La expansión de La Tahona por el norte del país

Aparte

El grupo desarrollador de barrios privados ha desembarcado en Paysandú y presiona para abrirse paso en Salto. Tiene en el intendente Andrés Lima un fuerte aliado y en la Universidad un escollo.

Entrada a La Tahona, en el barrio del Club de Golf de Paysandú Mauricio Britos

Hace 20 años el cineasta Mario Handler documentaba, cámara en mano, la cotidianeidad en los márgenes más pobres de Montevideo. Una madre soltera, una prostituta, jóvenes en tempranos conflictos con la ley, eran los protagonistas del documental Aparte. Su estreno en 2002 sacudió a la sociedad uruguaya con la exhibición descarnada de los efectos socioculturales de la crisis económica de principios del milenio. La película –que en Uruguay llegó a superar a Matrix en taquilla– contenía escenas filmadas por los propios protagonistas, a los que el director les cedía la cámara.

Paralelamente, por lo menos desde 1992, crecía en Uruguay (en principio, al sur y al este) una forma opuesta de segregación habitacional: los barrios privados o cerrados, donde la circulación está restringida a los residentes o a quienes ellos autoricen. La desigualdad entre estos enclaves apartados no sólo radica en lo evidente (el nivel socioeconómico de sus habitantes), sino en la información que se tiene acerca de ellos, sobre los que en Uruguay hay muy pocos estudios académicos y ningún documental. En esto coinciden quienes, con grandes dificultades para acceder a la información, se han abocado a su estudio en Uruguay.

Este fenómeno de radicalización de la segregación espacial creció a impulsos de la globalización neoliberal a partir de la década del 70 y se consolidó en las grandes ciudades de Latinoamérica en los años ochenta. A Uruguay, como tantas cosas, llegó un poco más tarde. Quizás por eso, mientras en el mundo se acumula evidencia sobre los problemas urbanísticos, ambientales y sociales que los barrios privados traen aparejados –con ejemplos como el de Rosario, Argentina, que tras la sofocación de su casco urbano los prohibió en 2010–, en nuestro país el empresariado encuentra fuerte respaldo en sectores políticos que promueven su expansión, incluso a la izquierda del espectro partidario.

RUMBO AL NORTE

Según los datos publicados en 2019 por los politólogos Marcelo Pérez Sánchez y Juan Pedro Ravela,1 los departamentos punteros en urbanizaciones cerradas son Maldonado (con 40 barrios de este tipo) y Canelones (con 18). En Montevideo, los barrios privados no están habilitados, aunque los académicos identificaron cinco barrios semiprivados que, aun sin impedir totalmente la libre circulación ciudadana, la desestimulan con recursos como puestos de control o calles sin salida. Salvo excepciones puntuales, como las de Lavalleja y Soriano (con dos barrios privados cada uno), hasta ahora el grueso de los enclaves se sitúa en departamentos de la franja costera (a los mencionados se suman Rocha, Colonia, San José y Soriano). Pero su presencia se viene expandiendo por el territorio nacional de la mano de algunos grandes grupos económicos.

Uno de ellos es el grupo La Tahona (Runtuna SA), con fuerte presencia en Camino de los Horneros (donde se agrupa la mayor concentración de barrios privados de la zona metropolitana, en Canelones). La Tahona fue pionera en estos emprendimientos a principios de los años noventa, durante la intendencia de Tabaré Hackenbruch y la presidencia de Luis Alberto Lacalle. La familia Añón compró, «junto a otros profesionales», las primeras 120 hectáreas en 1992 (El Observador, 14-IX-20). En aquel momento no había regulación específica para estos emprendimientos, que crecieron amparados en el concepto de clubes de campo. Luego fueron regulados por el capítulo sobre urbanizaciones de propiedad horizontal de la Ley de Urgente Consideración (ley 17.292) de 2001, y por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS), de 2008 (Vivienda Popular, FADU, noviembre de 2016). Pero, por mandato constitucional, buena parte de las disposiciones que rigen en materia de administración territorial quedan en manos de las normativas departamentales.

En sucesivos planes de ordenamiento territorial posteriores a la LOTDS, la Intendencia de Canelones –ya en manos del Frente Amplio (FA)– optó por estimular «instrumentos de promoción y regulación de los barrios privados» (Sánchez y Ravela, 2019), a contramano de lo actuado por el FA en la capital. Entre 2000 y 2015, los académicos citan siete casos de recategorizaciones de suelo (cuatro de ellas para emprendimientos de La Tahona), en los cuales no «se observa ningún instrumento que contemple la captación de plusvalías por parte del gobierno departamental sobre los desarrolladores inmobiliarios». La plusvalía urbana se define como «la valorización que sufren diversos inmuebles en función de acciones que son externas a los propietarios y que fundamentalmente son llevadas a cabo por el Estado», que es a quien le correspondería hacerse de ese plusvalor para redistribuirlo en la sociedad.

Hoy La Tahona tiene cinco barrios privados en Canelones y pretende llegar a 500 hectáreas en el departamento y a 5 mil en todo el territorio nacional. Para sus proyectos, no sólo cuenta con el apoyo del presidente Luis Lacalle Pou (que reside en uno de sus barrios), sino también con el de varios líderes del FA, con Yamandú Orsi como destacado articulador. En contra tiene que la calificadora de riesgo Fitch Ratings asignó a la sociedad anónima una «perspectiva negativa». La calificación «refleja la expectativa de que el flujo operativo podría estar afectado por la disrupción económica relacionada con el covid-19, que ha afectado la mayoría de las actividades no esenciales. Asimismo, la continuidad de la incertidumbre acerca de la recuperación de la actividad inmobiliaria podría implicar que Runtuna no sea capaz de retornar a los niveles de actividad y monetización previstos antes de fines de 2021», explicó la calificadora.

En tiempos mejores, durante el mandato de Guillermo Caraballo, el grupo puso en marcha su proyecto inmobiliario de La Tahona Paysandú Golf Club, ubicado, respecto a la ciudad, sobre el lado opuesto de la intersección de las rutas 3 y 90. Además, promueve actualmente otro emprendimiento que implica la creación de una laguna artificial sobre el arroyo San Francisco –próxima al puente binacional y también del lado opuesto del camino que conecta con la ciudad–. El emprendimiento anuncia intenciones de sumar al negocio inmobiliario el rubro turístico. «San Francisco Lagoon tendrá una extensa playa rodeando la gran laguna, con sectores para todo público –a los que podrá ingresar abonando una entrada que, se ha indicado, será accesible–, playa VIP, Playa Party y Playa Hotel, de modo que tanto el público como los residentes y quienes se alojen en el hotel tengan espacios definidos y diferentes», según la cobertura de El Telégrafo sobre la presentación del proyecto.

Consultado por la posición política del FA a nivel departamental, el presidente de la coalición de izquierda en Paysandú, Álvaro Guigou, dijo: «El tema en sí no lo hemos tratado. Tenemos compañeros que están a favor y en contra. Yo diría que mayoritariamente se está en contra de ese tipo de proyectos, pero no hemos tomado posición». Las bases programáticas del FA para el período 2020-2025 prometían explícitamente restringir «las modalidades excluyentes como los barrios privados y cerrados y otras formas de inversión especulativa en lugares de especial valor inmobiliario».

UN MESIANISMO INCIERTO

En Salto, con el respaldo del intendente Andrés Lima, el apoyo presidencial y la colaboración de técnicos de la Intendencia de Canelones, La Tahona pretende instalarse en tres padrones que ocupan un total de 568 hectáreas. El proyecto, denominado El Milagro, ha suscitado críticas de profesionales de distintas disciplinas del Centro Universitario Regional Norte (CENUR) de la Universidad de la República, de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), entre otros actores. Una de las polémicas gira en torno a su localización, que implica la recategorización de suelo rural por fuera de los límites definidos por el Plan Local para la Ciudad de Salto y su Microrregión (aprobado en 2016). La recategorización planteada dejaría dentro de la trama urbana el bypass que une las rutas 3 y 31, generando «múltiples cruces vehiculares» en un «tramo fundamental para el tránsito de pasajeros y el transporte nacional e internacional de carga», sostiene un documento elaborado por los académicos del CENUR, nucleados en el Grupo de Estudios Territoriales. Desde su perspectiva, la normativa territorial vigente en Salto «habilita la realización de todas las ideas que se han planteado con relación al proyecto El Milagro, en forma ordenada y sostenible».

En el documento presentado para la revisión «parcial» del plan de Salto, la Intendencia Departamental de Salto (IDS) fundamenta su promoción del proyecto en los bajos indicadores sociales del departamento. Salto está por debajo de la media nacional en materia de empleo, actividad económica y participación en el producto bruto interno, entre otros índices. «En este sentido, recalificar tierra con esos propósitos, turismo y educación, marca un camino a transitar para el proceso de desarrollo del departamento».

En declaraciones a El País, Andrés Lima asoció la captación de plusvalías por el proyecto (aún no reglamentada en Salto) a dos objetivos. Uno es la erradicación de asentamientos. Según un informe técnico del Programa de Mejoramiento de Barrios, entre 2011 y 2018 la tasa de crecimiento de los asentamientos en Salto es la mayor del país (38 por ciento), con diez asentamientos creados, que totalizan 26 a 2018. Los únicos departamentos que superan a Salto en el período, con 12 nuevos asentamientos, son Montevideo y Canelones, donde campean los barrios privados.

El otro objetivo es la creación de un puerto de barcazas, al que no se hace mención en el plan de reordenamiento propuesto. La IDS anuncia la creación de 13.500 puestos de trabajo y la de 1.000 puestos fijos si el proyecto finalmente prospera. Además, hay novedades retóricas: el intendente y el secretario general de la IDS no se refieren a un barrio privado, sino a un «barrio residencial».

El proceso de revisión del plan ha tenido varios claroscuros. Su gran presencia mediática, especialmente durante la campaña, no tuvo correlato a nivel institucional. En los documentos presentados por la IDS no hay mención a La Tahona ni a El Milagro. Incluso una respuesta de la IDS a la dirección del CENUR, del 24 de noviembre de 2020, afirma que «a la fecha no se encuentra en estudio como proyecto específico el que se hace referencia [sic]». Sin embargo, Brecha accedió a un documento titulado «Estudio socioeconómico de la ciudad de Salto a partir del desarrollo delclúster turístico y de servicios El Milagro», a cargo de la consultora Berensztein, que fue elaborado para la Intendencia de Salto y está fechado en abril de 2019.

Según dijo a este semanario el grupo del CENUR, no hay ninguna mención formal en el proceso a los actuales propietarios de los padrones en cuestión. En Salto, el rumor es que pertenecen a la familia Lagreca, de fuerte producción agropecuaria. En el estado financiero presentado por Runtuna SA a la Bolsa de Valores de Montevideo se informa que «el grupo firmó la reserva de tres lotes por un total de USD 259.000». Aunque no se menciona dónde se sitúan, cabe la posibilidad de que los lotes reservados sean los del proyecto El Milagro, pues el precio de tasación de 2020 (aún con la categoría rural) de los tres padrones sumados coincide con el monto referido en ese informe (con 1 dólar a 39 pesos). El estudio de Sánchez y Ravela explica que la apropiación de la renta urbana «se disputa entre desarrolladores urbanos y propietarios», por lo tanto, la línea de base del proyecto es clave para calcular su revalorización.

En el plano político departamental, los consultados por el semanario no indican que vaya a ser fácil alcanzar la unanimidad que los planes anteriores lograron en la junta, y que Lima se propone reeditar. Ayer jueves Mijail Pastorino, del Movimiento de Participación Popular, expresó a Radio Arapey sus dudas en cuanto a los empleos que el proyecto promete y a la negativa oficial a catalogar el emprendimiento como «barrio privado»  (a la vez que reconoció la contradicción que significaría esta postura departamental con la del también emepepista Orsi). El edil de la 738 Gabriel Scabino manifestó sus dudas a El País. Algunos ediles del Partido Nacional se han mostrado receptivos a los planteos del CENUR. En el Partido Colorado, la diputada suplente Agustina Escanellas dijo a Brecha que este proyecto «lo que hace es recategorizar suelo que vendría a ser un tercio de lo que ya abarca el casco urbano de la ciudad. […] Como salteños debemos dar garantías de que se realicen estos proyectos una vez que tengamos toda la información sobre la mesa. Es decir, cheques en blanco no».

1.  «Montevideo, ciudad cercada: el fenómeno de los barrios privados», en Habitar Montevideo: 21 miradas sobre la ciudad, IM-Fesur-Udelar, 2019.

Quiénes son La Tahona

Los paraísos

El 19 de noviembre de 2017, Carlos Miguel Páez Rodríguez (hijo del pintor Carlos Páez Vilaró) celebró su cumpleaños. Según TV Show, lo hizo «con su círculo más íntimo de amigos y familiares». De acuerdo con la crónica, «alrededor de 30 invitados fueron recibidos en su nueva casa»: uno de ellos, fue el intendente de Canelones y eventual candidato a presidente por el Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi. Páez es uno de los accionistas minoritarios del grupo La Tahona. Aquel día, también estuvo presente Carlos Heber Videla, quien –al igual que su hermano Gustavo– tiene acciones en el grupo. Ambos son familiares del ministro de Transporte, Luis Alberto Heber Fontana, y socios en la firma Forestal Cerro Colorado SRL. Celia, la madre de los hermanos Videla, también tiene parte en el negocio forestal. Y, además, fue secretaria del herrerismo en el Parlamento, desde el retorno de la democracia hasta 2015.

También estuvieron presentes otros accionistas de La Tahona, como Max Jonas Perfetto. Algunos no salieron en las fotos de TV Show, como Jack Robin Orr Mendy, esposo de María Elisa Bordaberry Fontana, quien a su vez es prima del exsenador Pedro Bordaberry y dueña –junto con su familia– de la estancia El Paraíso, que hasta 2013 contaba con nada menos que 3.020 hectáreas (véase «El poder de la concentración», Brecha, 15-II-13). También asistieron Félix Leandro Añón Elcarte y su esposa, Astrid Barfod. Él es el accionista mayoritario del grupo, con 53 por ciento de las acciones. Sus hijos Nicolás, Francisco e Ignacio tienen 12 por ciento cada uno. Pero también tiene otras actividades. Durante los años dos mil, Añón fue uno de los directores en Uruguay de la gigantesca corporación de medios Claxson Interactive Group (del empresario venezolano Gustavo Cisneros). En ese momento, el grupo controlaba las radios Sarandí 690, Sarandí Sport 890, Disney FM 91.9 e Integración Americana (de Rivera). En 2008, el conglomerado fue vendido a Fernando Coelho (exgerente de Canal 4), señalado como representante en Uruguay del magnate mexicano Ángel González. En 2010, este semanario informó de una denuncia de falsificación de firmas en el negocio de esta emisora (véase «Negocios de familia», Brecha, 5-XI-10). El precio que trascendió en su momento por la transacción fue de 1.750.000 dólares. La denuncia finalmente fue archivada.

La suegra de Leandro Añón, Anna Natt och Dag, desciende de una familia noble fundadora del Estado sueco. Según su autobiografía, Anna arribó a Uruguay a mediados del siglo XX e hizo carrera en el servicio exterior sueco durante 50 años, y llegó a ser cónsul del país nórdico. Aquí se casó con el periodista y escritor Einar Barfod. Durante la dictadura, la diplomática asistió a perseguidos políticos uruguayos que se radicaron en Suecia. Posiblemente el nombre de la sociedad anónima que controla las subsidiarias que ejecutan los proyectos de La Tahona, Runtuna SA, sea un homenaje al pequeño Runtuna, un apacible pueblito del sureste sueco.

No es tan claro, empero, el origen de Benson Development, nombre del que hasta hace tres años era el único accionista de Runtuna SA, según la documentación presentada al Banco Central del Uruguay (BCU) consultada por Brecha. Una búsqueda en Google arroja varios dominios con referencia al mismo título, lo que no aporta claridad. Los documentos examinados hacen referencia en algunas ocasiones a Benson Development SA y en otras a Benson Development Ltd. Al menos esta última tuvo o tiene su sede en Belice, reconocido paraíso fiscal que integró hasta 2019 la lista de países de baja o nula tributación de la Dirección General Impositiva y arroja más de mil quinientas entradas en la base de datos de los Panama Papers, publicada en 2016. En 2017, el grupo La Tahona informó al BCU que, «con motivo de una reestructura del paquete accionario de Runtuna SA, Benson Development SA dejó de ser su único accionista», detallando luego su distribución de acciones. El comunicado, firmado por Leandro Añón, detalla: «Llamamos la atención en cuanto a que esta reestructura implicó simplemente que el anterior accionista (Benson Development SA) dejara de formar parte de la cadena accionaria, pero sin que haya ocurrido un cambio de control de Runtuna SA».

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