El servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en contenedores se instrumentó en San Carlos, a modo de “zona testigo” del departamento, por iniciativa del intendente Óscar de los Santos y de Susana Hernández (Alianza Progresista), entonces presidenta de la Junta Local Autónoma y Electiva. Se pretendía comparar los costos de la gestión pública y la privada y, de esa forma, forzar a la baja las propuestas económicas que se presentaran por licitación pública en el departamento.
Destacado a nivel regional, elogiado por la población y promocionado como de alto valor para comparar la eficiencia y costos entre el Estado y las empresas privadas, también contribuyó a fortalecer el proceso descentralizador iniciado en 2005 por el gobierno frenteamplista.
En 2011 la experiencia obtuvo el primer premio en el Encuentro de Buenas Prácticas de Gestión Municipal organizado en Córdoba (Argentina) y captó el interés de gobernantes del estado venezolano de Barinas, que llegaron a San Carlos para conocer la experiencia con ánimo de replicarla en su territorio. No había nada que envidiar al consorcio EcoTecno que, contratado por la Intendencia de Maldonado, todavía presta el servicio en el resto del departamento. Incluso los funcionarios canalizaban reclamos de la zona balnearia ubicada en jurisdicción carolina (al este del arroyo Maldonado), donde la recolección permaneció a cargo de EcoTecno, cuando los usuarios no obtenían respuestas desde la capital departamental. En ese contexto, el Estado parecía capaz de gestionar el servicio con la misma eficiencia (o mayor) que un privado, a menores costos. Sin embargo, en octubre de 2012 se encendió una luz de advertencia cuando la rotura de los dos camiones compactadores dejó a la ciudad sumida en la mugre. En diciembre de 2013 nuevamente se desbordó la basura debido a otra falla en un camión, coincidente con el quebranto de salud de un chofer sin remplazo. En ambos episodios los funcionarios de Aseo Urbano dieron explicaciones y pidieron disculpas públicas por la anomalía. Asumieron la presión, pero también advirtieron sobre la necesidad de recursos para mantener la “zona testigo”. No tuvieron respuesta, ni departamental ni municipal.
De acuerdo a un informe correspondiente al primer semestre de 2015 –al que Brecha accedió–, para 2016 urgía adquirir un nuevo camión y unos 30 contenedores que permitieran absorber el crecimiento demográfico, más la reparación de la flota existente y los contenedores dañados por actos vandálicos. El mismo informe proyectaba un costo de 1.780.000 dólares para el período 2016-2020 si se pretendía mantener el sistema. Pero tampoco hubo resolución política al respecto. Por otra parte, jamás se concretó el estudio comparativo entre públicos y privados, objetivo del plan piloto. Los municipales carolinos –dos ingenieros y un capataz– elaboraron datos de gestión y evaluación del servicio con la esperanza de recibir informes de la Intendencia sobre la actividad de EcoTecno o compartir su información con la Dirección General de Higiene del gobierno departamental frenteamplista. Pero eso no ocurrió, afirmaron a Brecha fuentes de Aseo Urbano y de la anterior Firección de Obras municipal.
Ahora, embretado en un recorte presupuestal para la jurisdicción, dispuesto por el intendente blanco Enrique Antía, esta semana el Concejo aceptó la posibilidad de terminar con el experimento e incluir a San Carlos en el nuevo llamado a licitación pública departamental, previsto para marzo. Primaron los argumentos económicos de la línea que responde al diputado Darío Pérez (Cabildo), coincidente con la postura de los concejales nacionalistas, mientras los afines a De los Santos manifestaron su discrepancia política pero acataron la postura mayoritaria.
Con el afán de sacarse un peso económico de encima, las autoridades locales frenteamplistas optaron por una fórmula poco izquierdista: devolver la responsabilidad de la recolección a la Intendencia, sacrificando el rol social del municipio y parte de su autonomía, además del vínculo alcanzado entre los funcionarios y la población. No dieron batalla ante el gobierno departamental, ni priorizaron una gestión con indicadores favorables, ni defendieron el proyecto ante otros que se propone costear la Intendencia (como una rambla panorámica que costará 3 millones de dólares y que fue propuesta por el director general de Planeamiento, Roberto Chiacchio). Desmoralizados, los funcionarios aceptaron el plan privatizador y perder, de esa forma, la compensación de 7 mil pesos mensualesque perciben por esta tarea.
La Mesa Política del FA nunca tomó el asunto ni evaluó hacer el estudio pendiente antes de responder a Antía, reconocen dirigentes de diferentes sectores. El diputado y ex intendente De los Santos manifestó a Brecha su preocupación por la pérdida de la zona testigo, que dejará al departamento sin referencia para determinar si las propuestas privadas para las licitaciones (en marzo se convocará a la próxima) se ajustan a los costos y ganancias del servicio. Pero hay otras preocupaciones. “Ojalá me equivoque, pero creo que San Carlos nunca va a estar tan limpia como en estos años”, lamentó el encargado de Aseo Urbano, Richard Barrios. En unos meses, cuando se adjudique la licitación, él y sus compañeros dejarán de trabajar sábados, domingos y feriados por el bienestar de los usuarios, y pasarán a “sugerir” al municipio proyectos de reciclaje y acciones ambientales, según proponen las autoridades. El proyecto soñado terminó en la basura.
