¿Cuánto está dispuesto a pagar el Estado para mantener una mentira reiterada del Ministerio del Interior que se esgrime con la inconfesa intención de perpetuar la impunidad? Una cifra diaria (astreinte o multa) fijada por la Justicia, que aumentará a medida que pase el tiempo, es lo que se deberá pagar si el ministro Carlos Negro mantiene su negativa a entregar el memorándum 425 del Departamento 2 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia con fecha 31 de julio de 1975, que el proyecto universitario Cruzar solicitó por vía legal de acceso a la información pública, y que positivamente se sabe que está en los archivos policiales.
En una audiencia, el pasado lunes 20, en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de Primer Turno, la jueza María Eugenia Ferrer dictó una sentencia condenatoria que expresaba su incredulidad respecto de los argumentos esgrimidos por el abogado del ministerio. En la resolución, la magistrada hizo el raconto de las contradicciones –unas pueriles, otras peligrosas– en las que incurrió el ministro: primero pretendió ignorar el pedido, por si pasaba; después, obligado a responder, decidió aplicar al documento una reserva de 15 años, sin siquiera fundamentar la razón del secreto; casi tres meses más tarde, en un giro de 180 grados, anunció que no ponía objeciones, pero que no podía entregarlo porque el documento –ese, el reservado por 15 años– estaba inubicable. Y, por último, en la referida audiencia echó mano de un argumento cantinflesco. El abogado que representó al ministro, Ángel Cardozo, con seguridad apegado a la obediencia debida de todo funcionario, se vio obligado a leer lo que atribuyó a «puño y letra del ministro» como para deslindar responsabilidades: «Lo solicitado es imposible de entregar, razón por la cual es imposible ocultar lo que no existe, teniendo en cuenta que estamos hablando de un documento confeccionado obviamente a máquina de escribir y en un momento que no fue posible su respaldo digital, como así tampoco su guardado por tantos largos años a la espera que alguien, en este caso el actor, quisiera acceder a él». Salvando el hecho de que no solo el actor, sino tres jueces y un fiscal pretendieron «acceder a él» durante más de una década y de manera reiterada se les dijo que no se lo ubicaba, el último argumento es antológico, es una versión acabada del dicho como te digo una cosa, te digo la otra.
¿Qué sugiere el ministro? ¿Que el papel se desintegra con el tiempo? ¿O que, en la vana espera de que alguien quisiera acceder a él, fue destruido, destino cruel de todo documento escrito a máquina? El archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia –debería saberlo el ministro– fue respaldado como es debido en microfilmes, como lo fueron otros archivos, y esos filmes no son papel, por más que reproduzcan textos escritos a máquina. A la luz de estas revelaciones, cabe preguntarse: si el documento no existe, ¿cómo fue posible aplicarle una reserva hasta el año 2040? Si el documento no fue leído, ¿cómo se sabe que su contenido es lesivo para la impunidad como para volverlo secreto? Y si es lesivo para la impunidad, ¿no es doblemente imperativo darlo a conocer en lugar de ocultarlo?
Después de escuchar esta sorprendente declaración, la jueza Ferrer decidió condenar al ministerio a entregar el documento; decididamente no le cree, a menos que el ministro demuestre que ese documento fue entregado a la justicia penal que investiga el asesinato del dirigente comunista Álvaro Balbi. El ministro tiene dos opciones: o admitir que en algún momento mintió o mantenerse en sus trece hasta que la deuda por multas incremente el déficit fiscal y exaspere al ministro de Economía.
Una tercera opción –que el ministro sea invitado a renunciar– no está en el horizonte. Ningún vocero del gobierno, ningún dirigente del Frente Amplio ni ningún partido político habitualmente sensible a cuestiones de derechos humanos ha dicho una palabra sobre este escándalo. No hay ningún comentario, ni a favor ni en contra, sobre la insólita iniciativa de imponer la reserva a un documento referido a los crímenes de la dictadura. Hasta ahora, los gobiernos de distinto pelo y color habían acudido a la trajinada explicación de que era imposible hallar la documentación reclamada para negarle su acceso, ya fuera a la Justicia, organismos de derechos humanos, periodistas, investigadores universitarios o simples familiares de las víctimas. En particular de los familiares, solos en su viacrucis, golpeando puertas sin respuesta, investigando lo que otros deberían, recolectando penosamente información que otros ocultan, remontando la indiferencia de quienes no se sienten interpelados por marchas multitudinarias. Tal es el caso de Lille Caruso, la viuda de Balbi, que no ha cesado de reclamar la verdad, y no desmaya. Durante 40 años, los ministerios de Defensa Nacional y del Interior han hecho lo imposible para impedir la investigación del asesinato de su marido. Incluso después del fallecimiento de todos los posibles implicados, se sigue manteniendo la omertà, como lo revela la conducta del ministro Negro.
¿Acaso el ministro es un agente de la impunidad? No. Solo es un funcionario de confianza que, enfrentado al engranaje de la impunidad, prefiere doblegarse que enfrentarlo y aplicar una política inconfesa de gatopardismo referido a crímenes de lesa humanidad. ¿Consultó el ministro hacia arriba qué hacer con el memorándum? Y si no fue así, ¿qué necesidad había de inaugurar, para cuestiones de derechos humanos, el peligroso y cuestionable recurso del secreto? Cualquiera sea la explicación, el episodio del memorándum confirma el hecho de que, en toda la administración, pero en particular en los ministerios del Interior y de Defensa Nacional, hay un engranaje de la impunidad que funciona de manera aceitada y con independencia de los mandos responsables, que opera por inercia porque nadie ha demostrado voluntad de desmontarlo, por más que su existencia es harto evidente. Ese engranaje es incapaz de encontrar documentos, extravía expedientes, depura páginas de un legajo, posterga citaciones. O es capaz de ofrecerle al jerarca el atajo de imponer el secreto.
Al cierre de esta edición, la jueza de lo contencioso recibía la apelación del ministro. En cualquier caso, ya no podrá sacar la pata del lazo.
