías al gobierno en el parlamento, como Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) o los vascos de Bildu, la han rechazado por considerarla muy insuficiente. Unidas Podemos introdujo cambios a un proyecto original del PSOE para garantizar que los delitos del franquismo puedan ser juzgados en España al considerarlos crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. El PSOE se los llevó, pero dentro del propio gobierno se señala que, tal como está el proyecto, no anula la ley de amnistía de 1977, sino que se limita a «interpretarla conforme a los tratados internacionales». Así lo dijo, entre otros, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. No habrá cambios respecto a lo que sucede actualmente y el nuevo texto, lejos de anular la amnistía, de hecho la reconoce, solo que la «interpreta», dijo Bolaños. En todo caso se podrá invocar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en vigor desde 2002, que obligaría a España a aplicar las leyes en esta materia, según el derecho internacional. Pero quedará a voluntad de los jueces, y allí el Poder Judicial es coto cerrado conservador.
«El proyecto actual no anula al menos dos disposiciones de la ley del 77 que blindan a los victimarios. Si eso no se cambia, no la votaremos», dijo Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el parlamento (El País, 28-XI-21). Por el momento, el proyecto ha quedado en el congelador, en espera de «mayores consensos», según dijo Pedro Sánchez. También suena conocido.
