La fuerza de la verdad depende poco del número. No obstante, las firmas de sesenta docentes de Facultad de Humanidades que rechazan una nota de mi autoría ¿son muchas? Sí, lo son, tanto más si se tiene en cuenta la nulidad de la argumentación: mucha firma y poca razón. Veamos si no.
Obviaré la lamentación por el tono de mi nota: entre docentes letrados, suena raro andar firmando en contra de un tono no compartido. En cuanto a los efectos del tono (“no contribuir a crear un ambiente propicio para el diálogo y la confrontación de ideas”), cabe ver lo opuesto: desde la publicación de mi nota, el asunto ha venido discutiéndose en variados foros, tal como la carta de estos sesenta colegas lo ejemplifica. Respecto de la crítica por haber recurrido a “medios de comunicación, sin que medie ningún debate previo y atacando directamente a algunos compañeros”, creo haber pecado más por el mucho discutir que por el poco. Tanto es así que, el 27 de abril, es decir, cuarenta días antes de mi nota en Brecha, envié un mensaje al gremio, a Adur Humanidades, poniéndome a disposición para discutir el punto que ya me había llevado a renunciar a la dirección de mi departamento. Nadie respondió, aunque ahora varios de los dirigentes de Adur Humanidades firmen compungidos ante la falta de “debate previo”. Ni qué decir sobre los emails que envié y las discusiones, formales e informales, que entablé a raíz de este asunto, con muchos de los colegas involucrados.
De todos modos, esta imputación de “procesar nuestras diferencias (…) a través de los medios de comunicación” es sobre todo ilustrativa de quienes la formulan: revela su nula tolerancia a la exposición pública de los procederes y de los comportamientos en la facultad; revela una penosa confusión entre autonomía y secretismo, como si el proceder en puertas adentro fuera la garantía o la condición del ejercicio de la autonomía. Esta peligrosa confusión desconoce que la autonomía se asienta en criterios tan propios como cristalinos.
De ahí otra llamativa confusión de los firmantes, al achacarme “un ataque continuo” al “cogobierno universitario, especialmente a los representantes del orden docente elegidos democráticamente”. En efecto, sin entrar a dirimir si toda crítica es, o no es, “un ataque”, hay que preguntarse ¿desde cuándo haber sido “elegido democráticamente” inhabilita o inhibe las críticas? Curiosa doctrina que pretende estipular dónde se critica, y quiénes, por “elegidos”, quedan eximidos.
Hasta aquí expongo lo suscrito por sesenta colegas, en su esforzado alarde de vacío conceptual y político, que se ilusiona con llenarse de firmas. Porque en la respuesta a mi nota, nada se dice sobre el fondo del asunto: las intervenciones del Consejo, carentes de fundamentos universitarios, destinadas a torcer resultados indeseados en casos de provisión de cargos docentes. Nada se rebate de esa afirmación mía, sustentada en las actas de sesiones del Consejo.1
Mayor ímpetu tuvo, quince días atrás en estas páginas, el también firmante Antonio Romano, quien, evitando igualmente el fondo del asunto, agarró otras tangentes.
Así, Romano, perspicaz, señala que yo no renuncié a mi cargo docente, sino a la dirección del departamento. Obviamente, la renuncia a la dirección obedeció a lo denunciado: ¿para qué conservar una responsabilidad, cuya labor técnica –para la que se concursa y en la que coinciden las funciones de enseñanza, de investigación y de extensión– es desconocida y sustituida por resoluciones sin fundamento universitario del Consejo? (Salvo proposición, claro está, complaciente con lo que el Consejo desea se proponga.) ¿Para qué jugar a que se dirige algo que es dirigido en otro lugar?
Con igual perspicacia, Romano denuncia que yo critico a la Anii, aunque eso no me impida embolsar su estipendio como investigadora. De haber leído mi artículo con mayor detenimiento, Romano habría colegido que debemos preguntarnos, y no aceptar sin más, tal como el Consejo acepta (confer actas), en qué medida una institución como la Anii, desproporcionadamente restringida, pequeña y reciente, debe imponer a la Universidad de la República sus criterios para la evaluación de sus docentes. ¿Debe la Universidad –con sus fundamentos, cometidos, historia y dimensiones, inclusive presupuestales2– dejar que prevalezcan en su propio gobierno los criterios de evaluación de una agencia fundada según criterios establecidos por gobierno y empresas, de acuerdo con un modelo que nada tiene de autónomo o de soberano? Esta pregunta dista de ser novedosa,3 como tampoco son novedosas las ambiciones de poner a la Universidad de la República bajo el control del empresariado y de los partidos políticos, según el modelo de las universidades privadas estadounidenses.
Esta interrogación, que planteaba mi nota y que aquí reitero, aunque involucra todas las disciplinas, se suscita con mayor dramatismo en el campo de las humanidades, en donde el formato “paper” tiende a apagar el pensamiento crítico, que se explaya en la escritura del ensayo (sobre el “paper” y su oficio formateador del pensamiento, pero constructor de carreras universitarias, sobre su imperio en las humanidades, existe bibliografía recomendable).
En este sentido, también es llamativa la incapacidad de Romano y de los sesenta firmantes para percibir el hilo que conduce mi nota. Tal vez por excesivo enfrascamiento en rutinas de la facultad o de oficinas ministeriales, no se alcanza a ver la distancia que media entre criterios que procuran cierta emancipación intelectual y criterios que buscan interpretar, justificar, perfeccionar, aplicar, sustentar y obedecer lineamientos que nuestra partidocracia retoma del totalitarismo empresarial, bancomundialista y mediático. La inflación asfixiante de las ciencias de la educación, el comercio desbocado de titulación universitaria, la corrección política biempensante e inane, la exclusión de los incontrolables, ¿acaso no responden a la índole totalitaria –al apretado conglomerado empresarial, financiero, mediático– que hoy reclama obediencia? n
- https://drive.google.com/folderview?id=0B4s1MP3SdY39LTRCNGhFTXA0anM&usp=drive_web
- Por ejemplo, en la Universidad, el complemento para la dedicación total de un grado 5 son 43.000 pesos; la Anii paga, en su selecto nivel III, un estipendio casi tres veces menor.
- Por ejemplo, el informe presentado por la Dirección Jurídica de la Universidad destaca en primer lugar con respecto a la Anii: “El rol del Poder Ejecutivo, a través del Gabinete Ministerial de Innovación en cuanto a la fijación de los lineamientos políticos y estratégicos en materia de ciencia, tecnología e innovación” (13/X/2006).