Cerrar el encierro – Brecha digital

Cerrar el encierro

Ni que las cárceles de adolescentes uruguayas fueran modelo como para apelar tan poco a las medidas no privativas de libertad. Por algo será que a una especialista argentina le parece “raro” que Uruguay no tenga ninguna condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dibujo: elaboración propia

“Los países se comprometieron a no usar más la privación de libertad (para los adolescentes) salvo en circunstancias muy, muy excepcionales”, resumió al arranque de su intervención Mary Beloff, abogada y magistrada argentina de referencia en todo el continente. Pero si bien no caben dudas de lo que establece la ley en cada país, no hay discusión pública del tema, ni cifras claras, ni un avance sustancial en la aplicación de las medidas no privativas de libertad.

“La privación (de libertad) no sirve, es cara, no educa. El derecho internacional y el derecho de los países dicen que no se va a usar más la privación”, continuó la argentina. Así quedó establecido a nivel internacional desde 1989, y desde 2004 en Uruguay. “Sin embargo, lo que se ve en términos de instalaciones, de cantidad de chicos, de abuso y de violencia es prácticamente la misma foto que la de hace 40 años. Cambiaron los derechos de los países pero la realidad no cambió”, prosiguió Beloff durante la conferencia “¿Castigos alternativos o alternativas al castigo?”, brindada el miércoles y organizada por la Casa Bertolt Brecht.

En Uruguay la privación de libertad es desde siempre la sanción más utilizada por los jueces, pese a que debería ser la excepción, según confirmó a Brecha Rosana Abella, con base en una investigación que tiene en marcha la Bertolt Brecht. La cifra exacta es difusa, ya que lo que alega el Poder Judicial no condice con lo que plantea el resto de los actores, sostuvo también. No obstante, si bien deberían aplicarse desde reparaciones de daños y amonestaciones verbales hasta libertades vigiladas y trabajo comunitario antes de enviar al adolescente a la cárcel, todos están de acuerdo en que la mayoría de los delitos se pagan con prisión. Los datos del Sirpa a los que accedió Brecha pueden servir para esclarecer el escenario: al 30 de junio había 538 adolescentes privados de libertad y 127 con sanciones no privativas de ella. Las cifras, que hacen ruido por sí solas, son aun más escandalosas si se las pone en relación con las de otros países: según Beloff, Argentina tiene desde hace 15 años una cantidad estable de adolescentes privados de libertad que oscila entre los 1.700 y 1.800 en un país de 45 millones de habitantes. En Uruguay, 3 millones mandan a la cárcel a más de 500.

LO PENAL. Pero Uruguay no sólo está atrasado en esa materia. “El derecho internacional dice algo todavía más fuerte: ‘no utilice la privación de libertad, pero, si puede, ni siquiera utilice el sistema penal’”, porque hasta ese punto “desconfía el derecho internacional de todo el andamiaje penal para resolver el tema de los jóvenes y el delito”, provocó la abogada. Si bien en toda América Latina hay dificultades en la aplicación de estos principios, en Chile la situación es bien distinta. Según dijo a Brecha Álvaro Castro Morales, abogado chileno especialista en derecho penal juvenil, “nuestra legislación contempla medidas ambulatorias y privativas, pero además incluye un catálogo de medidas de desjudicialización”. En ese país, en más del 50 por ciento de los casos se aplican esas medidas y en un 30 por ciento se utilizan medidas absolutorias. De los casos que sí ingresan al sistema penal, el 10 por ciento resulta con medidas privativas de libertad y el 90 por ciento con sanciones sin privación de libertad. El fundamento de fondo, que rige en todos los países, es que “la utilización excesiva de privación de libertad con jóvenes aumenta la violencia, no la reduce”. Por eso Beloff argumentó: “No hay manera de que una sociedad madura y sensata como la uruguaya llegue a la conclusión de que poniendo más jóvenes presos va a estar más segura. Los elementos científicos, objetivos, verificables indican exactamente lo contrario”.
Para evitar la prisión y el pase a la justicia penal, “primero hay que tener una respuesta estatal que permita transitar unos caminitos que no vayan directo a la cárcel”, para luego “garantizarle los derechos que hasta ese momento no tuvo: si tiene un problema de adicción, tiene que acceder a la salud, si no va a la escuela, tiene que poder comprometerse con el colegio, si está en edad y quiere desarrollar alguna actividad profesional, hay que buscar una salida laboral que no le entorpezca su formación educativa”. Pero como ese oficial de aprobation que se ve en las películas anglosajonas no se desarrolló profesionalmente en América Latina, “el juez le dice al chico que tiene que ir todos los miércoles, y como no está ese programa armado y no están los operadores, el chico no va a volver. Al final se mete en problemas a los dos meses y vuelve al juzgado por un delito con armas, y ahí ya no se van a aplicar las medidas no privativas”.
Actualmente en Uruguay es el juez quien dispone que un delito se pene con medidas no privativas de libertad, y deja establecido en la sentencia a qué institución será derivado el adolescente, explicó Abella. Para eso el juez puede elegir entre las seis Ong que se encargan del tema y el Programa de Medidas Socioeducativas no Privativas de Libertad y Mediación (Promesem), del Sirpa. Tanto Promesem como cuatro de las ong trabajan únicamente en Montevideo, mientras que una ong trabaja en Canelones y otra en Salto. Ese mapa incompleto genera la interrogante de cómo proceden los jueces en otros departamentos, ya que las medidas no privativas de libertad en general requieren que el adolescente asista unas dos veces por semana al lugar que se le ha designado.

EN PRISIÓN. Según Mary Beloff, la gravedad de las situaciones denunciadas en los centros de reclusión de adolescentes hace que sea “raro que Uruguay no esté condenado” por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “porque las condiciones aquí son realmente problemáticas”. Además, consultada sobre las prácticas que muestran las imágenes registradas por las cámaras de seguridad durante la golpiza del 24 de julio (véase nota “Es tortura”) y la defensa cerrada que el sindicato hace de ese tipo de situaciones, dijo que eso es algo que en otros países “no se ve con las características de acá. En todos lados hay intereses y tensiones, pero en ningún país se lo ve con la intensidad que se lo ve acá y a lo largo de tantos gobiernos”.

En esa misma línea, Castro Morales dijo a Brecha que en la experiencia chilena hubo que “romper la lógica de la invisibilidad de la sanción. Con ese trabajo de 20 años hemos logrado que las autoridades digan ‘sí, tenemos problemas’. Todos los procesos de tortura que se conocieron están siendo juzgados y esos funcionarios están siendo condenados. Entonces por primera vez se dan cuenta de que no solamente los están juzgando, sino que además los están condenando, y ahora sí quieren saber los límites y cómo hacer para respetar los derechos humanos”. Ayer en Uruguay, en un pedido fiscal histórico, se demandó el procesamiento con prisión de 26 funcionarios uruguayos. De atrás, pero tal vez Uruguay esté empezando a recorrer ese mismo camino.

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Ocupación y buenos tratos en los noventa

Otros dirigentes

“Decidimos echar el resto y ocupar La Tablada”, cuenta Carlos Fonsalía, dirigente histórico, ahora jubilado, del Suinau. Era 1992 y el año anterior se había ganado una huelga: “el viento en la camiseta”, los sueldos sumergidos y las malas condiciones de trabajo hicieron que valiera la pena volverlo a intentar. “Se eligieron 50 militantes de todo el país para hacerse cargo del cotidiano de la cárcel, y afuera se instaló un campamento que servía de relevo. La característica más importante fue que la única herramienta válida para trabajar con los chiquilines era la palabra, y si había un problema entre ellos se resolvía jugando un partido de fútbol”, rememora. Fonsalía relata que hacía poco que se había aprobado la Convención de los Derechos del Niño y que “nadie conocía bien lo que era, pero había valores de clase obrera, una cosa instintiva de solidaridad con el humilde y una comprensión rudimentaria de que los chiquilines no estaban ahí por ser malos, estaban por pobres”. Para este psicólogo retirado de las canchas del Inau, cuando “se rompe la barrera que se crea artificialmente entre ese chiquilín disfrazado de monstruo, te encontrás con un adolescente como cualquier otro. El asunto es que hay que acercarse un poquito, y había compañeros que no podían vencer ese miedo”, porque “si me ponés en el lugar de malo, me tratás como malo y me sentís como malo, seguramente yo me crea que soy malo”.

Y entonces vieron que la cárcel era “ruinosa y mugrienta” pero igual podía albergar “algo de dignidad”. Por eso también decidieron que no eran carceleros y que los gurises serían trasladados sin cadenas. La experiencia duró lo que duró la huelga, y fue poco, del 27 de setiembre al 4 de octubre, pero el motín que casi fue –esta vez porque “no querían que nos fuéramos”– les dio la pauta de que otras dinámicas eran posibles.

 

Veintitrés años después, el recuerdo “contrasta con lo que está pasando hoy. En esa época pensaba que podía haber cárceles buenas, pero ahora creo que no hay en el mundo cárcel que cumpla con los dos objetivos que se plantea: que la persona no reincida en el acto antisocial y que se reintegre”. Sin embargo, “acá seguimos jodiendo con el encierro. La visión del Estado no puede ser la misma que la del almacenero, y si se sabe que no funciona, ¿por qué seguir insistiendo en destrozar chiquilines y trabajadores?”. Con el cálculo electoral que siempre se impone y los antecedentes que tienen los partidos políticos en el tratamiento de estos temas, Fonsalía cree que, igual que el “No a la baja”, el “No al encierro” va a venir de abajo.

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