Dos auditorías aprobadas el martes pasado –una privada encomendada por los blancos gobernantes y otra del Tribunal de Cuentas (tcr) solicitada en la Junta Departamental con votos del Frente Amplio y colorados– aparecen como únicas vías para echar luz sobre el asunto.
Entretanto el director de Hacienda, Luis Eduardo Pereira, ratificó a Brecha que la Intendencia necesita 106 millones de dólares para funcionar hasta fin de año. Si se cumplen las previsiones de los aportes del gobierno central, más los ingresos departamentales en este lapso, sumarían 31 millones de dólares, calculó. Sobre esa base, el gobierno analiza cómo cubrirá los 75 millones restantes, sin contar un estimativo que ronda otros 20 millones de dólares para afrontar diferentes juicios en curso (aunque en los hechos sólo uno tiene sentencia firme, por 1,6 millones de dólares). Por lo pronto, la Intendencia apeló al crédito de 50 millones de dólares aprobado por la administración saliente, que deberá saldarse al 31 de marzo de 2016. También trabaja en un plan de reestructuración del perfil de la deuda, “pasando del corto plazo a un largo plazo al menos en la parte estructural de la situación”, señaló Pereira.
“Decimos que no tenemos plata para que la gente tenga paciencia mientras encontramos la solución. Nadie dice que no se va a pagar. Las obras tendrán un ritmo distinto pero se seguirán, igual que la vivienda”, tranquilizó. “Maldonado tiene historia de buen pagador y tiene recursos que otras no. El presupuesto anterior era de 1.050 millones de dólares y se reconoce un ingreso anual de más de 210 o 215 millones. Si esos recursos se utilizan en forma adecuada, se puede hacer frente a los pasivos de forma escalonada. Por eso no sólo pensamos mandar a la Junta Departamental proyectos de regularización de adeudos con facilidades, sino instrumentar medidas de largo plazo que permitan salir de la situación. Con medidas correctivas y ajustes pueden hacerse ahorros para mitigar la deuda. Pero se va a necesitar más de un período para abatir ese déficit”, advirtió.
AUDITORÍA. La auditoría del oficialismo estará a cargo de la firma Phoenix Auditores, una de las tres que se presentó al llamado lanzado por Antía el mismo día en que asumió. El trabajo, que insumirá un monto de 2.655.000 pesos, se extenderá hasta el 31 de diciembre próximo. La empresa dirigida por el doctor Hugo Wallusche y las contadoras Tamara Frenquer y Beatriz Espalda no sólo deberá establecer cuál es la deuda de la comuna, sino también revisar “los procesos” de los dos períodos de gestión frenteamplista. La intención, dice el gobierno departamental, es que este trabajo privado ofrezca un panorama “real” y “corrija procedimientos”.
Por otra parte, esta semana el intendente Antía resolvió la contratación directa del economista colorado Isaac Alfie. Según la resolución número 5.637, el ex ministro de Economía de Jorge Batlle cobrará unos 400 mil pesos (330 mil más Iva) por asesorar a la Intendencia hasta el 31 de diciembre de 2015. Bajo la modalidad de “arrendamiento de obra”, tendrá el cometido de “realizar las actividades necesarias para colaborar y formular recomendaciones en la preparación del proyecto de presupuesto departamental para el quinquenio 2015-2020”. Pero, según el director de Hacienda, Alfie podrá hacer las sugerencias que desee en cuanto a la conducción de la administración departamental.
También está previsto contratar al doctor Carlos Guariglia, ex director de Antel por Vamos Uruguay y otrora vicepresidente del Tribunal de Cuentas, para diseñar la “estructura funcional” de la Intendencia, según indica el proyecto de resolución al que accedió Brecha. En ese documento se prevé que el futuro asesor cobre 1,5 millones de pesos (800 mil más Iva). Como el ex ministro colorado, Guariglia será contratado en forma directa “en virtud de la notoria competencia y experiencia fehacientemente comprobada”. Tendrá el cometido de elaborar un planeamiento estratégico por áreas para “elevar la eficacia y eficiencia en la calidad de la gestión pública”. El trabajo tendrá dos etapas, una hasta el 31 de diciembre, y otra, con los datos que surjan de la auditoría externa de gestión, al 30 de mayo de 2016, según la resolución comunal. En total, el ejecutivo departamental de Maldonado destinará en los próximos meses 3,8 millones de pesos (casi un millón y medio de dólares*) a contratos destinados a revisar las gestiones frenteamplistas, detectar presuntas irregularidades, buscar eventuales responsables y, además, diseñar una política financiera y económica para el quinquenio.
“Apuntamos a la excelencia contratando gente que dio muestras de manejo prudente. Alfie sacó al país de la peor crisis que tuvo en su historia. En el caso de Guariglia, son tantas las irregularidades que encontró el Tcr con respecto a la gestión anterior, que queremos centrarnos en las mejores razones administrativas y jurídicas para gestionar”, argumentó Pereira.
ANOMALÍAS. El jerarca no se atrevió a hablar de “ilícitos” en la administración frenteamplista, pero sí afirmó que hubo “manejos desordenados” y “cientos” de facturas que se emitieron sin confirmar el cumplimiento de los servicios contratados. Particularmente, advirtió que habrá un estricto control de las cooperativas sociales a las que el gobierno frenteamplista dio un fuerte impulso.
También aseguró que la administración saliente “desvió” dinero de una partida de 108 millones de pesos que llegó desde el gobierno central con destino a Molinsur, la empresa que construye el segundo tramo de la ruta perimetral. “Sólo se le pagaron 15 millones. Es evidente que usaron dinero con un fin específico para otra cosa”, subrayó Pereira. Otro aspecto llamativo es el gasto en publicidad durante los meses de campaña electoral: sólo Canal 7 espera cobrar 713 mil pesos por ese concepto. “De abril a mayo se gastó casi un millón de pesos en publicidad en varios medios, y eso quedó para pagar ahora.” El pago a dos empresas contratadas para el recambio de la red lumínica departamental tampoco fue afrontado por la pasada administración, aunque, según el director, durante la transición se habían comprometido a hacerlo al 30 de junio.
CAPEANDO EL TEMPORAL. El Frente Amplio, en tanto, insiste en que el gobierno blanco ha generado alarma respecto del estado de las finanzas con el objetivo de desviar la atención sobre las designaciones de cargos de particular confianza, subrogaciones de funcionarios, o el retraso en pagos a proveedores y cooperativas. El diputado y ex intendente Óscar de los Santos (Alianza Progresista) niega el “caos financiero” y da la batalla casi en solitario, apuntalado desde la Junta por los ediles de su sector. Para colmo de males, ha tenido que salir a responderle al contador Ricardo Alcorta (Mpp), quien a principios de mes aseguró públicamente que el déficit dejado por su propio partido es todavía mayor que el calculado por los blancos (véase recuadro).
En un intento de poner fin a la desconcertante danza de números, el martes la bancada frenteamplista consiguió apoyo de los dos ediles colorados para solicitar una auditoría al Tcr sobre datos que, a juicios de los blancos, ya se conocen a través de la rendición de cuentas.
A todo esto, el diputado Darío Pérez (Cabildo), líder del polo mayoritario de la fuerza política departamental, hizo mutis desde que perdió las elecciones. No ha intervenido para defender las cifras de la pasada administración, aunque tuvo en ella numerosos cuadros. En cambio, Pérez se aproximó a Antía y consiguió que éste le asignara cuatro cargos de confianza para Cabildo en el Municipio de San Carlos, donde volvió a ganar el FA. El tema sigue generando ásperos debates de dirigentes y militantes en las redes sociales, donde abundan las críticas al diputado y se esboza el temor de que sea un aliado del gobierno blanco desde la Junta. La Mesa Política departamental no ha hecho pronunciamientos sobre ninguna de estas situaciones, aunque al cierre de esta edición pretendía pedir explicaciones a Alcorta. Mientras tanto, los militantes andan ocupados en programar una fiesta antinostalgia para la noche del 24 de agosto en el local central fernandino, y los comités de base piensan en festejar su día, el 25.
Alcorta se cortó solo
El Ejecutivo Nacional del Mpp analiza sancionar al contador Ricardo Alcorta, primer suplente de Patricia Ayala en el Senado, por sus declaraciones con respecto a las finanzas de la Intendencia de Maldonado. A principios de mes Alcorta sorprendió al salir en El País fortaleciendo la tesis del caos económico impulsada por el gobierno de Enrique Antía. Afirmó que el déficit acumulado llega a los 138 millones de dólares –monto superior al manejado por los blancos–, y luego contó que se permitió hacerle recomendaciones al nuevo director de Hacienda “porque quiere a Maldonado y a los vecinos”. Con esto acrecentó la molestia que aquejaba a la fuerza política desde la campaña electoral. El Mpp departamental informó al ejecutivo nacional y se deslindó de esas acciones. La dirección afirmó que el dirigente nunca los consultó o dio explicaciones sobre sus dichos. Tal conducta sería motivo para que Maldonado pidiera declararlo “autoexcluido” del sector. Pero a nivel nacional no hay consenso respecto a qué camino tomar. Preocupa la reacción de Alcorta, ya que si por algún motivo falta la titular durante el tratamiento de un tema relevante en el Senado, el partido de gobierno se arriesgaría a perder la mayoría, razonaron fuentes consultadas por Brecha.
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*ERRATA
En la versión de este artículo editada en papel y también en la que hemos abierto en internet, se cometió un error. Si bien se expresó correctamente que el nuevo gobierno departamental de Maldonado planeaba destinar 3,8 millones de pesos para la contratación de asesores, hubo una equivocación al convertir esa cifra en dólares. El monto planeado para las contrataciones es de aproximadamente 140 mil dólares y no de 1.500.000 dólares como se escribió. Las disculpas a los lectores e internautas.