Lola Sánchez es eurodiputada del grupo político español Podemos, integrante de la bancada de la Izquierda Unitaria Europea (Gue) en el Parlamento Europeo. Semanas atrás, pretendió conocer de primera mano algún detalle preciso sobre el Ttip, el tratado de comercio e inversión que Estados Unidos y la Unión Europea discuten desde 2013 en el más absoluto secreto. Entre el lunes pasado y hoy viernes se desarrolló la novena fase de negociación del tratado, y de las ocho anteriores apenas trascendieron algunos detalles, algunas versiones, y poco más. Cuando en Bruselas finalmente aceptaron hacerle un lugar para que consultara el texto del acuerdo en trámite, a Sánchez le dijeron que debía ir sola, sin libretas ni biromes, menos que menos con cámara de fotos o aparatos electrónicos. No podía tomar apuntes ni registros, le aclararon, de ninguna forma. Ni siquiera podía recurrir a la memoria, o al menos le serviría de muy poco. Antes de ingresar al reading room, la sala de lectura de la sede de la Unión, la eurodiputada debió firmar una cláusula de confidencialidad. Nada de lo que viera podría luego comunicarlo, bajo pena de sanciones administrativas e incluso penales. Durante los 120 minutos que pasó en la sala una funcionaria observaba sus menores gestos. Le dieron apenas un resumen, y brevísimo, de la octava ronda de negociaciones, concluida en febrero. Muchos pasajes del texto eran ilegibles, porque estaban recubiertos de marcas de agua del mismo color de las letras. Pudo acceder únicamente a la versión inglesa. Y las partes que le comunicaron, dijo la eurodiputada de Podemos, estaban cargadas de tecnicismos, lo que hacía al texto aun más impenetrable. No fue un tratamiento que le estuviera reservado, claro: a todos los legisladores que pretendieron saber algo más sobre el Ttip, al menos sobre las posturas de la Unión Europea en las negociaciones, les sucedió lo mismo. “En ese plano, el comportamiento ha sido de un impecable democratismo”, ironizó Sánchez al salir del reading room.
Y sin embargo fue una conquista. Que los eurodiputados pudieran acceder al texto de un acuerdo que de aprobarse puede llegar a tener una incidencia radical en la vida de los pueblos que los eligieron a ellos, y no a los funcionarios de la comisión que lo negocia, fue toda una conquista. Hasta que los sindicatos, partidos de izquierda, asociaciones de todo pelo y color, no se decidieron a poner el grito en el cielo y a reclamar información, el hermetismo sobre las discusiones era total, dice Marina Albiol, eurodiputada de la Izquierda Unida española. Recién ahora “se está sacando al Ttip de la oscuridad, del baúl en el que lo han metido la Comisión Europea y nuestros gobiernos”, afirma (publico.es, 18-IV-15).
“LO PEOR NO ES EL SECRETO.” Pero lo peor no es el secretismo de la negociación, reconocido y criticado incluso por legisladores de sectores más bien favorables al acuerdo, como la también ibérica Maite Pagaza (“hay un extremo oscurantismo de parte de la Comisión que no favorece sus fines”, dijo esta eurodiputada de la centroderechista UPyD (publico.es, 18-IV-15). Lo peor, apunta el alemán Helmut Scholz, coordinador del Gue en la Comisión de Comercio Exterior del Parlamento Europeo, es su contenido. “El Ttip será un huracán que se llevará por delante nuestros derechos sociales y laborales, afectará a los servicios públicos, a la soberanía alimentaria, a los productores agrícolas”, subraya Albiol. Lola Sánchez observa: “No me gusta calificar de neoliberal cualquier cosa porque el concepto termina pervirtiéndose, pero esto es del más puro cuño neoliberal: los que salen ganando son esencialmente las trasnacionales, los grandes empresarios, que disponen de un poder de lobby gigantesco en los pasillos de la UE y por supuesto en Estados Unidos”. Rosa Martínez, del grupo “ecosocialista” Equo, encuentra a su vez que, en la forma y en el fondo, el Ttip es un tratado de inspiración latinoamericana. “No de la actual América Latina. De la vieja, de aquella en que Estados Unidos hacía lo que quería, fijaba reglas de toda clase que terminaban siendo acatadas, aquella que era entregada con un moño a las empresas”, dice.
LECTURAS Y LECTURAS. Cuando se comenzó a hablar de la perspectiva de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, en 2011, los gobiernos y las formaciones que lo fogoneaban en Europa, básicamente las bancadas popular (integrada por ejemplo por la Ump francesa, la Cdu alemana, el PP español) y socialista, dijeron que permitiría aumentar exponencialmente el comercio entre ambas zonas, creando un mercado abierto de más de 800 millones de personas de buen poder adquisitivo, y generar “millones de empleos” a ambos lados del Atlántico. Proyecciones y estudios que alimentaban esa idea fueron publicados en medios de gran difusión y especializados en todo el continente, el tema fue objeto regularmente de programas televisivos. “Lo fueron instalando en la opinión, y se fue imponiendo la visión de que por fin la vieja Europa iba a comenzar a sacudir su modorra burocrática e integrarse a un gran socio, poderoso y rico, conformando un espacio de desarrollo que no podía ser más que beneficioso. El tratado no se discutía, se difundía. Nada se sabía de él, nada de nada, y sin embargo sí ‘se sabía’ que iba a ser positivo”, recuerda Eduardo Garzón, economista y miembro de la directiva de la asociación Attac. “No se acordaba esta gente de que en realidad las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos no necesitan de un tratado de este tipo porque, según lo reconoció la propia Comisión Europea, las relaciones económicas entre las dos partes pueden ser consideradas entre las más abiertas del mundo. Hay un desfasaje mínimo entre las tarifas medias en una parte y en otra.” Y hay otro problema que los promotores del tratado se cuidan muy bien de ocultar, o si lo admiten agregan enseguida “¿y qué tiene de malo?”: las investigaciones que presentaban consecuencias únicamente halagüeñas del Ttip eran invariablemente encargadas a economistas o instituciones a priori favorables al acuerdo. “Los datos de crecimiento económico y de generación de empleo están basados en un informe financiado por el Banco Santander y el Deutsche Bank, un documento pagado por grandes corporaciones financieras y grandes empresas. Evidentemente es un informe de parte. Esos argumentos no nos sirven, y menos cuando recordamos los efectos de otros tratados de libre comercio que han destruido empleo y empobrecido a los pueblos”, observa Marina Albiol.
Lola Sánchez trae a colación el caso del Nafta, el tratado de libre comercio de América del Norte: cuando se creó, en 1993, a los mexicanos se les dijo que iba a crear 20 millones de empleos y a desarrollar el país. “México terminó abriendo su economía a sus mucho más poderosos vecinos, se desreguló el mercado laboral, se aniquiló el ya débil aparato industrial nacional y el empleo que se creó fue fundamentalmente empleo basura, mal pago, no regulado. Es más, se perdieron en México alrededor de un millón de puestos de trabajo.”
La eurodiputada de Podemos piensa también que existe un riesgo “superlativo” de una desregulación “a la americana” de las relaciones laborales. Se dio la paradoja, en los primeros momentos de las negociaciones, que entre quienes defendían el tratado se encontraban algunos de los principales sindicatos estadounidenses. Creían en ese momento que un acuerdo con la UE les permitiría mejorar su propia situación, que las normas terminarían armonizándose “hacia arriba” y ellos saldrían gananciosos al “pegarse” a las leyes europeas. Y es que la legislación laboral estadounidense no es sólo furibundamente antisindical (alienta por ejemplo las negociaciones individuales por sobre las colectivas) sino también muy poco protectora de los trabajadores, tanto en condiciones de empleo como en seguridad social. Washington se ha negado, de hecho, a ratificar varios convenios de la Oit. “Con el tiempo se dieron cuenta los sindicatos norteamericanos de que lo que ellos pensaban era apenas una ilusión: a lo que se está apuntando con el tratado es a una armonización a la baja de los derechos laborales, porque de lo que se trata aquí es de ‘atraer inversiones’. Lo que haría el tratado en este plano sería consolidar un proceso en marcha, asentarlo en leyes”, denunció la central sindical francesa Cgt.
BEMOLES. La ventilación que presionando lograron sindicatos y movimientos políticos y sociales opuestos al tratado en los últimos meses hizo, según dicen, que los negociadores europeos se pararan en los pedales en algunos puntos. “Hay áreas en que las regulaciones de la UE y Estados Unidos tienen diferentes enfoques regulatorios que implican diferentes niveles de protección” y que por el momento hacen imposible la convergencia, admite un documento de los negociadores europeos difundido en febrero pasado (publico.es, 10-II-15). Sería el caso en al menos tres sectores: alimentos transgénicos, alimentos tratados con hormonas y químicos. Mientras en Estados Unidos hay aprobadas decenas de variedades de alimentos genéticamente modificados, en Europa se cuentan con los dedos de una mano. En el sector químico, a su vez, indica Kenneth Haar, del Observatorio Corporativo Europeo (Ceo), la UE no permite actualmente la comercialización en sus 28 países integrantes de 1.300 sustancias, en tanto en el país norteamericano son apenas 11 las que están prohibidas (publico.es, 22-II-15). Otra área en la que las cosas estarían trabadas es la de los servicios públicos. Estados Unidos quiere poder competir en telecomunicaciones, puertos, agua, electricidad, y otros; los sindicatos de funcionarios, muy fuertes en varios de los países clave de la Unión (entre ellos los dos principales, Francia y Alemania), se oponen rotundamente. Los dados, en ese terreno, no están aún echados.
Pero hay dominios en los que las conversaciones vienen avanzando “a buen ritmo” y que las organizaciones sociales ven con particular preocupación. Uno de ellos es el ambiental. Otro el de la propiedad intelectual. Un tercero el agrícola. “El tratado es muy probable que liquide toda una serie de protecciones ambientales que Europa ha adoptado y que la han convertido en la zona del planeta que más salvaguardas ha tomado en este dominio. Y es también muy posible que liquide la agricultura europea, basada en un modelo de pequeña escala”, apunta Susan George, presidenta del Transnational Institute de Ámsterdam y de Attac Francia. Un estudio de Izquierda Unida de España coincide con la veterana militante “altermundialista”: “El modelo agrario europeo es muy diferente al estadounidense, tanto en su organización como sobre todo en su tamaño. En Estados Unidos hay 2 millones de granjas, mientras que en la Unión Europea hay 13 millones. En promedio una granja estadounidense es 13 veces más grande que la europea, lo que permite a las empresas estadounidenses competir en mejores condiciones. Por eso los agricultores europeos están tan preocupados: la amenaza de una concentración de poder y de riqueza es muy alta” (“50 preguntas y respuestas sobre el Tlc entre Estados Unidos y Europa”, de Alberto Garzón y Desiderio Cansino). El documento estima de manera general que el Ttip implicará “un duro golpe a la mayoría social del tejido empresarial europeo, que está constituido en 99 por ciento por pequeñas y medianas empresas”. Y señala: “hasta ahora los desarrollos normativos en los distintos países de la UE buscaban equilibrar las condiciones en el juego de la economía de mercado, defendiendo a las pequeñas empresas para que tuvieran la oportunidad de competir en igualdad de condiciones con las grandes. Con el tratado este equilibro se rompe para inclinar la balanza a favor de las grandes corporaciones”.
LA FRUTILLA DE LA TORTA. La piedra de toque del Ttip son precisamente las ventajas dadas a las empresas, en especial a las multinacionales. No se los nombra específicamente, claro está, a estos grandes conglomerados transfronterizos, “pero ese es el juego implícito en este tipo de acuerdos: se dice que favorecen la libertad, pero en realidad se favorece siempre a los más poderosos”, dice Eduardo Garzón. A las empresas se les da ventajas desde el momento en que se prohíbe específicamente en el tratado, en éste como en todos los de libre comercio (llámense Ttip, Nafta, Tlc, Tisa o acuerdos de protección de inversiones), otorgar preferencia alguna a los entes estatales. Y desde el momento en que se prevé un mecanismo de solución de controversias, el llamado Investor State Dispute Settlement (Isds), al que pueden recurrir las empresas y no los estados y que por lo general otorga a las primeras unos niveles de protección insólitos. “El Isds es una de las partes fundamentales del tratado, porque permite a las multinacionales demandar a los estados por ejemplo si éstos aprueban legislaciones que puedan perjudicar sus intereses”, señala Marina Albiol. “Será como una supraconstitución”, grafican a su vez Garzón y Cansino. “Los tribunales internacionales de arbitraje, que no están constituidos por jueces independientes, tendrán un nivel judicial más alto que los tribunales nacionales. Las grandes empresas podrán obviar a los tribunales locales y directamente demandar a los estados a través de tribunales internacionales, algo que ningún ciudadano puede hacer.”
En su documento, publicado hace un año, Garzón y Cansino indican, citando cifras de la Unctad, que a fines de 2013 había en trámite ante tribunales arbitrales, en función de distintos tratados de libre comercio, “un mínimo de 568 demandas contra 98 países” presentadas por empresas. En caso de que empresas y estados no se pongan de acuerdo sobre la integración de los tribunales, el contencioso deriva al Ceadi, un organismo dependiente del Banco Mundial que por regla general falla en favor de las empresas. Los procesos son además carísimos para los estados, que dedican en promedio unos 6 millones de euros a costearlos, según “Vendiendo la democracia”, un documento del Ceo y el Transnational Institute, y duran años. Un abogado especializado en esos menesteres (han pululado) cobra hasta 800 euros por hora, y los árbitros 2.400 al día, gastos aparte.
El Ttip prevé otro mecanismo institucional, el Consejo de Cooperación Reguladora. Nadie sabe todavía muy bien cómo estará integrado (el tema estuvo en el tapete en la octava ronda de negociaciones concluida meses atrás), pero sí se conoce, sostiene Marina Albiol, que en él estarán sentados representantes de las empresas, junto a los de las agencias reguladoras de las dos partes. Acaso también haya representantes de la sociedad civil, si se logra incorporarlos, pero seguro sí de las empresas. Es un segundo mecanismo del que dispondrán. Por este consejo “pasarán las normas que vayan saliendo para ver si se adaptan al tratado, y por tanto a las multinacionales. (…) Aun si no estuviera el Isds, estaría el consejo, eso es trampa”. Grosso modo, observa Susan George, “será una suerte de ‘instrumento’ que permitirá sentar a representantes del capital en la misma mesa que los reguladores para darles voz y voto sobre las normativas que ya hayan aprobado o vayan a aprobar los estados”. En su libro Los usurpadores: cómo las empresas trasnacionales toman el poder (Icaria, Madrid, 2014), la octogenaria franco-estadounidense describe otro de los mecanismos, este “informal”, de que se valen las empresas para “pesar” en la adopción de normativas: el de los lobbies. “Existen lobbies de todo tipo, no sólo de empresarios, claro está, pero el de ellos es, de lejos, el más poderoso, por el dinero que pueden mover.” Según George, hay entre 15 mil y 20 mil lobbistas operando entre bambalinas en la UE. “Hemos estado luchando durante diez años para lograr una ley que los obligue a darse a conocer.” Cuando fue nombrado presidente de la Comisión Europea, a comienzos de 2014, Jean Claude Juncker prometió que dispondría un registro obligatorio y vinculante de los lobbistas. “Hasta ahora no ha cumplido”, sostiene George.
EPPUR SI MUOVE. El sábado 18 tuvo lugar en toda Europa y en Estados Unidos una “jornada global contra el Ttic”. Se organizaron unas 700 manifestaciones, convocadas por unos 180 grupos políticos, sindicatos y asociaciones que aseguran haber movilizado a decenas de miles de personas. “Estamos logrando visibilizar el tratado. A lo que apostamos es a ganar tiempo. Cuanto más visible lo hacemos más apoyos conseguimos, porque hay mayor conocimiento de los peligros que encierra este acuerdo”, dice Albiol. El euro-diputado alemán Scholz señala que “en el Parlamento Europeo hay una posibilidad de incidir. Es la única, junto con la presión de la calle. El Parlamento está obligado a escuchar a los distintos grupos y de hecho está jugando un papel de intermediación entre la ciudadanía y la Comisión Europea, el Ejecutivo de la Unión, que es la que está llevando a cabo las negociaciones”. Por lo pronto, las presiones han logrado que la creación del consejo y la introducción del Isds queden para “más adelante”, para “cuando todos los grupos parlamentarios se pronuncien al respecto”, cosa que se daría entre finales de mayo y mediados de junio. “Lo que ellos quieren –insiste Marina Albiol– es que haya mercados regulados, regulados en favor de las multinacionales.” No importa los mecanismos que adopten. Anna Cecilia Malstrom, la sueca que preside la Comisión de Comercio de la UE, anunció que “habrá Isds sí o sí”, pero si no es el Isds incorporarán otro recurso, más edulcorado, con el mismo fin. “Ya lo ha dejado muy claro el anterior comisario de Comercio de la UE, Karel de Gucht, cuando dijo que el objetivo era eliminar todas las normativas y regulaciones que supusieran un obstáculo para los inversores. Sus obstáculos son nuestros derechos: un salario mínimo interprofesional digno es un obstáculo, las pensiones públicas son un obstáculo para los bancos que quieren hacer negocio con las pensiones y la sanidad pública es un obstáculo para las empresas que quieren hacer negocio con la privada.” Multiplicarles los obs-táculos, multiplicar la información, “serán nuestras tácticas. No se lo vamos a poner fácil”, anunció la legisladora española.
[notice]Acuerdo UE-Canadá
El hermano mayor
En 2009, cuatro años antes de iniciar la negociación con Estados Unidos, la Unión Europea comenzó a discutir un acuerdo de libre comercio con Canadá. Se llama Comprehensive Economic and Trade Agreement (Ceta). Según João Manuel Durão Barroso, ex presidente de la Comisión Europea, “creará nuevas oportunidades de empleo y negocios y hará crecer el comercio bilateral en 23 por ciento y el Pbi europeo en 11.600 millones de dólares. Los resultados vendrán de la liberalización en el sector servicios, en particular en servicios financieros, de telecomunicaciones, comercio electrónico, energía y transporte”. Las negociaciones concluyeron simbólicamente en setiembre pasado, con la suscripción de un acuerdo de principio entre los poderes ejecutivos de ambas partes (la Comisión Europea y el gobierno canadiense), pero ya se sabe que el proceso de ratificación será largo: deben confirmarlo los parlamentos de los 28 estados de la UE y las diez provincias y las tres regiones de Canadá, y no será fácil. El proceso de discusión se desarrolló en las mismas condiciones de hermetismo del Ttip, al punto que la defensora del pueblo de la UE, Emily O’Reilly, inició en julio pasado, de oficio, una investigación sobre la transparencia de las negociaciones. Pero además hay cláusulas del texto que son aun más beneficiosas para los inversores que las contenidas en el Ttip: el mecanismo de protección de inversiones, el Isds, contempla una norma llamada “zombie”, por la cual las compañías pueden continuar pleiteando contra los estados hasta 20 años después de disuelto el tratado. “Incluso las filiales de trasnacionales estadounidenses que operan en Canadá, que son muchas y tienen un peso muy importante en la economía de su socio en el Nafta, podrán demandar a los países europeos. Es como un caballo de Troya”, dijo Pia Eberhardt, una de las redactoras del informe “Vendiendo la democracia. Cómo las reglas de protección de inversiones del Ceta amenazan a los servicios públicos de Canadá y la UE”, un documento elaborado por una docena de organizaciones de las dos partes involucradas. “Estamos ante el hermano mayor del Ttip”, comentó por su lado Florent Marcellesi, portavoz del grupo Equo en el Parlamento Europeo.
Tan impresentable es la formulación del Isds en el Ceta que los socialdemócratas alemanes amenazan con no respaldar el tratado si no se lo suprime tal cual está redactado. El proceso de ratificación podría durar todo este año y parte de 2016.
Daniel Gatti
(Con información de Eldiario.es, Publico.es y Europress.es.)
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