Si bien todavía no están disponibles los datos oficiales, hay indicios firmes de que los homicidios tuvieron otro capítulo muy negativo durante 2023. Poco importa si fueron algunos más o algunos menos que en 2022 o en 2019, porque este es, hasta el momento, el período de gobierno que más muertes violentas ha acumulado desde que existen las estadísticas criminales en el país. En los últimos dos años hemos bordeado los 400 casos, y en los años en que la pandemia se hizo sentir nunca estuvimos por debajo de los 300. Ni los discursos tranquilizadores («afortunadamente» los homicidios están concentrados en unos pocos barrios), ni el recurso a las estadísticas sobre hurtos y rapiñas (que, por cierto, están afectadas de serios problemas de confiabilidad), ni las constantes comparaciones con la administración anterior son capaces de disimular un deterioro significativo en materia de violencia y criminalidad.
Más allá del volumen total de hechos, o de la ocurrencia de casos de alto impacto (como se vivieron sobre fin de año), lo que más importa aquí son los efectos acumulados de una violencia que se traduce, además, en personas heridas, amplios sectores traumatizados y una percepción generalizada de desborde y desamparo. La vida cotidiana en algunos territorios se ha degradado hasta límites insospechados. No hay datos o evidencias capaces de encerrar las complejas lógicas de la violencia, la expansión de las economías ilegales, las menguadas capacidades institucionales, la proliferación de armas de fuego, la violencia institucional que se ejerce en las cárceles o en las calles (y que a nadie importa), la consolidación de sentimientos de desconfianza. Y cuando todo eso se combina, y la acción del Estado es radicalmente ambigua (pues oscila entre la presencia y la ausencia), el escenario adquiere una tonalidad más sombría.
Desde hace casi 30 años Uruguay aplica una política de seguridad que ha tenido pocas variantes: aumentar los controles, hacer de la cárcel un depósito incapacitante, postular que el principal problema es de «autoridad» y volcar recursos materiales y simbólicos para reforzar instituciones –como la Policía, la Justicia penal y las cárceles– incapaces de contener los fenómenos. Las pocas y erráticas medidas que se han tomado en una dirección diferente han sido pulverizadas por un sentido común punitivista y por la gravitación hegemónica de relatos político-mediáticos que las han dejado sin margen. La llamada «ley de humanización del sistema carcelario» (2005) fue duramente atacada y algunos principios novedosos del Código del Proceso Penal, que entró en vigor en 2017, fueron inmediatamente desmontados, y en términos generales hoy ese código opera como un productor más de encierro masivo. Aun así, sus nuevas priorizaciones (enfocadas, por ejemplo, en las distintas formas de la violencia de género, la jerarquización de la figura de la víctima) y los tímidos avances en materia de profesionalización de la investigación criminal han permitido reducir la impunidad en algunos delitos de los poderosos. Pero el paradigma de política pública sigue teniendo un claro desbalance a favor de las opciones del control y el castigo sobre los sectores más precarizados de la sociedad.
En la última década, las iniciativas políticas sobre seguridad se han trasladado a la arena plebiscitaria. En 2014, se puso a consideración la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal, luego de un largo proceso que hizo foco en el delito adolescente. La lógica del tero tuvo aquí su primera gran expresión. Cinco años después, la reforma constitucional Vivir sin Miedo agrupó asuntos diversos, tales como la creación de la Guardia Nacional, el cumplimiento efectivo de penas, la cadena perpetua revisable y los allanamientos nocturnos. Una propuesta regresiva completa, en la que la lógica de hacer ruido lejos del nido se combinó con medidas que ya tenían aplicación y con tanteos para subir un escalón más en materia de militarización de la seguridad. Pasada la Ley de Urgente Consideración de 2020, cuyos resultados están a la vista, un nuevo impulso para reformar la Constitución toma forma: los allanamientos nocturnos. Primero lo intentaron las Fuerzas Armadas en la propuesta que se plebiscitó en 1980, más tarde fue uno de los capítulos contenidos en la reforma Vivir sin Miedo y ahora vuelve por sus fueros para dar existencia a actores políticos que aprovechan la nube negra del narcotráfico y la violencia homicida.
Discutir sobre los allanamientos nocturnos para enfrentar los problemas que tenemos entre manos es el síntoma más elocuente del desenfoque estructural que gobierna estos asuntos. En primer lugar, la iniciativa es solo una excusa para ganar visibilidad política y mantenerse en la conversación mediática. Se apoya en un sentido común ya solidificado, promete soluciones impactantes y se inscribe en la cautivante narrativa de la «guerra a las drogas». Poca complejidad y mucho beneficio político: ¿por qué no asimilar la lógica del tero? Sin embargo, su contribución efectiva es irrelevante, salvo que consideremos como sinónimo de política eficaz la rutina de los allanamientos para desarmar redes de narcomenudeo. Podemos multiplicar por 100 estos procedimientos, y el resultado será el que tenemos aquí y en toda la región.
En segundo lugar, podría argumentarse más bien lo contrario: habilitar los allanamientos nocturnos es la medida más contraproducente que quepa imaginar, por el peso de sus efectos secundarios
(errores, violencia traumática, etcétera) y por lo que expone innecesariamente a los funcionarios policiales. Cuando uno se cree sus propios cuentos, los que suelen pagar más caro son los otros. En un momento en que el narcotráfico revela parcialmente su magnitud en nuestro país, por los cargamentos que se descubren en Europa, por las implicancias institucionales que se han develado en los últimos meses y por la complicidad de tramas económico-financieras, proponer los allanamientos nocturnos para entrar a punta de cañón en los barrios más castigados tiene un inconfundible aire de demagogia distractora.
¿Qué margen hay para seguir proponiendo medidas como esta? ¿Cuánto más podrá retroceder nuestra democracia cuando ya no haya contrapesos para las respuestas más autoritarias? ¿Cómo desarmar la lógica política que ha predominado en el gobierno de la seguridad? Una realidad agobiante se combina con una cierta sensación de imposibilidad, lo que configura un escenario francamente adverso. Urge que las demandas sociales tengan una nueva traducción política. En materia de violencia y criminalidad, esto es mucho más que los meros acuerdos interpartidarios o los necesarios consensos para las políticas de Estado. Supone una nueva articulación política, con sus estrategias de acumulación, sus líneas de base y sus narrativas. Con terquedad, habrá que seguir insistiendo.
