En Arabia Saudita no se reprimen las manifestaciones, como está sucediendo en Venezuela. Simplemente no es posible manifestarse. El último reporte de Amnistía Internacional (AI) sobre la monarquía petrolera dice: “Las autoridades restringían severamente el derecho de libertad de expresión, asociación y reunión, deteniendo y encarcelando por cargos imprecisos a quienes las criticaban, a defensores y defensoras de derechos humanos y a activistas de los derechos de las minorías. La tortura y otros malos tratos (…) seguían siendo habituales, especialmente durante los interrogatorios”.
El informe destaca la discriminación contra las mujeres, en la ley y en los hechos (no pueden conducir coches, viajar, trabajar y ser intervenidas quirúrgicamente si no cuentan con el permiso de un familiar varón). Numerosas penas de muerte “incluso por delitos no violentos y contra personas condenadas por presuntos delitos cometidos cuando eran menores de edad”. Más aun, en la guerra dirigida por Arabia Saudita en Yemen se cometen “violaciones graves del derecho internacional, crímenes de guerra incluidos”.
Lo que sucede en Turquía desde el fallido golpe de Estado del 15 de julio pasado resulta estremecedor. El informe de AI destaca que “más de 40 mil personas permanecieron detenidas en espera de juicio durante los seis meses que duró el estado de excepción”. Agrega que hay indicios de que se ha torturado a personas detenidas, que se despidió a casi 90 mil funcionarios públicos, se cerraron “cientos de medios de comunicación y se detuvo a periodistas, activistas y miembros del parlamento”.
Las fuerzas de seguridad violan impunemente los derechos humanos, especialmente en el sureste del país, de población predominantemente kurda, donde en los núcleos urbanos se impuso el toque de queda durante las 24 horas del día. Alrededor de 140 periodistas están en prisión, y es por segundo año consecutivo el país con más periodistas presos.
En cuanto a la intervención militar en Yemen, AI señala: “En todo Yemen se cometen espeluznantes crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos, causando un sufrimiento insoportable a la población civil”. Stephen O’Brien, alto jerarca de las Naciones Unidas, dijo el 30 de marzo que 7 millones de yemeníes, sobre una población de 25 millones, corren un gran riesgo de sufrir hambrunas y enfermedades. Diecinueve millones necesitan ayuda humanitaria: comida, agua, refugio, combustible y saneamiento, y otros 3 millones fueron forzados a abandonar sus hogares.
Es seguramente la peor guerra de estos años, pero está fuera del campo de visión de los medios occidentales. Algo similar ocurre en Turquía, donde el pueblo kurdo es sistemáticamente perseguido, incluso sus parlamentarios han sido detenidos y despojados de la inmunidad. Pero ambos países son cortejados por Occidente: Turquía como aliado estratégico desde la Segunda Guerra Mundial; Arabia Saudita como proveedor de petróleo y clave de bóveda de la arquitectura estadounidense en Oriente Medio.
Peor aun: Ankara esgrime como espada de Damocles sobre Europa la posibilidad de que millones de refugiados sirios inunden el viejo continente, desencadenando una imprevisible crisis política.
COLOMBIA, MÉXICO Y VENEZUELA. Según AI, en Colombia se registra “un aumento de los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos, entre los que había líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos”. En 2016 fueron asesinados 120 dirigentes sociales, y en los tres primeros meses de 2017 fueron muertos 30, registrándose un total de 156 ataques a dirigentes sociales, sobre todo integrantes del Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica.
“Hay una agresividad especial contra las mujeres dirigentes de movimientos sociales, con asesinatos, amenazas y judicializaciones”, destaca la activista pro derechos humanos Milena López Tuta (Público.es). Por eso AI asegura que “en grandes zonas de Colombia el conflicto armado está más vivo que nunca”.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) asegura que le han asesinado 1.300 dirigentes, activistas y afiliados, “mientras el Poder Ejecutivo ha ido quitando la protección de que gozaban varios de sus directivos que corren peligro de muerte, en especial en zonas del país donde han quedado a merced de grupos terroristas y esbirros de hacendados y empresarios” (Rel-Uita, 21 de abril de 2017).
Ni qué hablar de la crisis social en México, donde han sido asesinadas 200 mil personas y hay 30 mil desaparecidos, con la comprobada participación del Estado, que permanece impávido ante las brutales violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido aplicarle al país azteca la “cláusula democrática” de la Oea.
El caso de Venezuela es sumamente aleccionador para la izquierda y la derecha. La primera porque, como destaca el sociólogo Edgardo Lander, se ha empeñado en mirar para otro lado (en general hacia Washington) y se muestra incapaz de reconocer que el régimen transita hacia un creciente autoritarismo, que el mal llamado “socialismo del siglo XXI” es la hoja de parra que esconde la vergonzosa corrupción que es una de las principales características en las alturas del régimen.
La derecha y los medios que le son afines hacen su juego, y lo hacen bien. En México le echan la culpa de la violencia al narco, mientras presentan al gobierno y al Estado casi como víctimas, cuando son cómplices, y nadie busca explicar por qué la violencia afecta sobre todo a los sectores populares organizados en movimientos sociales. En Colombia, en tanto, todo el problema sería responsabilidad de los paramilitares y de bandas criminales, omitiendo que sus víctimas son dirigentes sociales.
El doble rasero mediático y político parece irreversible y es una de las principales señas de identidad de los medios en un período de caos sistémico en el cual las elites tienen mucho que perder. El resultado es una fenomenal crisis de credibilidad de los partidos: en Francia por vez primera ninguno de los partidos históricos pasó al balotaje. En cuanto a los medios, algo muy de fondo está cambiando: la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (Arecia) informó en diciembre que los lectores de sus casi 200 publicaciones (hay muchas más en el mismo espectro) son ya 5 millones, lo que representa el 15 por ciento de la población del país.
Un mundo está agonizando ante nuestros ojos, si somos capaces de ver más allá de la desinformación mediática.
