Mientras Argentina, Chile, Brasil y Colombia sostienen una pujante defensa, por lo tanto fomento, de su producción para televisión y cine, Uruguay ve venirse abajo lo que se vino construyendo desde la última década del siglo pasado, y que cobró especial vigor al arranque del siglo XXI.
Para colmo, las inquietudes con respecto al futuro del sector parecen seguir sendas paralelas entre los hacedores y el gobierno, del que surgen propuestas que nada tienen que ver con lo que realizadores, productores, técnicos y el mismo Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay (Icau) han venido trabajando, ni con aquello que es realmente urgente para esta rama de actividades. Cuando el 6 de agosto la directiva de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine (Asoprod) fue recibida por la Comisión de Hacienda del Senado, se sorprendieron –así lo expresa el comunicado de la asociación del 6 de agosto– al enterarse de la propuesta de creación de zonas francas temáticas (salud, entretenimiento y audiovisual), algo que jamás apareció durante el proceso que llevó adelante el Compromiso Audiovisual1 el año pasado, en el que participaron todos los actores involucrados y fue “acompañado estrechamente por los ministerios de Educación y Cultura y de Industria, Minería y Energía”, donde se trabajó sobre una estrategia de desarrollo para los próximos cinco años. “En estos acuerdos quedó claro que la concreción de un estudio de grandes dimensiones (aspecto central de la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo) no está entre las prioridades del sector”, expresa ese comunicado. (Cuando Mauricio Rosencof estuvo al frente del Departamento de Cultura de la Intendencia la idea del gran estudio también anduvo rondando, y fue rechazada por cineastas, productores y técnicos.)
El último comunicado de Asoprod, publicado el 19 de agosto después de una asamblea, declara al sector audiovisual en estado de emergencia y que pasa a funcionar en estado de asamblea permanente, así como otras medidas, como declarar inválido el Compromiso Audiovisual y retirarse de la mesa de diálogo con el Icau.
En diálogo con Brecha, Esteban Schroeder, Gabriel Massa y Diego Fernández (Parker), de la directiva de Asoprod, explicaron la gravedad de la situación y los problemas que hoy enfrenta el sector.
—El comunicado de Asoprod señala el congelamiento en pesos del Fondo de Fomento Audiovisual a valores de 2008. Suman además la caída del convenio Brou/Icau, y también del fondo del Ministerio de Industria y Energía. ¿Por qué esas dos últimas fuentes de financiamiento caen justamente ahora?
—El convenio con el Brou, que durante la mayoría de los años era subutilizado, dentro del banco siempre dependió de Marketing, nunca se logró que fuera visto como un acuerdo estratégico que pudiera trascender y abarcar otros aspectos. Al estar en Marketing y recortarse ahora los gastos en publicidad, este convenio, tomado como si fuera publicidad, también es finalizado. Ese fondo apoyaba la promoción y el lanzamiento de casi todas las películas, por lo cual la marca del Brou estaba al inicio de todas, en todas sus versiones. Comparando, costaba el equivalente a lo que cuesta hacer un spot publicitario institucional y pautarlo.
En cuanto al fondo del Ministerio de Energía y Minería (Miem), hay que retroceder a cuando la Dinatel fue fortalecida durante la creación del proyecto de ley de servicios de contenidos audiovisuales y el proceso de la televisión digital, e implementó un fondo como manera de participar en el sector, ya que hasta ahora siempre era con los ministerios de Educación y Cultura y de Finanzas; el Miem no tenía presencia. De hecho, era para contenidos audiovisuales infantiles. De implementarse la ley, la Dinatel tendría un rol que jugar, por ejemplo a través del canon por el uso del espectro radioeléctrico. Ahora, al estar el proceso de aplicación de la ley tan estancado, parece que el Miem retrocede un poco en ese papel, pues al recortar su presupuesto elimina esta convocatoria. Para nosotros es importante tener relacionamiento con el Miem y avanzar, pero la señal es negativa.
—Según el comunicado de Asoprod, ésta declara inválido el Compromiso Audiovisual que tanto trabajo y reuniones insumió el año pasado, y retirarse de la mesa de diálogo con el Icau, en vistas del incumplimiento del Mec. ¿En qué consistió ese incumplimiento, y cómo sucedió?
—Uno de los aspectos centrales del Compromiso Audiovisual era el ajuste del Fondo de Fomento, para poder concretar muchos planes que fueron definidos, con participación y firma de autoridades del gobierno. Consideramos que el hecho de ni siquiera ajustar el Fondo por el Ipc, es no cumplir con el paso básico al que nos comprometimos. El Fondo está congelado, en pesos, a nivel de 2008.
—¿Ya se siente eso en el nivel de producción?
—¡Claro! Durante 2014, ¿cuántas películas se filmaron? De ficción, una. Y ese congelamiento no tiene en cuenta que lo que aporta el Fondo es sólo una pequeña parte de lo que necesita una producción, que luego hay que conseguir afuera el resto, que es un 72 por ciento, y que ese es dinero que entra al país para realizar actividades acá. Pero sin ese Fondo no podés salir a buscar dinero afuera. Además, se firmó un acuerdo salarial entre Asoprod, Sua (los actores) y Gremiocine (técnicos) que, de hecho, implica un aumento por encima del Ipc. Entonces nos estamos comprometiendo a pagar más, recibiendo menos.
—¿Qué implica declarar inválido el Compromiso Audiovisual? ¿Qué quedaría y qué no de este acuerdo?
—Lo primero es suspender las reuniones de trabajo que se venían teniendo con el Icau, porque no tiene sentido trabajar en algo que planificamos en otro escenario. La prioridad es tratar de cambiar esta situación
—La paralización de hecho de la ley de servicios audiovisuales, ¿cómo impacta sobre el sector? ¿Cómo se imaginan que puede reactivarse la aplicación de la ley, mientras ésta está detenida por recursos presentados ante la Suprema Corte de Justicia?
—Esto es parte de la situación de poco avance que hemos tenido. Se planificaba el apagón analógico para octubre de 2015, pero llega la fecha y todavía ni siquiera hay un decreto válido que regule la televisión digital, o sea, estamos muy atrasados. Hablando de políticas públicas (no de contenido), en Argentina desde 2010 funciona un canal digital HD del Instituto de Cine (Incaa), que se nutre en buena parte de los impuestos a la televisión comercial. Acá nunca se ha cobrado un canon a los canales comerciales. La ley abría la perspectiva de potenciar la generación de contenidos audiovisuales televisivos, así como de generar coproducciones, pero el panorama no es auspicioso.
—Acá sólo el Fona tiene recursos que no vienen del gobierno, al cobrar un canon de los canales de cable.
—Así es. En otros países el cobro del canon por uso del espectro radioeléctrico, creando así un fondo de promoción de contenidos audiovisuales, con participación de productores independientes, supone aportes genuinos del sector, sin tener que depender de los cambios en las políticas gubernamentales. Eso sucede en una cantidad de países, y supone un importante incentivo, con independencia de los vaivenes gubernamentales.
—¿Entienden ustedes que hay desde el gobierno una concepción sobre lo que debería ser la televisión pública, su relación con la creación independiente nacional y su impacto sobre la cultura del país? ¿Cómo deberían implementarse políticas al respecto? ¿Alcanza con la ley, o no, y se puede trabajar en ese sentido aun estando la ley paralizada?
—La televisión pública mejoró mucho, en buena parte por gestión y un poco por inversión. Pero es claro que no hay un modelo de televisión pública, si cuando cambia un gobierno cambian a sus directores por designación directa es la negación de una concepción de largo aliento. El tratamiento de la televisión pública debe ser algo que trascienda al poder político, que tenga independencia para poder planificar. Es una herramienta increíble que se desaprovecha. Ahora, acá, el tema es que una ley que regula la televisión nos lleva más de cinco años, y no se empezó siquiera a aplicar. Es demasiado tiempo, el mundo va muy rápido.
1. El Compromiso Audiovisual, a través de seis ejes temáticos, se plantea una hoja de ruta para los próximos años del sector. Esos son: distribución, exhibición y circulación de contenidos; producción; posicionamiento internacional y ampliación de mercados; formación técnico-profesional; formación de audiencias, y patrimonio audiovisual. Se logró, a través de él, la eliminación del pago del canon de exhibición para las películas nacionales.