El fin de semana pasado se anunció que un ciclón extratropical ingresaría por la costa atlántica y afectaría principalmente la zona sur del país, con rachas de viento de hasta 80 quilómetros por hora. Las advertencias meteorológicas eran coincidentes con las previsiones políticas. Distintos dirigentes del oficialismo rechazaban las actuaciones de los jerarcas en la turbulenta emisión del pasaporte del narcotraficante Sebastián Marset y pedían que se asumieran las responsabilidades políticas. Entre ellas, estaban las de la cúpula del Ministerio del Interior (MI) –Luis Alberto Heber y el subsecretario, Guillermo Maciel– y la de una figura muy próxima a Luis Lacalle Pou, el asesor de comunicación del presidente, Roberto Lafluf. El gobierno atravesaba una nueva crisis política, consecuencia del caso Marset, una nube oscura y densa que lleva más de un año circundando la Torre Ejecutiva. El sábado 4, luego de reunirse con los líderes de la coalición, el presidente comunicó que había aceptado las renuncias de los jerarcas y de su asesor. Con esto, el gobierno entendió que el ciclón había pasado, al igual que el previsto por los meteorólogos.
INFORMES DE LA ESTACIÓN DEL PRADO
El argumento de que la entrega del pasaporte había sido de manera legal volvió a ser la principal defensa oficial. Sin embargo, además de las renuncias, se esperaban explicaciones sobre otros puntos nebulosos revelados por la exvicecanciller Carolina Ache. La declaración judicial y las pruebas aportadas a la Fiscalía por Ache incorporaron dos nuevos escenarios al caso: el piso 11 de la Torre Ejecutiva y la casona del Prado perteneciente al MI. La exsubsecretaria se refirió a una reunión de coordinación entre las autoridades del MI y el Ministerio de Relaciones Exteriores que tuvo lugar en esa casona, sita en 19 de Abril 3531.
Allí, en agosto de 2022, se ajustaron los detalles para enfrentar la interpelación a los ministros Heber y Bustillo. Entre lo resuelto, se habría decidido no informar a Senadores sobre los chats que dejaban en evidencia el conocimiento que las autoridades tenían del prontuario de Marset. Pero las dudas se ampliaron cuando este martes la senadora blanca Graciela Bianchi aseguró que ella misma había estado en «la reunión de la casona del Prado» y que sabía «lo que se dijo». Afirmó además que también estuvo en otra reunión «que quizás no tuvo tanta trascendencia», en la que participaron legisladores de la coalición, algo «normal». Brecha confirmó que ese día hubo dos reuniones en la casona perteneciente al MI. La primera, en la que se presentaron los chats, y la segunda, a continuación, en la que participaron, además de los representantes ministeriales, senadores de toda la coalición. Dirigentes nacionalistas negaron que en esa segunda reunión se haya explicitado la existencia de los chats.
ALERTA ROJA
Para el Partido Nacional y sus socios, el descabezamiento del MI y la renuncia de Lafluf fueron muestra suficiente de que se habían asumido las responsabilidades políticas y, por tanto, no era necesario tratar el asunto en el ámbito parlamentario. Así lo fundamentaron las declaraciones del directorio nacionalista y del Partido Colorado (PC), que brindaron un respaldo absoluto a lo actuado por el presidente. En ese momento aún no se había expresado orgánicamente Cabildo Abierto (CA), que en su declaración matizó algunos puntos, aunque no cuestionó las acciones del gobierno.
Horas después de que la crisis tomara estado público, Guido Manini Ríos, líder cabildante, sostuvo que Lafluf no podía haber actuado motu proprio en la reunión que convocó en Torre Ejecutiva, y que todo le llevaba a pensar que el presidente había actuado directamente en este caso. El cabildante incluso dejó abierta la posibilidad de llevar adelante un juicio político al presidente, aunque luego se desdijo de esas declaraciones (En Perspectiva, 6-XI-23). A pesar de esa efervescencia inicial del general, la mesa política de CA terminó dando su apoyo al gobierno y no expresó mayores recaudos ante las explicaciones del presidente, salvo el reconocimiento de que la información que brindaron los jerarcas durante la interpelación fue incompleta y el señalamiento de dudas respecto a la obligación legal de expedir el pasaporte.
En el PC, las críticas, más cautas, llegaron desde dirigentes que, a título personal, cuestionaron la situación y esperaron la asunción de las responsabilidades políticas por parte del presidente de la república. Antes de la conferencia del presidente Lacalle Pou, el líder del partido, Julio María Sanguinetti, no se expresó públicamente. El blindaje de la declaración colorada presentó fisuras en la interna del PC e incluso en el seno del Consejo Ejecutivo Nacional, ya que la resolución no fue unánime. Una de sus integrantes, Margarita Machado, dijo a Brecha que «no podía acompañar» la declaración porque este tipo de decisiones «se deben tomar en ámbitos partidarios abiertos», planteo que fue rechazado por sus correligionarios. Machado contó que «la declaración fue muy discutida» y que, aunque en lo personal le «pareció adecuada», cree que el presidente debió manifestar claramente la gravedad de la situación y «pedirle disculpas a la ciudadanía».
En el texto de la declaración, el PC se plegó a «la legalidad del otorgamiento» del pasaporte a Marset y no hizo ninguna evaluación de las explicaciones del presidente respecto al rol de Lafluf en el ocultamiento de los chats. Estos son algunos aspectos que preocupan a Guzmán Acosta y Lara, precandidato a la presidencia por ese partido, que en diálogo con este semanario consideró que, más allá de la renuncia del asesor, «el presidente debería ser más contundente para que se sepa realmente con qué fin se efectuó esa reunión». Alguien tiene que haber dicho «hay que destruir esto, el tema es quién lo hizo», remató Acosta y Lara.
