El domingo 20 de agosto los ecuatorianos tomaron dos decisiones que tienen emocionados a los ambientalistas del país y del mundo. Además de ir a las urnas para elegir a la nueva Asamblea Nacional y al presidente que terminará el mandato de Guillermo Lasso, los votantes participaron en dos consultas públicas en las que resolvieron detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y no permitir la minería en el Chocó Andino.
Junto a las papeletas para Asamblea y presidente, los ecuatorianos encontraron una para la consulta popular del Yasuní, en la que se les preguntaba si querían que el petróleo del Bloque 43 Ishpingo-Tambococha-Tiputini, más conocido como ITT, dentro de este parque nacional, permaneciera de manera indefinida en el subsuelo. Por su parte, los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito encontraron una papeleta adicional para decidir si querían prohibir la minería metálica artesanal, así como la de pequeña, mediana y gran escala, en varias de las parroquias rurales de la capital ecuatoriana, y que forman parte de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino.
Los resultados fueron contundentes: el 59 por ciento de los electores a nivel nacional votaron a favor de parar la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta y parte de la Amazonia ecuatoriana. El 68 por ciento de los quiteños decidió que no se podrá llevar adelante minería metálica en las zonas rurales de Quito en donde se estaban entregando concesiones mineras.
«Es un triunfo histórico para Ecuador, pero también para el planeta entero, porque frente a la inacción de los gobiernos, que se reúnen cada año en las COP [Conferencia de las Partes] para, supuestamente, tomar medidas en contra del cambio climático, pero que nunca las toman, el pueblo ecuatoriano ha dado el primer paso para hacer frente a esta lucha», comentó Antonella Calle, vocera del colectivo Yasunidos.
Los ecuatorianos regresarán a las urnas en octubre, cuando se efectúe la segunda vuelta de las elecciones para presidente. Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, candidato de la alianza ADN (Acción Democrática Nacional), son los dos candidatos que buscan ocupar el Palacio de Carondelet. Uno de ellos tendrá en sus manos el compromiso de hacer cumplir la voluntad de los ecuatorianos y detener la explotación petrolera en el Yasuní y la minería en el Chocó Andino.
ESPERAR DIEZ AÑOS
«Damos las gracias a los ciudadanos ecuatorianos que votaron por el Sí a la consulta del Yasuní. Gracias por respaldar el derecho a la vida y el derecho a los bosques. Hemos ganado, no solamente la región amazónica, sino todos los ecuatorianos y a nivel mundial», asegura Lolita Piyaguaje, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana.
Piyaguaje agradece, sobre todo, porque ella ha sido testigo de lo que sucede en los territorios con explotación petrolera: «Yo vengo de una nacionalidad indígena donde hay petróleo. Allí hay mucha contaminación y hay muchas enfermedades. Rechazamos profundamente la inserción de las empresas petroleras en la Amazonia porque nos ha traído más pobreza, más contaminación y más problemas sociales».
Calle considera que el triunfo del Sí en la consulta del Yasuní también representa una buena noticia para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan en ese parque nacional. El portal Mongabay Latam ha reportado en varias ocasiones cómo las carreteras y las plataformas petroleras se acercan a la zona intangible, donde habitan estos pueblos dentro del área protegida.
Con la decisión que tomó el pueblo ecuatoriano, la industria petrolera que opera desde hace varios años en el ITT no podrá abrir nuevos pozos y tendrá un año para salir progresivamente de este sector de la Amazonia. La producción actual del bloque es de aproximadamente 58 mil barriles diarios de petróleo, lo que representa un 12 por ciento de la producción nacional, que ronda los 481 mil barriles por día.
Las reacciones del gobierno no se hicieron esperar. El ministro de Energía, Fernando Santos, le dijo al medio de comunicación Primicias que no habrá suficiente dinero para las importaciones de combustibles ni de otros bienes por el cierre del ITT.
Cálculos de Petroecuador dan cuenta de un costo de 16.470 millones de dólares por dejar de producir crudo en el ITT, lo que incluye costos de retiro de la infraestructura, indemnizaciones a comunidades, arbitrajes internacionales y el petróleo que se dejará de extraer durante los próximos 20 años.
El ministro Santos aseguró que se llevará a cabo un plan de cierre coordinado con el Ministerio de Ambiente, que estará listo en unos tres meses, y que, para compensar lo que se dejará de generar en el ITT, se tendrá que concesionar a privados el campo Sacha para que aumente su productividad o hacer nuevas exploraciones en el suroriente amazónico, aunque allí hay una fuerte oposición indígena.
Calle asegura que Ecuador ha extraído petróleo desde hace unos 50 años y que en las zonas donde se hacen las explotaciones se ve destrucción, contaminación y pobreza. «En Ecuador, las regiones más pobres son las amazónicas, justo de donde se ha extraído petróleo históricamente. Mucha de la plata se ha ido a la corrupción y a enriquecer a unos pocos», comenta.
Uno de los puntos sobre los que más insisten las organizaciones indígenas y los colectivos sociales es el de remediar los pasivos ambientales que dejará la operación en el ITT. Una reciente investigación de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora mostró que la remediación es crítica en Ecuador si se compara con países como Bolivia, Colombia y Perú, ya que acumula la mayor cantidad de pasivos ambientales y lo que el Estado denomina «otras fuentes de contaminación». En total son 4.675 los puntos del país con residuos de la industria petrolera. Más de la mitad de ellos se ubica en Sucumbíos (2.776) y Orellana (1.646). Esta última es una de las provincias donde se ubica el parque Yasuní.
Integrantes del colectivo Yasunidos señalan que estarán vigilantes de todo el proceso, pues hace unos años hubo una consulta popular en Cuenca para prohibir la minería en sus páramos y el gobierno no la ha cumplido, a pesar de que los resultados de las consultas populares son vinculantes y de que estas decisiones están por encima de cualquier gobierno de turno.
«Le exigimos al Estado ecuatoriano que nos respete la decisión pública, que no sean vulnerados nuestros derechos, sino que sean respaldados», afirma Piyaguaje.
Calle agrega que, «lastimosamente, para que se cumplan las cosas en este país, los colectivos y la sociedad civil organizada siempre tenemos que estar luchando y exigiendo que se cumplan los derechos. Y lo vamos a seguir haciendo. Invitamos a toda la sociedad ecuatoriana que votó Sí y a toda la comunidad internacional que ha dado su apoyo a esta consulta popular a que sean veedores de este proceso».
Para llegar a las votaciones de la consulta popular del Yasuní, tuvieron que pasar más de 10 años. En 2013, tan pronto se supo que la Asamblea Nacional le había autorizado al entonces presidente, Rafael Correa, la explotación petrolera en el parque Yasuní, se creó el colectivo Yasunidos y se recolectaron más de 700 mil firmas para convocar a la consulta popular. Esta no procedió porque la autoridad electoral anuló cerca del 60 por ciento de ellas. Las organizaciones sociales apelaron la decisión ante varias instancias judiciales hasta que el proceso llegó a la Corte Constitucional, que confirmó un fraude en la revisión de las firmas y, una década después, dio vía libre a la anhelada consulta popular.
«Los datos que provee la ciencia dan luces sobre la necesidad de conservar y proteger esta área de alta diversidad biológica y cultural [el parque Yasuní], y con ello evitar el llamado “punto de no retorno” en la Amazonia. Por eso, desde WWF [siglas en inglés para Fondo Mundial para la Naturaleza] creemos que es indispensable caminar hacia un cambio de modelo de desarrollo basado en la justicia social y ambiental, así como una transición energética», dice Tarsicio Granizo, director de la filial ecuatoriana de la ONG WWF y exministro de Ambiente.
EL NO A LA MINERÍA EN QUITO
En el noroccidente de Quito confluyen dos puntos vitales para la biodiversidad mundial: el Chocó biogeográfico y los Andes tropicales. Esto permite que muy cerca de la capital de Ecuador exista una gran diversidad biológica donde habitan, además, muchas especies endémicas, es decir, que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta.
La riqueza es tan grande que, en 2018, la Unesco incluyó a gran parte del noroccidente rural de Quito dentro de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino. Los cerca de 21 mil habitantes de esta zona se dedican al ecoturismo y a la pequeña agricultura de cultivos como caña, café y cacao. En esta región abundan las reservas privadas y las áreas de conservación y uso sustentable, iniciativas que cuentan con el aval del gobierno municipal. Incluso, en 2013, la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito creó el Corredor Ecológico del Oso Andino para proteger a este mamífero y conservar su hábitat.
Para velar por la protección de este territorio, las parroquias rurales de Pacto, Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito y Gualea –todas pertenecientes al municipio de Quito– se unieron y conformaron la Mancomunidad del Chocó Andino. A pesar de esto, en la actualidad existe más de una decena de concesiones de minería metálica en la Mancomunidad del Chocó Andino, que ocupa más del 20 por ciento del territorio.
Es por eso que, desde 2020, los habitantes de la zona empezaron a trabajar en la propuesta de consulta popular que se concretó este 20 de agosto de 2023 y en la que el 68 por ciento de los quiteños decidió prohibir la minería metálica a cualquier escala.
«Este es un ejemplo trascendental para Ecuador y para el mundo, porque hemos tenido la oportunidad de, a partir de la consulta popular ciudadana, tomar decisiones sobre hechos fundamentales como el modelo de desarrollo que los ecuatorianos y los quiteños queremos tener. Estamos haciéndole una apuesta a la vida, estamos haciéndole una apuesta a la salud de la naturaleza, a los derechos de la naturaleza y a los derechos de las comunidades locales», comenta Ivonne Ramos, integrante de Acción Ecológica y parte de la campaña Quito Sin Minería.
El biólogo Inty Arcos vive y trabaja en la Reserva de Biósfera del Chocó Andino. Fue una de las caras visibles de la promoción de la consulta popular. Arcos asegura que el Chocó Andino provee agua para varios barrios de Quito, pero también regula el clima en esta ciudad y brinda alimento. «Eso es lo que tenemos que cuidar, eso no se compra con dinero, y un puñado de intereses mineros no puede estar sobre lo que quiere la mayoría. La consulta popular lo demostró, ahí está el sentimiento de la gente y tienen que respetar que no queremos minería metálica en ninguna escala en la Reserva de Biósfera del Chocó Andino.»
(Publicado originalmente en Mongabay Latam. Titulación de Brecha.)
