A menos de un mes de haber asumido, el nuevo gobierno aprobó en el Consejo de Ministros, el pasado 25 de marzo, las prioridades para el período. Se definieron cinco programas prioritarios: desarrollo, seguridad, cohesión y cuidados, vivienda e infraestructura, que se abren en 63 compromisos (respectivamente, por programa, 16, 14, 13, 7 y 13), que son la expresión práctica de los planes de gobierno a desarrollar.
Si se recorren esos compromisos, aun superficialmente, se advierte que por lo menos la mitad, y probablemente más, requiere nuevos recursos o un fuerte incremento de los existentes (en el programa que conozco mejor, vivienda, todos). La resolución establece también a qué dependencia estatal corresponde cada compromiso y en esa lista figuran los 14 ministerios, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la propia Presidencia. Los más atareados serán el Ministerio del Interior (nueve compromisos), los de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Transporte y Obras Públicas (siete cada uno) y el de Economía y Finanzas (seis), aunque si a este le sumamos que debe aportar los recursos para todos los demás, pasa largamente adelante.
Pero los trabajos para el ministro Gabriel Oddone no terminan ahí: además, tiene que solventar los gastos del Estado en 2025 con las disponibilidades votadas por el gobierno anterior e incluso algunas cuentas que su antecesora, Azucena Arbeleche, se olvidó de pagar en 2024, mientras cobraba por adelantado importantes recursos de 2025.
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No hace falta citar a John Keynes, Joseph Stiglitz o Manfred Max-Neef para concluir que para que las cuentas cierren (todas: las de un humilde ciudadano y las del más poderoso Estado) el minuendo (los ingresos) tiene que ser igual o mayor que el sustraendo (los egresos) y si no es así, habrá que hacer algo para que lo sea: reducir gastos reducibles, aumentar recursos o mejorar su eficiencia, lo que siempre se plantea, pero nunca se logra, quizá por su improbabilidad.
Otra alternativa, también recurrente y ya recurrida en esta oportunidad por Oddone, es tomar deuda,1 lo cual puede ser una solución financiera, porque entra lo que faltaba, pero es un tiro en el pie económico, puesto que se sabe ya que de tanto bicicletear salta la cadena.
Y hay una última opción, que parecería la más indolora: que la economía crezca y con ello aumente la recaudación de los actuales impuestos. Esto fue planteado por Oddone en abril en la Asociación de Dirigentes de Marketing. Según el portal de la Presidencia (8-IV-25), el ministro «subrayó la importancia de la inversión como parte de la política económica y precisó que para que la economía de Uruguay crezca a un 2 por ciento anual es necesaria una inversión promedio del orden del 20 por ciento del PBI. “En la actualidad, el país está cuatro puntos por debajo de ese objetivo, por lo que es necesario alcanzar niveles de inversión similares a los de 2012 y 2013”. […] Para ello, es necesario que la inversión pública pueda alcanzar los 4.000 millones de dólares y la privada, los 12.000».
Pero en la evolución del PBI en este siglo esos valores de crecimiento solo se dieron, por efecto rebote, a la salida de dos crisis muy importantes, como la financiera de 2001-2002 y la de la pandemia, en 2020, o en el excepcional período de crecimiento de valor de las commodities, en 2009-2014. Por otra parte, el incremento de la inversión que el ministro espera provendría en un 75 por ciento del esfuerzo privado, lo que parece por lo menos dudoso. Sin contar con el tiempo que ese proceso insumiría, incompatible con las urgencias existentes.
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¿A cuál de las vías mencionadas, descartando las improbables, peligrosas o remotas, se acudirá para obtener los recursos necesarios? Lo que pasó con la rendición de cuentas 2024, con la decisión de endeudarse una vez más, indicaría que ese camino no ofrece reparos ni al Ejecutivo ni al Legislativo (blancos, colorados e independientes votaron negativamente no por discrepar con la medida, sino para no admitir el déficit). Quizá para el nuevo gobierno se trató sobre todo de poner en evidencia el manejo efectuado por el anterior para decorar sus números, algo que ya se había hecho en 2023.
Pero tirar la pelota para adelante trae el peligro de que vuelva con más fuerza. Se compra un dudoso presente hipotecando seguramente el futuro, porque no estamos tomando deuda a tasas de interés para ejecutar acciones de desarrollo, sino tomando préstamos para corregir problemas financieros que ya son económicos.
Por lo cual vuelve a ser necesario (pese al compromiso de no aumentar impuestos que hizo el presidente en su campaña electoral, aunque no esté en las bases programáticas del Frente Amplio) pensar en obtener recursos genuinos a través de la tributación a los sectores con capacidad de contribución económica.
Martín Vallcorba, actual número dos del Ministerio de Economía y Finanzas, cuando todavía no lo era, sostuvo estos conceptos que vale la pena recordar: «Quien diga que no va a modificar impuestos o está mintiendo o vive en un táper, porque el mundo va a llevar a introducir ajustes. Por otro lado, la historia de Uruguay ha sido muy clara respecto de que ningún gobernante desea aumentar impuestos, pero la realidad muchas veces ha llevado a [tener] que implementar importantes modificaciones. No parece ni serio ni responsable que un candidato haga esos compromisos» (La Diaria, 20-I-24).
Economistas neoliberales y afines sostienen, sin embargo, que aumentar impuestos no es conveniente, porque la presión fiscal (relación de los impuestos con el PBI) ya es muy alta. Pero lo real es que la presión fiscal uruguaya está bastante por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y al nivel de los países de la región con mayor grado de protección social.
En definitiva, quizá solo se trate, otra vez, de la opción entre dos modelos de país.
- En la rendición de cuentas de 2024 se autorizó al gobierno a incrementar el endeudamiento en 1.150 millones de dólares para cubrir deudas contraídas por la Administración de los Servicios de Salud del Estado y pagos al consorcio constructor privado Ferrocarril Central. Dos años antes se había aprobado otro aumento, de 2.300 millones, luego llevado a 3.000. Antes del último aumento la deuda pública, solo del gobierno central, ya era del orden de los 50.000 millones de dólares, un 60 por ciento del PBI, que es de algo más de 80.000 millones. En los últimos cinco años el endeudamiento creció más de diez puntos de PBI. ↩︎
