Pasó marzo, pasó el «mes de las mujeres», pero las desigualdades y la violencia no pasan y el patriarcado no cede. La violencia contra las mujeres y las infancias sigue marcando a fuego la vida social y cotidiana de este país.
Las consignas de este 8M fueron muchas y diversas. Estuvieron atravesadas por un contexto internacional violento: guerras, genocidios y avance de poderes imperiales. Este año resonó con fuerza una demanda histórica: de los cuidados tiene que hacerse cargo la sociedad toda. Mientras el mundo se desgarra, los cuerpos feminizados siguen sosteniendo lo que nadie quiere ver.
Un estudio elaborado en el marco del 8 de marzo por la Usina de Percepción Ciudadana (La Diaria, 28-III-2026) encendió una alarma: el 52 por ciento de la población uruguaya está «muy o algo de acuerdo» con que la promoción de la igualdad terminó discriminando a los hombres. El porcentaje es incluso superior al registrado a nivel global por Ipsos (44 por ciento en 29 países). Uruguay, otra vez, no es la excepción: también aquí el sentido común retrocede. Recordemos que la batalla cultural es siempre la batalla por el sentido común, y que el sentido común, como en los viejos textos del marxismo, siempre es el sentido de la ideología dominante, que es la ideología de la clase (en este caso, el género) dominante.
La idea de que «se fue demasiado lejos» con la igualdad no aparece en el vacío. Se construye, se siembra y se cosecha todos los días. Y lo hace en un terreno en el que nuestras consignas son apropiadas una y otra vez por las derechas, en una tergiversación imposible. Es así que la ley de tenencia compartida obligatoria se transformó en la ley de la corresponsabilidad en la crianza, a pesar de que el 40 por ciento de los padres no participan de los cuidados infantiles (El Observador, 12-IV-2026) y la ley ni siquiera aborda ese problema.
Crece una ofensiva conservadora que, en toda la región, busca instalar que el feminismo es un privilegio y no una respuesta a una desigualdad estructural. El llamado pánico moral captura la agenda, moldea discursos políticos y ofrece respuestas fáciles a electores desencantados y reaccionarios. Es en este marco que continúa vigente la ley de corresponsabilidad en la crianza, que no solo no resolvió los problemas que decía atender, sino que produjo nuevos riesgos y vulnerabilidades. Revisarla ya no es una opción, es una necesidad.
Cómo instalar la sospecha
sobre la verdad de las mujeres
La ley se presentó como un avance hacia una distribución más justa de los cuidados. Sin embargo, representó un retraso, al dejar por fuera aspectos centrales, como el reparto efectivo de las tareas de cuidado o el cumplimiento de las obligaciones alimentarias (que afectan los ingresos de miles y miles de hogares). De hecho, instaló y legitimó un argumento largamente rebatido: que las denuncias por violencia de género son falsas o meras estrategias de manipulación judicial. De allí surge la calumnia agravada en el Código Penal (artículo 15 de la ley), un ejemplo de inflación punitiva y mala técnica, pues la conducta ya estaba tipificada y la nueva redacción es imprecisa. Como señala la defensora pública doctora Yamila Cabrera, se buscó hacer creer que la ley de violencia basada en género otorga inmunidad total para denunciar cualquier hecho y que el agravante era necesario ante un supuesto quiebre de las garantías democráticas. Las noticias muestran que la verdadera involución es el aumento exponencial de la violencia basada en género y la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Según la investigación del Centro Latinoamericano de Economía Humana y ONU Mujeres Uruguay (2021-2023), las denuncias falsas por violencia de género son «insignificantes». El estudio confirma que la ley no facilita este tipo de denuncias y que, en los contados casos en que ocurren, el sistema jurídico uruguayo dispone de herramientas adecuadas para detectarlas y sancionarlas. Pero la «sospecha» sobre la voz de las mujeres va unida a la sospecha sobre la verdad de los niños, y el síndrome de alienación parental, aunque no ha entrado en la legislación uruguaya (a pesar de proyectos que fueron presentados en el período pasado), ha sido usado en procesos legales. La sospecha sobre la capacidad de verdad de las mujeres y los niños dice mucho también sobre su «falta de racionalidad» y su «disposición al fingimiento y a la manipulación»: léase a Mary Wollstonecraft en el siglo XVIII para entender de dónde vienen estos estereotipos.
Peor aún: la ley se aprobó manteniendo el artículo 4, que deja la posibilidad de que, ante un padre que ejerce violencia sobre la madre, las visitas se mantengan. Y, justamente, la corresponsabilidad real presupone algo que esta ley no garantiza: que ambos progenitores están en condiciones de cuidar sin poner en riesgo la vida ni la salud física y emocional de niños, niñas y adolescentes. Ante este punto, conviene recordar algunos de los impulsores de esta ley.
La organización Varones Unidos y su representante, Pablo Laurta, fue una de las voces «autorizadas» en la defensa de esta ley. De hecho, en el propio Parlamento de nuestro país, este homicida múltiple, hoy imputado por un doble femicidio y otro homicidio, disertó sobre «Desafíos a los derechos y libertades informativas» en abril de 2022. Ello debe llamarnos a la reflexión. Porque, si los que desautorizan a las mujeres son los que ejercen violencia contra ellas y los tomamos por buenos, estamos en serios problemas.
El de esta ley no es un problema abstracto, puesto que algunas de sus disposiciones la vuelven peligrosa. Cada vez más voces –desde el Frente Amplio hasta organizaciones de la sociedad civil, desde la academia a los propios administradores de justicia– plantean la necesidad de revisar y derogar, al menos, algunos artículos de la ley. El problema no es solo conceptual: también es institucional.
Uno de los dispositivos creados por la ley para brindar garantías es el Registro Nacional de Medidas de Protección. Según un informe de la organización Mujer Ahora (publicado en su web el 30-XII-2025), se «registra lo que no [se] debe registrar» y se omiten medidas previstas en la normativa vigente. La Suprema Corte de Justicia informó que no puede determinar cuántas veces los jueces consultan el registro. Tampoco existen mecanismos de control sobre su uso. Los datos disponibles, además, resultan poco verosímiles: apenas 20 medidas de prohibición de acercamiento en todo 2024, una cifra que no refleja la práctica cotidiana de los juzgados. El resultado es un dispositivo que produce una ilusión de protección, pero no la garantiza.
La paradoja del 52 por ciento
Mientras «la gente» (expresada en ese 52 por ciento) insiste en que «las mujeres ya tienen demasiados derechos», la realidad muestra que la corresponsabilidad en los cuidados sigue siendo una promesa incumplida. Los datos son claros: según la Encuesta de Uso del Tiempo 2021-2022 del Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadística, las mujeres dedican 34,4 horas semanales al trabajo no remunerado frente a 20,6 de los varones. La Encuesta Continua de Hogares muestra que la brecha salarial se ubica en torno al 20-25 por ciento: los hombres siguen ganando más que las mujeres. El trabajo de cuidados no remunerado sigue en el centro de las desventajas de la mujer.
¿Cómo sería asistir a manifestacio-nes de varones que reclamen más licencia paternal, que reclamen más tiempo para cuidar de sus hijos e hijas, que utilicen el derecho al medio horario y que, sobre todo, hagan lo posible para frenar la violencia desgarradora que su propio género ejerce sobre las infancias y las mujeres?
Poner los cuidados en el centro no es solo una consigna. Es una propuesta política que redefine prioridades, redistribuye responsabilidades y disputa el sentido mismo del desarrollo.
Marzo terminó. El 52 por ciento está ahí, y representa un sentido común que confunde con un exceso el intento de mitigar la desigualdad tras siglos de dominación masculina. Derogar esta ley no es un capricho técnico: es un llamado para construir un proyecto mejor que realmente ponga la vida de nuestras infancias en el centro.
(Constanza Moreira es senadora del Frente Amplio. María Emilia Pérez es abogada.)