La obtención de una respuesta parcial –y escueta– desde las filas del Ministerio del Interior (MI) llegó después de un empedrado camino. El pedido de acceso a la información de Brecha partió el 13 de diciembre y la Secretaría de Estado dejó vencer el plazo de 40 días hábiles sin pronunciarse, incurriendo en el llamado silencio positivo. La situación se denunció ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), que se expidió recién el 17 de febrero e intimó al MI a brindar una respuesta al semanario no solo en este caso: «Se sugiere recomendar al Ministerio del Interior que en lo sucesivo conteste las solicitudes de acceso a la información dentro de los plazos legalmente establecidos». Ya es por demás conocido que el ministerio en cuestión es uno de los organismos públicos menos transparentes, pero también se sabe que la UAIP carece de potestades para sancionar, porque así lo determinó el sistema político, y entonces sus intimaciones son olímpicamente ignoradas.
Como los días transcurrían sin mayores novedades, Brecha se comunicó con Nicolás Martinelli, el número tres del MI. Martinelli, que es director general de Secretaría, prometió rastrear el pedido. Fue así, con la intervención personal de un jerarca, que llegó una respuesta que clasifica como reservada información de interés público. Un detalle singular es que el informe de la Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe) recién se materializó el 8 de marzo, luego de la intervención de Martinelli y nunca antes mediante los carriles formales.
FERREIRA, ¿ANDÁS BIEN?
—Ferreira, sabés que necesito que me hagas una gestión –así empieza el audio que Astesiano le grabó el 17 de enero de 2022 al exsubdirector nacional de Policía Héctor Ferreira–. Preciso tener una entrevista con Henry de León, de Digefe, por la empresa de seguridad que yo tenía […]. Me están matando. Tengo todo en regla, todo impecable. Viste, no la tengo a nombre mío para que no complique. […] Quiero tener una entrevista personal con él, que el presidente me dijo que la pidiera, que es lo mejor. No le comentes nada, pero es así.
Ferreira, que permanece como indagado en la causa de Astesiano, accedió rápidamente a gestionar una reunión. El exjefe de seguridad presidencial le habló de una multa de 180 mil pesos. «Me dicen que es él el que está atrás para complicarme», acotó sobre De León.
De acuerdo al relato del excustodio, De León (a la postre, «un capo», «me está intentando solucionar el problema») lo llamó para pactar un encuentro el 1 de febrero.
—Atendeme, De León me debe la vida –contestó, rotundo, Ferreira–. […] Ese está en funciones gracias a nosotros. Te tiene que hacer eso y más. Yo ya hablé con él. No me puede decir que no, entendés […]. Aparte hay otras internas que te las contaré en vivo y en directo para que Luis, el uno, las sepa.
Cabe acotar que De León fue exculpado luego de la investigación de la fiscal Gabriela Fossati, tras concluir que si bien mantuvo una reunión con Astesiano, lo hizo obligado por su superior (Ferreira) y porque «no se encontró evidencia» de que haya «perdonado» la mencionada multa. Sin embargo, a pesar de esta situación, el MI se negó a compartir el expediente y a ilustrar sobre el tenor de la irregularidad cometida por la empresa regenteada por Astesiano, a la luz de diversos elementos. En octubre la periodista Viviana Ruggiero (Así nos va, Carve) divulgó tarjetas personales en las que el excustodio presidencial figuraba como director de Sixteenth Security Group (SSG), pero que llevaban impreso el número del celular oficial de Presidencia. Posteriormente, en múltiples chats, ya difundidos, se constatan actividades comerciales de Astesiano a pedido de empresarios de diversos rubros, a quienes ofrecía las ventajas de las herramientas a las que accedía en virtud de su función (expedientes policiales, cámaras y todo tipo de contactos privilegiados con la Policía).
UNA EMPRESA FANTASMAL
Cuando se ingresa a la dirección de SSG, se percibe un olor que recuerda la asepsia de las clínicas médicas. Nada alude al rubro de la seguridad: hay championes y plantares ortopédicos por doquier. El nombre que aparece en la fachada de la coqueta casona es Biohealth, especializada en el rubro de la biomecánica. Pero las recepcionistas contestan sin dudar que ahí funciona también Sixteenth y escriben en un papel una casilla de correo. Frente a la extrañeza del visitante, aclaran que las dos firmas «son de los mismos dueños». Eso mismo había constatado Así nos va a un mes de la detención de Astesiano. Cinco meses después, nada ha cambiado.
Entre los escasos datos que el MI accedió a remitir a Brecha, a través del comisario Ruben Medeiro, subdirector de Digefe (y no del director De León), figura que SSG (Adalcir SA) sigue habilitada y se encuentra «operativa y en funcionamiento». No hay cambios en quien figura como titular: Darwin Javier Lorenzo, un exfuncionario de la Dirección de Información e Inteligencia, que ostenta en su currículum trabajos de seguridad para la embajada de Estados Unidos y de Israel. Lorenzo aparece en varios chats con Astesiano, a quien le pide favores para ingresar a un cargo público. Adalcir SA fue habilitada en el rubro de la seguridad en 2016, de acuerdo a lo que el MI le envió a Brecha.
Con la decisión de ocultar los detalles de esta sanción y de otras que hubiese recibido SSG, el gobierno, con la firma de Luis Alberto Heber, no solo niega información vinculada a un caso de enorme interés público, sino que tampoco permite que quienes deseen contratar una empresa del rubro conozcan sus parámetros de calidad en un área no menos sensible, en la que se maneja armamento y es vital la capacitación del personal. Son múltiples las áreas del Estado que difunden montos y motivos de sanciones: desde las intendencias (multas bromatológicas) hasta el Ministerio de Salud Pública (infracciones de laboratorios y otros servicios). Pero quizás es aún más elocuente la práctica que aplica el Banco Central del Uruguay al difundir las sanciones en un sector fuertemente protegido por el secreto y la cautela, como es el financiero. Cualquier ciudadano puede conocer qué instituciones bancarias son sancionadas y por qué motivo (véase «Sanciones de la Superintendencia de Servicios Financieros»).
Abogados especializados en derecho a la información recalcan que la citada resolución del MI está mal fundamentada, ya que «de ninguna manera» el detalle de una multa, en un sector fuertemente supervisado por el Estado, puede ser considerado como un dato personal. Sí lo eran las fichas de denunciantes o de víctimas que distintos jerarcas de la Policía compartían con Astesiano, sin que Heber los apartara del cargo. Con su actitud, el gobierno no hace otra cosa que recargar el aire turbio que rodea a todo el asunto.
