¿Qué pasa con los casos de «legítima defensa» policial en la justicia?

Archívese

Fiscales desbordados, sospechosos procedimientos técnicos, casos nunca aclarados, cifras engañosas. Circunstancias que se atraviesan cuando se intenta averiguar en qué concluyen los homicidios perpetrados por la Policía.

Ilustración: Ombú

El Cacun corrió descalzo hasta donde pudo. Le acertaron cuatro tiros en el camino. En el jean oscuro quedaron las perforaciones de entrada y de salida de dos balazos a la altura de los muslos. Un disparo le alcanzó la zona escapular y otro la yugular por el costado derecho del cuello. Iba sin remera porque era verano. Cuatro policías de particular lo habían perseguido algunas cuadras, disparándole en el trayecto. En el parte dijeron que un rato antes habían visto al perseguido (y a otros tres) conduciendo un Volkswagen Bora negro. Dijeron también que, al advertir la presencia de la Policía, los ocupantes se perdieron de vista, disparando desde el vehículo. Al Cacun –que se llamaba Javier Pérez y tenía 21 años– lo ubicaron luego, después de descubrir el Bora estacionado en una vivienda de la zona. El parte dice que lo persiguieron «pie a tierra» con «intercambio de disparos», hasta que se desvaneció a los pocos metros. Los propios policías, que pertenecían a la Zona Operacional IV, se encargaron de llevarlo hasta el hospital en el mismo automóvil que había participado de la persecución inicial. No permitieron que ingresaran acompañantes. En el Saint Bois no fue posible reanimarlo. El episodio ocurrió el 17 de enero de 2018, sobre las 21 horas, en una zona de pasajes estrechos del barrio Lezica. Hasta ahora no había sido relatado.

La Policía Científica encontró dos armas en el Bora. El auto, además, tenía un orificio de proyectil en el paragolpes. En la guantera había una estampita de la virgen María, unas cuantas monedas de diez, pendrives con música, un cepillo de dientes, preservativos y un frasco de aceite para motos. El vehículo que habían utilizado los policías, en cambio, solo pudo ser periciado en la sede de Zona IV (en Santín Carlos Rossi), porque –se supone– hasta ahí fue llevado después de dejar el cuerpo en el hospital. Le ubicaron un orificio de disparo en el capó. «En su interior no se ubican más indicios de interés para este equipo», dejaron escrito los de Policía Científica. Los peritos balísticos, por su parte, determinaron que solo una de las armas halladas en el Bora había sido utilizada. Afirmaron que las cuatro armas de los policías tenían indicios de haber sido disparadas ese día.

Hubo varios testigos. Todos dicen –básicamente– que Javier fue acribillado. Dicen también que quienes intentaron socorrerlo fueron agredidos brutalmente; que los policías lo llevaron «a patadas al hospital» y que la Policía Científica nunca fue a inspeccionar el lugar. Dos meses después del episodio, uno de los testigos le dijo al fiscal Juan Gómez en audiencia: «La Técnica [Policía Científica] nunca fue ahí. Yo tengo en mi casa 22 cápsulas guardadas, que juntamos con los vecinos, que si usted me da la oportunidad de traerlas, se las traigo». Otro declaró: «El Cacun no era un santo, pero tampoco era un asesino ni un violador. Lo mataron como a un bicho porque ese día no quiso parar». A continuación, aseguró haber escuchado al joven decir, meses antes, que agentes de particular de la Zona IV estaban cobrando «pases» y obligaban a los delincuentes del barrio a compartir el botín. «Sospecho que, por la manera en que lo mataron, la Policía le quiso tapar la boca», concluyó.

A la pregunta insistente de un testigo acerca de por qué no fue la Policía Científica al lugar de la muerte, el fiscal Gómez –el segundo en intervenir en el caso– contestó, desorientado: «Mire, usted no me conoce. Pero esta fiscalía no esconde nada. Yo no intervine al inicio del caso, si hubiera intervenido, quizás habría adoptado otro tipo de medidas. Ahora es tarde. Me extraña que no haya ido la Técnica, me extraña que usted tenga los casquillos y que ningún policía se haya encargado de levantarlos. Para mí todo es extraño». Y preguntó: «¿Usted se compromete a agregar las cápsulas que tiene a los efectos de que sean analizadas?». Y las cápsulas llegaron. El 26 de agosto de 2019 –un año y ocho meses después de lo ocurrido–, un informe del Departamento de Policía Forense determinó que las 21 vainas recogidas por los vecinos salieron de las armas de los cuatro policías.

En 2018, el caso de Pérez era uno más del montón. En ese momento, nadie sabía que la Zona IV era un nido de corrupción. La banda de policías que operaba en esa jurisdicción fue desbaratada por una investigación de la fiscal de Rosario, Ana Laura Roses, a mediados de 2019 (véase «El salvaje Oeste», Brecha, 7-VI-19). Roses formalizó la acusación contra seis integrantes de Zona IV por extorsión, abuso de funciones, privación de libertad, peculado y asociación para delinquir. Entre ellos, uno de los agentes que disparó contra Pérez en Lezica aquella noche. Sin conocer la investigación de Roses, en una de las audiencias con Gómez, uno de los testigos del caso de Pérez dijo el nombre completo del policía en cuestión y lo señaló como el líder del grupo de perseguidores. Hasta el día de hoy, sin embargo, la fiscalía no ha vinculado los casos. La muerte de Pérez sigue sin aclararse.

PERDÍ LOS PASOS

Justo es decir que otras contingencias intervinieron. En aquel momento, hacía pocos meses que había entrado en vigencia el Nuevo Código del Proceso Penal y Gómez tenía pendientes de resolución más de 500 casos. La segunda fiscalía de homicidios fue creada recién a fines de 2018, a cargo de Mirta Morales. Desde mayo de 2020, el fiscal no investiga más, pues ahora se desempeña como adjunto al fiscal de Corte y los casos que tenía a cargo pasaron a la jurisdicción de la fiscal Adriana Edelman (incluso el de Pérez).

Al consultarle sobre los resultados de las investigaciones de los casos de homicidios que involucran a policías, Gómez resumió: «Yo le diría que, en la enorme mayoría de los casos, la Policía actuó conforme a la norma. En casos contados con los dedos hubo excesos y fueron sancionados. Y algunos otros están en investigación. Pero en la mayoría, en una apreciación provisoria, la actuación estuvo dentro de los parámetros legales. Es decir, de defensa de su vida o de defensa de la vida de terceros. Pero en una apreciación provisoria, porque muchos se siguen investigando». El fiscal señaló que, a su entender, no existen dificultades particulares en la investigación de este tipo de hechos: «Hay un cúmulo enorme de trabajo de la Policía Científica, que tiene que atender no solo esos casos, sino levantar huellas en un hurto, hacer pericias en accidentes, atender otras competencias. Son variadas las causas por las cuales puede demorarse una investigación. Y también, claro, el exceso de trabajo de los fiscales. Es todo una cadena, hay que estar en el baile para saber lo que es. A mí me gustaba bailar, pero ya hasta los pasos perdí».

LA MOSQUETA

Los abatidos –esas figuras elusivas de la crónica roja– esconden muchas historias que no han sido debidamente contadas. Episodios intrincados como el de Lezica no son la regla, pero son bastante frecuentes. No existen datos públicos, certeros, respecto a las muertes violentas ocurridas por intervención de la Policía en Uruguay. El Ministerio del Interior (MI) produce dos tipos de datos al respecto. Por un lado, el Centro de Comando Unificado recopila información «en caliente» a través de las distintas seccionales en todo el país, datos que son de utilidad para el trabajo policial de corto plazo. Por su parte, el Observatorio sobre Violencia y Criminalidad analiza los casos con algo más de profundidad. Por esa razón la información «policial» y la información «técnica» pueden incluso diferir. Pero, en todo caso, ninguna de estas informaciones suelen hacerse públicas. El observatorio no publica el número de homicidios cometidos por policías en sus informes oficiales. Adopta, para ello, un criterio particular: asume como homicidios solamente los casos en los que la Justicia determinó que hubo responsabilidad penal de los funcionarios. Es decir, si la Justicia determina que hubo un homicidio culposo, el caso se suma a la cuenta de los homicidios generales. En caso contrario, las muertes de civiles se consideran –de suyo– como sucedidas en el marco de la legítima defensa policial.

La principal fuente de la que abreva el observatorio es una base de datos que el MI comparte con fiscalía: el Sistema de Gestión de la Seguridad Pública. Con una particularidad: los datos son ingresados al sistema por los propios policías. Eso provoca, entre otras cosas, que los casos que terminan con la muerte de una persona –en el marco de un robo, por ejemplo– son ingresados al sistema, la mayoría de las veces, con la carátula de «rapiña» y no de «homicidio». En síntesis, para los policías y para las cifras oficiales del MI, las muertes violentas provocadas por policías no se convierten oficialmente en homicidios sino hasta que la investigación fiscal arribe a una conclusión.

La Policía es –hay que recordarlo– el principal auxiliar de los fiscales a la hora de investigar los delitos. Según dijo al semanario Sebastián Pereyra –responsable del área de políticas públicas de fiscalía–, ese organismo no tiene, de momento, posibilidades de distinguir entre homicidios cometidos por policías y homicidios cometidos por civiles, salvo revisando los partes de los hechos criminales uno por uno. De modo que la fiscalía tampoco produce datos acerca de este fenómeno. No está claro si comenzar a producirlos favorecería la buena relación entre ambas patas institucionales de la investigación criminal.

NINGÚN PROBLEMA

La imprecisión de los datos no impide que surtan efecto político. Dos mil diecinueve fue –hasta ahora– el año que registró más episodios de personas fallecidas a raíz de intervenciones policiales (fueron 37). En aquel momento, un dato sobresalía: no hubo funcionarios responsabilizados penalmente. En abril de ese año (cuando iban 11), el exministro Eduardo Bonomi dijo en el Parlamento que «[la Policía] no tuvo ningún problema. Ninguno. Insisto: ninguno». Cuando iban 31, el entonces candidato a la presidencia por el FA Daniel Martínez dijo: «Este año van 31 delincuentes muertos y ni un solo policía procesado. Por lo tanto, no hagamos un problema de algo que no es». Se refería a las promesas de mano dura de su contrincante, el hoy presidente, Luis Lacalle Pou, quien juzgaba que los funcionarios no estaban siendo debidamente respaldados a la hora de disparar.

En 2019, Bonomi había reconocido, no obstante, que «pudo haber problemas en el caso de un hombre que atacó con un machete y la Policía tiró. Y, bueno, el hombre fue abatido, y con muchos balazos: diez. Esto es un problema». Se refería al caso de Gilberto Pellejero, un hombre de 41 años que se resistió a un arresto blandiendo un machete y fue baleado por una decena de funcionarios. Sucedió en enero de 2019. Hasta el día de hoy, el caso no fue resuelto, pero tampoco fue archivado. Permanece en la cola de crímenes no aclarados de las fiscalías de homicidios de Montevideo (en 2017, el último informe elaborado al respecto indicaba que solo se había resuelto un 50 por ciento de los casos). Es que buena parte de los casos –en especial los más complejos, los que tienen visibilidad pública o los que cuentan con una defensa de las víctimas activa– permanecen abiertos o su investigación se dilata más en el tiempo.

MUCHO TRÁMITE

La muerte de Guillermo Marenales, por ejemplo, tampoco fue esclarecida hasta el momento. Su cuerpo fue hallado en un cantero del barrio Carrasco Norte en la madrugada del 7 de julio de 2020 (véase «Buenas maneras», Brecha, 4-IX-20). Según el protocolo de autopsia, la muerte fue provocada por un balazo con «una trayectoria de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba». La descripción coincide con la posición en la cual se encontraba el policía que disparó (sentado en el asiento del conductor de un vehículo particular) y con el relato de los tres jóvenes que acompañaban al fallecido esa madrugada, que atestiguaron cómo Marenales corrió al ver al policía desenfundar el arma. El funcionario que disparó se encontraba –junto a otro colega– custodiando una vivienda, ambos vestidos de particular y en un auto sin identificación policial. Los dos dijeron haber disparado porque los jóvenes estaban armados. Afirmaron que los perdieron de vista y, después de hacer una recorrida por el lugar, regresaron al automóvil.

—Como no vimos nada raro, lo que hicimos fue recoger las vainas de los disparos –le dijo uno de ellos a la fiscal Edelman durante la indagatoria.

—¿Ustedes levantaron las vainas? –se sorprendió Edelman.

—Sí. A lo que es una zona complicada, que, por lo que dicen los vecinos, todos los días hay disparos… Pensamos que era mucho trámite que viniera Científica y todo eso. No vimos nada raro y tampoco pensamos que había pasado nada.

—¿Pero cómo es el procedimiento cada vez que ustedes disparan? –inquirió la fiscal.

—El procedimiento es que cada vez que se dispara hay que hacer las comunicaciones pertinentes a nuestro oficial y cuidar la escena –le respondieron.

El cuerpo de Marenales fue ubicado por una de sus hermanas, algunos minutos después, cargado en una moto y llevado a una policlínica, a donde llegó sin vida. Ante los canales de televisión, el abogado del sindicato policial Andrés Ojeda dijo que el fallecido tenía «un profuso prontuario de anotaciones y antecedentes por rapiñas, ya incluso como menor». Afirmó que fueron «los delincuentes» los que «la emprendieron a tiros contra los policías» y estos solo respondieron. Omitió mencionar que los policías alteraron la escena, que no se encontraron pruebas de intercambios de disparos, que no se hallaron las huellas de Marenales en el vehículo (tal como declararon los policías) y que un registro fílmico contenido en el expediente muestra cómo los funcionarios dispararon cuando el joven ya se había echado a correr. Esta semana se cumplió un año del episodio, que sigue sin resolverse.

PESADA HERENCIA

«¿Pellejero? Sí, me suena», respondió la fiscal Edelman cuando fue consultada acerca del caso que, en 2019, era el único que le preocupaba a Bonomi. «Pero dígame algún detalle más porque tengo más de uno con ese apellido. Si es el caso en el que un hombre ataca con un machete a la Policía, sí, es nuestro. Es un caso complejo, que ha pasado por no sé cuántos fiscales y me terminó llegando a mí. Y la verdad es que lo tengo en el marco de 900 casos que me derivaron. Yo arranqué mi fiscalía con 875 investigaciones en curso. Y a eso se sumó todo lo que fue viniendo. Lo que vamos haciendo es atender los casos viejos a medida que nos queda tiempo. De esos 875, me quedan 94, entre los cuales debe estar ese también. Son investigaciones que fueron trabajadas y por algo no se resolvieron. Siempre lo urgente es lo que va pasando en el día a día. Ese es el tema», detalló. En cuanto al caso de Marenales, dijo que está cerca de emitir una resolución, aunque hace tiempo que espera un testimonio que no llega. «¿Javier Pérez? No…», respondió, finalmente, ante la pregunta por el caso que el fiscal Gómez dejó inconcluso: «Ese sí que no lo recuerdo».

SE ANIMAN

En el departamento de Artigas la realidad del crimen no es tan ajetreada como en la capital. Por eso llamó la atención la forma en la que mataron a Jonathan Rodríguez –de 21 años– en setiembre de 2020. Los funcionarios fueron advertidos por los vecinos de que dos jóvenes habían incursionado en un monte a orillas de un camino vecinal. Acudió un patrullero con tres policías. En el camino se cruzaron frontalmente con la moto en la que los dos jóvenes regresaban, a alta velocidad, con una oveja carneada en una mochila. Les dieron la voz de alto, pero hicieron caso omiso. Cuando los jóvenes ya dejaban atrás al patrullero, los policías dispararon. «Aún restan pericias para determinar cuántos funcionarios dispararon –afirma la abogada Miredi Biscarra–. Lo que te puedo decir es que hay un impacto de bala en el cráneo de Jonathan que le entra por la nuca y le sale por el ojo.»

Por distintas razones, la investigación recién comenzó en 2021. La fiscal Sabrina Massaferro –recientemente designada para el departamento– no quiso adelantar a Brecha detalles del caso. Resta saber por qué razón los policías consignaron en el primer parte policial que la moto terminó en la cuneta por un despiste del conductor y no acusaron haber disparado. O por qué la Policía Científica tampoco consigna la herida por arma de fuego en su primera incursión, detalle que solo fue determinado por la médica que examinó al fallecido en el hospital. «El otro problema que tuvimos fue que, en forma inmediata, salió el exministro Larrañaga a decir que era un caso de legítima defensa», recuerda la abogada. «Podría haber sido el hijo de los propios vecinos que llamaron a la Policía –agregó–. Y la persona que acompañaba a Jonathan en la moto zafó porque venía con la cabeza hacia un lado. Igual, luego del episodio se fue de la ciudad.»

No había pasado un mes. El 11 de octubre, en la madrugada, la Policía de Tránsito de Artigas solicitó apoyo para detener al conductor de un vehículo que conducía a alta velocidad por la ciudad. Los policías intervinientes no hallaron la forma de detenerlo y la emprendieron a tiros. Dispararon siete veces e hirieron de gravedad a uno de los ocupantes. La fiscalía imputó abuso de funciones y lesiones graves por considerar que la respuesta fue desproporcionada. El abogado de uno de los policías, Daniel Volpi, consultado por el semanario, opinó: «Estos casos fueron excepcionales. Según mi opinión, [ocurren] porque la Policía se siente más respaldada desde la aparición de la LUC [Ley de Urgente Consideración]. Se animan a tirar. En esta persecución a unos gurises “malenseñados”, que recorrieron varios barrios de la ciudad, se vio claro. Algo que no era común». A su juicio, hay mérito para el delito de abuso de funciones, pero no para el delito de lesiones graves, puesto que el Departamento de Balística no pudo determinar de qué arma salió la bala que hirió de gravedad a uno de los jóvenes.

LA GRAN DUDA

Hay un patrón: la mayoría de los casos de personas «abatidas» registrados en los últimos años se dan a partir de un «intento de rapiña» a los policías. En muchos casos, los asaltantes intentan llevarse la moto de los funcionarios, por ejemplo, y terminan muertos. La gran mayoría de las muertes violentas protagonizadas por policías este año se corresponden con esa situación. Otro patrón recurrente es que los policías, en gran parte de los episodios, visten de civil. Al fiscal Carlos Negro, que está al frente de la Fiscalía de Homicidios de Primer Turno desde abril, hasta ahora le tocaron dos casos. El 2 de mayo, un policía de civil mató a una persona que intentaba rapiñar a dos mujeres en La Teja. Y, el 9 de junio, otro policía –también vestido de civil y cumpliendo funciones de sereno– mató a un asaltante armado que intentó ingresar al predio custodiado. «Los que me han tocado no tienen dificultad ninguna. Son casos en los que el policía se defiende o defiende a terceros», dijo Negro al respecto. En ninguno de los dos casos se presentó un defensor de las víctimas.

Según el exdirector de la Policía Nacional Mario Layera, este tipo de situaciones tiene que ver con el controvertido artículo 41 de la Ley de Procedimiento Policial (Permanencia e indivisibilidad de la función policial). «No lo han querido sacar», dijo Layera a Brecha. Y detalló: «Ese concepto significa que yo soy policía, a cualquier hora, en cualquier parte del territorio nacional. Y tengo la obligación de proceder. Mi posición es que ese artículo se debe sacar. Es un concepto que viene del pasado. Yo quisiera que la Policía responda solamente cuando está en ejercicio exacto de la función. No las 24 horas. Porque ahí surgen un montón de dudas. Y lo peor que puede haber es que haya una gran duda».

PROFUSOS ANTECEDENTES

En abril, el turno de la fiscal de homicidios Mirta Morales registró tres muertes provocadas por policías. Murió un hombre que se había atrincherado en una pensión del Cordón, en medio de un incendio, y agredió con un cuchillo a un bombero. Un joven en auto fue perseguido por varios móviles policiales desde Nuevocentro Shopping hasta Avenida Italia y Ricaldoni: lo mataron de un tiro en la cabeza desde el patrullero. El tercer caso fue particularmente difícil de digerir. Un policía de civil intentó defenderse de dos asaltantes que le robaron la moto. Ellos dispararon dos veces. Él, 13. Cerca de allí, Fernando Sellanes y su novia esperaban el ómnibus. Una bala sorprendió al joven por la espalda y salió a la altura del rostro. Sobre el primer caso, Morales lo archivó argumentando que la actuación fue «correctísima». Sobre el segundo, le quedan dudas, porque hay quien dice que el conductor estaba armado (aunque no se encontró evidencia que lo confirmara). Sobre el tercer caso, dice: «Me está costando bastante. Por la complejidad y por la dinámica de trabajo, que hace que no me pueda concentrar en un solo caso».

Puesto que la bala entró y salió del cuerpo, la fiscalía no ha podido determinar de qué arma salieron los disparos que mataron a Fernando. Sindy, su pareja –que fue baleada en la pierna–, está segura de que fueron del arma del policía por las circunstancias del tiroteo y por la cantidad de disparos. Aunque la fiscal Morales asume que el caso está «bastante avanzado», ha tenido que disponer más pericias para determinar el origen de la bala. «Si yo hubiera podido extraer del cuerpo de la persona un proyectil y lo hubiera podido cotejar con alguna de las armas involucradas: bingo. Pero cuando no tenés eso, tenés que ser más cauto, porque es una cosa muy delicada. En este caso, lo trágico fue que la víctima era un muchacho que estaba en la parada esperando el ómnibus para ir a trabajar. Realmente terrible. Pero es real que también el contexto era violento. En eso, no mintió el policía. Fue una rapiña muy violenta», dijo Morales al semanario. «A veces las cosas no son blancas o negras», reflexionó. «Yo le llamo “efecto CSI”. A veces se piensa que las cosas son muy sencillas de resolver. Pero hay grises, hay matices. Porque imputar al grito de la tribuna no se puede. Tenés que hacer justicia por la muerte de una persona, pero a la vez le estás quitando la libertad a otra. Entonces todo tiene que ser muy correcto. Y no es tan sencillo como quisiéramos.»

«Si no me defiendo, me van a matar. Si no hago algo, me van a matar, dije. Entonces desenfundé mi arma e hice los disparos», afirmó en su declaración ante el fiscal de flagrancia el policía acusado por la muerte dramática de Sellanes. Es defendido –él también– por un abogado del sindicato policial. «Después pedí apoyo.» Y agregó: «Cuando corto el teléfono viene uno y me dice: “Mirá, allá en la esquina hay una persona que está baleada”». La pareja de Fernando denunció que el policía se dirigió al lugar y los amenazó nuevamente con el arma, pensando que eran delincuentes. Una vez finalizado el relato, se da el siguiente intercambio en fiscalía:

—¿Cuántos años hace que es policía? –preguntó el fiscal.

—Hace nueve años.

—¿Ha tenido algunas otras situaciones de este tipo?

—Tuve, sí.

—¿En qué circunstancias?

—Parecidas. Pero me pude defender.

—¿Terminó alguien herido en ese caso?

—Sí, terminaron los dos delincuentes abatidos.

—¿Abatidos quiere decir muertos?

—Sí.

—¿Cuándo fue?

—El 24 de agosto de 2020.

Artículos relacionados

Sociedad Suscriptores
Homicidio que involucra a la Policía de Artigas permanece sin avances en fiscalía

Una acción defensiva

Sociedad Suscriptores
Diferencias entre MI y fiscales respecto a delitos cometidos por policías

Fricciones

Política Suscriptores
Violencia institucional en Uruguay

La rienda corta

Sociedad Suscriptores
La criminalización de los cultivos legales de marihuana por el gobierno

Desfasados

Sociedad Suscriptores
Trece detenidos en una nueva aparición policial en Nuevo Comienzo

Se le dice abuso